La Burguesia, La Oligarquia y la Plutocracia.

La Burguesía

 El término de la burguesía comenzó a utilizarse en la edad media en Europa para nombrar al conjunto de comerciantes que acumulan riquezas provenientes de sus negocios.  Se trataba de personas que no gozaban de privilegios nobiliarios pero tampoco entonces, asume un papel dirigente cuando ocupa un poder político, implanta poco a poco la democracia parlamentaria e inicia con éxito las revoluciones agrarias, industriales y comerciales. El paso a los puestos claves de la sociedad burguesa de clases no se basa en privilegios de carácter nobiliarios, sino en la propiedad de los medios productivos,  y el acceso a cualificación de la fuerza de trabajo.

 

La influencia de la burguesía en El Salvador

Las oligarquías y las burguesías aquí en todos los países capitalistas del mundo, únicamente tiene una misión: hacer dinero. Para ello se balen los diversos objetivos y medios entre ellos la explotación de la mano de obra el dominio de los medios de comunicación, el control del poder político, administrativo, judicial, y el sometimiento de los estamentos militares. En El Salvador desde los siglos pasados cuando nos independizamos políticamente de España los oligarcas y burgueses se hicieron del control político y económico, apropiándose de medios e producción  y sometiendo a la población en un largo periodo semifeudal. El ejercito paso a ser un instrumento de dominación.

 

Las tierras fueron arrebatadas a sus legítimos propietarios, campesinos y ejidos municipales o comunales y entregados a las familias como los Dueñas, Soundy, Hill, Girola, Regalado y tantas otras. Por ello con mucho acierto los salvadoreños bautizaron la Escuela Militar, como el lugar donde hacían los presidentes. Estos desde luego llegaban a tener el más alto cargo  de la venia el consentimiento de EE.UU.  Y los de la toda poderosa oligarquía salvadoreñas.

La burguesía era dueña de los bancos, importadora de la maquina pesada (Sol, Mollet, Quiñones, etc.), y amo absoluto de la rama industrial .existe la idea de que esta se desarrollo cuando muchos fondos del agro se caracterizaron a la emergente industria los salvadoreños capitalistas pronto ingresaron al exclusivo mundo de los millonarios latinoamericanos.

Sus capitales obtenidas con base en la explotación de mano de obra barata se invertían en diversos negocios, así como en la construcción de grandes mansiones, compras de vehículos de las mejores marcas, yates, caballos de raza, educación de sus hijos en colegios extranjeros y muchas diversiones que constituía el “discreto encanto de la burguesía”

 

Raíces del militarismo en El Salvador

 

El caciquismo cafetalero1860-1927

 

En las últimas décadas del siglo pasado la producción añilera que sostenía a la economía y sociedad salvadoreña mostraba signos de agotamiento la guerra civil interna de los EE.UU. había hecho bajar el valor y el volumen  de las exportaciones añileras en El Salvador al suspender el sur del aprovisionamiento de materias primas, sobre todo el algodón a las industrias textil- eras del norte .Los comerciantes europeos comenzaron sus compras del añil proveniente  de Asia el tiempo que los productos químicos sustitutivos del añil desplazaban, gradualmente el uso del colorante natural. Paralelamente a esa declinación del añil como producto de exportación el café que venia perfilándose por gran dinamismo desde hacia varias décadas comenzó a experimentar con gran expansión a tal grado que en 1880 llego a representar el 50% del total de exportaciones. La expansión del café reemplazado al añil implico cambios en las clases dominantes “cierto numero de familias cuya riqueza se había basado en el añil se opacaron mientras que otras que tempranamente vieron la oportunidad presentada por el café presentaron sus puestos “.

 

Estas provinieron principalmente de las filas que los inmigrantes extranjeros y las clases medias urbanas no de origen rurales.

Surgió así la oligarquía de los cafetaleros que llego a ejercer un control casi total sobre el país. La hegemonía de los cafetaleros resulto finalmente en la constitución y consolidación de un Estado-nación cafetalero basado en la gran propiedad privada en un pequeño grupo de terratenientes que explotaban la fuerza de trabajo de las mayorías desposeídas y usaban el poder político del Estado para realizar un modelo de nación que les privilegiaba. De este modo un grupo de la nación construyo el Estado, estado que a su vez privilegiaba a su grupo de la nación bajo la hegemonía de una ideología liberal y el poder coercitivo de un ejército institucionalizado  profesionalizado y modernizado (mariscal 1978:248)En la década de 1970, el gran impulso de la producción cafetera genero un acelerado proceso de reestructuración agraria que implico nuevas relaciones de producción transformando a la sociedad en su conjunto mas de 40 pueblos regularon el uso e los ejidos entre 1878-1880, y la estructura de la tendencia y propiedad de la tierra se cambio mediante la abolición de las tierras comunales 1881-y de los ejidos 1882.Este periodo de la historia política de El Salvador se prolongo hasta la década de 1920 y se caracterizo por una aceptación general de la posición liberal que en el Estado no debería interferir en los mecanismos económicos de la fuerza del mercado su papel consistía en asegurar en todas las esferas sin excepción la libre operación de las fuerzas del mercado…Fue un periodo en el cual el creciente fortalecimiento del ejercito nacional y el mejoramiento de las comunicaciones condujo a una disminución gradual en la frecuencia de los levantamientos armados y de las pequeñas guerras civiles. En particular la oposición popular fue en extremo inefectiva mientras que el fuerte ejército regular significo menos

Necesidad de buscar apoyo político den enrolar voluntarios en una causa o retener la lealtad de los soldados tras un líder.

Ellos no se darán fácilmente por vencidos querrán viajar tranquilamente a Europa, E.E.U.U. o ir de casería a África sabedores que a sus regresos sus negocios van viento en popa que su contabilidad se mantiene intacta lo mismo que sus yates y caballos árabes o peruanos. Los ataques virulentos del sanguinario de la pluma continuaran porque la bestia esta herida, se siente angustiada y mas cercana a un final que mas temprano que tarde llegara porque no se puede detener el paso y el avance de la historia. Y en este preciso instante, la esperada nada mas que retardada marcha del pueblo, a comenzad su inevitable avance.

Oligarquía: camino sin retorno

Uno de los daños colaterales más nefastos de la conquista y la colonización, acentuado y aprovechado por el neocolonialismo, fue la corrupción de las funciones públicas y el alma de los líderes.

El saqueo e la riqueza de los aborígenes, el otorgamiento e los puestos en la administración colonial sobre la fase el nepotismo y el cohecho privilegios como las mercedes de tierra las concesiones mineras y comerciales las mitas y encomiendas que dieron lugar al enriquecimiento ilícito fueron premisas para una corrupción política institucionalizada que aun subsiste.

Sin negar la existencia de motivos sentimentales, la formación de identidades e incluso los sentimientos patrióticos, por lo general el detonante para las luchas por la independencia Latinoamericana estuvo relacionado con el descontento del sector mas acaudalado  de la clase criolla, respecto de las críticas coloniales de España.

De entre elementos de aquella elite blanca privilegiada, beneficia de a esclavitud y la servidumbre, mezclados por lazos familiares  negocios y relaciones con individuos de la administración, el ejercito colonial y el clero, en el momento de la independencia surgió la oligarquía, una casta bastarda e intrínsecamente perversa, por medio de la cual, los males del la colonia sobrevivieron en las repúblicas.

La oligarquía Latinoamericana se apropio de las glorias de los genuinos patriotas y usurpo sus derechos, asumió las repúblicas nacidas de la independencia como un botín y, a sus pobladores mas pobres como les de servidores.

Durante cierto tiempo, por los efectos de comprar la evolución de los procesos históricos en Ibero América y en las metrópolis Europeas, se considero que la Formación de las oligarquías podía explicarse por el carácter tardío de la independencia, por la penetración del capital extranjero y por la dependencia a los nuevos imperios, especialmente a los EE.UU.

Si bien todos estos factores estuvieron presentes y en algunos lugares fueron determinantes, al desplegarse el proceso de descolonización afroasiática en aquellas regiones, se aprecio un comportamiento de las fuerzas políticas nativas  mucho más coherentes y comprometidas con las naciones y los pueblos.

Sin llegar a ser radicales ni suprimir  la propiedad privada , abolir las diferencias de  clases e incluso el régimen basado en escandalosos privilegios , las elites dominantes que condujeron tales procesos, actuaron de modo esencialmente diferente a sus pare latinoamericanos.

Por mucha barbarie que se atribuye a los gobiernos autoritarios de los países afroasiáticos, es difícil encontrar en otras regiones del mundo, en la escala y con la regularidad con que se expresa en América latina, un fenómeno político equivalente al que dio lugar y todavía hoy produce los regímenes oligárquicos.

Esa oligarquía que parece parte del paisaje y del clima de la región, es mutante y posee facultades miméticas que le permiten sobrevivir, asociándose a las

Dictaduras militares y a los gobiernos pseudicos democráticos nacionalista cosméticos, sobreviviendo en ambientes que deberían repelerlos.

Esas subsistencia se explica por la eficiencia que a demostrado como instrumento de dominación del imperialismo que paga con respaldo sus favores.

Por la vigencia de semejantes fósiles, cuando en América Latina ocurren procesos políticos avanzados, como los que protagonizaron Sandino, Jacobo Harben, Salvador Allende y como el que tiene lugar en la Venezuela bolivariana, la posición, regida por primitivos códigos oligárquicos, se descoloca y encerrada en el esquema de sus mezquindades, no tiene otra alternativa que acudir al imperio colocándose en ruta de colisión con las mayorías y los intereses de las naciones.

De hecho cuando en Europa, los EE.UU., EL JAPON, la INDIA e incluso “LOS TIGRES ASIATICOS”, aparecieron que propusieron la utilización de los recursos nacionales para auspiciar el desarrollo, el bienestar popular y la justicia social, la oposición, aunque de modo critico se sumo. Lo que es bueno para un país lo es también para sus elites, incluso para su burguesía.

La mezquindad, la pequeñez de sus minúsculos intereses egoístas, el despreció a los indígenas y el desdén por los pobres impiden a los oligarcas latinoamericanos percibir cuando se a entrado e una nueva etapa del desarrollo con cuyo despliega, al ganar la nación ganan todos,

La actitud retrograda e históricamente desfasada con que, como ahora ocurre en a Venezuela bolivariana se intenta contaminar a toda la sociedad es esencialmente suicida y para la oligarquía un camino sin retorno.

La crisis del Estado Oligárquico y el surgimiento de la dictadura militar1930-1932.

Con las elecciones libres de 1930 llego al poder Arturo Araujo, nuevo líder del Partido Laborista Salvadoreño para entonces el efecto de la gran depresión se hacían ya sentir en El Salvador a través de la caída de los precios del café en mercado mundial el deterioro de la situación económica e incremento de la miseria e inquietud  popular el 2 de diciembre de 1931Araujop es derrocado El Vicepresidente General Hernández Martínez lo reemplazara Pero el deterioro la situación económica y  social continuo hasta amenazar la mera subsistencia de las masas campesinas e indígenas hambrientas.

En Enero de 1932 estalla una insurrección indígena-campesina en la parte occidental del país. La insurrección en El Salvador fue uno de los levantamientos campesinos más importantes del periodo en América latina.   

La dictadura militar  (1930-1944)

El viejo orden civil oligárquico, roto por la crisis económica de 1930y la siguiente movilización política que culmino con la rebelión y matanza de 1932 fue restaurado como orden oligárquico por militares conservadores. Cuando la hegemonía económica, social y política de la oligarquía cafetalera fue incapaz de mantener su dominación dentro de un marco político formalmente liberal –democrático, este fue reemplazado por formas políticas dictatoriales militares. La dictadura personalista del General Maximiliano Hernández Martínez fue así evolucionando hacia el fortalecimiento y la institución militar como el más poderoso aparato del Estado.

  La dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez conto con el apoyo decidido de los sectores agrarios tradicionales que contribuyeron al ascenso y consolidación del estamento burocrático militar  como fuerza del poder cohesionan te del poder coactivo del sistema. Los trece años de dictadura se caracterizan por un gobierno autoritario y paternalista en el aspecto social, permitiendo a la clase dominante evolucionar hacia formas más dinámicas y expansivas de producción y explotación.

Muchos elementos del sector agrarios comenzaron a pensar desde el punto de vista  de desarrollo industrial, en asociación con comerciantes judíos y palestinos que, desde hace  más de veinte años, se movían en El Salvador en el terreno del comercio y de las finanzas privadas. Estos cafetaleros, advirtieron además, que el tipo de acumulación capital basado exclusivamente en el monocultivo tenían demasiados altibajos y por lo tanto había que diversificar, la agricultura mediante la introducción de los cultivos del algodón y la caña de azúcar.

Los antiguos intermediarios en el beneficio y exportación del café establecido en consecuencia una alianza  con los terratenientes alianza que pronto dio lugar a la constitución de una nueva fracción de las clases dominantes, también esta de origen agrario pero, esta vez, dedicada esencialmente a la actividad financiera e industrial.

En los últimos años de la dictadura, el sector agro-industrial se convirtió en líder de los movimientos político-militares que desembocan en la caída del General Maximiliano Hernández Martínez en 1944. La causa fundamental de estos la constituyo el freno al desarrollo y expansión del capitalismo que provocaba el autoritarismo el dictado y su énfasis en el fomento exclusivo de la producción del café.

El modelo civil militar

El General Hernández Martínez fue derrocado en 1944 por un movimiento cívico-militar bautizado  “Movimiento del 44”.La junta surgida de dicho movimiento fue, a su vez, derribada  por “la revolución del 48”  que llevo a la presidencia al coronel Oscar Osorio. Bajo la inspiración  del PRI mejicano Osorio fundo el partido Revolucionario de Unificación Democrático (PRUD) y su gobierno se caracterizo por una política de fomento del sector industrial y por la formación de integración económica centroamericana.

Estableció por primera vez salarios mínimos y dio inicio a un sistema de seguridad social para los trabajadores industriales.

El gobierno de Osorio finalizo en 1956, después que ganara las elecciones el candidato del PRUD, coronel José María Lemus. La campaña electoral se caracterizo por la falta de garantías democráticas, lo que impulso a la oposición a retirarse de la contienda dejando solo al candidato oficial. Bajo el gobierno de Lemus, se construyeron importantes obras de infraestructura que impulsaron aun más el desarrollo del sector industrial.

El Neoliberalismo

El Neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico burgués es parte de su ideología 

Características:

-El Estado no debe meterse en cuestiones de producción

-No debe de fijar los precios a los bienes y servicios

-No debe fijar salarios mínimos

--El Estado no debe fijar muchos empleados públicos

El partidario de que circulen libremente los bienes también de que se le baje los impuestos a las empresas del Estado (productivas y comerciales).

-Es partidario de  de incrementarle los impuestos al consumidor. Por ej.: IVA

-De privatizar todas las empresas rentables de la propiedad privada, enemigo de la organización sindical y de las luchas sociales, etc.

Sindicalismo

Surgen para luchar contra los empresarios y reclamar mejores salarios prestamos y hechos.

 

Oligarquía.

Punto de vista de la ciencia política

En ciencia política es  una forma de gobierno en que el poder supremo esta en manos de unas pocas personas.

Estrictamente la oligarquía surgirá cuando la sucesión de un sistema aristocrático se perpetué por transferencia sanguínea o mítica, sin que las cualidades éticas y de dirección de mejores surjan como merito reconocido por la comunidad, siendo esta definición muy cercana a la monarquía y  más todavía a la nobleza. Los Oligarcas dueños de propiedades, de tierras o de grandes acumulaciones de dinero, son poseedores de fuerza en gran en la dirección política gracias a sus fuertes influencias económicas. Poseen estándares éticos posiblemente dudosos, con símbolo histórico que haya significado sucesión que les dio fuerza.

Punto de vista de ciencias sociales

La Oligarquía es un grupo minoritario de personas, pertenecientes a una misma clase social, generalmente con gran poder e influencia que dirige y controla una colectividad o institución.

Los gobiernos Oligárquicos y la oligarquía, como tal, tienen una historia antiquísima, casi desde el comienzo de las estructuraciones sociales de los primeros seres humanos. Aunque como tal se ha usado para adjetivar diversos sistemas sociales, sin que este apelativo fuera mas allá de de una cualificación del sistema político.

Escritores políticos de Antigua Grecia como Platón ya citan en su época gobiernos oligarcas como el de los Treinta Tiranos gobernantes en la propia Atenas del filósofo. El comercio internacional y el enriquecimiento demasiado concentrado hacen surgir una oligarquía.

Estos sistemas sociales oligárquicos se han dado a o largo de la historia en multitud de civilizaciones. En general obviamente evidenciado en la Europa de la antigüedad y más recientemente en tribus de civilizaciones africanas y americanas, en las cuales los dirigentes pueblo solían ser consejos de sabios ancianos.

La oligarquía no solo era la dueña de las mejores fincas cafetaleras del país, sino también de haciendas ganaderas y posteriormente las plantaciones e ingenieros azucareros. Parte de esta familia también poseían las plantaciones algodoneras, que tanto daño le causaron a los asentamientos humanos, a la tierra, a la flora y a la fauna, así como la contaminación de mantos acuíferos y ríos.

La burguesía era dueña de los bancos importadora de maquina pesada (Sol, Mollet, Quiñones) y amo absoluto de la rama industrial existe la idea de que este se desarrollo cuando muchos fondos del agro se canalizaron a la emergente industria los capitalistas salvadoreños pronto egresaron al exclusivo mundo de los millonarios latinoamericanos.

 Cuando sus intereses económicos empezaron a ser amenazados, se recuerda como uno de los primeros la insurrección campesina en 1932, utilizaron a la fuerza armada para reprimir y masacra a la población: el pretexto en aquellos años como en el presente, fue el mismo: la amenaza del comunismo.

Ahora utilizaron nuevos ingredientes, recursos publicitarios y agentes políticos externos. Afirman por ejemplo: que si Mauricio el rojito (como lo califica el dinosaurio Altamirano Madriz) gana la presidencia perderemos las libertades y democracia “estará en peligro” la misma burguesía coloca en el frente o en primera línea de ataque a sus presidentes de sus dos gremiales principales la ANEP y la Cámara de industria de El Salvador para causar el primer partido opositor FMLN, de tener vínculos con el gobierno de Venezuela como si esa relación constituyera un delito o tan siquiera un error político.

En el fondo el temor de la burguesía es perder sus privilegios ese del dominio exclusivo el mercado de la explotación, así como el poder soberano del comercio exterior el no poder incidir en las licitaciones y sobre todo que se les obligue a cumplir con las leyes de la república en pago correcto de salarios y Prestaciones a sus empleados, el pago de la seguridad social y de los impuestos. Ellos como en el pasado, lucharan hasta el final. De ser necesario, contrataran mercenarios, no de la pluma porque esos ya los tienen desde hace largo rato, sino los conocidos como escuadrones para sembrar el terror entre la población.

 Ellos no se darán fácilmente por vencidos querrán viajar tranquilamente a Europa, E.E.U.U. o ir de casería a África sabedores que a sus regresos sus negocios van viento en popa que su contabilidad se mantiene intacta lo mismo que sus yates y caballos árabes o peruanos. Los ataques virulentos del sanguinario de la pluma continuaran porque la bestia esta herida, se siente angustiada y mas cercana a un final que mas temprano que tarde llegara porque no se puede detener el paso y el avance de la historia. Y en este preciso instante, la esperada nada mas que retardada marcha del pueblo, a comenzad su inevitable avance.

 

 E l nacimiento de la oligarquía cafetalera

 

¿De donde provenía el pequeño grupo que cogió gracias a la caficultura a masas  importantes fortunas? Una buena parte descendía de hacendados y comerciantes que habían acumulado capitales y otros recursos mediante la producción añilera. Además la expansión cafetalera atrajo a un pequeño grupo de inmigrantes europeos que buscando acrecentar sus fortunas vivieron invirtiendo sus capitales en la producción el financiamiento y exportación del café.

Rápidamente estos inmigrantes fueron  asimilados por el sector mas acaudalado de la población estos llegaron a ser participes del poder que para entonces disfrutaban los salvadoreños mas ricos a través de alianzas matrimoniales de relaciones de negocios y la activa participación  con la política del país.

En la que respecta del trato con los trabajadores agrícolas todo el grupo dominante estaba de acuerdo la política a seguir consistía en obligar a los jornaleros a rendir el máximo en sus posibilidades y pagar los mas bajos salarios que fuese posible pagar; los terratenientes no concebían la existencia de derechos laborales tales como seguro por enfermedad o accidente de trabajo descartaban toda iniciativa de los trabajadores para transformar las relaciones laborales estas relaciones de trabajo asalariado a menudo resultaban por conflictos ya fueran individual o colectivos.

 

La gran depresión de 1929 y sus principales estados oligárquicos cafetaleros.

Cuando el Doc. Pió Romero Bosque ascendió a la presidencia la opinión publica  suponía que continuaría que continuaría con la misma política de los Menéndez-Quiñones. La dictadura de los Quiñones Menéndez se preocuparon por organizar a los trabajadores creían que a través de las organizaciones mutuales se podía mejorar la calidad de vida, tanto moral como material da los sectores populares no obstante estas organizaciones impulsaron su actividad mucho mas lejos de los que sus gestores se habían propuesto guiando por corrientes radicales y reformistas loas trabajadores organizados demandaron una ampliación del espacio político a través de la organización independiente los trabajadores contarían con mayor libertad para presionar el gobierno con el fin que este hiciese realidad las demandas de lo0s obreros.

Tales como los aumentos salariales, ley de inquilinato y el respeto por parte del capital “a la ley de accidente e trabajo” los capitalistas

Salvadoreños no darían tan fácilmente con necesidad a sus trabajadores y tampoco estarían dispuestos a participar en un proceso político que llevara al fortalecimiento de los mismos.

Plutocracia

Plutocracia del griego ploutos-riqueza y gracia-gobiernos.

Es un sistema de gobierno donde la riqueza es la base principal del poder, fomentándose una representación de origen iusprivatista. Esta estructura suele aparecer en aquellos sistemas de gobierno en los que aquellos que ostentan el poder político y legislativo son quienes ordenan el poder económico.

Una plutocracia es un sistema de gobierno en el que existen influencias desequilibradas en la toma de decisiones a favor de los que ostentan las fuentes de riqueza.

Suele incluirse como un tipo de oligarquía en su visión clásica promovida por las experiencias en algunas ciudades griegas y ciudades-estados de Italia medieval.

No hay que confundir la plutocracia con sistemas donde el ejercicio de la ciudadanía esta vinculado a una riqueza mínima, correspondiendo en hechos a un supuesto interés para la colectividad, por ejemplo, los sufragios censatarios que exigen una contribución mínima a las finanzas publicas(censo).Estos sistemas no son plutocráticos, porque las contribuciones no pasan a fomentar un partido.

Para que la plutocracia sea material la representación a de responderse con el viejo modelo de representación de origen iusprivatista:

*la representación atiende a aquellos que le apoyaron, no atendiéndose al mandado de la voluntad general.

Plutocracia y la financiación de partidas.

Una forma común de plutocracia hoy en día podía venir motivada por la financiación y regular de partidos. Esta puede provocar que en una partidocracia o democracia, alrededor del poder estatal se forme un holding empresarial o factico que, transfinanciar partidos y medios de comunicación obliga a realizar un clientelismo político la mayoría de las veces mediante una favorititas legislación.

Según la nomenclatura estadounidense existe la financiación de partidos hay una distinción relativamente importante en cuanto el tipo de dinero utilizado: por un lado “el dinero duro”, los fondos provenientes de contribución reguladas por la ley federal de campañas electorales que establece limites a las contribuciones que pueden hacer los individuos, los partidos políticos y los comités de creación política que son organizaciones formadas específicamente para recaudar fondos destinados a las campañas  las corporaciones y los sindicatos no pueden hacer contribuciones directas a los candidatos pero pueden constituir comités que recaudan contribuciones de sus empleados o asociados.

Si bien lo que un comité de acción política `puede un candidato de un modo directo para sui elección puede estar limitado `pero estos comités pueden gastar una cantidad ilimitada de dinero de aportes que no van directamente al candidato  pero se invierten en campañas que abogan e pro o en contra de determinados candidatos

El alto coste de las campañas políticas en las democracias siempre ha puesto una barrera de entrada al poder una forma de plutocracia controlada por una escasa minoría de los votantes. En la democracia ateniense, algunos cargos públicos eran asignados de forma aleatoria a los ciudadanos para inhibir los efectos de la plutocracia. Entre el 133 A de C Y

EL 123 antes de Cristo los grecos protagonizaron una brutal revolución contra la plutocracia de Roma. La democracia moderna puede ser también vista como una farsa deshonesta empleada para evitar agitación de las masas frente a los abusos del poder incluso como hostigadora en  beneficio propio. Así mismo puede animar a los candidatos a realizar caudillismo político, ofreciéndoles, por, ejemplo leyes favorables si resultan electos.

E l control de los medios de comunicación por parte de unos pocos puede llevar a una distorsión mas especifica del proceso electoral, de modo que los medios son un elemento vital en unas elecciones. Ciertos grupos sostienen que la critica a la situación el momento o a una agenda concreta tiende a ser ocultada atreves de grupos mediáticos para así proteger sus propios intereses. Los partidarios contestan que a la liberta de expresión hace posible tanto para los organizaciones lucrativas como para las sin animo de lucro de batir estas cuestiones.

Argumentan que la cobertura mediática en las democracias simplemente refleja las preferencias del público, y no supone censura.

Los marxistas socialistas y anarquistas sostienen que las democracias liberales son parte integrante el sistema capitalista además de que se basan en la división en base social y no son plenamente democráticos o participativas. Es una democracia burguesa donde no solo los más poderosos mandan.

 A causa de esto es vista como un sistema desigual que funciona de modo que facilita la explotación económica. Por el contrario, para Pareto la Plutocracia dominante no es tanto el gobierno e los hombres de negocios  como el gobierno e los políticos espoliadores que apelan el poder publico para su beneficio personal si la minoría dominante en realidad es un conjunto de grupos cuyos intereses por momentos divergen la competencia política puede en ciertas circunstancias inducir a los lideres a buscar el apoyo de la mayoría promoviendo los intereses de estos.

Grupo 10 DICTADURA MILITAR Y CLASE DOMINANTE

Estructura de la Clase Dominante Salvadoreña

 

La clase dominante está formada por propietarios de grandes empresas que controlan el comercio, la industria, los servicios y el sistema financiero, así como la agricultura capitalista y las actividades de exportación. Estos empresarios pueden estar ligados a las familias oligárquicas o no. Controlan todo el excedente.

 

Los intereses de este grupo se expresan corporativamente a través de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). En ésta asociación, coexistían dos grupos de intereses económicos contrarios a corto plazo.  En el primer grupo estaban los empresarios tradicionales, vinculados a la producción y exportación de café, caña de azúcar y el algodón; éstos se oponen a la modernización del Sistema Capitalista, quieren una vuelta al pasado (antes de 1980).  En el segundo grupo están los empresarios ligados al capital financiero y comercial, así como las exportaciones no tradicionales; tienen fuertes vínculos con el capital extranjero. La principal organización era Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT)

 

Los intereses económicos de la clase dominante salvadoreña se expresan políticamente en el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundado en 1980 como respuesta al proyecto reformista de la Democracia Cristiana auspiciado por los EE.UU. Al principio ARENA defendía únicamente los intereses de las oligarquías pero luego aparecieron dos vertientes: la progresista y la retrógrada.

 

La Clase Dominante y la Consciencia Dominante

 

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen que una determinada clase sea dominante, o sea, las ideas de su dominación. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la consciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión, y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la época. Por ejemplo, en una época y en un país en que se disputan el poder de la corona, la aristocracia y la burguesía, en que, por tanto, se halla dividida la dominación, se impone como idea dominante la doctrina de la división de poderes, proclamada ahora como “ley externa”.

 

La división del trabajo, se manifiesta también en el seno de la clase como división del trabajo espiritual y material, de tal modo que una parte de esta clase se revela como la que da sus pensadores (los ideólogos conceptivos activos de dicha clase, que hacen del crear la ilusión de esta acerca de sí mismo su rama de alimentación fundamental), mientras que los demás adoptan estas ideas e ilusiones una actitud más bien pasiva y receptiva, ya que son en realidad miembros activos de esta clase y disponen de poco tiempo para formarse ilusiones e ideas acerca de sí mismos.

 

Cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de la universalidad, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta.

 

La clase revolucionaria aparece en un principio, ya por el solo hecho de contraponerse a una clase, no como clase, sino como representante de toda la sociedad, como toda la masa de la sociedad, frente a la clase única, a la clase dominante. Y puede hacerlo así, porque en los comienzos su interés se armoniza realmente todavía más o menos con el interés común de todas las demás clases no dominantes y, bajo la opresión de las relaciones existentes, no ha podido desarrollarse aún como el interés específico de una clase especial. Su triunfo aprovecha también, por tanto, a muchos individuos de las demás clases que no llegan a dominar, pero sólo en la medida en que estos individuos se hallen en condiciones de elevarse hasta la clase dominante. Por ejemplo, cuando la  burguesía francesa derrocó el poder de la aristocracia, hizo posible con ello que muchos proletarios se elevasen por encima del proletariado, pero sólo los que pudieron llegar a convertirse en burgueses. Por eso, cada nueva clase instaura su dominación siempre sobre una base más extensa que la dominante con anterioridad a ella, lo que, a su vez, hace que, más tarde, se profundice y agudice todavía más la oposición entre la clase no dominante y la dominante. Y ambos factores hacen que la lucha que ha de librarse contra esta nueva clase dominante tienda, a su vez, a una negación más resuelta, más radical de los estados sociales anteriores de la que pudieron expresar todas las clases que anteriormente habían aspirado al poder.

 

Toda esta apariencia de que la dominación de una determinada clase no es más que la dominación de ciertas ideas, se esfuma, naturalmente, de por sí, tan pronto como la dominación de clases en general deja de ser la forma de organización de la sociedad; tan pronto como, por consiguiente, ya no es necesario presentar un interés particular como general.

 

Una vez que las ideas dominantes se desglosan de los individuos dominantes y, sobre todo, las relaciones brotan de una fase dada del modo de producción, lo que da como resultado que el factor dominante en la historia son siempre las ideas, como lo que impera en la historia, presentando así todos estos conceptos e ideas concretas como “autodeterminaciones” del concepto que se desarrolla por sí mismo.  Pero cabe remontarse, a su vez, a los productores del “concepto”, a los teóricos, ideólogos y filósofos, y se llegará entonces a la conclusión de que los filósofos, los pensadores como tales, han dominado siempre en la historia; conclusión que, en efecto, según se ha de ver, ha sido proclamada ya por Hegel.

 

BREVE HISTORIA DE EL SALVADOR

 

La historia de El Salvador ha pasado por diversos períodos, los cuales han marcado su actual estado económico, político y social. Antes de la llegada de los conquistadores españoles a tierras americanas, el territorio estaba habitado por diversos pueblos amerindios, que ya habían formado órdenes sociales sofisticadas; con la conquista, el sincretismo y el sometimiento toman protagonismo hasta que, en consecuencia de la explotación y por motivos externos, El Salvador logra su independencia en 1821, comenzando ahí un período de convulsión política, liderado por los grandes terratenientes. En 1931 inicia un período conocido como la “Dictadura Militar”, donde el ejército controla al Estado hasta 1979. Durante la década de 1980, una guerra civil azotó a la sociedad salvadoreña, dejando un saldo de muertos y desaparecidos sin precedentes en su historia. Es en 1992 cuando se firman los Acuerdos de Paz de Chapultepec, evento que marca el inicio de una nueva época en la historia de la nación. En la actualidad, la situación económica y social tiende a dificultar las posibilidades de superación de la población.

 

 El Salvador, desde el origen hasta la independencia

 

La población indígena de El Salvador se dividía en dos grandes familias: autóctonas lencas, absorbidos culturalmente por los pueblos invasores mayas y nahuas; y los pipiles, mucho más numerosos y descendientes de las migraciones nahuas, como demuestran las fuertes influencias lingüísticas del náhuatl. Los pipiles dan nombre al centro del país como Cuzcatlán, y fundan un centro cultural y político del mismo nombre, cerca de la actual ciudad de San Salvador.

 

Los pipiles mantuvieron las estructuras económicas, sociales y políticas de los nahuas. Conservaron la propiedad de la tierra comunitaria dividiendo las grandes áreas de influencias de los poderosos caciques en calpullís o parcelas de tierra suficientes para alimentar a una familia. Los principales grupos sociales eran los nobles y los sacerdotes (pipiltun) quienes compartían el poder político con los guerreros. Al igual que los aztecas, eran los guerreros quienes elegían a los caciques, es decir, jefes militares.

 

La base de la pirámide social pipil estaba formada por comerciantes, artesanos y el “pueblo” que era quien cultivaba los calpullís, tenían la obligación de trabajar las tierras de los sacerdotes (primeros propietarios de las tierras). Los prisioneros de guerra eran desposeídos de todos sus derechos como esclavos y se ocupaban de trabajar para las clases dominantes.  La llegada de los españoles acabó con la cultura de los pipiles.

 

La Conquista

 

Centroamérica fue conquistada desde dos lugares: el Valle de Anahuac en México, y el istmo de Panamá. Las expediciones enviadas desde México por Hernán Cortés, al mando de Pedro de Alvarado, tenían la misión de conquistar Cuzcatlán, “cristianizar” a los indios y someterles a las leyes de la Corona de Castilla, integrando el territorio de la Capitanía General de Guatemala.  En 1524, Pedro de Alvarado y su hermano Diego invadieron Cuzcatlán, atravesando el río Paz, cerca del lugar que hoy se llama La Hachadura. Los españoles tardaron quince años en dominar completamente a los pipiles, a quienes quitaron la propiedad de la tierra, destruyendo sus templos y dioses, obligando a los indígenas a trabajar para su beneficio y sometiendo la autoridad de los caciques a la de los invasores.

 

La Etapa Colonial

La destrucción de la propiedad comunitaria y la apropiación de la tierra por los invasores constituyó la base de las haciendas que, a su vez, iniciaron un proceso de concentración de la propiedad que continuó muchos años después de la independencia, dando origen a la estructura social extremadamente desigual que aun hoy existe en El Salvador.

 

Los españoles impusieron la “encomienda”, encubierta figura de propiedad mediante la cual un grupo de indígenas era “encomendado” a la “protección” de un español, al cual, en realidad, estaban obligados a trabajar gratuitamente y al que se veían forzados a entregar un tributo en especie.

 

El cacao, algodón, añil y bálsamo eran los productos coloniales extraídos de la tierra y el trabajo de los pipiles. El añil fue el producto que permitió la primera acumulación de capital en El Salvador durante la colonización. La toxicidad del trabajo del añil y, en general, las malas condiciones en que se obligaba a trabajar a los indígenas dio lugar a una gran disminución de población entre estos.

 

La llegada de los españoles supuso no sólo la destrucción del orden social indígena, sino también la introducción de un nuevo sistema económico, con nuevas técnicas de producción, como el arado, el uso de la fuerza animal y el hierro. Surgieron nuevos oficios, aparecen los herreros, carpinteros, peleteros; al mismo tiempo que comenzó la explotación de algunos minerales.

 

El mestizaje permitió la estructuración social en tres grupos:

 

• Clase Dominante, formada por los españoles.
  • Peninsulares venidos de la Península Ibérica, o sea, de España
  • Criollos descendientes de los anteriores, nacidos en el continente americano.
• Clase Dominada, formada por dos grupos
  • Un cuerpo intermedio formado por los mestizos, a los que se negaba el derecho a la propiedad privada y eran encargados de los cargos administrativos y trabajos manuales cualificados
  • Los indígenas que, en régimen de semiesclavitud o servil, trabajaban en las explotaciones agrícolas de los primeros.

 

La Independencia

 

Bajo el influjo de la revolución norteamericana, los criollos de Centro América reivindican la independencia para librarse del control sobre el comercio del añil, ejercido por la metrópoli (España).

 

La independencia de Centro América se proclamó en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Como en tantas otras partes, la libertad la consiguió el pueblo y la gozaron los pudientes.  En el momento de la independencia los padres de la patria eran también sus dueños.

 

La República Federal de Centroamérica

 

Tras la independencia, criollos y mestizos se dividieron en dos grupos: liberales y conservadores, apartando a los indígenas de cualquier discusión sobre el poder.

El 22 de noviembre de 1824, se promulgó la Constitución de la República Federal de Centroamérica, en un intento de mantener la región unida. El primer presidente de la Federación fue el salvadoreño Manuel José Arce, quien no logró convencer a liberales y conservadores de la conveniencia de la unidad de la región.

 

El líder de la unidad centroamericana fue, sin embargo, el hondureño Francisco Morazán, quien fuera elegido dos veces presidente de la Federación, en 1830 y 1835. Él realizó la primera reforma liberal en toda Centroamérica: otorgó la libertad de culto, promulga la ley de divorcio, convirtió los conventos en prisiones modelo y cuarteles, fomentó y democratizó la enseñanza y abolió los diezmos y primicias con que la Iglesia gravaba al pueblo.  Sin embargo, la República Federal, constituida por cincuenta estados, cada uno de los cuales se reservaba de forma autónoma los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, era en realidad, una asociación en la que las oligarquías criollas locales se reservaban el gobierno de sus provincias respectivas.

 

La Constitución, por otra parte elaborada por grupos absolutamente minoritarios, garantizaba un reparto de poder entre los caciques territoriales con el decidido propósito de asegurarse la capacidad de maniobra necesaria para controlar a su antojo los respectivos territorios según sus propios intereses. Estos intereses privados carecían, sin embargo, de la profundidad o de la importancia nacional imprescindible para perdurar mucho tiempo.  En 1838 comenzó a manifestarse la quiebra del sistema como consecuencia de las tensiones entre sus componentes, finalmente desembocaron en la guerra civil. El presidente Morazán, designado en 1830, hizo cuanto pudo para mantener la unión, primero como Presidente Federal y, más tarde, como Presidente de El Salvador, hasta su fusilamiento en 1842, sus esfuerzos fueron estériles.

 

La idea federativa, sin embargo, no murió del todo y sigue apareciendo en los discursos de muchos políticos, alimentando ideas como el Mercado Común Centroamericano. La realidad, sin embargo, fue la de la fragmentación, la discordia y el conflicto generados por la ausencia de figuras de relieve político y por las luchas egoístas cuyas justificaciones apenas logran encubrir los intereses personales o, a lo sumo, familiares.

 

En esas condiciones, no es de extrañar que la región, zona obligada de paso para la gran avalancha humana de la carrera del oro hacia California, fuera “redescubierta” por el gobierno norteamericano. A partir de entonces, Centroamérica, pasaría a ser el patio trasero del poderoso vecino del norte.

 

Anastasio Aquino

 

Siendo Francisco Morazán presidente de la República Federal de Centroamérica, y Mariano Prado jefe del Estado de El Salvador, se dio el levantamiento de los indígenas Nonualcos.

 

La independencia y las reformas liberales no impidieron que a los indígenas se les siguiese expropiando tierras, se les obligase a pagar impuestos, estuvieran sometidos al reclutamiento forzoso y la miseria. Esta situación provocó el descontento popular, que se tradujo en levantamientos indígenas.

 

Los Nonualcos gozaban autonomía en esta zona y eran reacios a asimilar la cultura occidental. El levantamiento fue dirigido por Anastasio Aquino. Bajo su dirección, los indígenas derrotaron al ejército en varias batallas, y tomaron las poblaciones de San Vicente y Zacatecoluca. Más tarde, y tras su derrota a manos del ejército, Anastasio Aquino fue ejecutado y su cabeza expuesta en un árbol.

 

De la Independencia al Poder Militar

 

Dictadura Militar

 

Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones jurídicas, ejecutivas y legislativas son controladas por las fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control democrático. Suelen originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces tras un golpe de estado.

 

Las dictaduras militares generalmente han justificado su presencia en el poder como una manera de traer la estabilidad política para la nación o de rescatarla de la amenaza de “ideologías peligrosas”. Los regímenes militares tienden a retratarse como independientes, como un partido “neutral” que proporciona una dirección interina no partidista en épocas de agitación, al tiempo que representan a los políticos civiles como corruptos e ineficaces.

 

Una de las características casi universales de un gobierno militar es la institución de la ley marcial o de un estado de la emergencia permanente, mediante la cual se eliminan todas las garantías jurídicas que protegen a las personas contra el abuso del Estado. Los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y opositores políticos.

 

A partir de los años 90 del siglo XX, las dictaduras militares se han reducido. Existen diversas causas: las dictaduras militares no tienen una excesiva legitimidad o credibilidad internacionales; además, el final de la Guerra Fría y el derrumbamiento de la Unión Soviética hicieron más difícil para las dictaduras militares utilizar el pretexto de la amenaza del comunismo como justificación para sus acciones.

 

La República de El Salvador. El Café

 

Con la derrota de Morazán, el ideal de la unidad centroamericana queda enterrado. En 1841, El Salvador se constituye en una república libre, independiente y soberana. La república nace muy ligada a la producción de café.  Los intentos liberales por prolongar en la nueva república la política de reformas fueron condenados al fracaso. El caso más importante es el intento del presidente Gerardo Barrios, entre 1858 y 1863.

 

El cultivo del café fue introducido en 1846 por el presidente Eugenio Aguilar, imponiéndose en época de Gerardo Barrios como principal producto de exportación, coincidiendo con la aparición de colorantes artificiales, que redujo drásticamente la demanda mundial de añil. Pero la introducción del café significó, además, una aceleración en el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, pues su cultivo requería terrenos grandes y apropiados.

En 1881, el presidente Zaldívar publicó varias leyes destinadas a despojar a los indígenas de las tierras comunales y ejidales. Con la apropiación de estas tierras, nace la OLIGARQUIA CAFETALERA, dominante hasta nuestros días en la estructura social salvadoreña. El Salvador se convierte así en un país monoproductor y monoexportador de café.

 

La expoliación de la tierra a los indígenas, concentración de la propiedad y los bajos salarios de los jornaleros del campo, constituyen la causa del conflicto social, que se extiende desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad. El cultivo y exportación de café aceleró la acumulación de capital en la economía salvadoreña. Tradicionalmente existía una fuerte influencia alemana, y sobre todo, inglesa sobre la economía del país. Pero a partir de los años veinte, los Estados Unidos desplazan a Inglaterra en el dominio sobre la región.

 

En 1908 los norteamericanos inician la construcción del ferrocarril que une San Salvador con La Unión, además de planear la instalación de una base militar en el Golfo de Fonseca, compran las inversiones inglesas en las explotaciones mineras y aceleran el cambio de influencias políticas eliminando el último gobierno progresista que ha conocido El Salvador, el del presidente Manuel Enrique Araujo, quien ejerciera la presidencia de 1911 a 1913. Araujo permitió el establecimiento de los gremios de artesanos, antecedente de los modernos sindicatos, estableció una legislación sobre accidentes de trabajo, eliminó la prisión para los deudores, creó la Guardia Nacional y condenó la invasión de los Estados Unidos a Nicaragua en 1912. La enemistad de la oligarquía acarreó su muerte a machetazos en 1913. Le sucedió en el gobierno Carlos Meléndez, con quien se inauguraba la dinastía de los Meléndez-Quiñónez, que gobernaron el país durante 17 años, alternándose en el poder.

 

Los Meléndez y los Quiñónez eran cafetaleros, y abrieron su gobierno a la influencia norteamericana, desplazando definitivamente a los ingleses. Introdujeron el cultivo del algodón, el segundo producto del país, y se inició una industria textil.

 

La clase obrera alcanzó rápidamente conciencia de la necesidad de la organización. En 1924 se fundó la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador (FRTS), que pronto entró a formar parte de la Confederación Obrera Centroamericana (COCA). El artesano urbano, había sucedido a los indígenas y campesinos en el liderazgo de las protestas populares. Desde mediados de los años veinte, el sector obrero se situó a la cabeza de las movilizaciones.

 

Los hechos de 1932

 

En 1931 fue elegido presidente de la república Arturo Araujo, miembro de la clase dominante que, sin embargo, durante su época de estudiante en Inglaterra, había sido influido profundamente por el laborismo.

 

La crisis mundial de los años veinte había provocado la caída de los precios del café, esto llevó al gobierno a una importante crisis fiscal, por ser los impuestos a la exportación una de la principales fuentes del erario. Para contrarrestar la caída en los ingresos, el gobierno decidió rebajar los salarios y despedir a un número importante de empleados públicos. Los salarios de los jornaleros, por su parte, se redujeron a la mitad de lo que eran antes de la crisis. El 2 de diciembre de 1931, los militares, ante la caótica situación económica que generaba grandes protestas entre la población, dan un golpe de estado que lleva a la presidencia al General Maximiliano Hernández Martínez, Ex Ministro de Defensa del presidente Araujo y fundador del partido “Pro Patria”.

 

La situación de extrema miseria a que se vio abocado el pueblo siguió alimentando las protestas populares de forma que, el 22 de enero de 1932, se inició la insurrección popular organizada por el Partido Comunista pero que, en la práctica representó la última manifestación de la población indígena en contra de las injusticias padecidas desde la colonización.  En algunos lugares donde se dieron los levantamientos, como Santa Tecla, Colón, Izalco, Armenia, Nahuizalco y Juayúa, se concentraba la población indígena, eran los lugares más golpeados por la crisis de la caída de los precios del café. Entre los principales dirigentes de la insurrección estaba Agustín Farabundo Martí. Los campesinos lograron tomar algunos cuarteles, pero estaban mal armados y carecían de planes bien pensados. La insurrección fue aplastada por el ejército, con una fuerte represión que, en pocas semanas, provocó entre 15 mil y 30 mil muertos, pues nunca se supo la cifra exacta de la matanza.  Farabundo Martí fue fusilado el 1 de febrero de 1932. También perecieron los otros dirigentes de la rebelión, Feliciano Ama, líder indígena de Izalco; Francisco Sánchez, que dirigió el levantamiento de Juayúa, y los estudiantes universitarios Mario Zapata y Alfonso Luna, que fueron fusilados junto a Martí.

 

Con Maximiliano Hernández Martínez comienza la saga de los gobiernos militares al servicio de la clase dominante, en una especie de división del trabajo de dominar a los sectores populares. Mientras los militares monopolizaban el poder político, la oligarquía controlaba el poder económico, en un tándem que no se quiebra hasta la década de los ochenta. En consecuencia, la historia de los últimos ochenta años en El Salvador ha sido la historia de un sistema político autoritario que, por diferentes causas, ha experimentado, en breves períodos, diversas formas de liberalización, sin llegar en ningún momento a transitar realmente los caminos de la democracia.

 

Los Primero Gobiernos Militares (1930 – 1960)

 

A partir de 1932, en El Salvador se instauraron un Estado y un ejército pretorianos cuya principal característica es el papel protagonista y central de los militares en la determinación de las reglas del juego político.

 

Este ejército ha tenido a lo largo del siglo XX una evolución en la cual se pueden distinguir varias fases:

 

La Dictadura Militar (1930 – 1944)

 

El viejo orden civil oligárquico, roto por la crisis económica de 1930 y la siguiente movilización política que culminó con la rebelión y matanza en 1932, fue restaurado como orden oligárquico por militares conservadores. Cuando la hegemonía económica, social y política de la oligarquía cafetalera fue incapaz de mantener su dominación dentro de un marco político formalmente liberal-democrático, éste fue reemplazado por formas políticas dictatoriales militares. La dictadura personalista del General Maximiliano Hernández Martínez fue así evolucionando hacia el fortalecimiento de la institución militar como el más poderoso aparato del Estado.

 

La dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez contó con el apoyo decidido de los sectores agrarios tradicionales que contribuyeron al ascenso y consolidación del estamento burocrático militar como fuerza cohesionante del poder coactivo del sistema. Los trece años de dictadura se caracterizan por un gobierno autoritario y paternalista en el aspecto social, permitiendo a la clase dominante evolucionar hacia formas más dinámicas y expansivas de producción y explotación.

 

Muchos elementos del sector agrario comenzaron a pensar desde el punto de vista de desarrollo industrial, en asociación con comerciantes judíos y palestinos que, desde hacía más de veinte años, se movían en El Salvador en el terreno del comercio y de las finanzas privadas. Estos cafetaleros advirtieron, además, que el tipo de acumulación de capital basado exclusivamente en el monocultivo tenía demasiados altibajos y que, por tanto, había que diversificar la agricultura mediante la introducción de los cultivos de algodón y la caña de azúcar.

 

Los antiguos intermediaros en el beneficio y exportación de café establecieron en consecuencia una alianza con los terratenientes, alianza que pronto dio lugar a la constitución de una nueva fracción de la clase dominante, también de origen agrario pero dedicada esencialmente a la actividad financiera e industrial. En los últimos años de la dictadura, el sector agroindustrial se convirtió en líder de los movimientos político-militares que desembocaron en la caída del General Hernández Martínez en 1944. La causa fundamental de estos movimientos la constituyó el freno al desarrollo y expansión del capitalismo que provocaba el autoritarismo del dictador y su énfasis en el fomento exclusivo de la producción de café.

 

El Modelo Civil Militar (1944 – 1960)

 

El General Hernández Martínez fue derrocado en 1944 por un movimiento cívico-militar bautizado “Movimiento del 44” bajo la dirección de Osmín Aguirre. La Junta surgida de dicho movimiento fue, a su vez, derribada por la “Revolución del 48” que llevó a la presidencia al Teniente Óscar Osorio. Bajo la inspiración del PRI mexicano, Osorio fundó el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) y su gobierno se caracterizó por una política de fomento del sector industrial y por la promoción de la integración económica centroamericana. Estableció por primera vez salarios mínimos, y dio inicio a un sistema de seguridad social para los trabajadores industriales.

 

El gobierno de Osorio finalizó en 1956, después de que ganara las elecciones el candidato del PRUD, Coronel José María Lemus. La campaña electoral se caracterizó por la falta de garantías democráticas, lo que impulsó a la oposición a retirarse de la contienda dejando solo al candidato oficial. Bajo el gobierno de Lemus, se construyeron importantes obras de infraestructura que impulsaron aún más el desarrollo del sector industrial. La fracción agroindustrial-financiera, que sustentaba tesis capitalistas más modernas y expansivas, logró en el período 1948 – 1960 redefinir el papel del Estado dentro de la economía salvadoreña, en función de sus intereses de clase, privilegiando de esta forma el desarrollo industrial de base agrícola y desplazándose a otros rumbos productivos no tradicionales hasta ese momento.

 

Los incentivos fiscales, la protección arancelaria para importar maquinaria, el crédito amplio y refinanciable, son algunos ejemplos de cómo el Estado liberal pasó a intervenir a favor de este sector, a la vez que empezó a proyectar y ejecutar un plan de infraestructuras, en el que sobresalen el programa hidroeléctrico nacional, la Carretera del Litoral y sus caminos de acceso, la construcción del Puerto de Acajutla y del aeropuerto de Ilopango, o el Puente de Oro sobre el Río Lempa; obras que contribuyeron a fortalecer un nuevo modelo capitalista de crecimiento de una parte de la burguesía cafetalera salvadoreña. Este período, a diferencia del período anterior, creó las bases de sustentación de la modernización del capitalismo, que se consolidó en la década de los sesenta con el auge del proceso de integración centroamericana. Entre 1959 y 1961, la fracción agraria de la burguesía salvadoreña volvió a replantear la necesidad de asumir la actividad agroexportadora como el eje principal del crecimiento económico, entrando así en contradicción con los intereses de la fracción agroindustrial-financiera.

 

Esta contradicción marcó una nueva crisis de hegemonía y forzó una progresiva cerrazón del gobierno de Lemus, inicialmente abierto, ante la lucha encabezada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS), todo lo cual determinó la caída del presidente Lemus (1960) y su sustitución por una Junta de Gobierno de moderada tendencia social que prometió celebrar elecciones libres.

 

Reformismo Anticomunista e Integración Militar Regional (1962 – 1975)

 

La Junta de Gobierno que derrocó a Lemus tuvo una existencia efímera debido a que sus promesas de una democracia más participativa y de una mejor distribución de la riqueza parecieron a los militares más conservadores, y a la clase dominante en general, demasiado peligrosas, especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana.

 

En 1961, la Junta fue derrocada por un nuevo golpe de estado y, en su lugar, se instauró un Directorio Cívico-Militar liderado por el Coronel Julio Adalberto Rivera. Éste reestructura el PRUD bajo el nuevo nombre de Partido de Conciliación Nacional (PCN) y convoca elecciones en las que es el único candidato, resulta obviamente elegido Presidente de la República. En 1967, con el fin del mandato presidencial del Coronel Rivera, se convocan nuevas elecciones. La participación, esta vez de la oposición, no impide, como puede imaginarse, que de nuevo resulte ganador el candidato del PCN, General Fidel Sánchez Hernández.

 

La relativa bonanza económica que vivió el país durante estos dos períodos presidenciales hizo posible a los militares ejercer su dominación sobre la sociedad civil sin mayores niveles de represión, ya que podían satisfacerse las demandas económicas de los sectores populares urbanos. A pesar de ello, en 1967 y 1968, estallan dos importantes huelgas impulsadas por la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES). En ese marco político, el impacto producido por la revolución cubana y el temor a su difusión por el continente americano, hizo que los EE.UU. revisaran su política latinoamericana. El gobierno de Kennedy juzgó que el atraso económico-social de los países de América Latina era tan peligroso como una eventual intervención cubana o soviética. De aquí que los tres elementos claves de la política de Kennedy para América Latina:

 

1-      El reformismo socioeconómico modernizante de la Alianza para el Progreso.

2-      El fomento de la democracia política.

3-      La ayuda militar para la seguridad interna de los estados.

A lo largo de la década de los sesenta, la democracia política y el reformismo fracasaron. En cambio, la ayuda militar se incrementó.

 

En estos años, el comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá, fue encargado de las operaciones militares norteamericanas en América Latina. Se modificó el tipo de equipamiento militar suministrado a los gobiernos latinoamericanos, enfatizando las armas ligeras y los equipos móviles adecuados para la lucha antiguerrilla, se incrementó el número de militares latinoamericanos entrenados en los Estados Unidos en operaciones de contrainsurgencia, se formaron fuerzas especializadas para este propósito y, finalmente, se crearon programas de acción cívico-militar.

 

En Centroamérica, los países de la región constituyeron el CONDECA (Consejo de Defensa Centroamericana), el cual fue incorporado al sistema de defensa norteamericano en 1965. Éste promovió la homogenización de la organización, entrenamiento, armas y equipo de las fuerzas armadas centroamericanas y la realización de maniobras militares conjuntas. Todo este esfuerzo, en países donde los militares ocuparon el gobierno, no dejó de tener consecuencias para las posibilidades reformistas y democráticas de los militares centroamericanos. La indoctrinación política, por parte de Estados Unidos, a los ejércitos centroamericanos contribuyó a incrementar su temor ante los grupos políticos que abogaban por reformas sociales y democracia real.

 

El énfasis en la propaganda anticomunista sirvió solamente para reforzar y promover el conservadurismo a la vez que inspiraba una creciente desconfianza a todo tipo de reformismo o democratización real de las estructuras políticas. El aspecto de la propaganda política del entrenamiento del Comando Sur aumentó, además, la tendencia de los oficiales militares centroamericanos a justificar el uso de la represión militar con el pretexto de frenar el comunismo.

 

En El Salvador, a partir de 1961, y con ocasión de las grandes huelgas civiles contra el régimen militar de Lemus, se inició el establecimiento de un aparato de seguridad superpuesto al ejército, así como el de un efectivo sistema de información (inteligencia) con capacidad operativa nacional. Este fue el punto de partida del desarrollo de fuerzas paramilitares y de un sistema nacional de información e inteligencia, de la creación de escuadrones de la muerte y de la militarización de la sociedad global.

 

ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger la información imprescindible para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos sucios de contrainsurgencia y como base social para el reclutamiento inmediato. Después de 1967, su existencia y funcionamiento se hicieron públicos y sirvieron como base de apoyo electoral para el PCN, el cual, como hemos visto, “gana” todas las elecciones desde 1962. La importancia de ORDEN reside en haber sido una organización compuesta por campesinos y asalariados agrícolas, quienes se encargaban de la represión en su propio medio. En 1967, esta estructura paramilitar llegó a movilizar a más de cien mil personas. A partir de la elección de Sánchez Hernández, el presidente de la República pasó a ser su jefe máximo.

 

La estructura contrainsurgente en El Salvador quedó completada después de 1965, cuando todas las fuerzas militares, paramilitares y otros servicios anexos, quedaron atados en un único sistema de información: ANSESAL (Agencia Nacional de Seguridad). Un informe de 1983 indica que uno de cada cincuenta salvadoreños era informante de ANSESAL. Su estructura está formada por altos mandos militares responsables directamente ante el Presidente de la República, y funciona como el cerebro de una red de seguridad que abarca todo el país, proporciona información y ordena el funcionamiento de los escuadrones de la muerte.

 

Por otra parte, a partir de 1962, la economía salvadoreña entra en una etapa de franco desarrollo de las exportaciones de café, algodón y caña de azúcar. De esta manera, la coyuntura favorable de los precios de los productos primarios en el mercado mundial, permite a las clases dominantes y al Estado la captación de un mayor excedente económico susceptible de financiar la continuidad del modelo de desarrollo capitalista, auspiciado por la fracción más “modernizante” de la burguesía, modelos que los sucesos de 1960 y 1961 habían puesto en peligro.

 

El auge de las exportaciones, junto a la puesta en marcha de la estrategia contrainsurgente de la “Alianza para el Progreso”, produjo en el interior del país una especie de “boom” económico que alcanzó a sectores medios y populares del área urbana. Esta situación permitió poner en práctica algunas medidas de corte populista abriendo a la vez algunos espacios políticos para la oposición. Fue precisamente en esta etapa cuando se legalizó el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y se adoptó la representación proporcional de los municipios en la Asamblea Legislativa, permitiéndose incluso la participación encubierta y restringida del Partido Comunista Salvadoreño por medio del PAR (Partido de Acción Revolucionaria) en el proceso electoral de 1967. Una característica sobresaliente de este período la constituye el hecho de que los grupos económicos dominantes ejercen un control limitado del Estado, prefiriendo actuar a la sombra de la reorganización del sistema bancario y fortaleciendo sus inversiones en la industria y el comercio en el marco de un proceso de integración económica centroamericana.

 

Este auge de la economía finaliza en 1969, año en el cual se unen dos hechos de enorme trascendencia económica y política: los precios del café declinan abruptamente y se rompe el esquema de integración económica centroamericana a raíz de las disputas entre las burguesías industriales de Honduras y El Salvador, hecho que culmina con la llamada Guerra de las Cien Horas o, irónicamente, Guerra del Fútbol.  A pesar de su brevedad, el conflicto fue serio, produciendo más de cinco mil muertos, decenas de miles de heridos y refugiados y la destrucción de la principal refinería de petróleo de El Salvador. Por otra parte, la guerra fue un golpe inesperado para el CONDECA. Honduras se distanció de la organización regional, mientras que El Salvador se vinculó más estrechamente a ella. La reacción norteamericana ante el fracaso del CONDECA fueron los tratados bilaterales con cada país centroamericano.

 

Durante este período, la doctrina Nixon, inspirada en el informe Rockefeller, fomentó el desarrollo de la capacidad militar de los ejércitos nacionales para luchar contra el comunismo, de modo que se pudiera evitar, dentro de lo posible, la intervención directa norteamericana, absolutamente impopular tras el fracaso de Vietnam. En consecuencia, no sólo se reconoció a los regímenes militares como gobernantes legítimos, sino que incluso se fomentó el gobierno militar por encima del civil democrático, siempre que el primero fuera más ventajoso que el segundo para los intereses norteamericanos.

De todo ello se puede concluir que la ruptura de la “Comunidad de Seguridad Centroamericana” producida por la guerra entre El Salvador y Honduras, el incremento de la actividad armada de grupos guerrilleros y el crecimiento de la protesta popular, dieron base a las fuerzas armadas para su fortalecimiento militar en varios países de la región, entre ellos en El Salvador. En este período, las fuerzas armadas se convirtieron en el eje articulador del sistema político, responsable de la seguridad y el orden interno, redefinido teórica y técnicamente para la contrainsurgencia, oscilando entre su voluntad bonapartista y su fatalidad pretoriana.

 

El final de esta etapa de auge económico significó, además, el fin de la línea populista de los gobiernos militares en El Salvador y el cierre de los limitados espacios políticos existentes hasta entonces. A partir de 1969, da inicio una etapa de autoritarismo y de represión del movimiento social que alcanza su máxima expresión en el fraude electoral en El Salvador. En esa ocasión, los militares le roban declaradamente el triunfo al candidato de la oposición José Napoleón Duarte, del Partido Demócrata Cristiano, quien se había presentado a la contienda como líder de una coalición de partidos de centro-izquierda e izquierda, la Unión Nacional Opositora (UNO)

 

El candidato “electo” del PCN, el Coronel Arturo Armando Molina, anuncia inmediatamente su voluntad de iniciar un proceso de reforma agraria  tendiente a modernizar el capitalismo salvadoreño y a neutralizar las demandas de la oposición política. Sin embargo, estas pías intenciones son vetadas por la fracción agraria de la burguesía salvadoreña y los militares optan en adelante abandonar el reformismo populista como doctrina y, en su lugar, asumen la Doctrina de la seguridad nacional como ideología oficial. En nombre de esta doctrina se persigue cada vez con mayor intensidad a la oposición política y se fortalecen los mecanismos represivos del Estado, generando un creciente malestar social que se traduce en mayores grados de organización y movilización.

 

Los movimientos populares y el reformismo contrainsurgente (1976 – 1988)

 

El Auge del Movimiento Popular (1976 – 1980)

 

Este período se caracteriza por una profundización de la crisis política iniciada en 1972, cuya principal manifestación es la incapacidad cada vez mayor del Gobierno y de los sectores de la clase dominante para resolver por vías legales e institucionales el conflicto existente con los sectores dominados.

 

Los hechos más sobresalientes en estos años son el nuevo fraude electoral de 1977, que lleva a la presidencia al candidato del PCN, General Carlos Humberto Romero e impulsa a la radicalización a muchos sectores de la oposición democrática, el surgimiento de fuertes movimientos guerrilleros, y la adopción y generalización de la lucha armada como única alternativa viable para la toma del poder de los sectores dominados.

 

El auge del movimiento popular condujo a mayores niveles de represión y de autoritarismo que, a su vez, desembocaron en una espiral de violencia cada vez más intolerable, al mismo tiempo que se deterioraba la imagen internacional del Gobierno.

 

Desde mayo de 1979, como consecuencia de la matanza realizada por el ejército en el atrio de la Catedral Metropolitana de San Salvador, y la difusión de la noticia en todo el mundo, el gobierno de los militares estaba condenado a muerte.  Comprendiéndolo así, y bajo la presión de EE.UU., el general Romero decidió convocar a un Foro Nacional para buscar una salida a la crisis política.

 

El Foro dio inicio el 24 de mayo de 1979, pero no contribuyó a los objetivos del gobierno debido a la ausencia de las principales fuerzas opositoras convocadas. La crisis de legitimidad del gobierno se hacia cada vez mayor, en ese año tres organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, después de exhaustivas investigaciones, condenaron al gobierno del General Romero sin atenuantes. Los tres informes señalaron violaciones sistemáticas a la persona humana, tales como torturas, abusos sexuales, regímenes de hambre y sed, negociación de habeas corpus e incluso asesinato. El cuadro se agravaba por la sistemática persecución emprendida contra los personeros de la Iglesia Católica de parte del gobierno y los militares.

 

En septiembre de 1979, la situación del gobierno era insostenible y únicamente se vislumbraban dos caminos:

• O se profundizaba y extendía aun más la represión
• O la insurrección popular derivaba en una guerra civil.

 

El Golpe de Estado de 1979, promovido por un grupo de militares progresistas en alianza con sectores profesionales de centro izquierda, intenta ser una tercera alternativa frente a la profundización de la represión y a la insurrección popular.

 

La proclama de las Fuerzas Armadas declaraba la instauración de un programa de Emergencia cuyos principales lineamentos eran:

 

1)      Cese a la violencia y corrupción.

2)      Garantizar la vigencia de los derechos humanos.

3)      Adopción de medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo, en forma acelerada, el Producto Territorial Bruto.

4)      Encauzar de manera positiva las relaciones externas del país.

 

Sin embargo, las organizaciones populares y los frentes guerrilleros se opusieron violentamente a la Junta Revolucionaria de Gobierno instaurada a raíz del Golpe de Estado, cerrándole todo espacio político.

 

Dichas organizaciones sostenían que dicho Golpe tenía por objeto preservar el sistema capitalista mediante la aplicación de ciertas reformas que desmontarían la revolución en marcha, destruyendo a las organizaciones político-militares que avanzaban rápidamente a la conquista del poder. Pero la Junta de Gobierno contaba, además, con la oposición de los sectores militares más conservadores, así como de los sectores más retrógrados de la empresa privada salvadoreña.

 

La razón principal de esta oposición la constituía el hecho de que el nuevo Gabinete de Gobierno hubiera sido formado mayoritariamente con profesionales con una amplia y reconocida trayectoria de oposición a los gobiernos militares de antaño, así como por sus posiciones anti-oligárquicas. La mayoría de ellos estaba, en efecto, convencida de que era necesaria la realización de profundos cambios en la estructura económica, social y política del país como única garantía para la democratización de la sociedad y para la vigencia de un capitalismo “más humano y moderno” en El Salvador.

 

Adicionalmente, para estos sectores era preocupante el hecho de que no pareciera existir evidencia de participación de los Estados Unidos en el movimiento golpista. Las presiones ejercidas contra la Junta Revolucionaria de Gobierno, tanto desde la izquierda como desde los sectores más derechistas de la clase dominante y del ejército, socavaron las frágiles bases de su administración. Los tres miembros civiles de la Junta, así como la mayoría del Gabinete de Gobierno, presentaron su renuncia en enero de 1980, creando un vacío de poder que permitió a los sectores reaccionarios y a los Estados Unidos asumir nuevamente la conducción del proceso político salvadoreño a través del sector más derechista del Partido Demócrata Cristiano.

 

Luego de la renuncia de los miembros civiles de la primera Junta de Gobierno, se suceden varios intentos de recomposición de ésta, los cuales culminan finalmente el 10 de marzo de 1980 con la creación de una nueva Junta.

 

El Reformismo Contrainsurgente (1980 – 1988) Guerra Civil (1980 – 1992)

 

A partir de marzo de 1980, el Gobierno de los Estados Unidos, en alianza con el ejército salvadoreño, ensaya una nueva estrategia para El Salvador: El Reformismo Contrainsurgente.

 

Este modelo suponía ciertas reformas en la estructura de propiedad de la economía salvadoreña con el objetivo de disminuir la base social de los movimientos de izquierda y de las agrupaciones guerrilleras, deteniendo así su desarrollo. De esta forma, se decreta el inicio de un importante proceso de Reforma Agraria, la nacionalización del Sistema Financiero y la nacionalización del comercio exterior del café y del azúcar. Con esas reformas, además de un objetivo fundamentalmente contrainsurgente, se perseguía debilitar el poder económico de la fracción agro exportadora de la clase dominante, cuyos intereses económicos continuaban representado un freno para la modernización del capitalismo.

 

Este proceso de reformas no implicó, sin embargo, de ninguna manera el inicio de un proceso real de democratización. Por el contrario, éstas fueron aplicadas en el marco de una mayor violación de los Derechos Humanos, así como de una mayor represión del movimiento popular y sindical. Mientras tanto, el movimiento guerrillero y sus frentes de masas optaron definitivamente por la vía armada como único camino al poder político.

 

El año 1980 fue muy determinante para el inicio de la guerra civil en El Salvador, dada la serie de eventos represivos por parte del Estado y organizaciones paramilitares, replicados por acciones violentas de las organizaciones guerrilleras. En marzo, el Partido Comunista Salvadoreño funda las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL. Se recomponen dos juntas más y a la tercera se integra Napoleón Duarte en marzo de 1980. Inmediatamente, Duarte puso en práctica un programa de gobierno diseñado por asesores de Estados Unidos con reformas políticas. Duarte decretó el Estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales, que sería prorrogada sucesivamente hasta la firma de los acuerdos de paz.

El 24 de marzo de ese mismo año fue asesinado el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, después de haberle exigido a Estados Unidos retirar su apoyo militar al régimen salvadoreño y ordenar a la misma Junta el cese de la represión. El Mayor Roberto D’Abuisson fue posteriormente imputado como organizador del crimen, pese a que nunca se le llevó a juicio.

 

En enero de 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanza su primera ofensiva militar de gran envergadura, dando, de esta manera, inicio “oficialmente” a la guerra civil que azotaría al país en los siguientes doce años. Las transformaciones sufridas por el conjunto de la estructura social salvadoreña como consecuencia de la guerra son muy profundas. De un lado, la economía se transforma rápidamente en una “economía de guerra” y “para la guerra”.

 

De 1981 a 1984 se generaliza la guerra civil. El FMLN consolida sus posiciones en aproximadamente una tercera parte del país, principalmente en el norte y oriente; los protagonistas de este conflicto serán las fuerzas gubernamentales, los Estados Unidos y la alianza FMLN-FDR.

 

En el terreno político, la clase dominante busca durante este período crear nuevas fuerzas que logren restaurar el sistema político. En esa búsqueda de restauración se intenta legitimar el régimen a través de una Asamblea Constituyente elegida en marzo de 1982, que redacta una nueva Constitución política que entra en vigor en diciembre de 1983 e inaugura un nuevo gobierno constitucional, surgido de las elecciones presidenciales de marzo de 1984, que dan como resultado la elección de José Napoleón Duarte como presidente, por un período de cinco años.

 

La lucha política legal, en este contexto contrainsurgente, se circunscribe a los partidos políticos ubicados del centro a la extrema derecha, y la disputa entre el poder se da entre el PDC y el Partido ARENA. El Gobierno demócrata cristiano, a partir de 1984, no logra conquistar de manera total el apoyo del alto mando de las Fuerzas Armadas y de la burguesía, por lo que se sostiene principalmente con el apoyo norteamericano.

 

En 1984, Duarte realizó dos reuniones históricas de diálogo y negociación con la Alianza FMLN-FDR, una en el pueblo de La Palma, departamento de Chalatenango, y la segunda en Ayagualo, departamento de La Libertad. Pero ninguna de estas reuniones dio solución al conflicto armado. En mayo de 1987, la alianza FMLN-FDR presentó su propuesta de paz de 18 puntos.  En 1989, el voto popular otorgó a Alfredo Cristiani, de ARENA, la elección presidencial. En abril de 1989, el FMLN presentó en Washington su plataforma para negociar el fin de la guerra. El gobierno de Cristiani se reúne por primera vez con el FMLN en México en septiembre. El 11 de noviembre, siguiendo un plan estratégico, que según algunos medios de prensa Fidel Castro conocía de antemano, el FMLN lanza su ofensiva militar llamada “Hasta el Tope”. La madrugada del día 16, una unidad del Ejército invade la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y asesina a 6 sacerdotes jesuitas vinculados a la teología de la liberación: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Joaquín López y López, Armando López, Juan Ramón Moreno y a dos de sus colaboradoras, Elba y Celina Ramos.  La guerra civil finaliza oficialmente el 16 de enero de 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz.

 

Clase dominante y Período de la Posguerra (1992 – hasta la actualidad)

 

En las elecciones presidenciales de 1994 se destaca la participación del FMLN, ahora como partido político; en estos comicios se impuso el candidato de ARENA, Armando Calderón Sol; quien aplicó un plan de privatizaciones de varias empresas del Estado, y otras políticas de corte neoliberal favoreciendo a las clases dominantes (oligarquía y burguesía), lo cual ha sido continuo hasta la actualidad, pues se ha mantenido el mismo partido en el poder.

 

Concentración Actual de la Riqueza

 

En los últimos 35 años los hombres del poder económico en El Salvador se han transformado de terratenientes agro exportadores a grandes financieros. Antes de que iniciara la guerra civil en 1980 la economía salvadoreña giraba alrededor de tres productos agrícolas: café, caña de azúcar de caña y algodón. En la actualidad, la agricultura ha perdido protagonismo como actividad económica.

El grupo de los ocho

Alfonso Goitia, destacado economista y académico boliviano residente en El Salvador, ha realizado una investigación, en conjunto con otros profesionales de su gremio, acerca de la transformación que han sufrido los grupos de poder en El Salvador y que en un sentido simplificado podría decirse que de 14 familias oligárquicas que predominaron durante el siglo pasado, en la actualidad se han convertido en ocho grupos empresariales, muchos de ellos herederos de los clanes cafetaleros.

Este investigador, explica que durante la guerra civil las familias oligárquicas habían perdido peso, no sólo por la contienda bélica, sino por reformas tales como la agraria, la estatización de la banca y del comercio exterior. Goitia dice que en la investigación se ubica en la actualidad a las principales empresas salvadoreñas alrededor de las estructuras financieras. A partir de 1989, con la llegada de Alfredo Cristiani al poder se iniciaron las negaciones de paz con la guerrilla, las que culminaron con la firma de los Acuerdos de Chapultepec en 1992. En ese periodo se reprivatizó la banca y el comercio exterior, y comenzó un proceso, que aún no culmina, de privatizaciones de los servicios del Estado, así como una intensa apertura comercial.

En la actualidad, la economía de El Salvador está dominada por ocho grupos empresariales: Cuscatlán, Banagrícola, Banco Salvadoreño, Banco de Comercio, Agrisal, Grupo Poma, Grupo de Sola y Grupo Hill. Cada uno está relacionado con inversiones financieras, comerciales, agroindustriales y de la construcción. El Grupo Cuscatlán, es dominado por tres familias: Cristiani, Llach y Hill. El Banagrícola, por las familias Dueñas, Kriete, Palomo Déneke y Araujo Eserski. El Grupo Simán, por el conjunto de familias de origen árabe, como Simán, Zablah y Salume. Todas estos apellidos coinciden con las familias de lo que fue la oligarquía cafetalera. Como estrategias empresariales estos grupos financieros han hecho alianzas con capitales extranjeros también poderosos, lo cual es una estrategia empresarial para dominar localmente a través de bancos extranjeros, a los que los amparan ahora leyes internacionales que entran con mayor fuerza después de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.

Significa que estos grupos pueden tener el control del diseño de las políticas económicas de este país y de la política del Estado. Además, pueden influir de tal forma para evitar cualquier posibilidad de acceso al poder de partidos que no les beneficien, así como la capacidad para desestabilizar la economía nacional.  La diferencia entre esta realidad de El Salvador con el resto de Latinoamérica o de Europa, o del mismo Estados Unidos, reside en que en estos países los grupos económicos están interesados en preservar sus intereses a largo plazo y para ello apoyan los procesos democráticos internos. En El Salvador los grandes grupos empresariales controlan al partido de gobierno, incluso en el seno de su institucionalidad. Sus altos representantes han estado en la cúpula partidaria. Toda esta situación ha provocado falta de desarrollo económico y social, en contraste al crecimiento de estos grupos de poder. Si esto continúa, lo que le espera a El Salvador es una dinámica de mayor polarización y de confrontación. La gente emigra con mayor intensidad (a razón de 700 salvadoreños buscan diariamente llegar a Estados Unidos). Es decir, si no cambiamos la orientación de las políticas económicas, estaremos potenciando y construyendo un marco de grave conflictividad futura e inestabilidad política.

Grupo 9 Zonas Francos y Modelo Agroexportador

Una zona franca (también denominada zona económica libre) es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos. Muchos gobiernos de países establecen zonas francas en regiones apartadas o extremas con el fin de atraer capitales y promover el desarrollo económico de la región. En las zonas francas suelen crearse grandes centros de compra y se instalan con frecuencia, también, industrias maquiladoras o almacenes especiales para la mercancía en tránsito. A veces son llamadas puertos libres, por una analogía con los puertos libres conocidos desde hace mucho tiempo: los puertos libres de tasas aduaneras o con regulaciones de tasas favorables; por ejemplo, el puerto libre de Trieste. A menudo los puertos libres son parte de las zonas económicas libres.

DECRETO N° 405.-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.- Que de acuerdo con la Constitución de la República es función del Estado establecer los instrumentos legales necesarios que propicien la inversión tanto nacional como extranjera;

II.- Que como parte de los esfuerzos que realiza el presente Gobierno, tendientes a que nuestra economía se inserte en el proceso de globalización mundial, es necesaria la modernización y actualización del marco legal y regulatorio que promueve el establecimiento y desarrollo de zonas francas en nuestro país;

III.- Que consecuente con lo anterior, y dada la importancia estratégica de los regímenes de zona franca para la economía nacional, en la generación de empleo productivo y generación de divisas, es necesario crear condiciones óptimas de competitividad en todas las operaciones que realizan las empresas amparadas a dicho régimen;

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Economía, y de los Diputados Juan Duch Martínez, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Julio Eduardo Moreno Niños, Mariella Peña Pinto, José Mauricio Quinteros, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, René Aguiluz Carranza, Donald Ricardo Calderón Lam, Kirio Waldo Salgado Mina, Alejandro Dagoberto Marroquín, Sonia Evelin Ponce, Ernesto Iraheta Escalante, Ronal Umaña, José Rafael Machuca Zelaya, Alfonso Aristídes Alvarenga, Herber Mauricio Aguilar Zepeda, Alex René Aguirre, Walter René Araujo Morales, José Orlando Arévalo Pineda, Arturo Argumedo, Jorge Alberto Barrera, Isidro Antonio Caballero Caballero, Olme Remberto Contreras, Roberto José D’Aubuisson Munguía, Carlos Alberto Escobar, René Mario Figueroa Figueroa, Hermes Alcides Flores Molina, Nelson Funes, Elizardo González Lovo, Roman Ernesto Guerra Romero, José Ismael Iraheta Troya, José Roberto Larios Rodríguez, Carlos Guillermo Magaña, Alvaro Gerardo Martín Escalón, Juan Ramón Medrano Guzmán, Sigifredo Ochoa Pérez, Salvador Horacio Orellana Alvarez, Rúben Orellana, Olga Elizabeth Ortíz Murillo, Silfide Marixa Pleitez de Ramírez, Norman Noel Quijano González, René Oswaldo Rodríguez Velasco, José Ricardo Vega Hérnandez, Luis Hernández, Amado Aguiluz Aguiluz, Mario Ponce y Gerardo Antonio Suvillaga García,

DECRETA la siguiente:

LEY DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIALIZACION

CAPITULO I

DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular el funcionamiento de Zonas Francas y Depósitos para Perfeccionamiento Activo, así como los beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollen, administren o usen las mismas.

Art. 2.- Para efectos de la aplicación e interpretación de esta Ley, se establecen las siguientes definiciones:

a) Zona Franca, área del territorio nacional, donde las mercancías que en ella se introduzcan, son consideradas fuera del territorio aduanero nacional, respecto de los derechos de importación y de exportación y por tanto sujetas a un régimen y marco procedimental especial;

b) Depósito para Perfeccionamiento Activo, conocido anteriormente como Recinto Fiscal, Área del territorio nacional, sujeta a un tratamiento aduanero especial, donde las mercancías que en ella se introduzcan para ser reexportadas, se reciben con suspensión de derechos e impuestos, para ser sometidos a procesos de transformación, elaboración o reparación y donde los bienes de capital pueden permanecer por tiempo ilimitado;

c) Nacionalización o importación definitiva, es la introducción legal de mercancías procedentes del exterior para su uso o libre circulación en el territorio aduanero, previo cumplimiento de todas las formalidades aduaneras y las de otro carácter que sean necesarias;

d) Maquila o Ensamble, es todo aquel servicio prestado por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, a un contratante domiciliado en el extranjero, el cual le suministrará en los términos y condiciones convenidas, materias primas, partes piezas, componentes o elementos que aquella procesará o transformará por cuenta del contratante, el que a su vez los utilizará o comercializará según lo convenido;

e) Exportación indirecta, es el servicio prestado entre Depósitos para Perfeccionamiento Activo y Usuarios de Zona Franca que incorporen valor agregado al producto a ser exportado;

f) Reexportación, es la exportación de mercancías importadas sin haberlas sometido a procesos de transformación sustanciales.

Art. 3.- PODRÁN ESTABLECERSE Y FUNCIONAR EN ZONA FRANCA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE SE DEDIQUEN A:

a) LA PRODUCCIÓN, ENSAMBLE O MAQUILA, MANUFACTURA, PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS;

b) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VINCULADOS AL COMERCIO INTERNACIONAL Y REGIONAL TALES COMO: EL ACOPIO, EL EMPAQUE Y REEMPAQUE, LA REEXPORTACIÓN, CONSOLIDACIÓN DE CARGA, LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS O COMPLEMENTARIAS;

DICHOS BIENES O SERVICIOS PODRÁN SER DESTINADOS A LA EXPORTACIÓN DIRECTA O INDIRECTA AL ÁREA CENTROAMERICANA O FUERA DE ÉSTA, O PARA SU POSTERIOR NACIONALIZACIÓN.

LAS VENTAS AL MERCADO SALVADOREÑO CAUSARÁN LOS GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓN SOBRE EL BIEN FINAL QUE SE INTERNE, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EL DE TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES.

SI SE TRATARE DE MANUFACTURAS O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES DE LA CONFECCIÓN Y DE TEXTILES, INCLUYENDO HILATURAS, DICHOS BIENES PARA SER NACIONALIZADOS, CAUSARÁN LOS GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓN, EL DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO, EXCEPTO POR EL COMPONENTE AGREGADO NACIONAL DEL BIEN O SERVICIO EN CUESTIÓN, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, DEBIENDO CONTENER ADEMÁS UN MÍNIMO DE CONTENIDO NACIONAL O REGIONAL DEL CINCUENTA POR CIENTO.

EN EL CASO DE BIENES INCLUÍDOS EN LOS CAPÍTULOS DEL UNO AL VEINTICUATRO DEL SISTEMA ARANCELARIO CENTROAMERICANO, LA EMPRESA ACOGIDA AL RÉGIMEN SOLAMENTE PODRÁ INTERNAR AL MERCADO NACIONAL EL PORCENTAJE DE LA VENTA TOTAL DE ESTOS BIENES, EQUIVALENTE A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS DE ORIGEN NACIONAL EN EL VALOR DEL BIEN EN CUESTIÓN, CAUSANDO LOS GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓN SOBRE EL BIEN FINAL QUE SE INTERNE, EL DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES.

EN NINGÚN CASO EL VALOR DECLARADO DE LOS BIENES QUE SE INTERNEN AL PAÍS PODRÁ SER INFERIOR AL VALOR FACTURADO CON QUE LOS BIENES INGRESARON A LA ZONA FRANCA O DEPÓSITO PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO, EL QUE PARA EL CASO DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, NO PODRÁ SER MENOR AL VALOR CIF PROPORCIONAL CONSIGNADO EN LA DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS, EN LA QUE FUERON INTRODUCIDOS DICHOS BIENES.(1)

Art. 4.- El establecimiento, administración y funcionamiento de Zonas Francas deberá ser autorizado por el Ministerio de Economía. La vigilancia y control del régimen fiscal de dichas Zonas corresponderá al Ministerio de Hacienda, conforme con esta Ley, sus Reglamentos y demás normativa fiscal.

Art. 5.- Gozarán de los beneficios e incentivos fiscales señalados en la presente Ley, de acuerdo a los términos que en la misma se establecen, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares de empresas:

a) Que desarrollen Zonas Francas o Desarrollistas

b) Que administren Zonas Francas o Administradores

c) Que se establezcan en Zonas Francas o Usuarios

Art. 6.- NO GOZARÁN DE LOS BENEFICIOS E INCENTIVOS FISCALES DE ESTA LEY, LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE DEDIQUEN ENTRE OTRAS, A LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

a) HOTELES;

b) AGENCIAS DE VIAJE Y LÍNEAS AÉREAS;

c) TRANSPORTE AÉREO, MARÍTIMO Y TERRESTRE;

d) ACTIVIDADES QUE SE RIJAN POR LAS LEYES BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL PAÍS;

e) EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL;

f) PESCA DE ESPECIES MARÍTIMAS O DE AGUA DULCE, A EXCEPCIÓN DE LOS TÚNIDOS;

g) MINERÍA EN SU FASE DE EXTRACCIÓN;

h) CULTIVO, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA PROTEGIDAS O PROHIBIDAS POR CONVENIOS O LEYES ESPECIALES;

i) LAS QUE IMPLIQUEN PROCESAMIENTO Y MANEJO DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES RADIOACTIVOS;

j) LA PRODUCCIÓN O ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS QUE CAUSEN CONTAMINACIÓN, DAÑOS A LA SALUD O AL MEDIO AMBIENTE;

k) SERVICIOS NO VINCULADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD CON LO QUE INDIQUE EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY;

l) PRODUCCIÓN, ENSAMBLE O MAQUILA, MANUFACTURA, PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE AZÚCAR, SUS SUSTITUTOS, DERIVADOS Y SUBPRODUCTOS, ASÍ COMO CUALQUIER BIEN QUE INCORPORE DIRECTA O INDIRECTAMENTE AZÚCAR, SUS SUSTITUTOS, DERIVADOS Y SUBPRODUCTOS;

m) PRODUCCIÓN, ENSAMBLE O MAQUILA, MANUFACTURA, PROCESAMIENTO O TRANSFORMACIÓN DE ALCOHOL DE CUALQUIER ORIGEN, ASÍ COMO DE CUALQUIER BIEN QUE INCORPORE DIRECTA O INDIRECTAMENTE ALCOHOL DE CUALQUIER ORIGEN, A EXCEPCIÓN DE AQUELLAS DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE A LA DESHIDRATACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO;

n) PRODUCCIÓN, ENSAMBLE O MAQUILA, MANUFACTURA, PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES EMPACADOS EN: BOLSAS, SACOS O COSTALES, DE FIBRAS TEXTILES NATURALES, SINTÉTICAS O ARTIFICIALES.

ASIMISMO, NO GOZARÁN DE LOS BENEFICIOS E INCENTIVOS DE LA PRESENTE LEY:

1) LAS PERSONAS NATURALES QUE SE LES HAYA SUSPENDIDO O REVOCADO LOS BENEFICIOS CONFERIDOS POR LA LEY;

2) LAS SOCIEDADES EN LAS QUE FIGUREN COMO DIRECTORES O ACCIONISTAS, PERSONAS QUE FUERON DIRECTORES O ACCIONISTAS, EN OTRAS SOCIEDADES A LAS CUALES LES FUERON SUSPENDIDOS O REVOCADOS LOS BENEFICIOS CONFERIDOS POR LA MISMA.

LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES ANTERIORES, NO SERÁ APLICABLE, CUANDO LA SUSPENSIÓN O REVOCATORIA HAYA SIDO SOLICITADA VOLUNTARIAMENTE, POR EL BENEFICIARIO DE LA LEY, Y NO SEA CONSECUENCIA DE INFRACCIONES A LA PRESENTE LEY.(1)

Art. 7.- Las personas naturales o jurídicas a las cuales se otorguen los beneficios establecidos en la presente Ley, deberán estar ubicadas en una Zona Franca, o los establecimientos donde operen deberán ser declarados Depósitos para Perfeccionamiento Activo. En ambos casos, no podrán gozar de los beneficios de la Ley de Reactivación de las Exportaciones, salvo si las personas beneficiadas renunciaren a los incentivos concedidos por esta Ley.

Art. 8.- Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderá de preferencia al fin de la misma y a su propia naturaleza. No obstante, en lo que respecta al régimen aduanero, deberán considerarse para su aplicación las disposiciones de la normativa aduanera, especialmente las del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, y de sus normas complementarias. Sólo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido y alcance de las normas, conceptos y términos de las disposiciones antes dichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho común.

Art. 9.- No serán aplicables a las sociedades extranjeras que sean Titulares de las empresas a las que se refiere éste Capítulo y que exporten la totalidad de su producción, las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, ni de la Ley de la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, referente a los requisitos necesarios para que las mismas sean autorizadas para ejercer actos de comercio en el país.

Toda persona no domiciliada que sea titular de una empresa de las mencionadas anteriormente, deberá acreditar en el país un representante con facultades suficientes para actuar legalmente en el país.

CAPITULO II

DE LOS QUE DESARROLLEN Y ADMINISTREN ZONAS FRANCAS

Art. 10.- Se entenderá por Desarrollista, a la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que se dedique al establecimiento y desarrollo de Zonas Francas, dotando a la misma de los servicios e infraestructura pública y privada, y techo industrial necesarios para su adecuado funcionamiento, previa autorización del Ministerio de Economía, y el cumplimiento de las etapas de Precalificación, Autorización, e Inicio de Operaciones, detalladas en el Reglamento General de esta Ley, que incluye el desarrollo de las Edificaciones y Areas siguientes:

1. EDIFICACIONES COMUNES:

a) Oficinas Administrativas y de Mantenimiento;

b) Oficina de Delegación Aduanera y Fiscal;

c) Caseta de Control y Vigilancia.

2. EDIFICACIONES DE CADA NAVE INDUSTRIAL:

a) Oficinas;

b) Area de Producción o Almacenaje;

c) Bodega de Materia Prima y Producto Terminado;

d) Zonas de Carga y Descarga;

e) Estacionamiento de Vehículos;

f) Suficientes servicios sanitarios para hombres y mujeres.

3. URBANIZACION:

a) Area verde: 30% del área total que incluye área verde ecológica, zona deportiva;

b) Calles, pasajes y aceras;

c) Estacionamiento para Vehículos;

d) Estacionamiento para Contenedores;

e) Plaza Peatonal;

f) Cerca Perimetral.

4. EDIFICACIONES OPCIONALES:

a) Oficina de Correos;

b) Oficina de Delegación del Ministerio de Trabajo;

c) Clínica;

d) Banco;

e) Cafetería Industrial.

Los diseños de cada uno de los elementos señalados, están sujetos a las normas y especificaciones dictadas por el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), la Dirección General de Urbanismo y Arquitectura (DUA), y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador(OPAMSS), según corresponda.

Art. 11.- Los Desarrollistas, debidamente autorizados por el Ministerio de Economía, según las disposiciones señaladas en el Artículo anterior, gozarán de los siguientes beneficios e incentivos fiscales:

a) Exención total de Impuesto sobre la Renta por el período de quince años contados desde el ejercicio que inicie sus operaciones por la actividad dedicada a Zonas Francas.

Esta exención en el caso de las sociedades se aplicará tanto a la Sociedad propietaria de la Zona, como a los socios o accionistas individualmente considerados, respecto a las utilidades o dividendos provenientes de la actividad favorecida.

En caso que uno o más socios sean personas jurídicas, este derecho será exclusivo de éstas. Este beneficio no podrá trasladarse sucesivamente a sus socios.

b) Exención total de los impuestos municipales sobre el activo de la empresa, por el período de 10 años prorrogables por igual plazo, a partir del ejercicio de sus operaciones.

c) Exención total del impuesto sobre transferencia de Bienes Raíces, por la adquisición de aquellos bienes raíces a ser utilizados en la actividad incentivada.

Los Concejos Municipales, dentro de sus facultades legales, con el objeto de promover el desarrollo de sus respectivos municipios, podrán otorgar beneficios adicionales, a los de la presente Ley.

Art. 12.- El Organo Ejecutivo en el Ramo de Economía, podrá en caso de abandono, revocatoria o cualquier otra situación mediante la cual quedase disponible la titularidad de Desarrollista o Administrador de Zona Franca, conceder y autorizar mediante Acuerdo dicha titularidad, a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, conforme a los requisitos y procedimientos de esta Ley y su Reglamento General.

Art. 13.- Se entenderá por Administrador de Zona Franca a la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, directamente responsable de la dirección, administración y manejo de la Zona Franca que incluye entre otros; el proveer directamente o proporcionar , a las empresas que en ella operen, las facilidades para el suministro de agua, energía eléctrica y tren de aseo, coordinar el mantenimiento de todos los servicios comunes de la Zona tales como caminos, cercas, zonas verdes y alumbrado público, vender y arrendar los lotes o naves industriales, promover el establecimiento de nuevas inversiones en la zona, así como también velar porque los Usuarios de la Zona, cumplan con las disposiciones legales y aduaneras, en coordinación con la Delegación Fiscal y Aduanera establecida en la misma, teniendo además las atribuciones siguientes:

a) Contratar con las personas naturales o jurídicas, las condiciones que regirán su instalación en la Zona Franca, específicamente con el Reglamento Interno de la misma y de las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento General, así como las ventas de parcelas para el establecimiento de empresas en la misma; para los efectos de esta Ley, las tarifas y plazos de venta y arrendamiento de los locales de los usuarios, se determinarán libremente;

b) Adoptar cualquier otra medida que sea necesaria, para la efectiva dirección, administración y operación de la Zona Franca y de las empresas en ellas establecidas.

Art. 14.- Los Administradores de Zonas Francas, debidamente autorizados por el Ministerio de Economía, gozarán de los beneficios e incentivos fiscales siguientes:

a) Exención total del Impuesto sobre la Renta por un período de quince años contados desde el ejercicio que inicie sus operaciones.

Esta exención en el caso de las sociedades se aplicará tanto a la sociedad administradora de la Zona, como a los socios o accionistas individualmente considerados, respecto a las utilidades o dividendos provenientes de la actividad favorecida.

En caso que uno o más socios sean personas jurídicas, este derecho será exclusivo de éstas. Este beneficio no podrá trasladarse sucesivamente a sus socios;

b) Exención total de los impuestos municipales sobre el activo de la empresa, por el período de diez años, prorrogables por igual plazo, a partir del ejercicio de sus operaciones.

Los Concejos Municipales, dentro de sus facultades legales, con el objeto de promover el desarrollo de sus respectivos municipios, podrán otorgar beneficios adicionales, a los de la presente Ley.

Art. 15.- En el caso que la misma persona realice las funciones de desarrollo y administración de Zonas Francas, éste gozará de ambos beneficios.

CAPITULO III

DE LOS USUARIOS DE ZONA FRANCA

Art. 16.- Se entenderá por Usuario de Zona Franca a la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, debidamente autorizada por el Administrador de la Zona Franca de conformidad a esta Ley y su Reglamento General, para operar en la misma y dedicada a las actividades mencionadas en el art. 3 de la misma.

Art. 17.- El titular de una empresa usuaria de Zona Franca, debidamente autorizado de conformidad a esta Ley y su Reglamento General, tendrá derecho a gozar de los siguientes beneficios e incentivos fiscales:

a) Libre internación a las Zonas Francas, por el período que realicen sus operaciones en el país de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos y accesorios, utensilios y demás enseres que sean necesarios para la ejecución de la actividad incentivada;

b) Libre internación a las Zonas Francas, por el período que realicen sus operaciones en el país de materias primas, partes, piezas, componentes o elementos, productos semielaborados, productos intermedios, envases, etiquetas, empaques, muestras y patrones necesarios para la ejecución de la actividad incentivada de la empresa. De igual manera podrán ingresar bajo el tratamiento antes mencionado maquinarias, aparatos y equipos y cualquier otro bien que tenga que destinarse a reparación por parte de los beneficiarios, incluso, los productos exportados que se reimporten en calidad de devolución;

c) Libre internación por el período que realicen sus operaciones en el país de lubricantes, catalizadores, reactivos, combustibles y cualquier otra sustancia o material necesarios para la actividad productiva;

d) Exención total del Impuesto sobre la Renta por el período que realicen sus operaciones en el país, contados a partir del ejercicio anual impositivo en que el beneficiario inicie sus operaciones.

Esta exención, en caso de las sociedades, se aplicará tanto a la Sociedad titular como a los socios individualmente considerados, respecto a las utilidades o dividendos provenientes de la actividad favorecida.

En caso que uno o más socios sean personas jurídicas, este derecho será exclusivo de éstas. Este beneficio no podrá trasladarse sucesivamente a sus socios;

e) Exención total de los impuestos municipales sobre el activo y patrimonio de la empresa, por el período que realicen sus operaciones en el país, a partir del ejercicio de sus operaciones.

f) Exención total del impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, por la adquisición de aquellos bienes raíces a ser utilizados en la actividad incentivada.

Los Concejos Municipales, dentro de sus facultades legales, con el objeto de promover el desarrollo de sus respectivos municipios, podrán otorgar beneficios adicionales, a los de la presente Ley.

Los Usuarios de Zonas Francas que se dediquen a la prestación de servicios vinculados al comercio internacional y regional mencionados en el Art. 3 de esta Ley, gozarán además de los beneficios establecidos en el presente artículo, de la libre internación a las Zonas Francas, por el período que realicen sus operaciones en el país, de las mercancías necesarias para la ejecución de la actividad incentivada.

CAPITULO IV

DE LOS DEPOSITOS PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO

Art. 18.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares de empresas que se dediquen a la producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento, transformación o comercialización de bienes y servicios para la exportación directa o indirecta al área Centroamericana o fuera de ésta, y que por razones técnicas no estén ubicadas en Zonas Francas, podrán solicitar al Ministerio de Economía, que su establecimiento sea declarado Depósito para Perfeccionamiento Activo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ubicación en zonas de vocación industrial, agrícolas y agroindustriales;

b) Que sus instalaciones cumplan con condiciones adecuadas de seguridad industrial, laboral y ambiental;

c) Estructura administrativa y financiera formal.

Los Depósitos para Perfeccionamiento Activo, previa autorización del Ministerio de Economía, podrán gozar de los mismos beneficios concedidos a los Usuarios de Zonas Francas, tales como; vender en el mercado nacional y dedicarse a la prestación de servicios vinculados al Comercio Internacional y Regional, según lo dispuesto en el Art.3 de la presente Ley, siempre y cuando sus establecimientos cumplan con las edificaciones, infraestructura y control aduanero y fiscal, necesarios para el desarrollo y operación de las mencionadas actividades comerciales, según se detalla a continuación:

1. EDIFICACIONES Y ÁREAS COMUNES

a) Oficinas administrativas y de mantenimiento;

b) Oficina Delegación aduanera y fiscal;

c) Caseta de control y vigilancia;

d) Cerca perimetral;

e) Zona verde: como mínimo un 20% del área total.

2. EDIFICACIONES NAVES INDUSTRIALES

a) Oficinas;

b) Producción o almacenaje;

c) Materia prima y producto terminado;

d) Zonas de carga y descarga;

e) Estacionamientos de vehículos y contenedores;

f) Suficientes servicios sanitarios para hombres y mujeres,

Art. 19.- El Titular de una empresa, cuyo establecimiento haya sido declarado Depósito para Perfeccionamiento Activo, tendrá derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales siguientes:

a) Exención total por el período que realicen sus operaciones, de los derechos e impuestos que graven la importación de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos y accesorios, utensilios y demás enseres que sean necesarios para la producción exportable;

b) Introducción con suspensión de derechos e impuestos que graven la importación de materias primas, partes, piezas, componentes o elementos, productos semielaborados, productos intermedios, envases, etiquetas, empaques, muestras y patrones necesarios para la ejecución de la actividad incentivada de la empresa, por el período que realicen sus operaciones. De igual manera podrán ingresar bajo el tratamiento antes mencionado, maquinarias, aparatos, equipos y cualquier otro bien que tenga que destinarse a reparación por parte de los beneficiarios, incluso, los productos exportados que reingresen en calidad de devolución;

c) Exención total de los impuestos que graven la importación, por el período que realicen sus operaciones, de lubricantes, catalizadores, reactivos, combustibles y cualquier otra sustancia o material que sea necesaria para el proceso productivo, aún cuando no sea incorporada directamente en el producto compensador;

d) Exención total del Impuesto sobre la Renta por el período que realicen sus operaciones, contados a partir del ejercicio anual impositivo en que el beneficiario inicie sus operaciones.

Esta exención, en caso de las sociedades, se aplicará tanto a la sociedad titular como a los socios o accionistas individualmente considerados, respecto a las utilidades o dividendos provenientes de la actividad incentivada.

En caso que uno o más de los socios sean personas jurídicas, este derecho será exclusivo de éstas. Este beneficio no podrá trasladarse sucesivamente a sus socios;

e) Exención total de los impuestos municipales sobre el activo y el patrimonio de la empresa, por el período que realicen sus operaciones a partir del inicio de las mismas;

f) Exención total del impuesto sobre Bienes Raíces, por la adquisición de aquellos bienes a ser utilizados en la actividad incentivada.

Los Concejos Municipales, dentro de sus facultades legales, con el objeto de promover el desarrollo de sus respectivos municipios, podrán otorgar beneficios adicionales, a los de la presente Ley.

Los Depósitos para Perfeccionamiento Activo que se dediquen a la prestación de servicios vinculados al comercio internacional y regional mencionados en el Art. 3 de esta Ley, gozarán además de los beneficios establecidos en el presente artículo, de la libre introducción con suspensión de derechos e impuestos que graven la importación y por el período que realicen sus operaciones en el país, de las mercancías necesarias para la ejecución de la actividad incentivada.

Para la importación de bienes que gocen de exención según lo enunciado en la presente Ley, las empresas calificadas como Depósito para Perfeccionamiento Activo, no necesitarán tramitar previamente la aprobación de la orden de pedido, ni la solicitud y orden de franquicia aduanera de importación, por lo que la operación se autorizará con la sola presentación en debida forma de la declaración de mercancías respectiva.

Art. 20.- La maquinaria o equipo que tenga más de dos años de haberse introducido con franquicia o con liberación de gravámenes por los beneficiarios de la Ley, podrá ser transferida sin el pago de los gravámenes dejados de percibir en virtud de dichos incentivos.

El Reglamento General de esta Ley, establecerá los demás casos en los cuales los bienes introducidos por los beneficiarios con liberación o exención total de impuestos, podrán ser transferidos a terceras personas sin que deban pagarse los gravámenes que dejaron de percibirse en virtud de la liberación o exención, previo permiso de las autoridades competentes.

CAPITULO V

REGIMEN ADUANERO

Art. 21.- El Régimen de Zona Franca será el régimen aduanero que normará el ingreso de todos los bienes señalados en el artículo 17 de esta Ley, introducidos por los Usuarios de Zona Franca y por tiempo de permanencia indefinido en la misma. El régimen antes mencionado también será aplicable para la introducción en la zona franca de máquinas, equipos, herramientas, repuestos y accesorios, aún cuando se hayan consignado en calidad de arrendamiento, comodato o cualquier otra forma de entrega que no implique transferencia de dominio, para lo cual las empresas Usuarias deberán presentar una Declaración de Mercancías de Zona Franca.

En lo que respecta a los Depósitos para Perfeccionamiento Activo, el régimen aduanero que normará la admisión de los bienes señalados en el literal b) del art. 19 de esta Ley, será el de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. La importación definitiva de los bienes señalados en los literales a) y c) del art. 19 de esta Ley, se autorizarán mediante la presentación de una Declaración de Importación Definitiva a Franquicia, con excepción de aquellos bienes que se hubieren internado bajo la modalidad de arrendamiento o cualquier otra que no implique transferencia de dominio, los cuales deberán declararse bajo el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.

Art. 22.- El plazo de permanencia de los bienes introducidos para su perfeccionamiento al amparo del Régimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo, será de veinte meses, contados a partir de la fecha de aceptación de la Declaración de Mercancías correspondiente. A solicitud del interesado la Dirección General de la Renta de Aduanas podrá ampliar dicho plazo, por un máximo de 60 días mas por una sola vez, atendiendo a los fines de la presente Ley, siempre y cuando sea solicitado dentro de los 30 días antes del vencimiento del plazo original.

Para aquellos bienes que se hubieren admitido temporalmente bajo la modalidad de arrendamiento o cualquier otra que no implique transferencia de dominio, los contratos respectivos determinarán su permanencia bajo el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo.

Art. 23.- El titular de una empresa calificada como Depósito para Perfeccionamiento Activo, podrá trasladar temporalmente mercancías al territorio aduanero nacional, con el objeto de que terceras personas por él subcontratadas, elaboren fuera del Depósito productos de exportación, siendo en este caso dicho titular, responsable por el pago de los derechos e impuestos correspondientes, si tales bienes no fueran exportados del país, dentro del plazo de permanencia respectivo. Dichos traslados también podrán ser efectuados por empresas ubicadas dentro de Zonas Francas.

Art. 24.- PODRÁN EXPORTARSE TEMPORALMENTE BIENES DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL A UNA ZONA FRANCA, CON EL PROPÓSITO DE QUE PUEDAN SER SOMETIDAS A OPERACIONES DE PERFECCIONAMIENTO, TRANSFORMACIÓN, ELABORACIÓN, REPARACIÓN O CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE SEA REQUERIDO. EL PLAZO MÁXIMO PARA SU REIMPORTACIÓN AL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL SERÁ DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INGRESO A LA ZONA FRANCA.

DICHOS BIENES AL SER REIMPORTADOS AL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL DEBERÁN PAGAR LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE CORRESPONDAN ÚNICAMENTE A LA PARTE DEL COMPONENTE AGREGADO DE ORIGEN EXTRANJERO INCORPORADO EN DICHO PROCESO, CONSIDERÁNDOSE ESTA OPERACIÓN COMO UNA REIMPORTACIÓN PROVENIENTE DE UN PAÍS FUERA DEL ÁREA CENTROAMERICANA.

LOS BIENES EN LIBRE CIRCULACIÓN QUE SE ENVÍAN POR CUALQUIER PERSONA UBICADA DENTRO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL A UN DEPÓSITO PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO, CON EL FIN DE SER OBJETO DE TRANSFORMACIÓN, ELABORACIÓN, REPARACIÓN O CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE SEA REQUERIDO, DEBERÁN TRIBUTAR TAMBIÉN LOS DERECHOS E IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN QUE CORRESPONDAN ÚNICAMENTE AL VALOR AGREGADO DE ORIGEN EXTRANJERO INCORPORADO DENTRO DEL DEPÓSITO.

EL ENVÍO DE BIENES A QUE SE REFIEREN LOS SERVICIOS ANTERIORES, SE ASIMILARÁN PARA LOS EFECTOS IMPOSITIVOS A EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO, NO OBSTANTE, LOS MISMOS SE REALIZARÁN AL AMPARO DEL FORMULARIO QUE AL EFECTO DEBERÁ ESTABLECER LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA RENTA DE ADUANAS.

LAS OPERACIONES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO, NO PODRÁN GOZAR DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA LA LEY DE REACTIVACIÓN DE LAS EXPORTACIONES.(1)

Art. 25.- LAS VENTAS O TRANSFERENCIA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ESTABLECIDAS EN EL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL A UN USUARIO DE ZONA FRANCA O A UN DEPÓSITO PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO UBICADOS DENTRO DEL ÁREA CENTROAMERICANA, SE CONSIDERAN COMO OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DEFINITIVA A PAÍSES FUERA DEL ÁREA CENTROAMERICANA.

LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE REALICEN LAS OPERACIONES ANTES MENCIONADAS, PODRÁN ACOGERSE A LA LEY DE REACTIVACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ELLA; CON EXCEPCIÓN DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN TEMPORAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN PROCESAR, ENSAMBLAR O MAQUILAR, DERIVADOS DE LA SUBCONTRATACIÓN CELEBRADA ENTRE EMPRESAS USUARIAS DE ZONA FRANCA O DEPÓSITOS DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO, Y EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL.(1)

Art. 26.- Los productos introducidos al país de conformidad con esta Ley podrán movilizarse en el territorio aduanero nacional; sin el pago de los respectivos gravámenes cuando se trate del traslado a otra Zona Franca o Depósito para Perfeccionamiento Activo.

Dicho traslado se solicitará a través del formulario correspondiente, el cual dará validez a la operación con la sola firma de la autoridad aduanera destacada en la Zona Franca. Si el traslado se realizara desde un Depósito para Perfeccionamiento Activo, será la firma del Representante Legal de la empresa que traslada como de la receptora la que dará validez a la misma.

En ambos casos, será la empresa que hubiere importado los bienes trasladados, la responsable por el pago de derechos e impuestos a la importación y demás gravámenes conexos, en el caso que los expresados bienes no sean oportunamente exportados.

Art. 27.- Previa autorización del Ministerio de Economía, las materias primas e insumos, los desperdicios, desechos, subproductos, productos defectuosos y la producción que por causas ajenas a la voluntad del beneficiario no puedan ser exportadas, podrán ser destinados a consumo definitivo en el territorio aduanero nacional, pagando los impuestos de importación sobre el valor facturado, el que para el caso de las materias primas e insumos no podrá ser menor al valor CIF proporcional consignado en la Declaración de Mercancías en la que fueron introducidos dichos bienes.

Cuando se trate de donaciones al Gobierno de la República, y a instituciones públicas o privadas, sin fines de lucro, de carácter humanitario, educativas u otros servicios a la comunidad, podrá concederse la exoneración de impuestos, previa la calificación del Ministerio de Economía, y la exoneración del Organo Legislativo.

CAPITULO VI

DE LAS OBLIGACIONES Y SANCIONES

Art. 28.- Los Usuarios de Zona Franca y Depósito para Perfeccionamiento Activo, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Comunicar al Administrador de la Zona Franca o al Ministerio de Economía, según se trate de Usuarios o Depósitos para Perfeccionamiento Activo, las modificaciones que hubiere realizado en los planes y proyectos de su empresa, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día de la modificación.

b) Registrar en medios electrónicos y magnéticos o en cualquier otro medio exigido por el Ministerio de Hacienda, toda la información relativa a las operaciones que realice, al movimiento de inventarios y cualquier otra información que se considere necesaria para el control fiscal respectivo. Dichos registros deberán remitirse anualmente al Ministerio de Hacienda, o cuando éste lo solicite, los cuales estarán sujetos además, a la fiscalización o inspección de dicho Ministerio, y del Ministerio de Economía, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones legales;

c) Proporcionar al Ministerio de Economía un informe semestral, relacionado con sus operaciones, el cual deberá contener como mínimo; valor y origen de las importaciones y exportaciones, generación de empleo, ventas al mercado nacional y monto de la inversión realizada;

d) Permitir el ingreso a las instalaciones de la empresa beneficiaria, a delegados del Ministerio de Economía en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones, así como también proporcionar información y documentación veraz requerida por Estos.

e) Informar al Ministerio de Economía con 30 días de anticipación, el cambio de domicilio o cierre de operaciones;

Art. 29.- Los beneficiarios de la presente Ley, además de las obligaciones antes mencionadas deberán cumplir:

a) Con las Leyes, Reglamentos y otras disposiciones legales de carácter laboral y de seguridad social, a favor de los trabajadores, que incluyen:

1) El derecho de asociación;

2) El derecho de sindicalización;

3) Prohibición de trabajo forzoso o cualquier forma de trabajo compulsivo;

4) Edad mínima para el trabajo de menores;

5) Condiciones de trabajo aceptables con respecto a salario mínimo, horas de trabajo, salud y seguridad ocupacional y todas aquellas necesarias para el buen desenvolvimiento del trabajador en el desarrollo de sus labores;

b) Pagar indemnización, aguinaldo y vacación proporcional en la forma y cuantía establecida en el Código de Trabajo y de prestaciones de carácter laboral a todos los trabajadores que resultaren afectados en caso de cierre total o parcial de la empresa o establecimiento;

c) En caso extraordinario de cierre total sin justificación alguna de las operaciones de la empresa, los activos de la misma servirán preferentemente para cancelar el pasivo y demás obligaciones laborales, sin perjuicio de la sanción administrativa correspondiente.

d) Con las obligaciones y disposiciones de esta Ley y su Reglamento General y demás Leyes de la República.

Art. 30.-Los Administradores de Zona Franca, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Admitir y evaluar las solicitudes que le presenten los interesados para instalarse en la Zona bajo su administración y en caso de cumplir con los requisitos y disposiciones de la Ley y su Reglamento General, autorizar la instalación del peticionario como Usuario de Zona Franca;

b) Notificar al Ministerio de Economía, dentro de los 5 días hábiles siguientes la autorización respectiva, enviando copia de la misma y demás documentos correspondientes, para que dicho Ministerio registre en su base de datos y sistema de monitoreo, e informe a las demás Instituciones competentes;

c) Informar al Ministerio de Economía, con base a los reportes presentados por los usuarios, sobre las modificaciones que hubieren realizado en los planes y proyectos, las empresas establecidas en su Zona Franca, en un plazo no mayor de 3 días hábiles posteriores a su notificación. Así mismo velar por que estas cumplan con la disposiciones de la Ley, su Reglamento General y demás Leyes de la República, informando semestralmente al Ministerio de Economía sobre el desempeño de cada empresa Usuaria.

Art. 31.- Los beneficiarios de los incentivos fiscales otorgados por la presente Ley, que incumplieren las disposiciones en ella contenidas, serán sancionados administrativamente por el Ministerio de Economía, sin perjuicio de las sanciones fiscales a que hubiere lugar. Cuando se infringieren obligaciones de carácter laboral, de seguridad social o aduaneras, la resolución definitiva emitida por la respectiva institución competente, será notificada al Ministerio de Economía, para la aplicación de las sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, respectiva.

Art. 32.- Las infracciones por incumplimiento a lo prescrito por la presente Ley y su Reglamento, son las siguientes: leves, graves y muy graves.

Art. 33.- Se considera Infracción Leve:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas como literales a), c) y d), del Art. 28 de esta Ley;

b) El incumplimiento de la obligación señalada como literal a) del art.30 de esta Ley;

Art. 34.- Se considera Infracción Grave:

a) El incumplimiento de la obligación señalada como literal b) del Art. 28 de esta Ley;

b) El incumplimiento de las obligaciones señaladas como literales b), y c) del Art. 30 de esta Ley;

c) El incumplimiento de las obligaciones señaladas como literales a) y b) del art. 29 de esta Ley; y

d) La reincidencia de cualquiera de las faltas consideradas como leves;

Art. 35.- Se considera Infracción Muy Grave:

a) Cuando se comprobare que se ha dado uso diferente a los beneficios e incentivos otorgados por la presente Ley;

b) El incumplimiento de las obligaciones señaladas como literal c) del Art. 29 de esta Ley; y

c) La reincidencia de cualquiera de las faltas consideradas como graves.

Art. 36.- Las infracciones anteriormente mencionadas, serán sancionadas administrativamente por el Ministerio de Economía, de la manera siguiente:

a) La Infracción Leve, se sancionará con prevención escrita al Infractor;

b) La Infracción Grave, se sancionará con multa de CINCO MIL COLONES, cuando se refiera a las infracciones estipuladas en los literales a), b), c) y e) del art.34, y de DIEZ MIL COLONES si refiere a las infracciones estipuladas en el literal d) del mismo artículo;

c) La Infracción Muy Grave, se sancionará con suspensión temporal o revocatoria definitiva de los beneficios otorgados.

Art. 37.- Las Resoluciones Definitivas que de conformidad a este Capítulo impongan sanción de multa, deberán hacerse efectivas dentro de los siguientes TREINTA DIAS de haberse notificado la sanción.

El pago de la multa se hará efectiva en las Instituciones autorizadas por el Ministerio de Hacienda.

Art. 38.- Si de las infracciones cometidas resultaren delitos o faltas, el Ministerio de Economía certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República para que promueva y ejercite las acciones correspondientes.

Art. 39.- Si alguna persona natural o jurídica acogida a los beneficios de esta Ley, dejara de operar la empresa de la cual fuere titular, durante un período de doce meses continuos, perderá de pleno derecho la categoría de Usuario de Zona Franca o de Depósito para Perfeccionamiento Activo y por ende los beneficios otorgados.

Art. 40.- En el caso de cierre definitivo de operaciones o abandono de una empresa Usuaria de Zona Franca o Depósito para Perfeccionamiento Activo, se procederá judicialmente para el pago de las obligaciones que estuvieran pendientes, y desocupación del inmueble aunque no hubiera mora, sin perjuicio que el Ministerio de Hacienda, con el fin de resguardar el interés fiscal y social, y previo inventarios de los bienes, pueda ordenar el traslado de los mismos a sus propios recintos u otros que se habiliten al efecto, o haga uso de las modalidades de disposición de mercancías, que la Ley le otorga, a la Dirección General de la Renta de Aduanas.

Una empresa podrá ser declarada en abandono a solicitud de parte interesada o por la Fiscalía General de la República, quienes recurrirán ante el Juez respectivo, el que previa verificación de los hechos, declarará en abandono, en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Las acciones para redimir derechos fiscales, patrimoniales o laborales serán incoadas ante el juez respectivo, quien deberá resolver en forma ejecutiva dentro de un plazo de noventa días.

La declaración judicial de abandono dará lugar al embargo preventivo de los bienes y a la entrega en depósito de los mismos, previa resolución judicial.

En caso de liquidación de los bienes embargados, y para proteger los intereses de los trabajadores, la Asamblea Legislativa podrá conceder la exoneración del pago de los impuestos respectivos.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en el presente artículo, las partes o la Fiscalía General de la República, podrán hacer uso de las instancias correspondientes, para deducir responsabilidades administrativas o penales a los infractores.

Art. 41.- Si a una persona natural o jurídica, titular de una empresa, que después de obtenidos los beneficios de esta Ley, se le hubieren suspendido o revocado, no podrá solicitarlos por otra empresa ni figurar como accionista o director de sociedades que los soliciten.

Art. 42.- No tendrán derecho a los beneficios que esta Ley concede, las sociedades donde aparecieren como Directores o Accionistas, personas que fueron Directivos o Accionistas de otras sociedades a las que se sancionó con suspensión o revocatoria de los beneficios conferidos por esta Ley.

CAPITULO VII

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

Art. 43.- Los interesados en obtener los beneficios otorgados por esta Ley, deberán presentar ante el Administrador de la Zona Franca y Ministerio de Economía, según corresponda, la solicitud respectiva, por medio del Representante Legal o Apoderado facultado para ello.

Art. 44.- En la solicitud, el interesado deberá indicar la actividad a la que se dedicará, el régimen fiscal al que desea acogerse, características generales de la empresa, así como su documentación legal y la información necesaria que exija el Reglamento.

Art. 45.- Si la solicitud estuviera completa y cumpliese con los requisitos de Ley y requiera que su establecimiento sea declarado Depósito para Perfeccionamiento Activo, será el Ministerio de Economía quien deberá resolverla dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, a través de Resolución razonada en caso de ser denegada o mediante la emisión de un Acuerdo, en caso de ser favorable el cual deberá publicarse en el Diario Oficial.

El usuario de una Zona Franca deberá presentar su solicitud al Administrador de la misma, quien resolverá en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. Una vez aprobada dicha solicitud se suscribirá un contrato entre éste y el Usuario, estipulándose como mínimo el objeto, valor, garantías, término del mismo y la actividad o actividades a desarrollar. Una copia del contrato junto con la autorización vigente extendida por el Administrador de acuerdo con el Reglamento General de la Ley, le conferirán automáticamente al Usuario los beneficios e incentivos fiscales estipulados en el artículo 17 de esta Ley, a menos que haya sucedido una infracción o incumplimiento que cause la suspensión o revocación de los mismos.

El Administrador notificará al Ministerio de Economía, dentro de los cinco días hábiles siguientes la autorización respectiva, enviando copia de la misma, y demás documentos correspondientes, para que dicho Ministerio registre en su base de datos, y sistema de monitoreo; y previa verificación, informe a las demás instituciones competentes.

Art. 46.- El Reglamento General de esta Ley, establecerá los procedimientos sobre cualquier otra petición que deban hacer los beneficiarios de la presente Ley.

Art. 47.- El Ministerio de Economía podrá investigar a las personas que gocen de los beneficios de esta Ley, con el propósito de que se dé cumplimiento a la misma.

Art. 48.- Si de las investigaciones realizadas por el Ministerio de Economía, aparecieren infracciones o incumplimiento de las disposiciones de la Ley, el Ministerio levantará el Informativo correspondiente y dará audiencia para que dentro del término de cinco días hábiles posteriores al de la notificación el supuesto infractor ofrezca las pruebas de descargo.

El Ministerio de Economía, resolverá dentro de los ocho días siguientes de concluida la audiencia.

Art. 49.- De las Resoluciones podrá interponerse recurso de apelación ante el Ministro de Economía, dentro del término perentorio de ocho días contados a partir de su notificación. Las pruebas y argumentos pertinentes y conducentes deberán acompañarse con el escrito de interposición del recurso.

Art. 50.- Una vez firme la Resolución del Ministerio de Economía que suspenda o revoque los beneficios e incentivos fiscales, se emitirá el Acuerdo respectivo, el cual se comunicará a los interesados, y las autoridades correspondientes y se mandará a publicar en el Diario Oficial.

Art. 51.- El Organo Ejecutivo emitirá el Reglamento General de la presente Ley, dentro de un plazo no mayor de noventa días, a partir de la vigencia de la misma.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 52.- Las empresas calificadas de conformidad con la Ley del Régimen de Zonas Francas Y Recintos Fiscales que se deroga en el presente Decreto, pasaran de pleno derecho a gozar de los incentivos conforme a lo establecido en la presente Ley.

Asimismo, todas aquellas empresas beneficiarias de la presente Ley, que como consecuencia de las disposiciones de la presente Ley, tuviesen cambios en sus operaciones, deberán solicitar dicha autorización ante el Ministerio de Economía o Administrador de Zona Franca respectivamente, debiendo en este último caso, el Administrador de la Zona Franca, notificar al Ministerio de Economía, según el procedimiento establecido en el Art. 30, de esta Ley.

Art. 53.- Los bienes amparados en Declaraciones de Mercancías que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley, ya hubieren sido aceptadas por la Aduana, se continuarán regulando hasta la cancelación de tales declaraciones, por las disposiciones que se encontraban vigentes a la fecha de dicha aceptación.

Art. 54.- Las solicitudes de beneficios que al momento de entrar en vigencia el presente Decreto, se encuentren en trámite en el Ministerio de Economía, deberán ser adecuadas por ese Ministerio a las disposiciones contenidas en la presente Ley dentro de un plazo no mayor de treinta días.

REFORMA:

(1) D.L. Nº 464, 22 DE OCTUBRE DE 1998;

D.O. Nº 215, T. 341, 18 DE NOVIEMBRE DE 1998.

Aplicación de las normas laborales en las zonas francas

I. Planteamiento del problema:

Debido a recientes incidentes de carácter laboral que han surgido en ciertas fábricas ensambladoras ubicadas en zonas francas nacionales, provocados indudablemente por abusos patronales ciertos, si bien, magnificados con fines evidentemente políticos, se ha generado un anteproyecto de ley de reformas a la actual Ley del Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales; dicho anteproyecto de reformas contempla una que es especialmente interesante, la cual consiste en consignar una disposición que establece que dentro de las empresas instaladas en Zona Franca o Recinto Fiscal, es obligatorio cumplir con las leyes de trabajo de la República; y no solo se limita determinar tal obligación, sino que hace una enumeración más o menos extensa de los deberes que los patronos están obligados a cumplir respecto de sus trabajadores.

El punto esencial, por cuestión de principio, es determinar si disposiciones de tal naturaleza deben ser agregadas a la ley que se reforma.

II. Definición de zona franca:

De acuerdo a nuestra Ley del Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales, deben entenderse por Zonas Francas, "aquellas áreas del territorio nacional extraaduanal previamente calificadas, sujetas a un régimen especial donde podrán establecerse y funcionar empresas nacionales o extranjeras que se dediquen a la producción o comercialización de bienes para la exportación, así como la prestación de servicios vinculados al comercio internacional y a las actividades conexas o complementarias a éllas". Vemos que la definición legal de Zona Franca corresponde casi exactamente con la definición técnica o histórica de tal entidad, puesto que cuenta con sus dos diferencias específicas, las cuales son, en resúmen, la exención de tributación, y la circunscripción de un territorio. Una definición más sinóptica de Zona Franca, contraería la misma al establecimiento de franquicias aduaneras o impositivas en función territorial.

III. Análisis del concepto y evolución histórica:

Algunos autores sostienen que no existe un modelo objetivo y universal con respecto a las características fundamentales que debe reunir una zona franca. Sin embargo, actualmente es entendido que los elementos de "exención tributaria" y "Territorialidad" son los determinantes para lograr la formulación del concepto, ya que, los otros elementos componentes no vendrían a decir nada de su naturaleza cualitativa; son más bien variables cuantitativas de su misma naturaleza que obedecen estrictamente a los intereses en juego: grado y clase de exención o franquicia tributaria o aduanera, exención o restricción de controles administrativos, ubicación territorial de la zona franca, etc.

La evolución histórica de las zonas francas, recintos fiscales, zonas libres, o cualquiera que sea el nombre que se les prefiera atribuir, ha terminado por incorporar el elemento que caracteriza a las zonas francas modernas, y el cual es su orientación marcadamente manufacturera. Es decir, que la Zona Franca moderna, independientemente de las funciones históricas que ha tenido en el pasado, es universalmente entendida como aquella zona o jurisdicción territorial en la cual el Estado permite la introducción, libre de derechos, de una materia prima o de productos semielaborados para su procesamiento y reexportación.

Aunque su existencia se puede trazar incluso hasta en épocas romanas y a través de la edad media, las Zonas Francas fueron frecuentes hasta en los siglos finales de la misma, y eran concebidas como lugares (ciudades) en las que se podía introducir mercaderías extranjeras, elaborarlas y venderlas sin pagar derecho alguno. Sin embargo, estos regímenes de libertad tributaria no eran de carácter permanente, sino más bien, abarcaban períodos temporales, generalmente en los que se celebraba alguna feria local u otra festividad similar. La creación de espacios territoriales con regímenes tributarios excepcionales y diferenciados con carácter permanente surgió posteriormente, y con el claro objeto de promover y favorecer la navegación y el comercio. Tales objetos fueron claramente perseguidos y logrados por las ciudades italianas de Livorno, Génova, Nápoles, Venecia, Trieste, Fiume, Mesina y otras, a lo largo de los siglos XVI al XVIII, ciudades todas que han sido famosas por su actividad comercial y naviera.

Con el transcurso del tiempo, las zonas francas o libres pasaron a ser sinónimo de lugares de libre depósito, transbordo y reexportación de mercaderías, alcanzando sus exponentes máximos en los puertos libres británicos de la época moderna (HongKong, Singapur, Gibraltar).

En épocas modernas, se ha soslayado el originario componente portuario ligado al concepto de la Zona Franca, e incluso el fronterizo, llegando a aceptarse el hecho de que una zona franca, sin perder sus características esenciales ( exención ligada a una circunscripción geográfica), puede encontrarse, no ya en puerto marítimo o en zona fronteriza, sino en el interior del territorio de un estado. Muchas veces, tal cambio de concepción obedece a la extensión lógica (y analógica) del concepto portuario a los aeropuertos, y otras veces a razones de estricta conveniencia.

Los elementos comunes a las Zonas Francas o Libres a través de su elaboración histórica, han sido conservados siempre intactos.

Recapitulando, al despojar el concepto de zona franca de sus elementos accidentales, e incorporando el elemento moderno de la orientación manufacturera, nos encontramos con que la definición ensayada en la ley salvadoreña es adecuada a dicha concepción.

En todos los casos en que nos referimos a una zona franca, pues, hacemos alusión a un territorio determinado, en el cual, en virtud de una concesión del Estado, se establece libertad tributaria o franquicia aduanera, e incluso, en determinados casos, exención de controles administrativos totales o parciales relacionados con la tributación. En otras palabras, el Estado, por medio de una ley, establece una ficción de extra territorialidad, de caracter exclusivamente tributario sobre dicha circunscripción geográfica de su territorio nacional.

IV. El régimen de las zonas francas en El Salvador:

Aunque contempladas en la ley salvadoreña desde el año de mil novecientos setenta (Ley de Fomento de las Exportaciones), las Zonas Francas y Recintos Fiscales ha cobrado nuevo auge con la promulgación de la actual Ley del Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales de mil novecientos noventa. El modelo de la zona franca salvadoreña ha sido el mismo que se ha desarrollado prácticamente en todos los paises en vías de desarrollo, y la justificación de los beneficios concedidos también obedece a idénticos objetivos: a) lograr de alguna manera el impulso de la industrialización; b) Atraer inversión extranjera; c) crear en el exterior mercados para la exportación; d) generar empleos directos y lograr el ingreso de divisas. Quitando los objetivos directos de generar empleos y el ingreso de divisas, la fundación o establecimiento de zonas francas en El Salvador, parece obedecer a la premisa, correcta o no, de que la ventaja competitiva exterior de El Salvador, se finca casi exclusivamente en la ausencia de impuestos (tanto de importación, de exportación como internos) dentro del precio de los productos exportados.

Por tal motivo, la ley de Zonas Francas, prácticamente es una enumeración de las exenciones de impuesto concedidas a los usuarios de dichas zonas o de los llamados recintos fiscales, que para los efectos legales y económicos son una misma cosa: exención de impuestos de importación de insumos y elementos necesarios para la producción, regímenes de admisión temporal libre de impuestos y derechos de aduanas, exención, por períodos de diez años, de impuestos de renta (extensiva incluso a los socios de las sociedades que hagan uso de las zonas francas). Recientemente, incluso, se decretó una reforma a la ley, estableciendo que las personas situadas dentro del territorio aduanero nacional, que vendieran bienes o prestaran servicios a empresas situadas en zona franca, debían dar a esa venta o prestación de servicio el tratamiento de exportación para efectos de IVA, es decir, aplicar una tasa cero.

Como puede observarse, la exención o franquicia en función de la territorialidad, cuya extensión y alcances dependen de los variables intereses que se persiguen y de la cual hablabamos al principio de estas notas, es llevado a términos extremos en la ley salvadoreña sobre la materia. Sin embargo, es de hacer notar que si bien se concede amplia franquicia o privilegio tributario, siempre existe de una manera u otra un control administrativo, por lo menos en lo que a aduana se refiere.

V. Las zonas francas y el régimen legal común:

A pesar de la amplitud de la concesión de privilegios fiscales determinados por la ley de la materia, es bien claro, incluso desde la definición misma de Zona Franca que se comentó al inicio de este trabajo, que la franquicia estatal se circunscribe exclusivamente a eso. En la definición legal de zona franca se establece claramente que es aquella "parte del territorio nacional extraaduanal", esto es, que por medio de una ficción legal, el Estado concede una especie de extraterritorialidad a la zona franca, a efecto de que exista la posibilidad de franqueo a mercaderías y materias primas sin el pago de derechos o impuestos de aduana, para una posterior reexportación. La "extraterritorialidad" de la zona franca (o del recinto fiscal) es entonces, relativa, exclusiva para efectos fiscales. Podría decirse, incluso, que la única diferencia entre este tipo de privilegios y las simples exenciones concedidas a determinados sujetos pasivos de impuesto, es que en el primer caso, la franquicia dice relación con un determinado espacio geográfico. En consecuencia, no puede ni debe presumirse que la tan mencionada condición extraaduanal de la zona franca tiene algún otro significado o alcance: más allá de la franquicia puramente aduanal y fiscal, la zona franca no goza de ningún otro fuero o estatuto especial con respecto al resto de la legislación del Estado de El Salvador. El derecho común que rige las relaciones civiles y mercantiles que puedan darse dentro de zonas francas, o desde el territorio aduanal a aquéllas, o el régimen penal aplicable al cometimiento de delitos, etc. tienen plena aplicación y vigencia en la zona franca, sin ninguna diferenciación. Evidentemente, las normas del derecho laboral salvadoreño son normas vigentes y aplicables plenamente a las relaciones entre patronos y trabajadores en la zona franca.

VI. El derecho del trabajo en las zonas francas:

De la exposición hecha en el parágrafo que precede ha quedado claramente establecido que el estatuto de extraterritorialidad tantas veces alegado en favor de las zonas francas es exclusivo para efectos aduaneros o fiscales. Tal exoneración no implica en modo alguno que ha existido una especie de segregación territorial del Estado, puesto que en modo alguno el Estado ha renunciado a su potestad soberana sobre los territorios franquiciados. Es más, la concesión de privilegios aduaneros no es más que un acto patente del ejercicio del poder soberano del estado sobre la circunscripción geográfica determinada como zona franca.

Alguna vez se ha intentado interpretar la condición extraaduanal de las zonas francas, como extensiva a las normas de carácter laboral de la república y que éstas no deberían tener aplicación alguna en la zona franca o en el recinto fiscal. Esto es una interpretación exagerada a simple vista y carece de cualquier clase de fundamentación jurídica y lógica. Además, desde el punto de vista constitucional es imposible que el Estado renuncie a la aplicación de sus normas laborales en cualquier parte del territorio de la república, por muy extraaduanal que sea. Distinto es el caso de las normas fiscales, cuyo cumplimiento si puede ser constitucionalmente dispensado por el Estado a través del Organo Legislativo. Queda claro entonces que, pretender que el Código de Trabajo de El Salvador y todas las otras leyes de carácter laboral de la república no tienen aplicación en las zonas francas es totalmente ilógico y antijurídico.

VII. Las reformas propuestas:

Como se dijo al principio del documento, los recientes problemas de índole laboral (ciertos unos, manipulados con fines políticos otros) han generado una iniciativa de reformas a la Ley del Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales. El anteproyecto de ley contiene una serie de reformas a normas de carácter administrativo y sancionatorio. El punto que nos interesa está contemplado únicamente en la reforma propuesta al artículo 31 de dicha ley, en el sentido siguiente: Los titulares de los beneficios fiscales contenidos en la Ley, estarán obligados a: 1) Cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales de carácter laboral y de seguridad social a favor de los trabajadores, que incluyen: el derecho de asociación, el derecho a organizarse y negociar colectivamente, la prohibición del trabajo forzoso o cualquier forma de trabajo compulsivo, la edad mínima para el trabajo de menores, y condiciones de trabajo aceptables con respecto a salario mínimo, horas de trabajo, salud e higiene ocupacional. 2) A pagar indemnización, aguinaldo y vacación proporcional en la forma y cuantías establecidas en el Código de Trabajo y demás prestaciones de carácter laboral a todos los trabajadores que resultaren afectados en caso de cierre total o parcial de la empresa o establecimiento.

Como puede observarse, toda esa serie de obligaciones de los patronos instalados en zona franca, las cuales la reforma pretende incorporar a la ley de la materia, son las mismas que impone el código de trabajo en toda la república, ni más ni menos. De todo lo que se ha expuesto en los numerales anteriores, resulta obvio que dichas obligaciones de carácter laboral siempre han tenido plena vigencia y son completamente aplicables desde un inicio dentro de las Zonas Francas y Recintos Fiscales. En consecuencia, incorporar a la Ley de Zonas Francas esa serie de obligaciones, a las cuales ya se encontraban sujetas legalmente, es total y absolutamente innecesario.

En los considerandos del anteproyecto de reformas se expresa que el objetivo de tales reformas es especificar las obligaciones de carácter laboral y de seguridad social a las cuales se encuentran sujetos los beneficiarios de las Zonas Francas. Esta consideración, obviamente, no es una consideración jurídica sino política, desde luego que, es entendido que el régimen legal es aplicable, con o sin especificación dentro del texto de la ley de zonas francas. La pretendida especificación, no producirá obviamente ningún efecto, más que poner de manifiesto la falta de criterio jurídico que caracteriza al legislador salvadoreño.

Por otra parte, se incorpora además la obligación del patrono de rendir una fianza para garantizar el cumplimiento del pasivo laboral para el caso de despidos injustos, suspensión temporal de operaciones por causas no justificadas o cierre total de la empresa, además de las aportaciones de la empresa a instituciones de seguridad social. Dicha fianza será aprobada por la oficina del Ministerio de Trabajo encargada de realizar inspecciones generales, y su monto será revisable periódicamente.

Caucionar el pasivo laboral de las empresas es una obligación excesivamente onerosa para la parte patronal. Por otro lado, no se cree que exista la necesidad de caución alguna para el cumplimiento de las obligaciones que dicha fianza pretende garantizar, desde luego que éstas constituyen a favor de los trabajadores, créditos privilegiados por la ley laboral común. Por otra parte, dejar librada al criterio de funcionarios de la Inspección General de Trabajo, la determinación del monto y condiciones de la fianza comentada, así como su revisión periódica, no es la solución a ningún problema, sino más bien, la creación de nuevas posibilidades de cohecho y corrupción administrativa.

MONO AGRO EXPORTACION

MONO AGRO EXPORTACION

Es la exportación de un solo producto. Así como llamamos a un país monoproductor por centrar su enconomía en un solo producto, le llamaremos monoexportador a esa exportación de un solo producto.

Persistencia de la vulnerabilidad externa a través de la monoexportación de café.

El café ha constituido al principal fuente de divisas, observándose la existencia de una alta correlación entre los precios del café, el valor de las exportaciones totales y el Producto Territorial Bruto Agropecuario. Es decir, generalmente un incremento de los precios del café se traduce en un incremento de las exportaciones y del PTB Agropecuario, así como una disminución en dichos precios se manifiesta en una disminución de las exportaciones y del PTB agropecuario. Este problema se magnifica, si tenemos en cuenta que el café constituye una materia prima de carácter no estratégico en los mercados mundiales.

El Nacimiento de la Oligarquía Cafetalera

Un pequeño grupo de la población se benefició e enriqueció durante este período. Este grupo estaba compuesto por los principales inversionistas y comerciantes, especialmente los que participaron en la expansión de los productos de exportación principales, como el café y el azúcar. Una buena parte del grupo descendía de los hacendados y comerciantes que habían acumulado capitales y otros recursos mediante la producción añilera. Además, la expansión cafetalera atrajo a un pequeño grupo de emigrantes europeos que, buscando acrecentar sus fortunas, vinieron a invertir sus capitales en la producción, el financiamiento y la exportación del café. Rápidamente estos inmigrantes fueron asimilados por el sector más acaudalado de la población. Estos llegaron a ser partícipes del poder que para entonces disfrutaban los salvadoreños más ricos.

Por otro lado, un reducido grupo de la llamada clase dominante provino de las filas del campesinado. Gracias al esfuerzo, sacrificio y a menudo de la explotación de los recursos de sus propias comunidades campesinas, algunas familias campesinas a través de los años fueron enriqueciéndose hasta convertirse en terratenientes acomodados; es decir, propietarios de fincas y otras actividades comerciales mayores que las del campesinado independiente. Sin embargo, estos casos fueron excepcionales. Los campesinos enriquecidos integraron los estratos más bajos del grupo dominante. Por lo tanto, este sector social dominante no fue homogéneo; es decir, habían diferencias con respecto al grado de influencia sobre la política económica del estado.

La rápida expansión cafetalera en las últimas décadas del siglo 19 coincidió con el fin de las devastadoras guerras centroamericanas en las que cada facción de la élite salvadoreña participó tratando de imponer sus intereses particulares. Hacia 1870, las confrontaciones bélicas cesaron por varios años y se aceleró la siembra de café en gran escala. Se estaban dando las condiciones para que el grupo más poderoso de la sociedad impusiera al resto de la sociedad impusiera al resto de la sociedad un nuevo proyecto de desarrollo. Estarían en manos de la clase dominante aquellas actividades económicas ligadas a la caficultura, tales como las grandes fincas cafetaleras y los beneficios para procesar el grano. Asimismo, se harían cargo en algunos casos de la exportación del café.

Pero lo que mayores beneficios les reportaba era el financiamiento de la actividad económica: el dinero que se prestaba al productor pequeño o mediano producía ganancias considerables. En las últimas décadas del siglo 19, el productor, para conseguir financiamiento, debía comprometerse a entregar su cosecha a quien le prestaba dinero para producir. Es decir, en lugar de cancelar su deuda en dinero, la pagaba en café, cuyo precio era determinado unilateralmente por el pequeño grupo financiero que controlaba los préstamos.

Casi siempre se pagaba el café entregado por el productor a un precio bastante inferior al precio en el mercado internacional. Si el productor acumulaba deudas que no podía pagar, el acreedor se posesionaba de sus tierras o las vendía para recobrar su inversión, de tal forma que la incapacidad de pago por parte de los productores fue uno de los mecanismos que permitió al grupo dominante acumular mayores extensiones de tierra. Los productores más débiles eran los que con mayor frecuencia se veían obligados a entregar sus tierras al financista o, bien, venderlas para saldar la deuda. También los terratenientes que dependían de los préstamos para producir , debieron compartir sus ganancias con los financistas.

Los grandes productores pedían cambios en el sistema de financiamiento del café y hasta se aliaron con los productores medios y pequeños con el fin de adquirir más fuerza para enfrentar al sector más poderoso del grupo dominante. Durante varias décadas, los integrantes de esta alianza lucharon por la creación de un banco estatal que prestara dinero a una tasa de interés razonable y permitiera mayor flexibilidad en los pagos, especialmente en tiempos de crisis. No fue hasta 1934 cuando los productores vieron culminada su lucha con la creación del Banco Hipotecario.

Los Trabajadores

Cuando se comenzó a exportar el café en El Salvador, eran dos los grupos que con sus manos hacían producir la tierra: los campesinos y los jornaleros. Para finales del siglo 19, el desarrollo de la economía de exportación y otros cambios en el uso de la tierra, incluyendo la privatización de las tierras ejidales y comunales y la venta de los últimos baldíos extensos, crearon una mayor demanda para la mano de obra asalariada.

Esto significó que los campesinos pobres o sin tierra, un grupo pequeño pero que iba aumentando lentamente durante estas décadas, ganaban un salario por tareas de trabajo en fincas y haciendas ajenas. Algunos de ellos recibían en la hacienda la comida y un pequeño salario que, con frecuencia, era pagado en fichas cambiables exclusivamente en la tienda que poseía el terrateniente en su finca. Entre los trabajadores del campo habían diversos grupos étnicos que no compartían una cultura única. Ladinos e indígenas se diferenciaban en sus costumbres, en su concepto de comunidad y de familia.

La Oligarquía Cafetalera en Santa Tecla y Santa Ana

Primer Período 1846 - 1900

En 1857, las plantaciones de café empleaban un gran número de trabajadores en los alrededores de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, se podía apreciar el desarrollo de las plantaciones de café. El primer reporte estadístico de la situación fue dado por el Gobernador de Santa Ana en 1861, al indicar que existían 1.6 millones de plantas de café en viveros, 0.69 millones de plantas trasplantadas y 0.60 millones de cafetos en producción. Posteriormente se establece el cultivo del café en el Oeste de San Vicente y en la cordillera al Volcán Chaparrastique.

En 1860-1880, se observa un desarrollo acelerado de la caficultura; en Santa Tecla, los cafetos plantados aumentaron 0.21 millones en 1861 a 2.4 millones en 1880 y más de 1.0 millones de viveros. En 1880, se menciona que el Departamento de La Libertad cuenta con más de 4.0 millones de cafetos plantados. En el Departamento de Santa Ana la producción de café se triplicó en 1877 - 1881, y las exportaciones se duplicaron en el período de 1877 - 1880, de 5 mil sacos a 10.5 millones de sacos.

En 1879, el Departamento de Usulután, los pueblos de Santiago de María, Tecapán, y Jucuapa, habían establecido y distribuido un vivero de café de 819 mil plantas. En el Departamento de San Vicente todas las poblaciones tenían viveros, a excepción de Santa Clara.

Cuadro comparativo de las exportaciones de añil y café (cifras en pesos plata):

Año	Añil	Café	Diferencia
1864	1,129,105	80,105	1,049,000
1870	2,619,749	663,347	1,956,402
1875	1,160,700	1,673,157	512,457
1881	1,470,300	2,909,195	1,438,895
1891	892,092	4,806,428	3,914,336

En este cuadro se puede observar la creciente expansión del cultivo del café en un corto plazo, así como el desplazamiento gradual que sufre el añil como principal producto de exportación.

Es notable el crecimiento del cultivo del café, en once años superó a las exportaciones del añil en 512 mil pesos y en 27 años en 3.9 millones de pesos. El incremento en la actividad cafetera, es una respuesta a ciertas medidas y factores:

• El Estado promovió la producción cafetalera, impulsando políticas económicas y liberales que comenzaron en 1870.
• Establecimiento de los servicios de vapores con regiones del mundo que deseaban comprar productos agrícolas.
• En 1855 se puso en marcha la vía ferroviaria que atravesaba el Istmo de Panamá, apoyando así las medidas salvadoreñas.
• Incremento en el consumo de café en los países industrializados de Europa y Norteamérica y con ello mayor demanda por este producto y mejor precio.
• Costa Rica se había convertido en un exportador exitoso de café; lo cual era un modelo a seguir.
• En septiembre de 1853 el barco denominado el “Primero” inauguró la primera línea regular de vapores que unían puertos de América Central, incluyendo Acajutla, La Libertad y La Unión con California.

Es importante destacar que el Estado no sólo buscaba aumentar la producción de café, sino además desarrollar la economía agraria comercial del país. Finalmente el crecimiento de la producción cafetalera que se dio en El Salvador, fue posible a los factores técnicos, económicos y políticos y se convierte en el cultivo de “la esperanza”, dándole un gran impulso a la principal fuente de riqueza nacional.

Segundo Período 1900 - 1950

Gracias a la expansión del cultivo del café, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se observaron cambios importantes:

• Dentro de las obras de infraestructura, se construyó el Hospital Rosales, el Teatro Nacional, el Teatro de Santa Ana, obras de saneamiento (acueductos y alcantarillados), sistema eléctrico, se asfaltaron las principales calles de San Salvador en 1920. Se construye el puente sobre el río Lempa. Se terminaba de construir el ferrocarril que une a San Salvador con las ciudades de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán y Acajutla.

• A la sociedad salvadoreña se le ofrece: acceso a la educación, campañas de vacunación. En 1915, llegaron los automóviles, después los camiones y autobuses; se mejoró el sistema de transporte, se reemplazó las carreteras por tranvías de tracción animal y tracción eléctrica.

• Inversión extranjera, por parte de un grupo de inmigrantes europeos, quienes buscan acrecentar sus fortunas, invierten sus capitales en la producción, financiamiento y exportación de café.

• Se crearon instituciones de apoyo a la caficultura como el Banco Hipotecario, la Compañía Salvadoreña del Café, el Departamento Nacional del Café, la Asociación Cafetalera de El Salvador, Federación de Cajas de Crédito y el Banco Central de Reserva.

Dentro de las medidas económicas que se tomaron fueron: establecer el tipo de cambio de ¢2.50 por $1; se emite una ley moratoria, efecto de la crisis de 1932; se firman acuerdos comerciales, como el Convenio Interamericano del Café.

En este período surgen dos crisis importantes en el mercado mundial del café, una de ellas es la correspondiente a la primera guerra mundial y la segunda en 1932, resultado de la recesión mundial que imperó en ese momento, que se prolonga hasta finalizar la segunda guerra mundial. Ejemplo de ello es, el café colombiano que en 1926 se cotizaba en $29.56 las 100 libras inglesas, y en 1932 en $12.25, en 1940 $9.12.

La economía salvadoreña mostró una gran dependencia del cultivo del café, en 1929 del total de las exportaciones, el 95% correspondieron al café. Cualquier variación en los precios significaba debilidad o progreso, para el pueblo. La reducción en los precios internacionales en 1932, reflejaba un porcentaje mayor al 200%, resultado de la crisis mundial que afectó la capacidad de consumo de los países importadores, esto conllevó a una contracción en la economía salvadoreña así; los caficultores no cubrían sus costos de producción, como tampoco el valor de los créditos otorgados, el valor que les entregaban por sus cosechas era menor al del crédito y muchos de ellos perdieron sus fincas, debido a los embargos ejecutados por los otorgantes del crédito; el valor de las fincas superaba al del crédito; en las fincas las labores agrícolas no se realizaban, las cosechas no se recolectaban en su totalidad, esto trascendió a un desempleo del sector rural.

El sector urbano no escapó el efecto de esta crisis, se crea un ambiente de desempleo; el presupuesto de la nación no podía cubrir los gastos, a los empleados públicos se les redujo el salario hasta en un 30% y sus pagos eran atrasados, debido a la insuficiencia de recursos financieros en la tesorería del Estado.

El país vivió un caos económico-político, que fue la base para el surgimiento de la insurrección que vivió el pueblo salvadoreño en esa época; la alta dependencia de un producto de exportación para la economía del país era visible, y es así como se ha relacionado en forma directa la estabilidad o inestabilidad del país en función del acontecer de los precios internacionales del café.

La gran depresión de 1929

Desde octubre de 1929 como consecuencia de la caída de la bolsa de valores de Wall Street, en Nueva York, la demanda del café bajó tanto que su precio se fue al suelo.

El viernes negro, debilitó las economías en regiones muy diversas del mundo durante toda una década.

En El Salvador, el café llegó a su precio más barato e inclusive ni aún así lo compraban los tradicionales compradores, pues la crisis fue tan intensa, que era mínima la cantidad comprada. Obviamente, al disminuir los precios del café, había menos dinero en circulación, con lo que el poder adquisitivo de la población bajó considerablemente.

Algunas haciendas, al tener fuertes deudas con los financistas y al no obtener ganancias en la producción del café y en algunos casos ni sacar el costo de la producción fueron a la quiebra. Pasando la hacienda a manos del financista, como pago de la deuda.

Otra consecuencia de la crisis fue la despedida de los trabajadores, especialmente del área rural.

Por otra parte, el gobierno vio disminuido el ingreso fiscal, pues al bajar la exportación del café, también bajan los impuestos provenientes de éste. Esta situación llevó al

Estado casi a la bancarrota económica.

Los países más débiles, no pudieron resistir la crisis se desataron conmociones sociales que produjeron gran inestabilidad en los gobiernos, principalmente por falta de efectivo para pagar salarios y cubrir las necesidades sociales básicas.

El golpe de Estado del 2 de diciembre de 1931

A los nueve meses, la inestabilidad política en el país, se hace presente nuevamente cuando se da el golpe de Estado. Arturo Araujo fue víctima del mismo, una de las razones que incentivaron a los militares al golpe era el retraso en el pago de sus sueldos. Los golpistas, luego de intensas reuniones, decidieron nombrar al general Maximiliano Hernández Martínez, quien había fungido en el gobierno de Araujo, como Ministro de Guerra.

Desde antes de este golpe de Estado, existían algunos tratado internacionales mediante los cuales los países firmantes acordaban no reconocer a ningún gobierno surgido por la fuerza, ni mucho menos, si sus gobernantes tuvieron participación en el golpe o fueron parte del gobierno depuesto. Estos tratados eran, el de Washington de 1907 y el tratado de Paz y Amistad de los países centroamericanos de 1923. Uno de los principal es auspiciadotes de esos tratados eran los Estados Unidos.

Es aquí donde se ve el problema del reconocimiento diplomático del gobierno del recién ascenso de Maximiliano Hernández Martínez. Ante todo esto, Hernández Martínez se encontraba en la dificultad de no obtener reconocimiento internacional, lo que es asfixiante para un gobierno por la necesidad que se tiene de negociar un país con otro.

Hernández Martínez tenía un considerable apoyo en el país, pero Estados nidos no lo reconocía basándose en los tratados existentes y como consecuencia de esto, tampoco los demás países lo reconocían.

El gobierno de Hernández Martínez pasó mucho tiempo aislado internacionalmente. Pero éste demostró astucia y audacia como presidente de la República al detener, el alzamiento comunista de 1932.

La insurrección de enero de 1932

Desde hacía buen tiempo, las condiciones de los trabajadores, específicamente de los campesinos habían sido malas; pero la crisis económica de 1929 las había agudizado, al bajar el precio del café, pues se elevó el desempleo, los salarios bajaron, y el costo de la vida se incrementó.

En la zona occidental, principalmente, para cosechar grandes áreas de café, se había dejado sin tierra a los campesinos, por lo que los campesinos, sin tierra de la zona occidental, eran los que más sentían la crisis, al no tener donde sembrar para su subsistencia.

Todo esto permitió que las ideas comunistas penetraran fácilmente en la población, y que por lo tanto, miles de campesinos pasaran a incorporarse a las filas comunistas.

El 3 de enero de 1932 hubo en el país elecciones municipales y del 10 al 12 de enero, fueron las elecciones legislativas. En ambas participaron los comunistas, pero se detectó fraude, por lo que se intentó negociar con el gobierno, pero no hubo resultados. Entonces la insurrección se inició a la media noche del 22 de enero de 1932. En regiones del occidente del país se alzaron miles de campesinos armados, principalmente de machetes, atacando poblados, haciendas e instalaciones militares en algunas partes como Juayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba, lograron controlar la totalidad de la población, todos dirigidos por Farabundo Martí.

El gobierno por su parte, mediante el uso de armamento muy superior al de los indígenas, se impuso a ellos, propinándoles una derrota, en la que se habla de más de 25,000 muertos.

Tercer Período 1950 - 2000

Al finalizar la segunda guerra mundial, los precios del café se incrementaron en forma notable, resultado del hábito de consumo que se tomó por la población norteamericana durante la guerra, y de la gestión de mercadeo que realizara la Oficina Panamericana del café; en 1900 al consumo per cápita de café verde en los Estados Unidos fue de 9.48 libras y en 1947, 22.05 libras, significaba un incremento del 133%.

En la década de los cincuentas, el Salvador vive un auge económico; el precio internacional del café se cotizaba en 1955 en $70.90, que representaba un incremento del 217% con relación a los cotizados a 1946 y de 674% con relación a los de 1940. Dada la experiencia de dependencia de un producto de exportación, se decide fortalecer el cultivo del algodón, producto que logra precios excelentes en el período referido; fortaleciéndose aún más la economía salvadoreña. A esta década se le llamó “Década de Oro”.

En 1979 - 1980 se dan reformas a la comercialización del café, que pasa de ser una actividad privada nacional, asimismo la tendencia de la tierra sufre reformas. En 1989, se privatiza nuevamente la comercialización del café.

Conclusión

Gracias a la expansión cafetalera, la economía salvadoreña creció a un ritmo nunca antes imaginado. Pero el crecimiento económico benefició desigualmente a los diversos sectores de la población. El grupo dominante acumuló grandes riquezas.

Además, algunos pocos campesinos e integrantes de la clase media pudieron tomar ventaja del crecimiento económico para mejorar sus condiciones de existencia. En contraste, hubo una tendencia marcada durante el período que culminó en la década de 1930 hacia el empobrecimiento de un significativo número de población rural y urbana.

De esta forma, el progreso promovido por el estado y disfrutado especialmente por los grupos sociales dominantes trajo muchos nuevos problemas y complicaciones a la gran masa de la población salvadoreña: los hombres y mujeres que todos los días enfrentaban el reto de sobrevivencia. Algunas de estas contradicciones sociales contribuyeron al estallido de 1932, cuando una severa crisis de la economía hizo insoportables las condiciones de vida de gran parte de la población.

Producción De El Salvador desde 1881 hasta 1890, Promedios Móviles (4 Años) Y Porcentaje De Participación Dentro Del Total Mundial, Cifras En Miles De Quintales

Año cafetero	Producción total	Promedio móvil (4 años)	% de participación mundial	Producción Mundial
1881	143		1.06%	13,585
1882	176		1.19%	14,778
1883	205		1.57%	13,015
1884	197	180	1.35%	14,636
1885	293	218	2.27%	12,942
1886	78	193	0.53%	14,855
1887	130	175	1.43%	9,097
1888	143	161	0.97%	14,725
1889	157	127	1.41%	11,139
1890	326	189	2.66%	12,257

Producción De El Salvador desde 1891 hasta 1900, Promedios Móviles (4 Años) Y

Porcentaje De Participación Dentro Del Total Mundial, Cifras En Miles De Quintales

Año cafetero	Producción total	Promedio móvil (4 años)	% De participación mundial	Producción mundial
1891	300	232	1.9 %	15,817
1892	326	277	2.2 %	14,825
1893	346	324	2.8 %	12,364
1894	157	282	1.03 %	15,205
1895	130	240	0.96 %	13,591
1896	235	217	1.29 %	18,184
1897	196	179	0.95 %	20,579
1898	130	173	0.74 %	17,639
1899	483	261	2.56 %	18,830
1900	391	300	1.93 %	20,298

Producción De El Salvador desde 1901 hasta 1910, Promedios Móviles (4 Años) Y Porcentaje De Participación Dentro Del Total Mundial, Cifras En Miles De Quintales

Año cafetero	Producción total	Promedio móvil (4 años)	% de participación mundial	Producción mundial
1901	391	300	1.93%	20,298
1902	326	333	1.24%	26,666
1903	476	419	2.07%	23,060
1904	652	461	3.07%	21,270
1905	678	533	3.45%	19,666
1906	678	621	3.45%	19,662
1907	639	662	1.98%	32,212
1908	587	646	3.05%	19,222
1909	587	623	2.58%	22,745
1910	541	589	2.15%	25,174

Producción De El Salvador desde 1911 hasta 1920, Promedios Móviles (4 Años) Y Porcentaje De Participación Dentro Del Total Mundial, Cifras En Miles De Quintales

Año cafetero	Producción total	Promedio móvil (4 años)	% de participación mundial	Producción mundial
1911	620	584	3.16%	19,604
1912	513	565	2.23%	23,031
1913	578	563	2.60%	22,207
1914	587	574	2.31%	25,440
1915	587	566	2.40%	24,468
1916	587	585	2.11%	27,788
1917	587	587	2.45%	23,969
1918	587	587	2.07%	28,329
1919	587	587	2.86%	20,504
1920	587	587	3.30%	17,797

Producción De El Salvador desde 1921 hasta 1930, Promedios Móviles (4 Años) Y Porcentaje De Participación Dentro Del Total Mundial, Cifras En Miles De Quintales

Año cafetero	Producción total	Promedio móvil (4 años)	% de participación mundial	Producción mundial
1921	587	587	2.24%	26,250
1922	978	685	4.28%	22,859
1923	1,060	803	3.00%	35,323
1924	699	831	2.95%	23,691
1925	1,085	956	3.46%	31,327
1926	77	904	2.44%	31,520
1927	787	835	1.67%	47,210
1928	1,154	949	3.75%	30,815
1929	1,017	932	2.03%	50,060
1930	1,024	1,058	3.65%	34,919

Producción De El Salvador desde 1931 hasta 1940, Promedios Móviles (4 Años) Y Porcentaje De Participación Dentro Del Total Mundial, Cifras En Miles De Quintales

Año cafetero	Producción total	Promedio móvil (4 años)	% de participación mundial	Producción mundial
1931	1,274	1,058	3.65%	34,917
1932	1,188	1,159	2.42%	49,023
1933	862	1,086	2.41%	35,739
1934	1,221	1,136	2.34%	52,179
1935	1,109	1,095	3.45%	32,176
1936	1,423	1,154	-	-
1937	1,423	1,294	-	-
1938	1,423	1,344	-	-
1939	1,423	1,423	-	-
1940	1,423	1,423	-	-

Promedio de la Producción de Café de El Salvador

desde 1880 hasta 2000

Distribución Geográfica y las zonas productoras de café

La caficultura de El Salvador se extiende sobre un área que según PROCAFE, en 1998 fue de 231,751 manzanas, que representa el 8% del territorio nacional. Las grandes áreas cafetaleras se encuentran ubicadas al sur de la Carretera Panamericana, formando 3 grandes grupos; uno en el occidente, otro en el centro y el tercero en el oriente del país; otras pequeñas áreas se encuentran al norte de la carretera en mención.

Estas áreas se extienden sobre la Cadena Costera y en la banda interior, dominada por los macizos volcánicos de El Salvador. En función de su altitud se distinguen tres zonas climáticas: estrictamente altura: 1200 a 1600 metros sobre el nivel del mar; media altura: 800 a 1200 metros sobre el nivel del mar; y central estándar o bajío: 400 a 800 metros sobre el nivel del mar.

LA AGROINDUSTRIA

LA AGROINDUSTRIA

Que es la agroindustria?

Las agroindustrias son talleres o fabriles en las cuales se desarrollan procesos de carácter artesanal o industrial destinados a la transformación de productos provenientes de cualquier actividad agrícola o ganadera.

Las transformaciones de los productos agropecuarios consisten en la modificación de sus características físicas, químicas, o biológicas, el producto resultante puede tener características muy diferentes a los insumos.

La agroindustria abarca una amplia gama de industrias. Los sub-sectores más importantes de la agroindustria incluyen la agricultura y horticultura, silvicultura, pesca y producción de mariscos. Entre muchas otras comprende las siguientes industrias:

• Desmotaje del algodón,
• Producción del aceite de palma,
• Procesamiento del Té y café,
• Tenerías o curtiembres,
• Mataderos,
• Lavado de la lana,
• Refinerías de azúcar,
• Lecherías y productos derivados, como el queso,
• Procesamiento de pulpa, papel y madera,
• Procesamiento de alimentos en general, etc.
• Posibles impactos ambientales

Los principales impactos negativos de la agroindustria se relacionan con la contaminación atmosférica y acuática, la eliminación de los desperdicios sólidos y los

cambios en el uso de la tierra.

Los caudales de las aguas servidas varían, según el tipo y magnitud de la operación agroindustrial. Típicamente, los afluentes tienen un alto nivel de demanda de oxígeno bioquímico y químico DBO, y de sólidos suspendidos o disueltos. Además, pueden haber otros contaminantes como residuos de pesticidas, aceites complejos, compuestos alcalinos o ácidos y otras sustancias orgánicas en las aguas servidas. Los afluentes de los pastaderos, tenerías y mataderos pueden ser focos potenciales de infección para los seres humanos y los animales.

Las emisiones atmosféricas provenientes de las operaciones agroindustriales, a menudo, incluyen:

• material pulverizado,
• dióxido de azufre,
• óxidos nitrosos,
• hidrocarburos y,
• otros compuestos orgánicos.

Con frecuencia, las agroindustrias producen olores nocivos y molestos.

El almacenamiento incorrecto de las materias primas o la eliminación inadecuada de los desperdicios sólidos pueden perjudicar los recursos terrestres, sea en el lugar de la instalación o en los depósitos de desechos.

La producción de la materia prima para estas agroindustrias puede tener efectos ambientales negativos, debido a la intensificación de la actividad agrícola. Al convertir los bosques en tierras agrícolas, existe el potencial para causar impactos ambientales y sociales muy profundos. La naturaleza y la magnitud del efecto dependerán de las prácticas existentes en cuanto al uso de la tierra, la cantidad de materia prima requerida por la agroindustria, el sistema de producción, y el de manejo de la tierra y el agua.

Los efectos ambientales potenciales de la intensificación de la agricultura son:

• La mayor erosión de los suelos;
• La contaminación del agua superficial y freática por los insumos agrícolas (p.ej. fertilizantes, pesticidas);
• Los cambios en las características físicas y químicas del suelo; y,
• Los impactos sobre la fauna y la vegetación nativa.
• Los impactos sociales potenciales incluyen:
• La restricción del acceso a los recursos (por ejemplo, las áreas tradicionales de pastoreo, y cultivo, recursos acuáticos, productos forestales);
• El desplazamiento de la población; y,
• Los trastornos sociales.

Sin embargo, no todos los efectos son, necesariamente, negativos. La agroindustria puede introducir prácticas agrícolas más eficientes al área, crear mercados para los productos y dar trabajo a la gente local.

Los efectos indirectos de la instalación de una agroindustria grande incluyen el desarrollo del transporte para llevar los productos a los mercados y la migración incontrolada de la gente, hacia el área, que busca tierras o empleos.

Efectos ambientales de la producción de materias primas

Como se dijo, anteriormente, al limpiar grandes áreas de vegetación natural para la producción de cultivos o ganado, o para intensificar la agricultura, se producen impactos ambientales y sociales, que son, potencialmente, negativos. A continuación se presentan algunos ejemplos relacionados con las agroindustrias.

Uno de los ejemplos más obvios y divulgados de la degradación de los recursos a raíz de la producción del ganado, es la deforestación de la cuenca amazónica; se han convertido grandes áreas de los bosques tropicales húmedos de tierras bajas en pastos para el ganado. El desbroce en gran escala causa impactos a largo plazo, debido a la incapacidad del sistema para recuperarse de la pérdida de los alimentos y del trastorno ecológico.

Asimismo, la siembra de las grandes plantaciones de palma africana está vinculada con el desbroce de los bosques tropicales, especialmente, en Asia Sur-oriental. La conversión del bosque natural en otro cultivo forestal es menos destructiva, ecológicamente, que utilizarlo para un cultivo anual; sin embargo, existe el riesgo de perder las especies, y provocar los problemas relacionados con los monocultivos, y la producción agrícola, en general.

El cultivo de algodón en gran escala está siendo criticado en algunas áreas, debido a los graves impactos ambientales, que ha causado el crecimiento rápido de la producción de algodón, en ciertas partes de África Occidental, por ejemplo, está vinculado con la deforestación, la erosión y la reducción de la fertilidad, y estás presentan una mayor susceptibilidad a la degradación. Era menos notorio el agotamiento del suelo bajo los sistemas tradicionales en África Occidental, porque se acostumbraba largos períodos de barbecho. Con los sistemas más intensivos, se ha acortado o eliminado ese periodo.

Ubicación de las instalaciones

El sitio juega un papel importante en cuanto al impacto ambiental de la descarga de las aguas servidas y eliminación de los desperdicios sólidos, y los costos y métodos de control de la contaminación. La capacidad del sitio para absorber los desperdicios, dependerá de la calidad y cantidad de los desechos y las tenerías, que producen importantes cantidades de desperdicios y contaminantes, no deben ser ubicadas en las áreas ecológicamente frágiles, ni en los lugares donde los desperdicios (luego del tratamiento adecuado) no puedan ser absorbidos, sin causar degradación ambiental.

Por otra parte, las industrias productoras de alimentos, no deben ubicarse en las áreas que sean afectadas por los afluentes industriales, debido al riesgo de contaminar los alimentos.

Utilización de los residuos

La generación de residuos, y su uso o venta potencial, depende de las materias primas, los procesos de producción, las especificaciones del producto, el costo de la materia prima y los productos, los reglamentos que afectan la calidad y uso del producto, y las limitaciones, si existen, sobre la descarga o eliminación de los residuos: se aumenta la productividad y por consiguiente, el rendimiento de la industria, y se reducen los desechos, que constituyen fuentes de posible contaminaciones.

Los siguientes productos y sus subproductos son buenos ejemplos de reutilización de los residuos:

• Los residuos del aceite de palma, para recuperar los alimentos y usar como combustible;
• Los gramos de palma para producir aceite y alimentos balanceados;
• Los subproductos del matadero para extraer la grasa y como aditivos para alimentos balanceados;
• Las semillas de algodón para aceite, o aditivos para los alimentos balanceados o combustibles;
• El aceite animal para cosméticos;

Reglamentos existentes en cuanto a la contaminación

Algunos países y las instituciones financieras han establecido lineamientos para muchos sectores de la agroindustria. Los contaminantes que se regulan bajo las normas de la agencia para la protección del Medio Ambiente en los EE.UU., por ejemplo, incluye el pH, los sólidos totales suspendidos, la demanda de oxígeno bioquímico (DBO) y químico (DQO), y los metales pesados. Las normas para el aceite y la grasa, el colibacilo fecal, y el amoniaco, han sido establecidas para los mataderos y las industrias de procesamiento de mariscos.

Los reglamentos difieren según el país y el tipo de industria, y son muy subjetivos. En muchos países desarrollados, existen normas para la calidad del aire, con respecto a las partículas, los dióxidos de azufre y algunos compuestos orgánicos; hay menos reglamentos ambientales en los países en desarrollo.

AGROINDUSTRIA EN EL SALVADOR

A diferencia de otros países, en donde ya se cuenta con planes y programas para el desarrollo de la pequeña y mediana agroindustria rural, en nuestro país El Salvador se tienen graves problemas económicos y políticos que han sido la principal causa de atrasar en el sector agrícola y agroindustrial.

Actualmente, después de haber sufrido 12 años de guerra y tras un periodo de dos años del acuerdo de paz, el gobierno de El Salvador inicia una nueva etapa donde se trabaja dentro del plan de Reconstrucción Nacional, abriéndose nuevas perspectivas en todos los campos.

La agroindustria en este momento juega un papel muy importante dentro de la economía del país por lo que es necesario y urgente recibir ayuda económica y tecnológica, de esta forma se logrará salir de la crisis y mejorar el nivel de vida de todos los salvadoreños principalmente del sector rural.

Dimensión o potencial del sector rural que pudiera ser beneficiado por un programa nacional de desarrollo agroindustrial a pequeña escala.

En el sector agrícola el área total del país se encuentra utilizada en un 8 % de cultivos permanentes, 23 % cultivos temporales, 26 % de pastos, un 8 % por bosques y montes, un 4 % de tierras no aptas para la agricultura tradicional y un 31 % por áreas urbanas.

La superficie de riego actualmente es de 34,000 hectáreas, las cuales pueden extenderse hasta 350,000.

La extensión territorial es una de las más pequeñas cuenta aproximadamente con 22,000 kilómetros cuadrados y su población a los 10.000.000. de los cuales un 50 % se encuentra en la zona rural del país y es ésta la que podría ser beneficiada con un programa de desarrollo agroindustrial.

Estado actual del desarrollo de microempresas agroindustriales y número aproximado de microempresas procesadores de frutas y hortalizas

Actualmente la mayoría de productores a nivel de microempresas, procesan frutas para la elaboración de jaleas y mermeladas las cuales en su mayoría son utilizadas en panadería, dulces acitronados, o deshidratados y conservas; las hortalizas se utilizan más que todo en la preparación de encurtidos mixtos.

Para trabajar en estos procesos a nivel rural se cuenta con la materia prima obtenido de pequeñas áreas cultivadas, huertos caseros, cultivos en cercos y patios de las casas.

El equipo con que se dispone para estos procesos es sencillo ya que se preparan más que todo a nivel artesanal, con poca tecnología lo cual afecta la calidad de los productos.

No existe financiamiento a nivel de microempresa rural y no se cuenta con un sistema de comercialización que garantice la venta de estos productos, vendiéndose más que todo en ferias y pequeños negocios aislados, no se conoce el número de microempresas que se dedican a esta labor, ya que éstas no se encuentran registradas en ninguna institución, la mayoría de personas trabajan en pequeños grupos, amas de casa y cooperativas del sector reformado en fincas y haciendas.

Existen algunos productores de frutas y hortalizas procesadas que se encuentran trabajando en el área urbana que, por lo general, son empresas privadas tales como ALDEMSA, QUALITY FOODS, BON APPETIT, DEL TROPIC FOOD, COOPERATIVA "EL CASTANO", CONSERVAS DE CUSCATLAN, ETC.

En el área rural existen algunas cooperativas del sector reformado tales como presentados en el cuadro 1:

CUADRO No. 1 Cooperativas del sector reformado

LUGAR	PROCESO
Cantón Tierra Blanca (La Unión).	Tecnificación y beneficiado de la nuez de marañón, área aproximada 50 manzanas
Ahuachapán	Proceso de vegetales encurtidos
Usulután	Procesamiento industrial del Coco (Copra)
San Salvador	Productos aislados de jaleas y mermeladas para panificación Industrias "El Negrito" Salsas y aderezos.
Chalatenango	San Ignacio, Cooperativa El Renacer", actualmente procesan durazno, área cultivada 150 manzanas. Con un área potencial de 300 manzanas y durazno criollo, melocotón criollo, durazno de corazón rojo, manzana y ciruela en poca área cultivada. Higo y mora con potencial para industrialización.

Mecanismos a nivel gubernamental y privadas que existen en el pais para fomentar el desarrollo de la agroindustria rural

Actualmente no existe de parte del gobierno de El Salvador ningún mecanismo dirigido a fomentar la agroindustria rural, el cual ocasiona un retraso tecnológico más que todo en las zonas rurales.

El gobierno esta trabajando con el Plan de Reconstrucción Nacional con lo que se espera buenas perspectivas en el campo de la agroindustria a nivel rural, ya que estas zonas fueron las más afectadas por la guerra.

El sector privado trabaja con algunas instituciones pero, no a nivel de agroindustria rural sino solamente en el área urbana, con empresas que en nuestro medio son consideradas grandes y que además trabajan con otros rubros, no precisamente con frutas y hortalizas.

Instituciones gubernamentales y no gubernamentales responsables de la implementación de las agroindustrias rurales y su nivel de participación del sector

Instituciones gubernamentales no existen y las instituciones privadas son pocas pero solamente con un enfoque a grandes o medianos empresarios que cuentan con una garantía hipotecaria.

Dentro de las instituciones privadas podemos mencionar:

FUSADES:	Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social.
CENTA:	Centro de Tecnología Científico Técnica.
B.F.A:	Banco de Fomento Agropecuario.
PROPEMI:	Programa de Promoción a la Pequeña y Microempresa

Continuidad y calidad de materia prona cultivada o de origen silvestre disponible para procesamiento a pequeña escala dependiendo de la localización geográfica

La continuidad en la producción no se da, ya que ésta es interrumpida por dos estaciones marcadas; invierno y verano.

Durante el verano o época seca, no se cuenta con cultivos que tengan asistencia técnica sobre riego; aunque existen distritos de riego que no son totalmente aprovechados y solamente se utilizan en áreas no significativas.

No existe en este momento, determinaciones agrícolas que orienten a los procesadores sobre que variedades procesar, ya sea estas por su buen rendimiento comercial u otras características relevantes. A pesar de esto, podemos decir que la calidad de la materia prima tanto cultivada como de origen silvestre es buena o por lo menos aceptable para fines de proceso.

Participación actual o potencial de las mujeres y jóvenes rurales y urbanos en el procesamiento a pequeña escala

En El Salvador, más del 40 % de los hogares están bajo la responsabilidad de las mujeres, convirtiéndose éstas en el sostén de la familia.

El papel de la mujer y del joven dentro de la Agroindustria Rural se determina de mucha importancia, ya que se les considera como parte clave dentro de la toma de decisiones del grupo familiar.

La mayoría de mujeres además de ocupaciones domésticas se encuentran involucradas en otras labores que contribuyen a la producción misma de sus cultivos y procesos de las cosechas.

En nuestro país la fuerza de trabajo ha sido modificada, involucrándose más la mujer en todo tipo de actividades, esto se debe a su deseo de mejorar sus ingresos y expectativas.

Sería importante que los proyectos se inclinaran a darle participación a la mujer ya que cuenta con la capacidad para darle un segundo ingreso al hogar.

Resumen

En el reporte técnico se presenta la situación actual de nuestro país con relación a su participación dentro de la microempresa a nivel rural, mostrando limitantes y perspectivas que esta tiene.

Se menciona algunas instituciones no gubernamentales que están colaborando con la agroindustria de el país.

Con respecto a la participación de la mujer se menciona el papel relevante de ésta para la economía de su hogar y por ende la de todo el país.

ZONAS FRANCAS

ZONAS FRANCAS

Una zona franca, también denominada zona económica libre, es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos. Muchos gobiernos de países establecen zonas francas en regiones apartadas o extremas con el fin de atraer capitales y promover el desarrollo económico de la región. En las zonas francas suelen crearse grandes centros de compra y se instalan con frecuencia, también, industrias maquiladoras o almacenes especiales para la mercancía en tránsito. A veces son llamadas puertos libres, por una analogía con los puertos libres conocidos desde hace mucho tiempo: los puertos libres de tasas aduaneras o con regulaciones de tasas favorables; por ejemplo, el puerto libre de Trieste. A menudo los puertos libres son parte de las zonas económicas libres.

El Salvador está ubicado en el corazón de Centroamérica y se considera el lugar ideal para compañías que buscan acceder a los mercados importantes en le región de las Américas. Varias Zonas Francas (ZF) y Depósitos de Perfección de Activos (DPA) operan en el país con el propósito de promover el comercio e inversión en El Salvador. Las ZF generalmente le proveen una ubicación a aquellas empresas que buscan importar y re-exportar sus bienes pagando impuestos, aranceles u otros derechos relacionados a las exportaciones muy bajos o nulos. Dichos regimenes de comercio se han expandido rápidamente en El Salvador durante los últimos cinco años.

Los Depósitos de Perfección de Activos, conocidos anteriormente como Recintos Fiscales, son áreas localizadas dentro del territorio nacional, sujetas a un trato aduanal especial, en donde la mercadería ingresada para su re-exportación está exenta de impuestos, para luego ser sometida a procesos de

transformación, preparación, o reparación, y donde los bienes de capital pueden permanecer por tiempo ilimitado.

Las leyes de Promoción de las Exportación y de Zonas Francas aplican a los inversionistas involucrados en operaciones orientadas a las exportaciones. Estas empresas ubicadas en zonas de procesamiento de las exportaciones o bodegas aduaneras, que exportan el 100% de su producción fuera del mercado Centroamericano (MCA), incluyendo las operaciones de maquila y ensamblaje, disfrutan de una amplia gama de beneficios.

El establecimiento, administración y funcionamiento de Zonas Francas debe ser autorizado por el Ministerio de Economía y la vigilancia y control del régimen fiscal en dichas zonas corresponde al Ministerio de Hacienda.

Dentro de los beneficios e incentivos fiscales concedidos por esta ley tenemos:

1. Exención total del impuesto sobre la Renta para la sociedad y para los

accionistas.
b) Exención total de los impuestos municipales sobre el activo y patrimonio de la empresa.

c) Exención total del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, por la adquisición de aquellos bienes raíces a ser utilizados en la actividad incentivada.
d) Exención de impuestos aduaneros en todos los productos manufacturados y exportados.

e) Libre internación a las Zonas Francas de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos y accesorios, utensilios y demás enseres que sean necesarios para la ejecución de la actividad incentivada.

f) Libre internación a las Zonas Francas de materias primas, partes, piezas, componentes o elementos, productos semi-elaborados, productos intermedios, envases, etiquetas, empaques, muestras y patrones necesarios para la ejecución de la actividad incentivada de la empresa.

Antecedentes

La actividad de maquila en Centroamérica y el Caribe data desde la década de los 70’s y, estuvo marcada por tres hechos importantes a nivel externo. El primero de ellos que se identificó con una estrategia que promovía productos no tradicionales hacia terceros mercados; apoyándose fundamentalmente en políticas públicas que dieron origen a un nuevo marco legal e institucional, con la finalidad de promover los bienes manufacturados, para disminuir la alta dependencia de las economías de la región de los productos primarios de exportación tales como el café, azúcar y banano, que habían mostrado una inestabilidad muy marcada en los mercados externos.

El segundo acontecimiento se relaciona con la cooperación internacional específicamente la proporcionada por Los Estados Unidos de América, que buscaba impulsar la exportación de bienes manufacturados de los países de

Centroamérica y el Caribe; para lograr la inserción de estas regiones a los mercados mundiales, se crearon las zonas francas administradas por los gobiernos, que en definitiva permitían disminuir el desempleo en las regiones

urbanas y, atenuar los efectos negativos de un modelo de industrialización en decadencia.

Al evaluar como se emprendió la maquila en México y la Cuenca del Caribe, se encuentra que esta tiene puntos de partida distintos; mientras en el primer país, da inicio en 1965, por haber finalizado el programa Braseros, que genero un fuerte desempleo en la línea fronteriza; obligo al gobierno mejicano a impulsar una política de generación de empleos en las zonas rurales; mientras para la región de Centroamérica y el Caribe, las zonas francas iniciaron en la década de los años 70,s, como consecuencia del estancamiento del MISI, y de los problemas sociales que se derivaron del mismo modelo. Por ello los Estados Unidos, por medio de la agencia Internacional para el Desarrollo, en coordinación con los países de la región impulsaron la creación de zonas francas de exportación, siendo esta actividad exclusiva del Estado por mandato

de Ley. La infraestructura se desarrolló en zonas urbanas, cercanas a puertos y aeropuertos.

El último elemento se relacionó con la reestructuración de la industria norteamericana en especial la de los textiles y la confección, que se vio afectada por la competitividad de los productores asiáticos, llevando a Estados Unidos de América a impulsar una política de protección en estas dos industrias, bajo el amparo de dos tipos de políticas, a saber: (a) una destinada a frenar la competencia asiática, que se caracterizó por restricciones comerciales (aranceles y cuotas de importación) y una presión directa aplicada a ciertos gobiernos y, (b) una política interna orientada a la formación de cadenas productivas regionales que permitieran a las empresas estadounidenses ser más

competitivas11. Básicamente lo que estas políticas buscaban era incursionar en las industrias de primera generación1 2 en Centroamérica y El Caribe. Estas cadenas productivas se dividen en dos tipos:

Las dirigidas por el fabricante (Producer-driven) y las dirigidas por los intermediarios comerciales (Buyer-driven). En las primeras se encuentran las industrias que son dirigidas por los fabricantes, es decir, aquellas que cumplen el papel fundamental de coordinar la producción (incluidos los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante), siendo su característica fundamental el uso intensivo de capital y tecnología especializada y, sirven a la industria automovilística, aeronáutica y las industrias de las computadoras, los semiconductores y la maquinaria pesada. Mientras que el segundo tipo se vincula a industrias en que las grandes tiendas de menudeo, las comercializadoras de marca y los fabricantes de marcas desempeñan el papel primordial en el establecimiento de sistemas de producción descentralizados en diversos países exportadores, generalmente ubicados en países en desarrollo.

Esta modalidad es común en las industrias de bienes de consumo tales como: el vestuario, el calzado, l o s j u g u e t e s , e n s e r e s electrodomésticos, artículos electrónicos de consumo y, una variedad de artesanías.

En la región se encuentran cadenas productivas de ambas categorías, sin embargo, la que se ha generalizado y regionalizado es el Buyer-driven con predominio de la industria textiles y confección.

Según las cifras del año 2003, El Salvador tiene 17 Zonas Francas y más de 200 Depósitos de Perfección de Activos de una fábrica. A continuación se presenta el detalle de las zonas francas que están operando actualmente en El Salvador.

Zona Franca Export Salva

La Zona Franca Export Salva está ubicada en el Km. 24 de la Carretera Pan-Americana, municipio de Colón, en el departamento de La Libertad. Se encuentra, únicamente, a 25 minutos de la capital, San Salvador, y a 55 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Su ubicación sobre la carretera principal de país ofrece un mejor acceso a los puertos principales en El Salvador. El Puerto de Acajutla está a 45 minutos y el Puerto Santo Tomas de Castilla, en Guatemala, está a 8 horas de la zona Franca Export Salva.

Fuerza Laboral: Más de 700 mil personas viven en un radio de 24 kilómetros

American Industrial Park

La Zona Franca American Park está ubicada entre San Salvador y Santa Ana, a lo largo de la carretera Panamericana. Esta localización es estratégica debido a la red moderna de infraestructura desarrollada en esta área.

Su ubicación hace que sea la zona franca más cercana al Océano Atlántico por medio del Puerto Santo Tomás de Castilla en Guatemala, que se localiza a 8 horas. También está a 45 minutos del Océano Pacifico por medio del Puerto de Acajutla.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador está a 55 minutos y la ciudad capital se localiza a 30 minutos.

Fuerza Laboral: 2 millones 141 mil 647 personas vive en un radio de 40 kilómetros

Zona Franca La Concordia

El Parque Industrial La Concordia está estratégicamente ubicado en Jiquilisco, una de las ciudades del oriente más importantes, en el departamento de Usulután, en el kilómetro 105 de la Carretera del Litoral (CA2).
Su ubicación tiene un gran potencial debido a la cercanía al Puerto Cutuco, que está en construcción y se convertirá en uno de los más modernos en la Costa del Pacífico. La construcción inició en el 2005 y será completada en el 2008.

Este complejo industrial se localiza a 60 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, y a 90 minutos de la ciudad capital de San Salvador.

Fuerza Laboral: En un radio de 25 kilómetros viven cerca de 750 mil personas.

Zona Franca 10

Zona Franca 10, es Zona Franca y Parque Industrial, está ubicada en el Km76½. De la Carretera Panamericana, en el By pass Norte de Chalchuapa, Santa ana. Zona Franca 10, esta a 2 horas del Puerto de Acajutla en el Océano Pacifico, menos de un día del Puerto Cortéz en el Océano Atlántico, a 1.5 horas del aeropuerto internacional de El Salvador, y a menos de 60 min. de la capital, San Salvador.

Fuerza Laboral: La Municipalidad de Chalchuapa cuenta con 90,259 habitantes y en la ciudad de Santa Ana (a 12 km de distancia) con 606,773.

Zona Franca El Pedregal

La Zona Franca El Pedregal comenzó sus operaciones en enero de 1993. Está ubicada en Rosario, La Paz, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador; y a 35 minutos de la ciudad capital de San Salvador. La segunda carretera más importante del país (CA-2) es paralela a esta Zona Franca.

La distancia entre esta ZF y el Puerto de Acajutla es de 2 horas y de 8 horas al Puerto de Santo Tomas de Castilla en Guatemala.

Fuerza Laboral: Más de 250 mil personas viven en un radio de 25 kilómetros

Zona Franca Internacional El Salvador

La Zona Franca Internacional El Salvador está ubicada a 15 minutos de la ciudad capital en la localidad de Olocuilta, departamento de La Paz, y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, precisamente sobre la carretera que conecta a este con la ciudad de San Salvador.

Su cercanía con la capital y otros pueblos pequeños garantiza fuerza laboral y ofrece acceso a los puertos principales en las costas del Pacífico y del Atlántico.

Fuerza laboral: 2 millones 474 mil 710 personas viven en un radio de 35 kilómetros

Parque Industrial El Progreso

Este Parque Industrial comenzó a operar en 1992. Se localiza en Nueva San Salvador, ciudad aledaña a San Salvador, en la carretera principal que conduce al Puerto de La Libertad. Está ubicado estratégicamente en el área con más crecimiento industrial en El Salvador.

Su distancia con el Puerto de Acajutla es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos; asimismo, su distancia con el Puerto de Santo Tomas de Castilla, en Guatemala, es de 8 a 9 horas aproximadamente. La distancia del Aeropuerto Internacional de El Salvador es de solamente 45 minutos.

Fuerza Laboral: Cerca de 2 millones de personas viven cerca del área metropolitana

Zona Franca Miramar

La Zona Franca Miramar está estratégicamente ubicada a 1 mil 200 metros sobre el nivel del mar, con una atmósfera única. Se localiza a 20 minutos de la ciudad de San Salvador y a sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, sobre la carretera principal CA-2.

Su distancia con respecto al Puerto de Acajutla es de 2 horas, y del Puerto de Santo Tomas de Castilla, en Guatemala, es de 8 horas aproximadamente.

Fuerza Laboral: Está ubicada en un área donde viven más de 100 mil trabajadores.

Zona Franca Santa Tecla

La Zona Franca Santa Tecla está ubicada en el Km. 12 ½ de la carretera principal al Puerto de La Libertad.La distancia con respecto al Puerto de Acajutla es de 1 hora y 30 minutos. Aproximadamente, está a 8-9 horas del Puerto de Santo Tomas de Castilla, en Guatemala.

Además, se localiza a 45 minutos del Aeropuerto Internacional El Salvador.

Fuerza Laboral: Existe una población laboral creciente en esta área

Zona Franca Industrial y Comercial San Bartolo

La Zona Franca San Bartolo está ubicada en la ciudad capital de San Salvador.

Zona Franca Santa Ana

Zona Franca Santa Ana, esta localizada en Km 69 Carretera a Metapán, Santa Ana. Exactamente 90 minutos de El Aeropuerto Internacional de El Salvador y de El Puerto de Acajutla en el Oceano Pacifico. Además aproximadamente a 7 horas de los dos puertos mas Importantes de Atlántico: Puerto Barrios y Puerto Santo Tomas de Castilla.

Fuerza Laboral: Existe una población laboral creciente en esta área.

Zona Franca Santo Tomás

La Zona Franca Santo Tomás está ubicada en el Km 15.5 de la carretera que conduce a Comalapa, en Santo Tomás. Su ubicación estratégica la pone en menos de 2 horas del Puerto de Acajutla en el Pacífico y cerca de 10 horas del Puerto de Santo Tomás de Castilla, en el Atlántico y a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional El Salvador.

Fuerza Laboral: Aproximadamente 60,000 personas habitan las áreas circundantes.

Zona Franca LIDO

La Zona Franca LIDO está ubicada en el Km. 31 de la carretera Pan-Americana, en el municipio de San Juan Opico, La Libertad. La distancia al Aeropuerto Internacional de El Salvador es de 55 minutos, y la distancia a la ciudad capital es de 25 minutos.

Fuerza laboral: Varios pueblos y ciudades están en los alrededores de esta zona franca.

Zona Franca Santa Lucía

La Zona Franca Santa Lucía está ubicada en la ciudad capital de San Salvador.

Zona Franca San Marcos

La Zona Franca de San Marcos se localiza en San Marcos, San Salvador, sobre la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Fuerza Laboral: Existe una población laboral creciente en los alrededores de esta área

Zona Franca Pipil

Zona Franca pipiles es el único de su tipo, ya que está diseñado especialmente para la agroindustria.

La zona libre se sitúa en Talcualhuya, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad, a sólo 90 minutos de El Salvador del Aeropuerto Internacional.Además, es menos de 12 horas de tres puertos del Atlántico: Puerto Cortés, Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrio. Además de ser sólo dos horas de distancia desde el puerto de Acajutla en el Océano Pacífico.

Fuerza laborar: En las proximidades de esta zona hay más de 4000 personas de unos 650 puestos de trabajo.

Zona Franca Calvo Conservas

La Zona Franca Calvo Conservas está ubicada en Punta Gorda, La Unión, localidad vecina del futuro puerto marítimo Puerto La Unión, que está en construcción y será uno de los más modernos en la Costa del Pacífico.

Específicamente, esta ZF se dedica a la industria del procesamiento de atún, con capacidad para llevar acabo actividades adicionales aprovechando su cercanía a un puerto marítimo.

RECURSOS

		Valor
	Elaboración de Trabajo Escrito	$ 5.00
	Anillado de Trabajo	$ 1.50
	Alquiler de Cañón Proyector	$ 7.00
	Alquiler de Lapton	$ 7.00
	Visita Agroexpo 2008 (2 entradas)	$ 3.00
	Total	$ 23.50

La exposición la haremos por medio de una presentación de Power Point

En la que expondrán tres miembros del grupo con una participación de 5 minutos cada uno (5 minitos por cada uno de los temas)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	15/02	18/02	21/02	22/02	23/02	24/02
Planificación de Trabajo
Recopilación de Información
Resumen de Información
Elaboración de Trabajo
Recopilación de Anexos
Visita agroexpo 2008
Finalizacion de Trabajo
Entrega de Trabajo

Grupo 7 Colonialismo vrs Caudillismo

EL CAUDILLISMO

El caudillismo es un fenómeno social surgido durante el siglo XIX en Hispanoamérica, consistente en la aparición en cada país de líderes carismáticos cuya forma de acceder al poder y llegar a el gobierno estaba basada en el endiosamiento de su persona, al hacer creer a sectores importantes de la población que el caudillo podía llegar a solucionar todos los problemas existentes.

Causas
Las causas de la aparición del caudillismo en América Latina fueron principalmente la ausencia de consenso político y las teorías de gobierno utópicas por parte de los aristócratas. Para acceder al poder, los caudillos se rebelaban con sus aliados militares, deponían al gobernante actual, disolvían el Congreso y se autoproclamaban presidentes provisionales. Después de un corto plazo, se elegía a un nuevo congreso y se convocaba a elecciones presidenciales. En las elecciones, salía elegido el caudillo que había presidido anteriormente la revolución y deposición del antiguo gobernante.

Los principales partidarios de los caudillos, aparte de sus hombres de armas de confianza, fueron los miembros de las clases enriquecidas. Así, estos aseguraban un flujo de dinero para el Estado del caudillo de turno y este se comprometía a darles beneficios.

El caudillismo se desarrolló principalmente en México (donde hubo una gran cantidad de presidentes militares en 50 años); en Chile con el gobierno de Bernardo O'Higgins a comienzos de la república; en Perú, donde hubo tres grandes militarismos, a inicios de la república, durante la reconstrucción nacional después de la guerra con Chile, y tras el oncenio de Leguía; en Argentina con el gobierno de Juan Manuel de Rosas en 1829 y en Colombia con el gobierno de Pedro Alcántara Herrán que promovió a la vez la constitución de 1843; y también en Bolivia, Paraguay, Ecuador y Venezuela.

Algunos de los caudillos de mayor influencia fueron Juan Manuel de Rosas en Argentina, Antonio López de Santa Anna en México, José Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, José Antonio Paez, Antonio Guzmán Blanco, José Tadeo Monagas en Venezuela, Francisco Franco en España, Salazar en Portugal y Agustin Gamarra en Perú.

la guerra de la independencia fue otra de las causas por la cual surgió el caudillismo

Consecuencias
La loca inestabilidad política actual es consecuencia de cómo fue organizado el Estado, al nacer a la vida republicana, sin base nacional y también debido a los sucesivos años de enfrentamientos políticos presididos por las diferentes facciones que se disputaban el poder en ese entonces. De esta forma, las repúblicas se constituyeron sobre una base inconsistente, sobre un Estado embrionario, desorganizado económicamente, caótico en el orden político y sin planes de gobierno que sigan disciplina y orden. Por esta razón, la democracia no es totalmente efectiva y se realiza un uso inadecuado de las conquistas del liberalismo, en vez de un correcto uso de la libertad.

El orden impuesto por fuerza bruta dentro del caudillismo ha quedado como herencia. Además, ciertas características “caudillescas” prosiguen hasta la actualidad. El caudillo, que buscaba gloria y poder, intentaba con sus obras ganarse la simpatía de la población y desprestigiar al máximo al anterior gobernante; así, reorganizaba el gobierno a su antojo y consideraba como malo todo lo que el gobernante anterior hubiese hecho. Hoy en día, muchos gobernantes desprestigian aquello gestado por sus antecesores y lo abandonan, buscando el propio beneficio, o tal vez como una estrategia para su obligada participación en las siguientes elecciones.

Por otro lado, es importante resaltar que, al hablar de caudillismos se habla también de consolidación de fuertes regionalismos, que mermaron el casi inexistente estado-nación. Así, hoy en día aún existen algunos de esos fuertes regionalismos, especialmente en el sur andino, que, a pesar de no ser una consecuencia directa del caudillismo, ayudó a que se solidificaran algunos de ellos. Por esta razón, algunas veces planes unificadores resultan insostenibles.

Política Caudillista
Los Caudillos expresaron intereses regionales combinados con sus ambiciones personales. Agustín Gamarra, por ejemplo, representó los intereses del sur andino, especialmente del Cuzco, mientras que Andrés de Santa Cruz, los de Bolivia y Arequipa.

El caudillismo en El Salvador
Hay que considerar que tanto la facción liberal como la facción conservadora estaban organizadas en torno a liderazgos personalistas (caudillistas). Este fenómeno hacía que no hubiera ejércitos institucionales y que cada caudillo reclutara su propia milicia. En Centroamérica, el máximo caudillo liberal fue el hondureño Francisco Morazán y el principal caudillo conservador fue el guatemalteco Rafael Carrera y Turcios, ambos tenían seguidores en El Salvador. Los caudillos salvadoreños como Gerardo Barrios (liberal) y Francisco Malespín y Francisco Dueñas (conservadores) representaron estas posiciones antagónicas.

El primero de los caudillos locales de El Salvador fue Francisco Malespín quien gobernó desde 1840 hasta 1845. Primero indirectamente, a través de los presidentes Norberto Ramírez, Juan Lindo y Juan José Guzmán, y a partir de 1844 directamente como presidente, sin embargo a los pocos días de asumir el poder, Malespín decide invadir Nicaragua y dejó al mando al general Joaquín Eufrasio Guzmán.

Gerardo Barrios, seguidor de Morazán, que había intentado derrocar a Malespín anteriormente, aprovechó su ausencia y convenció a Guzmán para asumiera como presidente (1845–46); le sucedieron Eugenio Aguilar (1846-48) y Doroteo Vasconcelos (1848-51). Francisco Malespín ayudado por Rafael Carrera intenta inútilmente recuperar el poder hasta que es asesinado en 1846. El presidente Doroteo Vasconcelos, cometió el error de enemistarse con Rafael Carrera, desconociendo a su gobierno, apoyando a los liberales guatemaltecos y repatriando desde Costa Rica, con honores, los restos de Morazán. Vasconcelos invadio Guatemala y fue derrotado en la Batalla de la Arada en febrero de 1851, concluyendo así, el primer período de gobierno de los liberales.

Los conservadores salvadoreños eligieron como presidente a Francisco Dueñas quien gobernó entre 1851 y 1854, y bajo su influencia se sucedieron José María de San Martín (1854-56), Rafael Campo (1856-58) y Miguel Santín del Castillo (1858). Durante este período se produjo el decaimiento de la producción añilera a causa por la invención de los colorantes sintéticos en Europa. El cultivo de la planta de jiquilite de la que se extrae el colorante azul índigo o añil había sido la base de la economía del país desde el período colonial.

En 1856 los países centroamericanos se unieron para atacar a William Walker que se había apoderado del gobierno de Nicaragua. El presidente Rafael Campo nombró a Gerardo Barrios como jefe de las fuerzas salvadoreñas destinadas a Nicaragua. A su regreso, victorioso, Barrios derrocó a Miguel Santín y en 1859 se proclamó presidente. Durante su gobierno, el presidente Barrios introdujo masivamente el cultivo del café en el país y fomentó la instrucción pública. A pesar de que Barrios trató de no enemistarse con Rafael Carrera, finalmente llegaron a la confrontación bélica y las fuerzas salvadoreñas son nuevamente derrotadas. De nuevo es Francisco Dueñas nombrado presidente en octubre de 1863, manteniéndose hasta 1871 con el apoyo de Guatemala.

En abril de 1871, el liberal Santiago González derrocó a Dueñas, lo que marca el triunfo de los liberales. En su gobierno que se prolongó hasta 1876, se proclamó la libertad de cultos, se secularizaron los cementerios, se legalizó el matrimonio civil, se introdujo la educación laica y se suprimieron las órdenes religiosas9 .

Colonialismo
Esquema sobre fechas de acceso a la independencia en época reciente.

El colonialismo es la influencia o la dominación de un país por otro más poderoso de una forma violenta, a través de una invasión militar, o sutil, sin que intervenga la fuerza. Esta dominación puede ser política, militar, informativa, cultural, económica o racial.

También se le puede llamar neocolonialismo para hacer referencia a una dominación de tipo económico, e incluso político, sobre un estado jurídicamente independiente. En sentido similar se utilizan los términos imperialismo y nuevo imperialismo.

La importancia de la era colonial y su historiografía ha tenido un gran desarrollo dentro de las disciplinas históricas, y se ha visto robustecida en los últimos años a raíz de la necesidad de comprender mejor los procesos globales.

Origen histórico
En términos generales puede decirse que las primeras colonias aparecen con los primeros imperios hace 5.500 años. Existieron colonias sumerias, babilónicas, egipcias, fenicias, cartaginesas, griegas, romanas, mayas, incas, aztecas, japonesas, chinas, hindúes, ghanianas, malianas, etc.En el siglo XV, la expansión europea dio lugar a colonias similares a las romanas, griegas,etc. en continentes como América Asia, Oceanía,...prolongándose en los siglos XVI,XVII y XVIII.

Pero en el uso estricto del término, el colonialismo a gran escala comenzó hacia el siglo XIX cuando Europa iniciará un proceso de expansión económica, y colonización económica(denominado expansión capitalista) de casi todo el mundo.

Época colonial en El Salvador (1530-1821)
La conquista del territorio significó el fin de una época de poblamiento indígena que había durado varios milenios. Después de miles de años de aislamiento, el territorio fue incorporado por la fuerza al Imperio español y convertido en colonia. El Imperio determinó que el territorio que hoy ocupa El Salvador formara parte de la Capitanía General de Guatemala, la cual dependía administrativamente del virrey de la Nueva España. La población nativa sobreviviente, diezmada por las guerras de conquista y por las nuevas enfermedades provenientes de Europa, pasaron a ser "indios" y su trabajo sería servir a sus conquistadores.

En los años que siguieron a la conquista, los españoles introdujeron animales y cultivos europeos en el territorio de El Salvador. Hubo un gran esfuerzo para inculcar la cultura y la religión de los conquistadores a los indígenas. Las órdenes religiosas, en especial los franciscanos y dominicos, colaboraron con el Imperio español en el proceso de evangelización. Se estableció el sistema de la encomienda, para controlar a la población nativa. Este sistema fue la recompensa que recibió cada conquistador por su servicio a la Corona.

La encomienda consistía en la asignación de un número específico de indígenas adultos, quiénes debían pagarle al encomendero, un tributo en productos o trabajo. Este sistema se prestó para muchos abusos en contra de los aborígenes. La esclavitud de los nativos fue expresamente prohibida en 1542, por las Leyes Nuevas. La Corona española estableció la caducidad de las encomiendas, generalmente después de un período de dos vidas, (es decir, después de la muerte de la primera generación de descendientes del encomendero), pasando los indígenas a pagar un tributo directo al Rey.

Como el territorio salvadoreño carecía de riquezas minerales importantes, la agricultura se transformó en la base de las actividades económicas. Entre 1550 y 1600, las dos actividades principales fueron el cultivo del cacao, realizado principalmente en la región de Izalco en el actual departamento de Sonsonate; y la extracción de la resina del árbol de bálsamo en la región costera. En el siglo XVII, la siembra del cacao decayó, y fue sustituido por el cultivo del jiquilite, la planta que sirve de base para la elaboración del colorante del añil.

Durante el período colonial, se produjo un proceso de mestizaje entre indígenas, negros y españoles. Para el momento de la Independencia, los mestizos constituían la mayor parte de la población del territorio.

La sociedad colonial salvadoreña estaba fuertemente segmentada. Por un lado, existía toda una codificación acerca de las relaciones entre los grupos étnicos. Existía el concepto que la posición que una persona ocupaba en la escala social, debía estar de acuerdo con una supuesta mezcla de sangres. Mientras más sangre española, mejor posición, por ello los españoles penínsulares ocupaban las posiciones de privilegio, en especial los puestos más altos del gobierno colonial.

Organización territorial de El Salvador en la colonia
La Nueva España (1535-1821) era el virreinato español que se extendía desde el Oeste de los Estados Unidos hasta Costa Rica en Centroamérica, teniendo su capital en la Ciudad de México. De este virreinato dependía la Capitanía General de Guatemala (comprendida por los actuales territorios de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua).

Desde 1532 hasta 1786 el país que en el futuro sería El Salvador, estaba dividido de esta forma:

Alcaldía Mayor de Sonsonate (los actuales departamentos de Sonsonate, Ahuachapán y agregado también el distrito de Chalchuapa, hoy del Departamento de Santa Ana)
Alcaldía Mayor de San Salvador (con toda la zona central y el Departamento de Santa Ana)
Alcaldía Mayor de San Miguel (toda la zona oriental)
Desde 1786 hasta 1824 como parte de las reformas borbónicas, se reorganizó el territorio:

Alcaldía Mayor de Sonsonate
Intendencia de San Salvador (formada por las Alcaldías Mayores de San Salvador y San Miguel)

Estratificación Social de clases sociales, Modelos Economicos y Politicos.

La Estratificación Social La estratificación social es la conformación en grupos verticales diferenciados de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos. La estratificación social da cuenta o es un medio para representar de la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes y atributos socialmente valorados. El concepto de estratificación social implica que existe una jerarquía social así como una desigualdad social estructurada. Dicha desigualdad esta institucionalizada, y tiene una consistencia y coherencia a través del tiempo. Formas de estratificación social, generalmente citadas, son las castas, estamentos y clases sociales.Un estrato social está constituido por un conjunto de personas, agregados sociales, que comparten un sitio o lugar similar dentro de la jerarquización o escala social, donde comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida. Se caracterizan por su relativa cantidad de poder, prestigio o privilegios que poseen. Si bien el punto central de la estratificación se refiere a la distribución de bienes y atributos la estratificación social, aunque también se puede considerar sobre la base de la etnicidad, género y edad. El término estratificación social es usado a veces como sinónimo de clase social por algunos economistas, sociólogos y cientistas políticos debido a que no posee la connotación marxista que sí tiene el término clase social. Estratificación social Se define a la estratificación social como las desigualdades estructuradas entre diferentes agrupamientos de individuos. Existen varios sistemas de estratificación:(4 grandes sistemas) que son los siguientes: Ø     Esclavitud.Ø     Sistemas de castas.Ø     Los estamentos.Ø     Sistema de clases sociales. La esclavitud es un sistema que consiste en que una persona tiene la propiedad sobre otra persona. El sistema de castas  •Las castas son un producto de la mezcla de razas. En el territorio conocido como Nueva España, la conquista de pueblos mesoamericanos y norteamericanos por parte de España dio como resultado una sociedad novohispana con gran variedad de castas. Estas castas se produjeron por mezclas entre los nativos y los españoles, así como con miembros de otras razas que fueron traídos por los recién llegados, o que fueron atraídos por la creciente popularidad de esa nueva tierra.  es el que se da en la India, no hay un sistema global de castas, existen muchos, pero todos comparten una serie de elementos comunes, existe un grupo (los intocables) que son los parias, y los brahmanes que están encima de todo de los sistemas de castas, en medio encontraríamos comerciantes, campesinos,... En la India existe la movilidad colectiva (en la esclavitud es imposible la movilidad, quien nace esclavo, muere esclavo) todo un grupo cambia de estamento. Ej.: el grupo de comerciantes de licor se van enriqueciendo mucho y comenzaron a cambiar las pautas de comportamiento. Son 3 tipos de estamento los nobles/ aristocracia –  1er estamento, La nobleza poseedora del máximo honor y prestigio, cuyas cualidades específicas se expresan en estilos comunes de vida, uso de símbolos o escudos de la familia, títulos de Duque, etc. Quienes por condición social repugnan realizar actividades lucrativas impropias del estamento que los distancia y excluye de otros estamentos. Clero - 2do estamento, El clero poseedor de la verdad revelada, al igual que los artesanos  quienes realizaban los trabajos manuales y los campesinos que cultivaban las tierras y criaban los animales en los fondos. Campesinos –  3er estamento. El sistema de clases sociales es el que se refiere a la estratificación vigente de nuestra  sociedad. Presenta una serie de diferencias respecto a los otros sistemas: Se pertenece a un grupo social sin que interceda nada, ni religión, ni jurídico, el hecho de que la posición es adquirida, por lo tanto existe movilidad, que nuestras diferencias vienen muy marcadas por la situación económica (la renta, el patrimonio) y que la posición de clase no se fundamenta en relaciones personales (amo-esclavo) esto no es tan importante como en función de condiciones de trabajo. Concepto de clase social:Son agrupamientos de personas a gran escala que comparten recursos económicos comunes y esto influye sobre sus estilos de vida. Ø     Clase alta (empresarios, grandes ejecutivos...).Ø     Clase media (técnicos cualificados, médicos...).Ø     Clase obrera (trabajadores). Para Karl Marx el eje definidor que determina la clase social es la propiedad o no propiedad de  los medios de producción (cuál es el medio por el cual nos ganamos la vida).  Como modelo ideal dice que sólo había dos clases sociales: 1. Los que tienen los medios de producción (los capitalistas, la burguesía).2. La clase obrera (los que venden su fuerza de trabajo). 

El elemento de relación entre la clase obrera y la capitalista es el concepto de explotación. La  relación de explotación hace referencia a todas las relaciones laborales entre empresario y  trabajadores. Según Marx, el concepto de explotación: es la clase obrera que produce mucho más de lo que los capitalistas les pagan. La diferencia que gana el empresario entre lo que gasta para producir y cuanto gana con la renta, es la plusvalía (beneficios).

SISTEMAS POLÍTICOS Empezaremos definiendo que se entiende por sistema políticoSe entiende por sistema político un conjunto organizado de leyes, instituciones públicas, ideológicas, organización burocrática estructuras sociales y acción de gobierno que define un modelo político de una sociedad concreta Desde el punto de vista histórico, el absolutismo es un sistema de gobierno  que consiste en la concentración máxima del poder en manos de una sola persona, como cuando nos referimos a la Monarquía absoluta.La significación política de absolutismo equivale a la de totalitarismo, y, por tanto, designa un sistema político no democráticoLos sistemas políticos se caracterizaban por su complejidad; de ahí resulta muy difícil establecer sus rasgos propios, puesto que además no se trata de habitualmente sistemas estáticos, si no que por su propia estructura son cambiantes y dinámicos. Y esto ultimo sucede gracias a la acción directa e indirecta que ejercen la sociedad o los ciudadanos sobre el propio sistema, el cual evoluciona a causa de esa acción bien incluyendo reformas sobre el sistema, bien sustituyendo algunos aspectos esenciales del mismo con lo cual se produce un cambio político del sistemaEl término ha sido confundido con los de forma de gobierno porque alude a la estructura y funcionamiento de los poderes públicos. Una forma de gobierno o sistema de gobierno o estructura de gobierno o régimen político o modelo de gobierno es una manera de ejercitar el los distintos tipos de poder por parte de poder gobernanteY una estructura de gobierno es la forma en la que se estructura dicho poder, sin embargo un sistema político es el sistema en el que se encuentra inmerso en dicho poder y en el cual ha de desenvolverse para conseguir su objetivo. De esta forma posee una connotación más dinámica y compleja pues no se refiere aisladamente a las instituciones de gobierno o al resto de actores políticos que inciden sobre ellas, sino a la interdependencia del conjunto y al proceso de toma de gobierno.De igual manera se ha empleado en ocasiones erróneamente para referirse al concepto de forma de Estado, concepto análogo al de forma de gobierno sólo que este último no sólo comprende también poder, sino además territorio y población.  En cuanto a su clasificación, pueden utilizarse muy variados criterios. Si atendemos, por ejemplo, al sistema de elección de los poderes públicos, distinguiremos entre democracias, dictaduras, totalitarismos, teocracias, etc. En cambio, si hablamos de la forma política del Estado podremos diferenciar entre Monarquías constitucionales, Monarquías absolutas o autoritarias, repúblicas democráticas, repúblicas socialistas, etc. Si atendemos, por contra, a la ideología política de los gobiernos que dirigen la acción del Estado, podemos catalogar a los sistemas políticos como liberales, socialistas, socialdemócratas, comunistas, etc. Por regla general, el marco que define a un sistema político es la Constitución, es decir, el texto legislativo fundamental que establece las instituciones del Estado, sus normas de funcionamiento, la división de poderes, los mecanismos de elección de gobernantes y derechos fundamentales de los ciudadanos  El sistema político en nuestro país En tiempos de la colonia dependíamos de la monarquía de España. Por ser colonia teníamos un sistema político de corte feudal pero no en lo económico. La independencia.El sistema de gobierno liberalismo 1870 hasta 1950. Basada en la libertad de mercado, libre competencias, y el Estado forma los aparatos que ayudan a consolidar el poder, formando bases para la policía, legislación y judicial. Actualidad. Hay otras situaciones políticas en el gobierno, con la llegada de Maximiliano Hernández Martínez, fue el primero de los gobiernos militares que tuvimos desde 1932 hasta 1979, a esta década se le conoce como Autoritarismo Militar, los militares se turnaban para tener el poder, siendo el ultimo el general Humberto Romero 1979, derrocado por militares jóvenes.La Guerra no se sabe en que se puede tener en una políticaLa paz lleva a una nueva políticaLa neoliberal. Donde se lleva a cabo todo lo Nuevo, estrategias de mercado, venta de acciones a los extranjeros, la banca, los servicios de comunicación, se basa en que el gobierno mantenga menos protagonismo y que la libre empresa se encargue de todo A la vez se forman los famosos grupos de poder.                        MODELO ECONOMICO  ¿QUE ES UN MODELO ECONOMICO?...La teoría económica es una disciplina que tiene por objeto, el estudio de los aspectos económicos. Una de las definiciones más utilizadas: Lionel Robbins: “la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación”Ø     Smith: “la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones “Ø     D. Ricardo: “las leyes que rigen la distribución de los productos de la tierra”Ø     Marx : “poner al desnudo la ley económica del movimiento de la sociedad moderna”  Economía de estado. EL SISTEMA DESCENTRALIZADO: Consiste en establecer que los individuos sean los protagonistas fundamentales de la economía. Quiere decir que cada individuo tiene la libertad de decidir la actividad que quiera ya sea en la producción o en la distribución. Este individuo debe elegir si se dedica a producir pan, zapatos o cohetes. O bien, si desea comercializar lo que otros producen. El sistema descentralizado establece como normas de funcionamiento el respeto a la propiedad de los demás individuos así como el respeto a la libre competencia. Ejemplos de sistemas descentralizados son: Sistema capitalista.  El capitalismo es un sistema económico surgido en Europa en el siglo XVI y concebido principalmente al menos de tres formas diferentes dependiendo del énfasis en la consideración de ciertas características como determinantes o intrínsecas -respectivamente políticas, culturales y sociales-, debido a lo cual las definiciones no se excluyen mutuamente por necesidad.En cada caso existe una referencia en el origen etimológico de la palabra "capitalismo" a la idea de capital, y estas referencias son codependientes: quienes crean o adquieren capital permanecen como sus propietarios (capitalistas) durante el proceso de producción, la acumulación de capital es el eje central de la vida económica, y tanto el interés como la renta del capital predominan económicamente como trabajo acumulado por encima del trabajo a destajo. Sistema de libre empresa. Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica de mercado, con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios (ánimo de lucro) intermediando en el mercado de bienes o servicios mediante la utilización de factores productivos (trabajo, tierra y capital) y con una unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad profesional el empresario por sí mismo o por medio de sus representantes.La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales.  Liberalismo económico.  El liberalismo económico defiende la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos (reduciendo los impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, producción, etc.), sin dejar de lado la protección a «débiles» (subsidios de desempleo, pensiones públicas, beneficencia pública) o «fuertes» (aranceles, subsidios a la producción, etc.). La impopularidad de reducir a veces la protección de los más desfavorecidos lleva a los liberales a alegar que resulta perjudicial también para ellos, porque entorpece el crecimiento, y reduce las oportunidades de ascenso y el estímulo a los emprendedores. Economía de mercado.  Por economía de mercado se entiende la organización explícita y asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda. En una economía de mercado, productores y consumidores coordinan sus planes interactuando en el mercado. Se supone que ambos tipos de agentes económicos asumen el precio de los bienes como un dato dado y, a partir de allí, toman sus decisiones de producción y consumo, maximizando la ganancia en el caso de los oferentes y maximizando la función de utilidad (satisfacción) en el caso de los consumidores. La participación de ellos, ofreciendo y demandando cantidades de bienes y servicios a su vez altera las condiciones del mercado afectando la evolución de los precios. Este proceso ha sido denominado por Adam Smith, como la mano invisible. Neoliberalismo.  El neoliberalismo es una doctrina económica que propugna el libre mercado y la limitación del intervencionismo estatal en la economía. ... (Económico) Teoría económica basada en el Liberalismo, que propugna la no intervención estatal en la economía de un país. El neoliberalismo establece que el sistema económico más idóneo es aquel que le brinda total libertad a los participantes del mercado y facilita la privatización, el mercado libre y la reducción de la intervención gubernamental en la economía. .Estos son los dos modelos puros de la economía. Sin embargo, no existe ningún país que lo aplique al pie de la letra. Todo país tiene una mezcla de los dos modelos económicos. Hay sociedades que tienen más mercado que estado, por ejemplo, Hong Kong, Singapur, Taiwán, etc. Otras sociedades tienen más estado que mercado, por ejemplo, Corea del Norte, Cuba, China, etc. ¿Por que hay economías mezcladas? Una explicación radica en que es muy difícil definir el proyecto de estado que desea cada sociedad. Se requiere tener teóricos que comprendan perfectamente los dos grandes paradigmas de la economía. Pero, el pensamiento económico que ha dominado desde principios de este siglo ha sido el que se fundamenta en las ideas de Carlos Marx y John Maynard Keynes. MARX estableció las bases teóricas para la creación de los sistemas centralizados mediante su prédica para la abolición de la propiedad privada y del capitalismo. KEYNES estableció la teoría para legitimar la intervención del estado en la economía. En realidad ambos autores empujaban hacia el mismo lado, es decir, hacia el centralismo económico. Por lo tanto unos países se declararon abiertamente socialistas, fascistas o nazis y otros simpatizaron con las ideas Keynesianas de permitir que los gobiernos dirigieran la economía, controlaran los mercados, regularan la producción, y manipularan la moneda. De esta manera, el sistema de mercados libres sufrió un descalabro, se eliminaron las libertades económicas (y por lo tanto, políticas) de los individuos y la burocracia gubernamental tomó el papel estelar de la película.

 

EL CONSTITUCIONALISMO

Es en la edad media cuando comienza el desarrollo y expansión de las constituciones. En esta época se extienden las cartas, especialmente locales, que regulan la existencia de los burgos, marcando los derechos y garantias correspondientes al pueblo.El constitucionalismo moderno parte de la época de las revoluciones liberales del siglo XIII (revolucion francesa emancipaciones americanas, etc.) respuesta al Antiguo Regimen y su sistema Absolutista o autoritario. El siglo XIX supuso un desarrollo constante de esta idea de constitución, de división de poderes y de establecimiento del derecho moderno como hoy lo conocemos. Así, con el liberalismo, las constituciones se concretan y desarrollan mucho más que en ningún otro momento histórico.Las primeras constituciones modernas (empezando con la estadounidense de 4 de marzo de 1789) estableciendo los límites de los poderes gubernamentales, y de protección de los derechos y libertades fundamentales con las primeras enmiendas de 15 de Diciembre de 1791 conocidas como Declaración de Derechos (Bill of Rights).El siguiente hito fundamental fue la segunda gerra mundial, luego de la cual el proceso iniciado levemente en la Revolución Francesa tuvo un gran desarrollo y aceptación. Este proceso fue el reconocimiento de los Derechos Humanos que, desde entonces y de manera creciente, tiene una mayor aceptación como parte esencial de toda constitución. La norma fundamental no solo es, entonces, una norma que controla y estructura el poder y sus manifestaciones en una sociedad sino que además es la norma que reconoce los derechos que el Estado advierte en todas las personas. La Constitución no otorga los derechos, como tampoco lo hacen las múltiples declaraciones que internacionalmente se han pronunciado sobre el tema, los derechos humanos son precedentes a cualquier estado y superiores a cualquier expresión de poder que este tenga.Hasta el día de hoy el proceso demostró un desarrollo gracias al cual el modelo inicial del sujeto poderoso y violento pasó al pueblo soberano y superior en sus derechos a cualquier expresión del Estado. Hoy el sujeto poderoso no es una persona sino que es una entelequia creada por el pueblo y ocupada por él según las normas que este mismo estableció a través de una Constitución.El punto más novedoso de este desarrollo se da con la certeza de que la mera declaración de derechos no hace a estos invulnerables a cualquier violación o intento de violación por parte tanto del Estado como de otras personas. En ese sentido el desarrollo del Constitucionalismo moderno se dedica al estudio de procedimientos que aseguren una adecuada protección a los derechos reconocidos. Algunos de estos procedimientos tienen un gran desarrollo histórico y teórico (como el habeas corpus que data elsiglo XII) y otros son aun novedosos y tienen poco desarrollo (como el  habeas data y la accon de cumplimiento)CONSTITUCIONALISMO MODERNOHace más de 60 años, Charles Howard McIlwain abrió su clásico tratado Constitucionalismo Antiguo y Moderno con esta frase: “Parece ser el momento para examinar el principio general del constitucionalismo [...] un examen que debería incluir alguna consideración de las etapas  sucesivas de su desarrollo.”   Hoy, a principios del siglo XXI, y después de más de doscientos años de constitucionalismo moderno, tenemos que admitir que nuestro conocimiento de su historia es casi inexistente. Aquel moderno constitucionalismo que apareció al final del siglo XVIII parece estar más allá de cualquier disputa. Las revoluciones Americana y Francesa constituyeron, de acuerdo con Maurizio Fioravanti, “un momento decisivo en la historia del constitucionalismo”, inaugurando “un nuevo concepto y una nueva práctica”. Doscientos años más tarde, se da por supuesto que cada país en el mundo, con la excepción del Reino Unido, Nueva Zelanda e Israel, poseen una constitución escrita basada en el moderno constitucionalismo. Pero mientras nosotros reconocemos la aceptación global de un principio político, por singular que sea, y mientras que eruditos como Bruce Ackerman han acuñado el término “constitucionalismo mundial”, debemos admitir, y no sin dificultad, que a pesar de McIlwain, Fioravanti, y numerosos otros académicos, definitivamente no sabemos cómo llegó a suceder todo esto.
  Se han realizado numerosos estudios en derecho constitucional y en historia constitucional. Aunque generalmente han enriquecido nuestro conocimiento, nos han dicho muy poco acerca del constitucionalismo moderno y su historia. Al partir desde el Estado-nación, tendieron a carecer de una perspectiva abarcadora y usualmente se restringieron ellos mismos a acumular información Estado por Estado. En contraste, los más feroces oponentes del constitucionalismo moderno desplegaron su conocimiento completo del concepto inmediatamente después de la conclusión de ese evento decisivo, la revolución de 1848. Ellos denunciaron lo que llamaron la “esencia y fastidio del moderno constitucionalismo”, como dijo el título de un libro, y con él, su historia y sus principios o elementos esenciales. Aunque sus argumentos carecen hoy de validez, el fenómeno que describieron merece aun más atención en nuestro tiempo que el obligado hace ciento cincuenta años.
  Esos principios del constitucionalismo moderno fueron los mismos que Carl von Rotteck definió en los 1830s como el “sistema constitucional [...] tal y como ha evolucionado desde el inicio de la Revolución Americana y – más efectivamente en Europa – de la Revolución Francesa [y] – que es concurrente, completamente en teoría, y al menos de forma aproximada en la práctica – con el sistema de Staatsrecht puro, basado en la razón”. Sus principales principios fueron los derechos humanos, la separación de los poderes, el gobierno representativo, la limitación del poder gubernamental, la responsabilidad política y la independencia judicial. Los principios del constitucionalismo moderno tuvieron origen en la pregunta de cómo la libertad individual podría asegurarse permanentemente contra las intervenciones del gobierno, considerando las debilidades de la naturaleza humana. ¿Cómo podrían edificarse constituciones tomando en cuenta la experiencia histórica y política, así como la teoría política, el derecho y la filosofía?
  Partiendo de la idea medieval de un rey instituido con la potestas temperata, la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688-89 había establecido el principio de la monarquía limitada como una doctrina constitucional oficial. La Revolución Americana, esforzándose por asegurar la libertad individual, transformó esta doctrina en el principio constitucional del gobierno limitado. Por primera vez, la idea tradicional de limitar el poder había derivado en la concesión de derechos positivados a los individuos,  la protección de los cuales podría reclamarse en la corte contra las pretensiones del gobierno. De acuerdo con la ley natural, no fue el orden divino de los tiempos antiguos el que otorgaba legitimidad a la constitución, sino únicamente el pueblo. Tal y como había insistido Thomas Paine, una constitución así, por lo tanto, no podría ser jamás el acto de un gobierno, sino que precedería por necesidad a cualquier gobierno. Este fundamento conceptual del constitucionalismo moderno resultó en los principios de la soberanía popular, el anclaje de la constitución en principios universales, una declaración de derechos, gobierno limitado, y la consideración de la constitución como la ley suprema.
  Estos cinco fundamentos condicionaron otros cinco principios con el objeto de hacer a la constitución funcionar de acuerdo a las metas del constitucionalismo moderno: gobierno representativo para ampliar su legitimidad y para prevenir el gobierno aristocrático y la corrupción; la separación de los poderes de acuerdo a Montesquieu, para excluir toda concentración tiránica del poder; la exigencia de responsabilidad política y de un gobierno responsable, para controlar el poder; independencia judicial para que la ley prevaleciera por sobre el poder y perdurara; y un procedimiento ordenado de reforma de la constitución ante el simple paso del tiempo o para corregir errores u omisiones, con la participación del pueblo o de sus representantes, mientras que se previenen alteraciones arbitrarias o pobremente pensadas.
  Estos diez principios aparecieron por primera vez en Virginia en 1776. El 12 de junio de 1776, la Convención  General de delegados y representantes de varios condados y corporaciones de Virginia adoptaron lo que ha sido conocido como la Virginia Declaration of Rights. Fue un documento revolucionario, pero que algunas veces es incorrectamente llamado la Virgina Bill of Rights (en una inconsciente o tal vez deliberada alusión al Bill of Rights inglés de 1689). La referencia al inglés “Acto de declarar los derechos y libertades del vasallo y establecer la sucesión de la corona”, como su propio título lo dice, es engañosa, pues fue publicada por “los dichos Lores Espirituales y Temporales y Comunes [...] para reivindicar y asegurar sus Derechos y Libertades”. En términos estrictamente políticos, marcó el final de la Revolución Gloriosa y pasó a ser parte de su consolidación. El Bill of Rights inglés no se refiere a principios universales o a ninguna idea abstracta; en realidad, considerando la tentativa del último Rey de “Suprimir y extirpar la Religión Protestante, y la Leyes y Libertades de este Reinado”, los Lores y Comunes hicieron uso de lo que ellos entendieron como “Sus indiscutibles Derechos y Libertades”.
  Los delegados de Virginia de 1776 pudieron fácilmente hacer uso de un lenguaje similar, así como numerosos colonos lo habían hecho durante la década anterior. Pero ellos deliberadamente introdujeron un lenguaje nuevo: “Una declaración de derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, congregados en convención general y libre; cuyos derechos  pertenecen a ellos y a su posteridad, como la base y fundamento de gobierno.” Este es un documento completamente nuevo, que emplea un nuevo y audaz lenguaje. Fue una “declaración de derechos”, no un documento subjetivo declarando derechos, y fue establecido por “los representantes del [...] pueblo”, quienes fueron “congregados en convención general y libre”, y no en una asamblea cualquiera, con una equívoca legitimización. Además, ellos habían declarado los derechos, apropiadamente, como pertenecientes al pueblo y a sus descendientes, y no a la asamblea o a la convención misma, en contraste con alguna otra institución. Estos derechos sirvieron, en la frase más revolucionaria de todas, “como la base y fundamento de gobierno”, una afirmación completamente desconocida y contradictoria con cualquier forma de entender la constitución inglesa.
  Este audaz lenguaje revolucionario fue sustanciado en las dos primeras secciones del documento, el cual develó la fuente de todos los derechos determinados: la naturaleza. El derecho natural no solamente confería a la gente “ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, ellos no pueden, por ningún pacto, privar o despojar a su posteridad”. También probó que “todo poder es conferido, y consecuentemente derivado, del pueblo”.
  Sin palabra alguna referida a la constitución inglesa o a la necesidad de restaurar antiguos derechos que habían sido violentados, la Declaración de Derechos de Virginia pregonó al mundo la soberanía del pueblo, los principios universales, y la inherencia de los derechos humanos, declarados en una constitución escrita como “la base y fundamento de gobierno”. Fue el verdadero nacimiento de lo que entendemos hoy como constitucionalismo moderno.
  En realidad, la Declaración de Derechos de Virginia no fue el primer documento constitucional de la Revolución Americana. Fue precedida por la Constitución de New Hampshire del 5 de enero de 1776, y por la Constitución de Carolina del Sur de 26 de marzo de 1776. Pero el lenguaje de estos dos documentos se parece mucho más al Bill of Rights inglés, el lenguaje de los derechos antiguos y de las libertades violentadas, pero rescatadas para ser restauradas. A pesar de que hay una referencia casual al derecho natural en la Constitución de New Hampshire, y de que el documento de Carolina del Sur por primera vez se autodenominó “constitución”, ninguna de ellas apeló a la soberanía del pueblo, principios universales, derechos humanos inherentes, o a una constitución escrita como “la base y fundamento de gobierno”. Como las primeras constituciones escritas, fueron nuevas en su forma, pero su contenido no había todavía abandonado sus connotaciones tradicionales.
  Todo esto cambió con la Declaración de Derechos de Virginia de junio de 1776. No solamente enumeró varios de estos derechos. También proclamó criterios adicionales, que desde entonces son considerados fundacionales del constitucionalismo moderno. Estos son la responsabilidad y la obligación del gobierno de rendir cuentas por sus actos, el derecho “a reformar, alterar, o abolir” el gobierno, la separación de los poderes, el “juicio por un jurado imparcial”, y la idea de que el gobierno constitucional es por su propia naturaleza un gobierno limitado. Fue una mezcla de principios fundamentales y de elementos estructurales que serían integrados a una constitución posterior, considerados indispensables precondiciones para asegurar la libertad individual y garantizar el gobierno racional de acuerdo a la ley, en vez de un gobierno de acuerdo al placer, el privilegio, o la corrupción. Ninguno de estos criterios fueron realmente nuevos. En realidad, ellos fueron extensamente discutidos a lo largo de las colonias durante la década precedente. Pero nunca antes habían aparecido en un documento público en forma coherente, constituyendo la base de un nuevo orden político.
  Más allá de haber enumerado ciertos derechos, aunque de forma incompleta, la importancia singular de la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776 se basa en el establecimiento de un catálogo completo de lo esencial del constitucionalismo moderno, cuyo carácter fundacional no es hoy menos válido de lo que fue hace más de doscientos años: soberanía del pueblo, principios universales, derechos humanos, gobierno representativo, la constitución como ley suprema, separación de poderes, gobierno limitado, responsabilidad y obligación de rendir cuentas del gobierno, independencia judicial e imparcialidad, y el derecho de la gente a reformar su propio gobierno, o poder constituyente del pueblo. Estos diez elementos esenciales del constitucionalismo moderno son expresados en la Declaración de Derechos de Virginia, y por más de doscientos años ninguna constitución que reclame su adhesión a los principios del constitucionalismo moderno se ha atrevido abiertamente a desafiar ninguno de estos principios, cuando se ha idealizado la sociedad basada en la razón, que dispone de una base legal sólida para atender los intereses encontrados y los conflictos.
  Sin embargo, la historia del constitucionalismo moderno está llena de intentos de evadir uno o varios elementos en este catálogo, o de rechazar más o menos la totalidad del mismo; en otras palabras, de establecer una constitución escrita negando manifiestamente los principios del constitucionalismo moderno.  Esta oposición fundamental al moderno constitucionalismo nunca fue una opción política viable en ninguno de los estados de Estados Unidos hasta la mitad del siglo XIX. Sin embargo, se requirió de tiempo y experiencia para transformar estos elementos básicos en principios generalmente aceptados. La Constitución de Maryland de 1776 incorporó los diez elementos esenciales de la Declaración de Derechos de Virginia, pero la siguiente constitución en hacerlo fue tan sólo la de Massachussets, en 1780. Ninguna de las otras ocho constituciones escritas entre 1776 y 1780 se adecuaron plenamente a ese listado.
  Las Constituciones de Nueva Jersey de 1776 y la de Carolina del Sur de 1778 fueron las que más divergieron, adoptando meramente la idea de un gobierno representativo. La mayor resistencia durante esos años se alzó contra la estricta separación de los poderes y contra una administración de justicia independiente, mientras que la extendida falta de inclusión de cláusulas de reforma constitucional parece haber sido más el resultado de la inexperiencia y de la ignorancia que de la oposición a ese instituto. Las constituciones de 1776 de Delaware y Pennsylvania, y la de Vermont de 1777, aunque adoptaron todos los otros elementos básicos de la Declaración de Virginia, solo fallaron al no cumplir con dos de estos tres disputados principios.
  Aunque algunos de estos elementos esenciales no se han alzado por encima de la condición de meras declaraciones en papel en varias constituciones, faltándoles aún sustancia, el principio ha sido por lo menos reconocido y podría añadir su peso factual con el transcurso del tiempo. El clásico ejemplo es la soberanía del pueblo, desde la cual la elevada Declaración de Virginia se fusionó, en la fórmula introductoria  “Nosotros, el pueblo”, en el preámbulo de la Constitución Federal de 1787, una vía de escape aprovechada por un número de constituciones de los Estados miembros en décadas ulteriores. La última constitución, la cual rehusó incluso aceptar esta simbólica declaración, fue la constitución de Louisiana de 1812. En muchas instancias, esta siguió cercanamente la constitución de Kentucky de 1799, ella misma una versión revisada de la constitución de Kentucky de 1792, la cual había sido la siguiente constitución en reproducir los diez elementos básicos de Virginia tras la Constitución de Massachussets de 1780, y su clon de New Hampshire, de 1784.  Sin embargo, Louisiana, no solamente rehusó emular el carácter democrático de la Constitución de Kentucky, sino que también declinó adoptar su Declaración de Derechos con énfasis en principios universales. No fue el resultado de un descuido negligente sino, entre otras cosas, una evasión conciente de la estipulación del Acto Facultativo del Congreso, el cual había ordenado que la libertad religiosa fuera incluida en la Constitución.
  La Constitución de Luisiana de 1812 es un típico ejemplo de deliberada oposición a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno de los Estados Unidos, una oposición que asumió diferentes formas en diferentes épocas. En los 1770`s y 1780`s la estricta separación de poderes fue más a menudo rechazada que aceptada, mientras que entre 1818 y 1849, cuando la democracia tomó terreno en los Estados Unidos, cerca de la mitad de las constituciones estaduales fallaron en incluir un estricto atrincheramiento de la constitución como norma suprema, o por lo menos de parte de esta, en el documento. Sin embargo, en una escala general, el constitucionalismo moderno prevaleció. La constitución provisional de Texas de 1835, todavía bajo el impacto del pasado Mexicano, difícilmente contenía alguno de los elementos básicos del constitucionalismo moderno. La nueva constitución de 1836, resultante de lo que se había estilado en la Revolución de Texas, casi no dejó fuera a ninguno. En la mitad del siglo XIX, las constituciones de cerca de la mitad de los estados americanos contenían todos los diez elementos esenciales enumerados en la Declaración de Derechos de Virginia.
  Este decálogo constitucional, introducido primero en Virginia en 1776, y hasta entonces nada más que una peculiaridad americana, pronto probó estar completamente entrelazado con el constitucionalismo moderno en una escala global. El 26 de agosto de 1789  se proclamó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el correlato europeo de las declaraciones americanas de derechos, y aquí de nuevo, como trece años antes, encontramos los elementos básicos del constitucionalismo moderno. Las diferencias, sin embargo, son notorias. El texto comienza con referencias a los representantes del pueblo, derechos humanos, principios universales, y lo que puede interpretarse como la soberanía del pueblo, y culmina en el famoso artículo 16: “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.” Visto en conjunto con la Constitución de 1791, los dos documentos representando la quintaesencia del logro constitucional de la fase inicial de la Revolución Francesa, tenemos que admitir que ninguno habla [SUPRIMIDO: acerca] de la independencia judicial, la responsabilidad gubernamental, el gobierno limitado, ni de la constitución como atrincherada ley suprema. Pero, y por primera vez en un documento constitucional, fue establecida la teoría, como se refleja en el artículo 16 de la Declaración Francesa, de que solamente nos permitimos hablar de una constitución en términos del constitucionalismo moderno si el texto cumple ciertos requerimientos definidos. En consecuencia, en contraste con lo que había sido llamado “constitución” en los tiempos precedentes, el constitucionalismo moderno quedó fijado en un número de elementos esenciales. Lo que había comenzado en América en 1776 como un nuevo lenguaje político, nacido en un movimiento de levantamiento revolucionario y finalmente sancionado a través de la práctica política y de la experiencia política, el art. 16 de la Declaración Francesa de los Derechos de 1789 lo elevó al nivel de un axioma en teoría constitucional, proveyendo el fundamento teórico del moderno constitucionalismo, ausente hasta esa fecha. Al mismo tiempo, fiel a sus principios universales, transformó el constitucionalismo moderno de una idea meramente americana en un fenómeno transnacional cuyas repercusiones se sentirían globalmente.
  Los diez elementos básicos de Virginia, a pesar de no haber sido reproducidos completamente por la Declaración Francesa de los Derechos de 1789 y la Constitución de 1791, solamente recibieron las credenciales de ser los elementos fundacionales del constitucionalismo moderno como un fenómeno global, al ser retomados en Francia en 1789 y porque el art. 16 declara que solamente la existencia de ciertos elementos esenciales nos permite hablar de constitución en su significado moderno. Cualquiera que sea la importancia del art. 16 en un contexto específicamente francés, su significado total reposa en el hecho de que por primera vez un documento constitucional insiste en que el constitucionalismo moderno envuelve ciertos elementos básicos, en ausencia de los cuales no se nos permite hablar apropiadamente de él.
  Independencia judicial, responsabilidad, gobierno limitado, y el atrincheramiento de la constitución no fueron omitidos desde los  primeros documentos constitucionales franceses al azar. Por varias razones, hubo de transcurrir un largo tiempo hasta que [SUPRIMIDO: ellos] fueron aceptados como principios del constitucionalismo francés. La mayor parte de ellos, en realidad, fueron solamente incorporados en décadas recientes, cuando la constitución de la Quinta República evolucionó. La historia del constitucionalismo moderno en Francia no solamente está caracterizado por estas particularidades, sino también por mayores agitaciones y rupturas, las cuales hicieron del constitucionalismo francés, y con él, del constitucionalismo europeo en su totalidad, tan diferente de su correlato americano. A pesar de que las constituciones de 1791, 1793 y del año III (1795) se basaron a fondo en la mayoría de los principios del constitucionalismo moderno, cambios abruptos vinieron con la constitución del año VIII (1799). No contenía ninguno de los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, pues concentró el poder en las manos del Primer Cónsul, y se convirtió en un modelo para otros regímenes autoritarios, de cómo esconder la consolidación del poder político en las manos de un dictador tras una fachada constitucional.
  Obviamente, las fachadas constitucionales para gobernar autoritariamente están en abierta contradicción con el constitucionalismo moderno. Su única contribución a la historia del moderno constitucionalismo descansa en documentar una fundamental y exitosa política de oposición a él. Esto podrá decirnos algo respecto a si la propagación de los principios del constitucionalismo moderno y del gobierno racional de acuerdo a reglas fijas ha echado raíces en un país, en un momento específico, pero el desarrollo constitucional después del inevitable colapso final de una dictadura política usualmente será mucho más revelador.
  Tres textos constitucionales desde el resquebrajamiento del Imperio Napoleónico merecen particular interés. Estos son el proyecto constitucional del Senado, de 6 de abril de 1814, de la Cámara de Representantes, de 29 de junio de 1815, y la Declaración de Derechos de los Franceses del 5 de julio de 1815. Diferentes como son, todos ellos documentan el intento de reintroducir el constitucionalismo moderno y sus principales elementos básicos en Francia. Fueron propuestos la soberanía del pueblo, los principios universales, los derechos humanos, el gobierno representativo, la separación de los poderes, e incluso la independencia judicial, pero ninguna de estas ideas se materializó en esos años. En cambio, la restauración Borbónica logró su legitimación con la Carta de 1814.
  La Carta de 1814 rápidamente se convirtió en el modelo de constitución para la restauración de Europa a principios del siglo XIX, por dos razones. Primeramente, aceptó la revolucionaria idea de una constitución, sin nombrarla abiertamente, mientras era decretada por el monarca. Segundo, rechazaba conscientemente el constitucionalismo moderno. La soberanía del pueblo no fue admitida, no fueron declarados principios universales ni derechos humanos. Los derechos públicos de los franceses no fueron substitutos equivalentes. No se estableció gobierno representativo ni se atrincheró la constitución como ley suprema.  En vez de una separación de poderes, todos los poderes emanaron del monarca. No hubo provisiones para el gobierno limitado ni para la responsabilidad gubernamental, ni para el poder constituyente del pueblo. La única concesión fue que los jueces, que eran nombrados por el monarca, ocuparían sus cargos mientras exhibieran buen comportamiento. Este modelo fue convertido en paradigma para casi todas las constituciones alemanas durante los siguientes años, y fue proclamado por los conservadores a través de Europa, donde los ultramontanos  lo consideraban aún muy liberal. La Carta de 1830 solamente redujo levemente el poder del monarca y extendió los derechos del legislativo, pero en lo que concierne a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno las cosas permanecieron básicamente iguales. Sólo se introdujeron cambios parciales con la constitución de 1848, que proclamó una vez más la soberanía del pueblo, pero vaciló respecto de reconocer los principios universales y los derechos humanos. Ciertamente, la constitución de 1848 aceptó el gobierno representativo, la separación de poderes, la independencia judicial, y el poder de revisión constitucional, pero la constitución no estaba atrincherada, ni estaba limitado el gobierno ni garantizada la responsabilidad de las autoridades. A pesar de que 1848 significó una fecha crucial para el constitucionalismo moderno, fue – por lo menos en Francia – una victoria parcial y temporal.
  Mientras que la Carta Francesa de 1814 personificó la estirpe del constitucionalismo antimoderno en la restauración de Europa, la Constitución Española de Cádiz de 1812 propuso un compromiso liberal. Lo más importante: había proclamado la soberanía del pueblo; aunque virtualmente guardaba silencio acerca de los principios universales y los derechos humanos. Estableció un gobierno representativo, la separación de poderes, y la independencia judicial. Reconoció la constitución como ley suprema y contenía previsiones concernientes al poder de revisión constitucional, aunque no abordó las ideas del gobierno limitado y de la responsabilidad del gobierno. A pesar de la oposición fundamental de Metternich y la Santa Alianza, la constitución fue readoptada dos veces en España y adicionalmente introducida a principios de 1820`s en las Dos Sicilias, Piamonte, y Portugal. Lo que la constitución jacobina francesa de 1793 vino a representar para la izquierda democrática europea en la segunda mitad del siglo XIX, la Constitución de Cádiz simbolizó los ideales liberales en la primera mitad.
  El significado general de la Constitución de Cádiz reposa en el hecho de constituir el más importante intento en Europa, en la primera mitad del siglo XIX, de combinar la esencia del constitucionalismo moderno con el orden monárquico existente. Por esta razón fue vehementemente rechazada, y no solo por los conservadores a todo lo largo de Europa, sino también por los liberales moderados, quienes se negaban a aceptar mayores limitaciones al poder monárquico que aquellas provistas por la constitución británica antes de 1832.
  La constitución británica continuó teniéndose en alta estima por todos aquellos que habían aceptado en Europa la idea de una constitución, pero que rechazaban el constitucionalismo moderno. Desde la década de 1790, una activa política exterior de los británicos, que promovía la redacción de constituciones de acuerdo a las líneas generales de la constitución británica, con el objeto de prevenir revoluciones de origen francés, había contribuido sustancialmente a generar este clima de opinión. Básicamente, las ideas británicas descansaban en la suposición de que la libertad individual podía ser garantizada de forma más eficiente y duradera por un compromiso político ilustrado, más que por las rígidas estipulaciones constitucionales. Un ejemplo expresivo es la Constitución de la Unión de Islas Jónicas, de 1817, la llamada Constitución de Maitland, que no reconoció ninguno de los fundamentos del constitucionalismo moderno, pero permitió internamente el gobierno de la aristocracia local, bajo estricta supervisión británica.
  En vista de la tenaz oposición a la Constitución de Cádiz por parte de la Santa Alianza, que no se inhibió de utilizar incluso la intervención militar para echarla por tierra, una nueva constitución que buscaba introducir los fundamentos del constitucionalismo moderno adquirió prominencia en la Europa liberal, mientras la Rusia zarista se dedicaba a pacificar el alzamiento polaco y la diplomacia británica en Londres extraía un compromiso entre las cinco grandes potencias europeas, sobre el futuro estatus de ese país: la Constitución Belga de 1831. Ella fue una obra maestra del camuflaje constitucional. Sus más fuertes opositores le podían reprochar contener todos los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, pero sus partidarios podían igualmente sostener que en ninguna parte los expresaba. En su versión francesa, evitaba proclamar abiertamente la soberanía popular, recurriendo en su lugar a la fórmula ambivalente de que todos los poderes derivaban de la nación. La fraseología tendió a referirse a la Constitución Francesa de 1791, integrando al Rey en la nación. Sin ser el resultado de un vago compromiso o, como la Paulskirche en 1848, un deliberado rechazo de la idea de soberanía popular, el significado del artículo respectivo puede ser mas explícito en su versión oficial flamenca: “Alle gezag komt van het volk [Todo el poder proviene del pueblo]”. Sin embargo, lo que algunos podían entender como una soberanía popular disfrazada, otros lo podían descartar fácilmente como una pobre traducción.
  Ahí no había declaración de derechos y de principios universales, pero en sustancia, el Título II “Sobre los Belgas y sus derechos”, servía al mismo propósito. No fue proclamada la responsabilidad del gobierno, pero el art. 24 señaló cómo podía hacérseles responsables por actos administrativos a los funcionarios públicos. La constitución quedó atrincherada como ley suprema, pero no se tomó ninguna medida para prevenir que el artículo respectivo fuera derogado. Los privilegios políticos de la aristocracia fueron abolidos, pero para ser elegido senador era necesaria la calidad de gran propietario. Así, el gobierno representativo quedó asegurado, paralelamente a la separación de los poderes, el gobierno limitado, la independencia judicial, y finalmente, al poder de revisión constitucional.
  El constitucionalismo moderno había alcanzado su mayor triunfo hasta el momento en Europa, incluso superando a Suiza, donde el entusiasmo revolucionario había conducido a la Declaración de los Derechos en Ginebra, tan temprano como en 1793. Alejada de la influencia francesa, la república alpina estaba caracterizada por sus intactas tradiciones locales que se contradecían con el constitucionalismo moderno. En particular, la tradición suiza de la comunidad soberana, que actúa a través de formas de democracia directa, difícilmente permitía la adopción de esos elementos esenciales al constitucionalismo moderno tales como el gobierno representativo, la separación de los poderes, el gobierno limitado, la independencia del aparato judicial, o una atrincherada ley suprema. Pero, fuera en pequeñas repúblicas o extensos estados, el progreso del constitucionalismo moderno continuó siendo más implícito que explícito. La soberanía de la nación pudo también significar un rechazo conciente a la idea de la soberanía popular, como se demostró de nuevo durante las deliberaciones de la Paulskirche en 1848-49. Incluso hoy, de las monarquías en la Unión Europea, sólo la constitución sueca de 1974 y la constitución española de 1978 proclaman abiertamente la soberanía popular.
  En su conjunto, las revoluciones Europeas de 1848 constituyeron el momento más decisivo para el constitucionalismo moderno y su futura historia desde finales del siglo XVIII.  Ningún otro evento aislado en el intervalo de sesenta años había dado un voto de confianza comparable a sus principios básicos y a largo plazo probó que cualquier intento de revertir la marea era fútil. Sus resultados inmediatos, sin embargo, fueron ambiguos. Como regla general, las constituciones de 1848-49 podían ser divididas en dos grupos: uno teniendo aquellas que fueron preparadas y decretadas para coartar la revolución y otro conteniendo aquellas que fueron verdaderamente los frutos de una revolución. No es de sorprender entonces que el constitucionalismo moderno y sus elementos esenciales fueran rechazados en el primer grupo de constituciones, con tan sólo pequeñas excepciones, mientras que fueron cruciales para el último. Las constituciones de los Estados miembros de Alemania de 1848-49 son particularmente apropiadas para ilustrar la amplia gama de posibilidades. La elite gobernante del pueblo hanseático de Lübeck probó ser básicamente tan resistente a la ideas del constitucionalismo moderno como la de Hamburgo, donde ninguna constitución en absoluto fue adoptada en esos años. La Constitución de Lübeck de abril de 1848, en realidad, sancionó el orden tradicional de los estados, en donde la única concesión a la constitución de la revolución de diciembre de 1848 fue hecha para introducir el gobierno representativo.
  Incluso antes de la declaración oficial de los derechos de Paulskirche, los estados que adoptaron una nueva constitución generalmente insertaron un extenso catálogo de derechos humanos en él; sin embargo, fieles a lo que se había discutido extensamente en el Paulskirche y consistentemente con eso, sin reconocer los principales universales de su legitimización. Como regla, adoptaron el gobierno representativo, la separación de poderes, la responsabilidad gubernamental, y la independencia judicial. Algunos también proveyeron reglas para hacer enmiendas a la constitución. Dos constituciones, las de Lauenburg y Waldeck-Pyrmont, hicieron de la constitución la ley suprema con el último mandato de que “Disposiciones legales inconsistentes con esta constitución son nulas.” La constitución de Anhalt-Dessau de 1848 fue la única en adoptar adicionalmente el principio de “Todo el poder se deriva del pueblo.” A pesar de que los principios universales y el gobierno limitado no fueron declarados expresamente en ninguna parte, el constitucionalismo moderno había alcanzado en el siglo XIX su cenit en Alemania, una culminación que permanecería insuperable por los próximos setenta años.
  La situación alemana, generalmente hablando, no fue única en Europa occidental. La constitución Danesa de 1849, aunque liberal en su tenor y documentando su adherencia a los principios del gobierno limitado y a la separación de los poderes desde su inicio, aseguró el gobierno representativo, la independencia de lo judicial, los derechos humanos, y el poder de revisión constitucional, pero falló en reconocer la soberanía del pueblo y los principios universales, y fue menos expresiva acerca de la responsabilidad de los gobernantes y sobre el carácter de atrincherada ley suprema de la constitución. Con los elementos básicos adoptados, más o menos rememoraba a la Constitución Holandesa de 1848, mientras que la Constitución de Luxemburgo de 1848 fue en gran medida una adaptación de la Constitución de Bélgica de 1831, con la excepción, sin embargo, de su artículo 25, que establecía que todo el poder emanaba de la nación.
  Lo que faltaba en la Constitución de Luxemburgo de 1848 y se hallaba parcialmente oculta en la Constitución Belga de 1831, fue abiertamente declarado en la Constitución de la República Romana en 1849, la constitución más democrática y una de las más ajustada a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, de entre todas las constituciones europeas de la revolución de 1848-49. Comienza por proclamar: “Soberanía es el derecho eterno del pueblo”, y más tarde confirma: “Todo el poder emana del pueblo.” Todos los otros nueve elementos básicos fueron declarados apropiadamente, con la sola excepción del gobierno limitado, que no fue establecido expresamente. Las otras constituciones italianas de los años revolucionarios asemejan el amplio marco de las constituciones alemanas en su proximidad o distancia de los elementos esenciales del constitucionalismo moderno. El Statuto Albertino, la más duradera de todas las constituciones europeas vigentes de este bienio, marca la única excepción. Decretada por un monarca, reconoció por lo menos cuatro elementos esenciales: derechos humanos, gobierno representativo, separación de poderes, e independencia de lo judicial - más que la mayoría de las otras constituciones de origen comparable, originadas dentro o fuera de Italia.
  El constitucionalismo moderno definitivamente había dado un gran paso hacia adelante en Europa, con las revoluciones de 1848, y el más sonado ejemplo en Europa Central fueron presumiblemente los borradores de la Dieta Imperial en Kremsier, de una declaración de derechos fundamentales y de una constitución, la cual al igual que la última constitución de la República de Roma, de todos los elementos esenciales expresados, solamente dejó de mencionar el gobierno limitado. Aunque la situación política no permitió mayores avances en otras partes de Europa hasta la fecha, el constitucionalismo moderno, a pesar de sus muchos oponentes y de las severas contrariedades resultantes de la reacción de 1850`s, había echado raíces firmes en Europa, aún si su historia posterior en esta parte del mundo probará estar llena de contradicciones. Había sido dado un gran paso para poner al gobierno sobre una base más racional, para beneficio de la gente.
  En esos días una victoria fácil había sido obtenida en un lugar completamente diferente, donde las futuras contradicciones no iban a ser menos evidentes: Liberia. Su constitución del 26 de julio de 1847, americano como era su origen, transplantó todos los diez elementos básicos de Virginia a la costa oeste de África. En Latinoamérica, sin embargo, una estructura formal de gobierno de acuerdo al ejemplo dado por los Estados Unidos fue llenado con contenidos originados del pasado colonial español, portugués o francés, con las discrepancias sociales de una elite gobernante enfrentada a las masas indígenas despojadas de sus derechos, y con algunas influencias europeas recientes. Este escenario particular causó y continúa causando manifiestas diferencias en la forma de entender la constitución, resultando en un cisma entre la constitución formal y la material, el cual únicamente parece estar cerrándose en años recientes. Las constituciones de la primera mitad del siglo XIX reconocieron de buena gana el gobierno representativo y la separación de poderes. Algunos elevaron la constitución a ley suprema y tuvieron elaboradas provisiones para los procesos de enmienda. Gobierno limitado, responsabilidad, e independencia judicial, sin embargo, no fueron generalmente tópicos favoritos ni asumieron su significado real. Los derechos humanos fueron declarados con bastante frecuencia, a pesar de que muchas constituciones los habían reservado solo para los “ciudadanos”, que parece ser otra palabra para denominar a la elite gobernante, donde los “deberes”, los que una constitución difícilmente podía olvidar listar, aparecían primordialmente aplicados al resto de la población. Esto también explica por qué los principios universales fueron tan raros en estas constituciones, y muchas de ellas prefirieron referirse a la soberanía de la nación, en vez de a una soberanía más radical, del pueblo. A pesar de estas impresiones rápidas, diferencias substanciales entre las constituciones de, por ejemplo, Ecuador y Guatemala, existieron, y situaciones políticas diferentes o contextos sociales pueden haber resultado en abrir más los países a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno. Además, se necesitaría un más detallado análisis de los cientos de constituciones americanas desde México a Argentina, de sus orígenes políticos, y del discurso intelectual en el cual estaban inmersas, por lo cual me hace falta espacio, y aún más, competencia.
  La historia del constitucionalismo moderno es una historia que necesita ser escrita. Los comentarios que preceden solamente esbozan un borrador con la intención de incitar un nuevo pensamiento sobre la historia constitucional en general y sobre su impacto en diferentes países en particular. Se ha demostrado que se reclama una perspectiva fresca para que brinde nuevas luces en la historia constitucional de todos los países involucrados. En vez de preguntar cuando y donde las ideas e instituciones americanas o francesas fueron copiadas, como se ha hecho hasta ahora, el desarrollo constitucional de ambos países aparece con una nueva luz, demandando nuevas respuestas. La historia del constitucionalismo moderno deliberadamente se aleja de los pasos de la historia constitucional nacional e inicia una perspectiva global. Los documentos para esta  nueva aproximación están todos allí. Todo lo que necesitan es una nueva lectura, que promete abrir un enorme espacio, de nuevos panoramas. EL CONSTITUCIONALISMOEl constitucionalismo contiene dos elementos básicos, que por mucho tiempo han sido considerados como sinónimo del Estado de Derecho: la supremacía de la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio del poder. La Constitución francesa de 1791 incluyó en su artículo 16 la expresión que luego se convertiría en el dogma del constitucionalismo liberal: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni se adopte la separación de poderes, carece de Constitución”. Constitucionalismo.  m. Sistema político regulado por un texto constitucional.  m. Ideología partidaria de este sistema político.El constitucionalismo se presenta como una estrategia para enfrentar los efectos perversos que ha tenido el desarrollo del modelo económico en la actualidad, especialmente para los países del tercer mundo.Estado de Derecho y Constitucionalismo Las características del Estado de Derecho han permitido definir al sistema constitucional. En este sentido se advierten cuatro grandes tendencias: la liberal, la social, la democrática y la cultural. Cuando entró el siglo XX dominaba el constitucionalismo liberal fraguado a todo lo largo de la centuria precedente. Las constituciones se estructuraban a partir de los derechos de libertad, propiedad, seguridad jurídica e igualdad. Algunos de sus corolarios eran los derechos de asociación, petición, sufragio y libertad de conciencia. Constitucionalismo socialDe Wikipedia, la enciclopedia libreSaltar a navegación, búsquedaConstitucionalismo social es el movimiento de inclusión en la Constitución escrita de las naciones de los derechos sociales, o de segunda generación. El constitucionalismo social es un movimiento universal iniciado con la sanción de la Constitución de México de 1917, resultado directo de la Revolución Mexicana y, en Alemania, con la Constitución de la República de Weimar en 1919.La creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, con dirección tripartita de gobiernos, sindicatos y empleadores, y las invocaciones del Preámbulo de su Constitución, de validez mundial, fortaleció el reclamo de los trabajadores de todo el mundo de incluir los derechos sociales en las constituciones nacionales.Prácticamente todas las constituciones del mundo, reorganizaron sus textos, para recoger los derechos y garantías que caracterizaron al constitucionalismo social y reorganizar el Estado para orientarlo activamente hacia esos fines.El constitucionalismo social es una consecuencia de la revolución industrial, la aparición de la clase obrera, y su organización en sindicatos y partidos obreros, para reclamar por los derechos específicos del trabajo. El constitucionalismo social y la constitución del Estado de Bienestar que caracterizó al siglo XX son proceso indisolubles. El Derecho del Trabajo se constituyó en el eje central del Estado de Bienestar. En Estados Unidos el proceso fue más conocido como New Deal, término que traducido literalmente significa "Nuevo Pacto", pero que se aproxima más a la idea de "nuevo contrato social".El constitucionalismo social apareció en la carta de Querétaro de 1917 y en la Constitución alemana de Weimar de 1919. Fue ésta la que mayor influencia tuvo en Europa, mientras que la mexicana recibió mayor difusión en América Latina. Las tesis sociales de Weimar tuvieron resonancia en las sociedades industriales, sobre todo porque permitían hacer frente a las presiones obreras que encontraban inspiración en la revolución soviética. Las tesis mexicanas fueron más atractivas para quienes tenían que paliar la inquietud de las sociedades rurales. Las características fundamentales del constitucionalismo social consistieron en el reconocimiento de los derechos a la organización profesional, a la huelga, a la contratación colectiva, al acceso a la riqueza (en el caso mexicano significó una amplia gama de acciones de naturaleza agraria), y de principios de equidad en las relaciones jurídicas y económicas. Así se explica el surgimiento de la seguridad social, de los tribunales laborales, y la defensa de derechos como la jornada, el salario y el descanso obligatorio. También aparecieron los derechos prestacionales con cargo al Estado, como los concernientes a educación, salud, vivienda y abasto. Uno de los efectos más señalados del constitucionalismo social fue servir como base a la acción intervencionista del Estado. Por eso durante el proceso iniciado en la década de los ochenta, el progresivo desmantelamiento del Estado intervencionista ha implicado, inevitablemente, la reducción progresiva del Estado de bienestar. El constitucionalismo democrático, por su parte, fue objeto de importantes previsiones en seguida de la segunda posguerra. Los sistemas parlamentarios, a partir del concepto adoptado por la Ley Fundamental de Bonn, se estabilizaron mediante su parcial presidencialización, y los sistemas presidenciales propendieron a su progresiva flexibilidad para hacerse más receptivos de instrumentos y procedimientos de control político, de origen parlamentario. En Estados Unidos incluso se establecieron límites a la reelección presidencial. Las características del constitucionalismo democrático han consistido en el reconocimiento de los partidos políticos; en la garantía de procesos electorales libres e imparciales; en la descentralización del poder, incluyendo las formas del estado federal y regional; en el fortalecimiento de la organización, facultades y funcionamiento de los cuerpos representativos; en la adopción de formas de democracia semidirecta, a veces incluso en perjuicio de los sistemas representativos, como el referéndum legislativo, el plebiscito, la iniciativa popular y, aunque mucho más raro, en la revocación de los representantes.  El constitucionalismo de la última década del siglo XX se significó por el énfasis en los derechos culturales. Los derechos culturales no son, como los sociales, derechos de clase, ni como los democráticos, derechos universales. Los culturales son derechos colectivos que traducen intereses muy concretos y que conciernen a todos los estratos socioeconómicos. Entre los más relevantes están los derechos humanos, pero la gama es muy amplia. Comprende el derecho a la protección del ambiente, al desarrollo, al ocio y el deporte, a la intimidad, a la no discriminación, a la migración, a la información, a la objeción de conciencia, a la seguridad en el consumo y a la diversidad lingüística, cultural y étnica, entre otros aspectos. Estado social de Derecho Como correlato de las tendencias del constitucionalismo contemporáneo, se han venido acuñando conceptos complementarios del Estado de Derecho. Han aparecido los de Estado Social de Derecho, Estado Social y Democrático de Derecho y, con la Constitución venezolana de 1999 (a. 2º), surgió el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Éste último carece de elementos que permitan diferenciarlo de los anteriores, y la inclusión de la expresión “justicia” sólo desempeña una función semántica. ORIGEN E ITINERARIO DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL EN MÉXICOLas cartas magnas de 1814, 1824 y 1857 son el antecedente del constitucionalismo social mexicano, declarado formalmente en 1917. Cada una de ellas hace aportaciones de gran importancia; cada una contiene aciertos para su momento histórico, por lo cual, de cierta manera, las tres forman una serie del liberal-socialismo.La ley de 1814, plataforma del constitucionalismo mexicano, encuentra su fundamento en Los Sentimientos de la Nación, documento redactado por el insurgente José Ma. Morelos y Pavón, cuya proyección social trascendió hasta el Congreso Constituyente de 1917, particularmente el punto número 12, del primero, cuando se refiere al "jornal del pobre".Esta Constitución, la de Apatzingán, cuyas ideas democráticas provienen de la doctrina de la Revolución francesa y de los modelos de las constituciones también francesas, de 1793 y 1795, estatuye la libertad de trabajo. La Constitución de 1824, la primera del México independiente, consignó en el artículo 50, fracción XXIII, disposiciones interpretadas como otro de los antecedentes de la libertad de trabajo.Con el presidente Benito Juárez, en 1857 se redacta una Constitución liberal por excelencia, la cual proclama los derechos del hombre con preponderancia del pensamiento individualista, no obstante la expresión del pensamiento social en el congreso que la precede. Con razón expresa Trueba Urbina que ésta pudo haber sido la primera Constitución político-social (de México y del mundo). Elocuentes discursos de pensadores de gran valía, entre ellos Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, José María del Castillo Velasco, reflejan la extraordinaria visión social convertida en el inductor de lo social en la Constitución, limitada en esta magna carta al mero planteamiento "del derecho de los trabajadores a la participación de las utilidades y al salario de subsistencia". El corte individual y liberal de la carta magna se matiza con el primer artículo, sobre el reconocimiento a los derechos del hombre como la base y el objeto de las instituciones sociales. Incluso, al consagrarse la libertad, se empieza, junto con la independencia nacional, a moldear el sistema social para estructurarse formalmente en 1917. Deben recordarse las distintas leyes estatales, sustantivas y adjetivas, relacionadas con el trabajo y su influencia legislativa posterior.Esta Constitución, a pesar de no consignar expresamente los derechos sociales, sí garantiza la libertad de trabajo, se refiere a los contratos de trabajo, de obras y de aprendizaje y a la de libertad de reunión y de asociación. La omisión de normas expresas sobre las garantías sociales es atribuible a la influencia liberal citada y a la sumisión de la sociedad a las costumbres heredadas de la Colonia y de las cuales no lograba zafarse en definitiva.Así se vislumbra el pensamiento de los liberales en México; un pensamiento humanista con rasgos del socialismo en su expresión más pura. Se le conoce como la corriente que libera, opuesta a la conservadora de la época, refugiada y aferrada a sistemas extranjeros por intereses individuales, y compuesta por grupos elitistas sin escrúpulos, carentes de interés por salvaguardar la soberanía de la nueva nación; plutócratas y aristócratas con deseos de conservar el poder aferrados a la política, también interesada, del extranjero.Las etapas constitucionales señaladas corresponden a momentos de convulsión de una nación en defensa de su independencia y de su soberanía, la cual pretendía ser arrebatada y dominada tanto por coronas europeas como por Estados Unidos de América. La mera referencia a estas consideraciones -que merecen, sin duda, análisis exhaustivos, como muchos ya hechos por historiadores y constitucionalistas-- por su señalada profundidad e importancia explican la confusión política, la lucha y la mezcla de intereses para imponer ideologías, establecer privilegios y ocupar el poder.Las reformas hechas a la Constitución de 1857 fueron desafortunadas; y más tarde favorecieron la dictadura porfirista. El combate revolucionario en los primeros años del siglo XX se nutrió de un movimiento social alentado principalmente por el Manifiesto del Partido Liberal (1906) y la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, esenciales en la Constitución social mexicana de 1917. LA DICTADURA MILITAR Los inicios del régimen. El dos de diciembre de 1931, un golpe de Estado dirigido por la juventud Militar derrocaba al gobierno del ingeniero Arturo Araujo. Una vez finalizado el golpe, los jóvenes militares que lo habían ejecutado, cedían la dirección del movimiento a oficiales de mayor rango y experiencia. De estos, los coroneles Joaquín Valdés y Osmín Aguirre y Salinas, se entrevistan después con el general Martínez, aun preso en el cuartel El Zapote, para ofrecerle la jefatura provisional del Estado. Este ofrecimiento respondía a la necesidad de aliviar la presión estadounidense para que se diera formalidad legal al nuevo gobierno, por lo que era urgente encontrar una salida aceptable que pudiera tener un asidero jurídico. La figura del general Martínez, como vicepresidente del régimen anterior ofrecía alguna base, por lo que se pensó en un régimen provisional que convocaría a nuevas elecciones a la mayor brevedad posible. Según Castellanos, la oligarquía salvadoreña y algunos grupos profesionales y funcionarios del gobierno estaban convencidos de que para mantener el sistema político vigente, era necesario depositar el poder en los militares. Los posteriores sucesos, que culminaron con el levantamiento campesino de 1932 contribuyeron a confirmar la tesis. Una vez ejecutado el golpe, los asesores y jurisconsultos de los grupos oligárquicos, aconsejaron al Directorio Militar que para evitar el aislamiento internacional, que el país podría sufrir si se aplicaban los acuerdos del Tratado General de Paz y Amistad, era importante cumplir con los preceptos de la Constitución y lo que correspondía era llamar al general Maximiliano Hernández Martínez, vicepresidente de la República, a asumir el poder en forma provisional. Es así como se le llamo para que se hiciera cargo del Ejecutivo, "por encontrarse el presidente Araujo ausente del país sin haber solicitado permiso de la Asamblea". Con base en dicho argumento, Martínez asumió el poder el 4 de diciembre por la noche, para evitar que se alterara el orden constitucional de la nación. El 11 de diciembre se disuelve el Directorio militar y se levanta el estado de sitio, pero no deja de ser extraño que el día siguiente, los grupos marxistas y revolucionarios, en la edición del periódico Estrella Roja, muestran su complacencia por el derrocamiento de Araujo y prácticamente le dan un espaldarazo al nuevo gobierno. Los primeros pasos del nuevo gobierno están condicionados por la difícil situación que vive el país, especialmente la crisis económica que golpea los sectores medios y pobres de la población. Como una medida desesperada en el mes de diciembre, el general Martínez suspende el pago de los servicios de la deuda externa, ordenando al mismo tiempo que los derechos de aduana, que eran pagados a los representantes de los banqueros norteamericanos, fueran pagados directamente a la Tesorería del Estado. Con el apoyo del grupo bancario de la familia Duke, se tomaron medidas para controlar la especulación financiera, para el pago de los sueldos atrasados de los militares y empleados públicos y para reducir los gastos del gobierno. Por otra parte, el gobierno recelaba de la posibilidad de una invasión militar promovida por Arturo Araujo y sus seguidores, desde la vecina Guatemala, razón por la que promovió y acepto las expresiones públicas de los diferentes grupos políticos populares, entre ellos, el Partido Comunista. Todos aceptaron su participación en las elecciones de alcaldes del 3 al 5 de enero de 1932. En estas elecciones aparecieron los primeros brotes de violencia, llegando a enfrentamientos de los grupos radicales con las autoridades. Del 10 al 12 de enero, se realizaron elecciones para diputados, las que contribuyeron a aumentar las tensiones y la violencia en el ambiente, acusadas de fraudes e irregularidades. El 22 de enero, la violencia campesina se desata en la zona occidental del país, tal como ha sido relatada anteriormente, lo que permite al gobierno reprimir con mano de hierro la llamada rebelión "comunista" a partir del 24 de enero. Para el día 26 de enero, el gobierno dio por totalmente dominado el levantamiento de los campesinos, comenzando una represión generalizada por toda la república para todos aquellos que fueran sospechosos de haber participado o simpatizar con ella. El viernes 29 de enero, el indio José Feliciano Ama, cacique indígena de Izalco, fue ahorcado en dicha ciudad, supuestamente por la multitud que había sido atropellada por los indios. Para el 31 de enero, se incineran en todo el país una gran cantidad de cadáveres insepultos, para evitar la propagación de una epidemia. El uno de febrero de 1932, después de un consejo de guerra, fueron fusilados en el cementerio general de San Salvador los cabecillas del movimiento comunista Martí, Luna y Zapata. Para el quince de febrero, el país se encuentra tranquilizado y varios sectores de la población piden el reconocimiento internacional al gobierno de Martínez. El arzobispo de San Salvador, Belloso y Sánchez, dirige una carta pastoral a los sacerdotes para que apoyen desde el pulpito, la política del general Martínez y, el 22 de febrero, la Cámara de comercio en pequeño se suma a los apoyos al gobierno. No hay duda de que el fantasma del comunismo logro unir los intereses de los diferentes grupos económicos del país, especialmente los grupos poderosos, que veían un gobierno de fuerza como la única forma de protegerse frente a la anarquía de un régimen popular. El 28 de febrero, el gobierno suspendió el pago del empréstito de 1922, dada la difícil situación financiera del país y la necesidad de fondos para su defensa; cuatro días más tarde, la Cámara de Comercio e Industria se adhería a la decisión gubernamental. El triunfo militar del general Martínez sobre la amenaza comunista le granjeo el apoyo de importantes y poderosos grupos sociales, especialmente los propietarios de tierras, banqueros, grandes comerciantes y beneficiadores-exportadores de café; pero también se agregaban los medianos propietarios y comerciantes, los empleados públicos y privados, los dueños de talleres y pequeñas empresas, y una población de clase media urbana, que se había horrorizado por los desmanes cometidos por las turbas campesinas. Sin duda, el apoyo nacía de un indiscutible temor del peligro comunista, expresado en la violencia, la anarquía y el desorden. Por otra parte, las poderosas clases sociales lograban mantener su riqueza y sus tradicionales privilegios, y los sectores medios, la estabilidad y tranquilidad de sus vidas cotidianas. El régimen de Martínez, desde sus inicios, obtuvo el apoyo de las clases económicamente poderosas al adoptar una serie de medidas bancarias, sociales y fiscales, que dieron soporte a la estructura de tenencia de la tierra y la acumulación de riqueza, en un ambiente de estabilidad y orden. Estas disposiciones lograron establecer reglas de juego entre los diferentes grupos económicos en lo que respecta a su participación en los beneficios de las actividades productivas, al mismo tiempo que fortalecían el papel del Estado oligárquico, sin duda, pero necesario para el ejercicio de la autoridad. Tampoco se puede negar que contribuyo a fortalecer el papel y la autoridad del Estado, sin apartarse de su rol de defensor de los intereses de la oligárquica. Otra característica fue que desarrollo una política orientada a mejorar las condiciones de vida de los sectores pobres y de bajos ingresos, y asimismo intervino en el control de las actividades bancarias, combatiendo la especulación y la usura. El 29 de febrero de 1932, se emitió un decreto llamado "Decreto de suspensión temporal de la deuda externa", que fue apoyado por banqueros y empresarios; el 12 de marzo de ese mismo ano, por medio de la cartera de Hacienda, se decreto una moratoria general, la que fue recibida con jubilo por agricultores, comerciantes y empresarios. Esta ley moratoria declara nulas e ilícitas los recargos y cláusulas penales por incumplimiento de contratos hipotecarios y personales, con efectos retroactivos, aun en los casos que se hubieran iniciado juicio ordinario ejecutivo. Esta medida detuvo el embargo y perdida de propiedades por mora de muchas personas que habían obtenido financiamientos bancarios y se veían imposibilitados de pagar. La ley en cuestión, evito la quiebra y alivio la situación económica de millares de pequeños y medianos propietarios que se encontraban en manos de los banqueros, ansiosos de despojarlos de sus propiedades. El 5 de marzo de este mismo ano, se publica en La Prensa un estudio sobre la urgente necesidad de crear un Banco Central, para tratar de resolver los problemas monetarios existentes, especialmente preocupaba las fluctuaciones especulativas de los tipos de cambio que, en abril había sido de 2.83 colones por dólar y en mayo de 2.35 colones por dólar. En el campo político, entre los meses de abril y junio, se impuso a los ciudadanos la obligación de registrarse y obtener su cedula de identificación personal, después de haber cumplido los 18 anos. Dicha medida, de carácter policial, permitiría a las autoridades mantener un amplio control sobre las personas, sus actividades y sus tendencias políticas. Por otra parte, el 19 de octubre, la Asamblea aprueba un decreto que prohíbe el ingreso al país de chinos, turcos, húngaros y sacerdotes extranjeros; considerados indeseables porque estaban suplantando a los nacionales en varias actividades económicas pequeñas y, en el ultimo caso, por temor a que fueran agitadores. Pero los problemas de la población campesina y bajos recursos requerían de amplios programas del Estado, especialmente para evitar que las necesidades de estos grupos fueran instrumentalizadas nuevamente por los llamados "comunistas" y los adversarios del régimen, por lo que en el mes de octubre se instituyo una Junta Nacional de Defensa Social, mas tarde convertida en el Instituto de Mejoramiento Social, cuyos objetivos institucionales eran: primero, construir casas baratas para los trabajadores y, en segundo lugar, redistribuir tierra a los campesinos que carecieran de ella, para luego adjudicarla bajo la figura jurídica de "arrendamiento con promesa de venta". Con esta clase de medidas sociales, al celebrarse las pospuestas elecciones para diputados, en enero de 1933, el régimen hacia acopio de aceptación y buena voluntad entre la población, lo que permitió que los candidatos del nuevo régimen ganaran por una abrumadora mayoría. Los problemas monetario-financieros de El Salvador en 1932 y las medidas del gobierno. Los problemas monetarios en el país se hicieron sentir desde 1919, como efecto de los desajustes provocados por la Primera Guerra Mundial en Europa, que era el principal mercado de exportación de los productos del país. Internamente, los problemas se daban en la inconsistencia de la moneda nacional y en la inestabilidad de los tipos de cambio. Se tenía la percepción de que el país perdía anualmente grandes sumas de dinero en la comercialización de su café en el extranjero, por causa de un inseguro sistema monetario así como por la permanente fluctuación especulativa de los tipos de cambio. En los periodos de cosecha, los especuladores bajaban el cambio y los productores recibían menos dinero por su producción, pero al momento de importar mercancías extranjeras, el cambista subía el tipo de cambio encareciendo los mismos, y por lo tanto, los precios que pagaban los consumidores. Por otra parte, el colapso provocado por la Primera Guerra Mundial había obligado a los países europeos al abandono de la moneda metálica y a la adopción de un sistema generalizado de papel moneda, además de una carencia de transportes marítimos que obstaculizaban el comercio exterior. En El Salvador, para suplir las necesidades de circulante y paliar la ausencia de moneda metálica, se había dado a los bancos la facultad para emitir billetes, por lo que estos decidieron aumentar sus capitales para poder así incrementar sus emisiones de billetes. En un trabajo presentado por el doctor Lucio Quiñones, con el propósito de hacer frente a los problemas financieros en el país, se proponían las soluciones siguientes: a) adoptar el dólar norteamericano como moneda de curso legal; b) fijación del tipo de cambio con respecto al oro norteamericano en una relación de cuarenta centavos de dólar por colon; c) importación de billetes norteamericanos por 1.5 millones de dólares y d) autorizar a los bancos para exportar moneda de plata e importar oro para respaldar la circulación de los billetes.Por decreto legislativo del 11 de septiembre de 1919, la Asamblea había aprobado las regulaciones siguientes: La unidad monetaria de la República de El Salvador será el colon, dividido en cien centavos y representado por 0.836 gramos de oro de 900 milésimo de fino. Las monedas de níquel de uno, tres y cinco centavos, lo mismo que las monedas de plata de cinco, diez y veinte centavos, actualmente en circulación, servirán como monedas auxiliares; Se autorizo a los bancos a sustituir billetes con respaldo de plata por billetes representativos de oro; Por ser la nueva unidad monetaria representativa de oro, se declara desmonetizada la actual moneda de plata, nacional o extranjera; Los bancos del país están obligados a pagar a la vista y al portador, una cantidad en oro acuñado en la relación establecida. Además, la ley autorizaba la libre exportación de plata, el establecimiento de un fondo regulador de cambios y se daba curso legal a la moneda de oro acunada en los Estados Unidos y al dólar americano. En ese mismo ano de 1919, se decreto una segunda le monetaria, con algunas modificaciones con respecto a la anterior; por ejemplo: Se establecieron los múltiplos del colon, con monedas de oro de 5, 10, 20 y 40 colones; Se dio al oro poder liberatorio ilimitado en la equivalencia legal de dos colones por un dólar; y se estableció poder liberatorio restringido para las monedas auxiliares;  Se dejo sin curso legal a las monedas extranjeras, excepción hecha de las monedas de oro y plata norteamericanas; Se fijo la soberanía monetaria, que otorgo al Estado la facultad privativa de la emisión y acuñación de moneda, en la época, forma y cantidades que se determinen. Toda acuñación se haría previa autorización de la Asamblea Nacional.

La crisis de 1929 y el estancamiento del modelo económico. Al iniciarse la década de 1930, las condiciones económicas del país eran desfavorables. El déficit fiscal, producto de los desordenes hacendarios habían llevado al gobierno a contratar el Empréstito de 1922. En los anos anteriores, los pagos de la Tesorería General no se hacían a tiempo y el comercio especulativo de compra-venta de recibos contra el Estado dio origen a una floreciente especulación y agiotismo. De acuerdo con un informe presentado en esa fecha, se acusa al Estado de haber despilfarrado cuantiosos fondos recibidos en el periodo 1919-1929, que hubieran servido para intensificar la producción nacional o para la creación de fondos de reserva para enfrentar situaciones adversas. En esas circunstancias, el país se encontraba en una situación más difícil que la de 1922, porque su crédito estaba considerablemente comprometido con una cuantiosa deuda consolidada, además de una deuda flotante también nada pequeña. Por otra parte, las posibilidades de incrementar la producción se encontraba limitada por la crisis económica mundial. Durante el período 1923-1929, Brasil había adoptado una política de valorización de su café, por medio de una estrategia de limitar sus exportaciones, es decir reduciendo la oferta del grano en los mercados de consumo. Esto produjo una elevación de los precios del café en los mercados internacionales, que beneficio a todos los países exportadores del grano. Pero cuando se abandono dicha política en 1929, se genero un proceso inverso de reducción de precios y de demanda, que tuvo consecuencias adversas y directas para la economía salvadoreña. Este fenómeno depresivo en el país se manifestó de la forma siguiente: Reducción en el precio del caféCaída en el valor de las exportacionesDesequilibrio de la balanza de pagos Alza en los tipos de cambioFuga de oro de los bancosContracción del circulanteDesempleo Caída de los precios y las rentas El impacto de la Primera Guerra Mundial sobre Centroamérica fue negativo, ya que al no disponer de empresas manufactureras modernas no se pudo desarrollar un proceso de sustitución de importaciones que llegaban de Europa. Esto significó que no fue posible fortalecerlo, más allá de la agricultura tradicional. Cuando la guerra llego a su fin, el carácter de la economía salvadoreña era primitiva), de tipo rural, de modestas dimensiones y sin capacidad para dar salida a empresas de mediana producción industrial. La demanda de bienes manufacturados y de servicios, era provenía por artesanos y los bienes importados eran accesibles únicamente para los sectores de altos ingresos, los que además estaban encarecidos por los derechos arancelarios y los altos costos de transporte. Para la mayoría de la población sus ingresos provenían del salario, generalmente pagado en especies o fichas, que solo tenían valor en la circunscripción de hacienda. La estructura social, estrictamente diferenciada, tenía en los sectores más bajos elevadas tasas de analfabetismo y una escasa educación que hizo imposible un mayor desarrollo político y una participación ciudadana en los problemas de la comunidad. Los países centroamericanos ya habían experimentado, antes de 1929, varias crisis en su carácter de "economías de enclave", y como resultado de sus relaciones con los mercados internacionales. Sin embargo, la crisis de 1929 impacto mas seriamente los precios del café y, como consecuencia, los ingresos de las exportaciones se redujeron drásticamente. Esto trajo consigo una reducción de las importaciones y de los ingresos fiscales. Luego se produjo una reducción del empleo, de la producción, los salarios y el consumo. La pequeña extensión territorial del país, contribuyo a que la miseria se extendiera muy rápidamente por las ciudades y el campo, que al final de cuentas culmino en el levantamiento campesino de 1932, sofocado cruentamente por el régimen de turno. Para salvar a los propietarios agrícolas que estaban siendo despojados de sus tierras por la voracidad de los banqueros, se dicto una ley moratoria para el pago de las deudas vencidas. En el campo monetario, los gobiernos se vieron obligados a adoptar medidas de estabilización como el abandono del patrón oro y el control en los tipos de cambio. También se dictaron otras medidas para restringir las importaciones, entre ellas, la devaluación monetaria. Igualmente se adoptaron otras medidas para suavizar los graves efectos que estaba causando la crisis y por el tiempo de duración de la misma. El gobierno tuvo que acudir a medidas de austeridad, de esta manera, se decidió por el incumplimiento en los pagos de la deuda externa, tanto de capital como de intereses, lo que permitió liberar divisas para la importación de mercancías, necesarias para la producción local. Cuando el oro empezó a salir de los bancos hacia el exterior, frente a la inminente posibilidad de que los billetes en circulación se quedaran sin respaldo, el Ejecutivo prohibió la salida del mismo y decidió decretar la custodia del oro, sellándolo en las propias bóvedas de los bancos. En lo que respecta a la hacienda pública, con un sistema de ingresos públicos fundamentalmente basados en el comercio exterior, el déficit público no se hizo esperar, poniendo en serios aprietos el pago de las obligaciones corrientes del gobierno; la situación llego a tal extremo que se atrasaron por muchos meses los pagos de los empleados públicos y el ejército. Por tal razón, en vista de que las reservas de oro acunado, que respaldaban la emisión de billetes bancarios había disminuido notablemente, es que el gobierno del ingeniero Arturo Araujo decidió crear un "Fondo Intangible de oro en custodia", dictando además, una serie de medidas de emergencia mientras duraba la crisis. Estas fueron: Eximir a los bancos de emisión, de la obligación de convertir sus billetes;  Para garantía del público, se procedió de inmediato a guardar bajo sello, en los sótanos de los bancos, el oro que guardaban en sus áreas. Fueron obligados legalmente a publicar en el Diario Oficial, las cantidades en su poder;  A cambio de los beneficios obtenidos por la inconvertibilidad de los billetes, quedaban en la obligación de dar facilidades de crédito al comercio y a la industria, pero en especial a la agricultura, siempre que estos estuvieran cubiertos por las garantías necesarias;  Se les prohibió además, no hacer efectivos los créditos en cartera, ni a cobrar por ellos; los nuevos que se pactaren no debían ser gravados con mas del 10% de interés, ni a capitalizar los intereses cuyo vencimiento no corresponda a un lapso de por lo menos un año. De mas esta decir que los bancos se opusieron a estas medidas, aduciendo varios argumentos, pero especialmente objetaban lo que tenia que ver con la reducción de las tasas de interés, la inconvertibilidad de los billetes, la moratoria de las deudas y la reducción del porcentaje de reservas monetarias del 40% al 30%. La Ley Moratoria del 7 de octubre de 1931 logro detener las ejecuciones de los bancos, pero no resolvió los problemas del crédito. También se hizo sentir la necesidad de un Banco Central que tuviera la capacidad de afrontar con políticas adecuadas los desajustes de la balanza de pagos, la escasez del medio circulante y el déficit fiscal. Estando en la presidencia de la República el general Martínez, se deroga la Ley Moratoria el 12 de marzo de 1932 y se reemplaza por una Ley de Emergencia, de esa misma fecha. Esta nueva ley obedece a que la situación económica general del país no había experimentado ninguna mejoría, por lo que comprendía una serie de disposiciones, entre las que se reafirmaba la inconvertibilidad de los billetes, la salvaguarda del oro bajo custodia, la emisión controlada con base en las reservas monetarias de los bancos y el establecimiento de un encaje del 30% sobre el valor de los depósitos a la vista. Se mantuvo la moratoria general y la limitación de los tipos de interés, declarándose con poder liberatorio ilimitado, las emisiones de billetes de los bancos Occidental, Agrícola Comercial y salvadoreño, respetando la relación entre emisión y reservas establecidas en las leyes monetarias. Como punto importante, el Ejecutivo debería proceder a la fundación del Banco Hipotecario de El Salvador, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que fuere reintegrado el fondo de dicho banco.  En el ámbito nacional se tenía la impresión de que la crisis mundial había llegado a su clímax en 1932, y que los efectos adversos de la misma comenzaban a disminuir; sin embargo, el 11 de enero de 1933, la Cafetalera había pedido al gobierno un régimen monetario puro, en el que solamente el colon tuviera curso legal y poder liberatorio. El 9 de mayo, se prorrogo la Ley Moratoria hasta el día 31, con el objeto de evitar desastres económicos para aquellos que no habían podido todavía solventar sus obligaciones financieras. En la línea de encontrarle solución a los problemas monetarios del país, el 13 de septiembre, el Estado compra el Banco Agrícola Comercial para fundar con este el Banco de El Salvador, a un valor de 136 colones la acción. Este banco ocuparía las mismas instalaciones del Banco Agrícola. También se había solicitado la asesoría del Banco de Inglaterra para organizar el Banco de El Salvador, el que asumiría la función del control de cambios. Un especialista ingles, el señor F. F. J. Powell llego al país con un equipo de especialistas para organizar lo que después seria el Banco Central. El 22 de septiembre se decreta la prohibición de exportar oro y, el 27 de septiembre, se estableció, por decreto, la Controladuria de los Bancos de Elisión y sociedades anónimas. Se adopto una política de devaluación de la moneda, que favoreció a las exportaciones de café, al convertir en más colones el monto de sus ventas. Los beneficios obtenidos por estas poderosas elites, explican el decidido apoyo que le dieran al general Martínez para mantenerse en el poder. Muchos de ellos, colocaron sus excedentes en el Banco Hipotecario, institución estatal que había sido creada para ayudar a los productores de café; igualmente, como muestra de apoyo, la elite cafetalera también compro acciones del recientemente fundado Banco Central. El 15 de enero de 1934, se acuerda la transformación del Banco Agrícola Comercial en el Banco Central.  La creación del Banco Central. Sin lugar a dudas, este es uno de los mayores aciertos de la administración del general Martínez, constituyo el eje central para el ordenamiento de la economía, contribuyendo a fortalecer el proceso de acumulación capitalista del sector agrario, basado en el monocultivo del café para la exportación. Durante los años anteriores, la especulación y el agio habían medrado sobre las rentas de muchos sectores productivos, por lo que su erradicación proporciono un alivio y, al mismo tiempo, un incentivo para los productores. De más esta decir que los sectores de la economía que se habían favorecido con el caótico régimen bancario no estaban de acuerdo con la medida, pero el gobierno tuvo la suficiente fuerza para implementarla. El Banco de Inglaterra coopero en la formación y organización del Banco Central, enviando una misión de banqueros centrales bajo la dirección del señor F. F. J. Powell. El trabajo inicial de este equipo fue hacer un análisis de la situación del país y la preparación de un proyecto de Banco Central. Se determino la alta dependencia de la economía de la exportación de café, reconociendo que en los períodos que el precio internacional del mismo era favorable, la economía mostraba señales de prosperidad, pero en sentido inverso, en períodos de crisis, se volvía altamente vulnerable a las mismas. En lo que respecta al sistema bancario, se llego a la conclusión de que no había cumplido satisfactoriamente su papel, por lo que era necesario un organismo regulador de la circulación del dinero y el crédito. El privilegio que tres bancos habían detentado por muchos anos para emitir billetes no había logrado aumentar los depósitos, tampoco se había logrado dotar al país de una moneda sana y su consecución había sido relegada a un segundo término. De acuerdo con el informe de la misión inglesa, toda la estructura bancaria necesitaba reorganizarse, labor que requería de cierto tiempo. Se aconsejaba entonces, la creación de un Banco Central ortodoxo, cuyas responsabilidades principales serían mantener y resguardar la moneda y el crédito. En este sentido, un punto esencial, era otorgar al Banco Central el derecho único de emisión, puesto que no se consideraba conveniente que dicha responsabilidad continuara en manos de los bancos privados. Con base en la resolución III, del Comité Internacional de Moneda y Cambio, adoptada en la Conferencia de Bruselas, el Banco Central debería estar libre de toda influencia o control político, para poder ejercer satisfactoriamente sus funciones. El proyecto del experto, señor Powell, lo configuraba como una entidad de servicio publico, bajo la modalidad de sociedad anónima, separada del gobierno.  Esta posición, correspondía al objetivo de evitar la práctica fiscal de abusos del crédito público para nivelar el déficit presupuestario del gobierno; se temía que si se dejaba el poder emisor en manos del Estado, este no resistiera la tentación de una política abusiva de creación de moneda. La política del gobierno de Martínez con los bancos, pese a su carácter fuerte y dictatorial, fue conciliadora. No se utilizo la modalidad de la expropiación para privarlos de su privilegio de emisión, sino que busco la vía de la negociación. Finalmente, se llego a acuerdos con los bancos salvadoreños y Occidental en mayo de 1934. El Banco Central de Reserva de El Salvador, se constituyo como una sociedad anónima, por el término de treinta anos, sujeto a las disposiciones del decreto numero 65 de junio de 1934. Su objeto era: a) controlar el volumen de crédito y la consiguiente demanda de medio circulante, de manera que se asegure la estabilidad del valor externo del colon; b) regular la expansión o contracción del volumen de crédito y fortalecer la liquidez de los bancos comerciales, mediante el establecimiento de un fondo central de reserva bancaria bajo su control. El Banco quedo facultado para realizar las operaciones siguientes: a) emitir billetes de acuerdo con sus estatutos; b) comprar y vender oro; c) recibir colones en depósitos no productivos de intereses, en cuenta corriente o a plazo fijo; d) descontar, redescontar, comprar y vender letras de cambio y pagares, librados para financiar operaciones agrícolas y cosechas, a plazos no mayores de seis meses; e) acordar adelantos y créditos refaccionarios, por un período máximo de nueve meses; f) comprar, vender o descontar giros o letras libradas sobre los mejores bancos del exterior, provenientes de las exportaciones; g) acordar adelantos a plazo fijo, que no podrán exceder de tres meses sobre valores del gobierno cotizados en las bolsas de Nueva York o Londres, así como letras de cambio y pagares, de plazos no mayores de 120 días; h) acordar adelantos sobre depósitos de café (warrants), debidamente asegurados y libres de todo embargo; i) organizar un sistema de compensación de cheques (clearing) entre los bancos; j) actuar como corresponsal o agente de otros Bancos Centrales; encargarse de la emisión y del servicio de empréstitos del gobierno y k) aceptar la custodia de valores y objetos de valor. El gobierno del General Martínez. La dictadura del gobierno de Martínez se extiende desde el dos de diciembre de 1931 hasta mayo de 1944. Ha sido calificada como una dictadura unipersonal, de carácter "providencial", que habiendo logrado derrotar la amenaza comunista en el país garantizaba el orden establecido, necesario para lograr la estabilidad del clima social requerido por las poderosas oligarquías cafetaleras. La economía del café y sus actividades complementarias constituían el motor del crecimiento y la prosperidad del país, en consecuencia, debían ser protegidos por el Estado y el resto de componentes de la sociedad. Para paliar un poco los desequilibrios sociales existentes, el régimen adopta algunas medidas intervencionistas, de corte social, para satisfacer y dar tranquilidad a algunos de los sectores populares. Pero, en el fondo, la economía del café y la protección de los grupos que participan en su explotación, se vuelven el centro neurálgico de la atención del gobierno en su carácter de "eje de la vida del país". Es necesario entonces, a nivel de país, que se vaya conformando el aparato institucional y el ordenamiento jurídico "ad hoc". Por su parte, las elites dominantes participan en las decisiones económicas estatales, formando parte de importantes instituciones como la Compañía del café, el Banco Central, el Banco Hipotecario y otras. No tuvieron igual importancia las incipientes actividades industriales de manufacturas, por lo que no contaron con incentivos para impulsar la expansión del sector; todo lo contrario, se tomaron medidas para proteger el trabajo de los artesanos nacionales, que parecen absurdas, es así como en 1939, se dicta un decreto prohibiendo el establecimiento de fabricas para la producción de calzado, artículos de metal, jabones, velas, ladrillos y otras mercancías. Dentro de esa misma categoría de disposiciones gubernamentales se encuentra una prohibición, considerada como una aberración por algunos autores, para "importar maquinaria agrícola", con el propósito de mantener el volumen de empleo en el campo. El modelo de crecimiento basado en la mono producción y exportación de café, no tuvo la visión capitalista para llevar sus excedentes a otros sectores de la estructura productiva y generar, de ese modo, un dinamismo expansivo del sistema; todo lo contrario, la vida económica del país se concentro y se afinco en el agro, sin buscar otras opciones. La población campesina pobre, que se quedaba sin empleo en las fincas cafetaleras y las haciendas, al no poder ingresar al mercado de trabajo, se dedica a la agricultura de subsistencia o emigra hacia los países vecinos, especialmente a Honduras.  Sin duda, en el caso salvadoreño, el modelo de crecimiento basado en la agricultura mas los problemas de su estructura social operaron en contra de una posible industrialización. El modelo político del régimen de Martínez se caracterizo por el despotismo, la carencia de un ambiente democrático, el constante irrespeto de los derechos individuales, la supresión del derecho de asociación, la concentración real y efectiva del poder en manos del dictador y una sistemática represión de los sectores populares. El apoyo incondicional del régimen, además de algunos sectores de la burguesía, se encontraba en el ejército; los militares constituyen un factor importante del poder. El otro factor político de apoyo fue la burguesía cafetalera, quienes utilizaron el régimen de Martínez para afianzar su riqueza, establecer su preeminencia política y social, así como para conformar una sociedad clasista y marginadora. Después de la matanza de campesinos en 1932, la burguesía cafetalera cerró filas en apoyo del general Martínez, hicieron causa común en su derecho de ocupar la presidencia de la República y participaron en una orquestada campana de presiones a los Estados Unidos, para que reconociera al nuevo gobierno. El régimen norteamericano se negaba a reconocer la legitimidad presidencial de Martínez, amparados en los Tratados de Paz y Amistad de Washington, por lo que se contrataron especialistas en Derecho Internacional para que demostraran ante el Congreso norteamericano la legalidad del gobierno. Entre septiembre y noviembre de 1932, la mayoría de los países europeos habían reconocido al general Martínez, pero los países centroamericanos y latinoamericanos esperaban el visto bueno de Washington, excepción hecha de México, cuya política de autonomía frente al poder del gobierno norteamericano, era posible gracias a la Doctrina Estrada. Martínez, apoyado por los caficultores, los beneficiadores y los banqueros ingleses, anuncia que se mantendrá en el poder a pesar de la oposición norteamericana. Frente a todos estos acontecimientos, la presión del gobierno norteamericano se debilitaba a medida que no le era posible el cambio de gobierno. Una primera medida del régimen de Martínez, el 27 de febrero de 1932, de suspender el pago del empréstito norteamericano no fue del agrado de los banqueros norteamericanos, quienes protestaron ante su gobierno exigiendo una intervención contra el país. Pero el gobierno norteamericano no podía hacer nada en ese momento, porque era un situación común en muchos de los países latinoamericanos y además, porque la política de no intervención que ellos mismos habían proclamado, ponía en riesgo su hegemonía en América Latina. Otra medida, el decreto de la Ley Moratoria, le proporciono el apoyo de los propietarios de la tierra, ya que les garantizaba no ser expropiados por los banqueros y los beneficiadores; pese a que constituyo un duro golpe para estos últimos. Cuando el uno de enero de 1934, el gobierno de Costa Rica reconoce al gobierno salvadoreño, caótica a los Estados Unidos en una posición insostenible, viéndose obligados a modificar su actitud. En el periodo de 1932 a 1940, el destino de las exportaciones de café en los mercados internacionales cambio de rumbo; en 1932, solamente el 15% de las ventas de café se dirigía al mercado norteamericano y el 85% se destinaba al mercado europeo, pero para 1940, la situación se había invertido y el mercado norteamericano era el destinatario del 66% del café y el europeo, del 34% restante.94 Esto significaba un acercamiento comercial con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, una mayor dependencia. Para proteger a los pequeños empresarios nacionales, con un enfoque de carácter nacionalista, se dictaron una serie de medidas de "corte racista", apegadas a la doctrina del "jus sanguini". Por ello no extraña un decreto migratorio que prohibió la residencia en el país de negros africanos o caribeños. También se incluía a los inmigrantes palestinos, árabes, turcos, chinos, libaneses, sirios, egipcios, persas, hindúes y armenios. También la "Ley de apoyo al pequeño comercio e industrias contra razas indeseables", promulgada por decreto legislativo numero 49, del 15 de mayo de 1936, prohibía a los nativos de los países antes mencionados, la instalación de almacenes, droguerías, farmacias, talleres, pulperías, fabricas, laboratorios químicos y farmacéuticos, empresas agrícolas y agropecuarias, que pudieran competir con las actividades agrícolas e industriales de los pequeños comerciantes y productores nacionales. Igualmente, con el argumento de proteger a la pequeña industria y a los económicamente débiles se promulgaron leyes específicas prohibiendo la importación de maquinaria para fabricar calzado, hojas de afeitar, artículos de metal, ladrillos y ciertas clases de jabones. Se establecieron Límites al monto de los capitales productivos para operar algunas ramas de la producción, como jabones y aceites vegetales. En los primeros anos de la década de 1940, se montaron algunas empresas de textiles para que compitieran con las otras fábricas, que estaban en manos de palestinos o libaneses.La estructura impositiva se mantuvo hasta 1935 y, por el lado del gasto público, uno de los rubros más importantes fue el destinado a la construcción de carreteras, pues no existían y las que había se encontraban en condiciones deplorables. Por otra parte, las compañías de ferrocarriles hablan detenido su expansión, en gran parte por el alto monto de las inversiones requeridas. Pero, gracias a la política de construcción de carreteras, se proporciono empleo a un número de personas, lo que contribuyo a la recuperación de la economía. También se dieron, en concesión de monopolio, algunas fábricas, entre ellas, una de bolsas o sacos de henequén, que ya era cultivado localmente, para sustituir las importaciones de estos de otros países. El papel de los exportadores de café en la vida nacional fue sumamente importante, a medida que participaron en las decisiones económicas del gobierno. Por otra parte, se formo una elite cerrada de personas que formaron un núcleo oligárquico poderoso, que prácticamente controlaba la vida económica del país. Se reseña a continuación, un listado de los treinta principales exportadores de café en los, anos 1934 y 1935. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial en 1939, el interés de Washington de neutralizar la influencia de algunos países europeos, entre ellos Alemania, en los países centroamericanos, dio lugar a una política de acercamiento y reactivación de dichas economías que conllevaba la construcción de algunas obras de infraestructura que contribuían a la defensa del territorio norteamericano desde su patio trasero. Entre ellas se encuentra la construcción de la carretera Panamericana, la construcción del Canal de Panamá" y la adopción de un Acuerdo Interamericano de café, firmado en 1940, que estabilizo el mercado de dicho bien y su acceso regulado al mercado norteamericano. Las actividades políticas. Como base política del gobierno, en julio de 1934, se fundo el Partido Patriótico Nacional, conocido como Pro Patria, para apoyar la candidatura de Martínez para las elecciones presidenciales de enero de 1935. Gano las elecciones como candidato único y tomo posesión del cargo el uno de marzo de 1935. Parece ser que, en alguna medida, la burguesía criolla trataba de obstaculizar a las empresas que no controlaban, directa o indirectamente; para el caso, la fabrica de aceites comestibles e industriales de Lorenzo Salonick, las fabricas de jabones y aceites de la familia De Sola, la de hilados y tejidos de Andrés Molins (Catalán), y las de Arturo Gadala María y Salomón Safie. Se le acusa de haber simpatizado con los regímenes corporativos europeos: el fascismo italiano, el nazismo alemán y el falangista español de Primo de Rivera y Francisco Franco. En esa línea, trato de convertir al Pro Patria en un movimiento nacionalista de masas, pero parece que no tuvo éxito y dicho partido únicamente le sirvió para su campana presidencial de 1935. En 1938, trato de organizar una central de trabajadores: "Reconstrucción Social salvadoreña", que tampoco dio resultado por la falta de liderazgo entre los obreros artesanos. También se fundo la Cámara Nacional del Comercio y el Trabajo, que agrupo a pequeños empresarios y empleados de comercio, que si tuvo resultados positivos, pues estos se convirtieron en defensores de la permanencia del general Martínez en el gobierno. El financiamiento del partido Pro Patria provenía de un descuento obligatorio del uno por ciento, que se aplicaba a los salarios de todos los empleados públicos, sin que ninguno de ellos se atreviera a protestar. La consolidación del régimen, tuvo como instrumentos de gran valor, la utilización de informantes u "orejas" y la policía secreta. También fue abiertamente intolerante con la crítica pública y mantuvo a la prensa bajo estrictas medidas de censura. Fue despiadado con sus enemigos políticos, pero trabajo en estrecho contacto con la burguesía, quienes ejercieron una gran influencia en la política económica. Con el aval de estos grupos desarrollo una serie de medidas sociales, como el Fondo de Mejoramiento Social, que se encargo de la construcción de viviendas de bajo precio y de la compra de tierras para repartirlas entre los campesinos pobres. En el campo social, en el mes de octubre de 1932, se construía un barrio obrero en el parque Atlacatl, extendiendo la ciudad hacia ese rumbo; asimismo, en el mes de noviembre, se anunciaba que estaba totalmente comprada la hacienda Metalío, en Sonsonate, la que seria repartida entre campesinos pobres. También se creo una organización popular del gobierno llamada Reconstrucción Social, para ayudar a eliminar el desempleo y sus secuelas sociales. Ninguna de estas medidas tuvo grandes efectos, pero le permitió al régimen mostrar una imagen de preocupación y defensa de las clases populares y desposeídas. Para 1935, en el mes de enero, se entregaban pequeños lotes agrícolas a campesinos pobres en la hacienda Zapotitan, como parte de un programa de distribución de tierras con justicia social. En ese mismo ano, a finales del mismo, el gobierno anunciaba la adquisición de 21,000 manzanas de tierra por Defensa Social, para ser repartidas entre los campesinos. En el sector agrícola, para 1937, se informa sobre un auge en el cultivo del tabaco, así como la promoción del cultivo del algodón. Se estima que en 1936, se habían sembrado aproximadamente 5,000 manzanas de tierra con estos cultivos. También se registraba un aumento en las exportaciones de azúcar. En los años de 1938 y 1939, intento ser reelegido constitucionalmente, mediante una reforma a la Constitución. Entonces, en 1938, entro en funciones una Constituyente que se dedico a la tarea de redactar una nueva Constitución y, entre uno de sus puntos, se prolongaba el periodo presidencial a seis años. Por otra parte, pese a que en los artículos 94 y 187 se prohibía la reelección presidencial, en el articulo 91 se autorizaba a la Asamblea a reelegir "por única vez", al actual presidente. Muchos importantes funcionarios mostraron su desacuerdo y denunciaron lo que consideraban "una aberración jurídica", lo que terminó en una crisis ministerial que llevo a la renuncia de los más importantes ministros del gabinete. La dictadura sorteo la crisis militarizando parcialmente el gabinete.La Constitución de 1939 rompió con varios puntos de la que había estado vigente, la de 1886, anulando la autonomía de las municipalidades (articulo 135) y de la Universidad (articulo 34). Reservo además para el Estado el monopolio en la fabricación de salitre, armas, fósforos, alcoholes y bebidas alcohólicas; cuyo propósito era facilitarle una importante fuente de ingresos mediante la explotación monopolista de estas actividades. También sanciono el derecho de expropiar bienes inmuebles privados sin indemnización previa, en los casos de apertura de carreteras, calles, obtener el aprovisionamiento de aguas o cumplir con fines militares. Desde el punto de vista político, un hecho importante fue el reconocimiento expreso del derecho al voto de la mujer (articulo 21), con lo que establecía la participación de estas en la elección de las autoridades del Estado. Se les califico como ciudadanas a las casadas o profesionales, mayores de 25 anos, y a las solteras, sin profesión, mayores de 30 anos. El uno de marzo de 1939, inicio su segundo periodo presidencial el general Martínez y, el 19 de octubre de ese ano, se iniciaron los trabajos de construcción del puente sobre el río Lempa; el que fue inaugurado el 6 de junio de 1942. La construcción de carreteras se convierte en una importante actividad, especialmente se trabaja en las obras de construcción de la carretera Panamericana, en la que se utilizan mas de tres mil hombres para 1943. También en este ano, el 16 de diciembre, se inaugura el puente sobre el río Goascoran, en la frontera entre el país y Honduras.  Para esa misma fecha, la Junta Nacional de Defensa Social informa que ha adquirido 53,807 manzanas de tierra para que sean repartidas entre familias campesinas pobres. En alguna medida, la recuperación económica del país se iniciaba nuevamente, y los registros estadísticos contabilizaban una exportación de 845,342 sacos de café de sesenta kilos cada uno. Sin embargo, debe aceptarse que la economía salvadoreña se estanca estructuralmente, condicionada por los bloqueos al comercio internacional y, en particular, por la carencia de importaciones de materias primas. Pese a todo, surgieron algunas grandes empresas "sui generis" y emergieron nuevos grupos de empresarios, situación aparentemente contradictoria con el lento crecimiento de los talleres y las manufacturas artesanales. Un nuevo sector agro exportador recibió el respaldo del gobierno, obteniendo a través de las instituciones financieras de fomento creadas por este, el crédito necesario para sus actividades. La industria textil tiene un fuerte impulso, especialmente porque la materia prima era producida en el país, aparecen diversas fabricas de textiles, toallas, calcetines, mantas y otros productos similares. Se estima que hacia 1949, había en el país 36 fábricas de productos textiles que daban empleo a trescientas personas. Los propietarios de estas fábricas eran inmigrantes palestinos, libaneses y españoles, que se habían enriquecido durante muchos años, dedicados al comercio buhonero y agiotista en las zonas suburbanas y rurales. Las mas notables eran la se sacos de henequén "Cuscatlán", de Julio Enrique Ávila; la de hilados y tejidos "El León", de Arturo Gadala María; "La Estrella", de Teódulo y Víctor Safie y "La Minerva" de Andrés Molins. Otros importantes grupos familiares pertenecientes a este sector eran los Siman, Martínez Saprissa y Sagrera. En julio de 1940, se había fundado la Cooperativa Algodonera salvadoreña, cuyo propósito era agrupar a los grandes y medianos productores de algodón, cultivo que había sido declarado de "utilidad publica" por el Estado.  Las principales familias dedicadas a esta actividad eran los Prunera, Borgonovo, Bettaglio, Wright, Silva, Boillat y De Sola. El cultivo del algodón tenía la característica de que los productores no necesitaban necesariamente ser dueños de la tierra, sino que simplemente la arrendaban. También, en este período, se fundo la Asociación Cafetalera de El Salvador, una poderosa institución compuesta por grupos que detentaban al mismo tiempo, la mayoría de las acciones de la Compañía salvadoreña de café, que fue fundada el uno de Julio de 1943. Dentro de ella, diversos grupos hegemónicos de cafetaleros se enfrentaban para decidir su política, por ejemplo: los de occidente (Regalado, Álvarez y Hill), contra los del centro (Guirola, Dueñas, Sol) y los de oriente (García Prieto, Ferreiro, Canessa). En las grandes empresas de esa época, es notoria la presencia de inmigrantes judíos; en el quinquenio 1935 a 1940, las firmas H De Sola, Goldtree Liebes y Cia., Lasally, Reich y Cia. y Mugdan, Freund y Cia., habían acaparado aproximadamente el 50% de las exportaciones de café. En febrero de 1943, se fundo la Federación de Cajas de crédito Rural, cuyo propósito era proveer de crédito a pequeños agricultores y comerciantes y, a principios de junio de 1944, se fundo la Sociedad de Buhoneros de El Salvador, posteriormente convertida en la Sociedad de Comerciantes e Industriales. En el campo político, desde 1938, grupos de profesionales y sectores de la clase media, se habían comenzado a agrupar en un foro llamado ADS, "Acción Democrática salvadoreña". Para 1943, el clima político había comenzado a intranquilizarse, pues corrían rumores de que el general Martínez estaba planeando reelegirse nuevamente. Ello propicio que muchos sectores y personas de que lo habían apoyado anteriormente se lo retiraran; en octubre de 1943, un impresionante grupo de ciudadanos, entre los que se encontraban profesionales de prestigio, banqueros, hombres de negocios, educadores y otros, firmaron un Memoria a la Corte Suprema de Justicia, solicitando la derogatoria de un reglamento del Ejecutivo en donde se restringía la libertad electoral y se violaba abiertamente la Constitución. La Corte rechazo la solicitud, provocando como resultado una abierta y cada vez mayor oposición de un amplio espectro de la población hacia el general Martínez; en el rechazo a la dictadura compartían desde los poderosos grupos agro exportadores y financieros, liberales y profesionales jóvenes hasta dirigentes del extinto partido comunista. En los primeros días de 1943, una manifestación estudiantil y popular, no autorizada por el gobierno, fue reprimida violentamente. Una semana después, calificado de agitador, fue capturado el propietario y director de uno de los periódicos mas opuestos al régimen. Se trataba del señor Jorge Pinto p. quien permaneció encarcelado hasta el dos de abril de 1944. Los grupos pro gubernamentales, como el Partido Pro-Patria y los alcaldes, manifestaron su respaldo a la reelección de Martínez; estos últimos organizaron "cabildos abiertos" para apoyar el continuismo gubernamental. En febrero de 1944, la Asamblea Legislativa convoco a los ciudadanos, mediante un decreto, para elegir una Asamblea Constituyente; los candidatos para diputados pertenecían todos al único partido. Estos, el 24 de febrero de 1944, dieron a conocer las reformas a la Constitución, en la que se atribuían la facultad de elegir al nuevo presidente de la República para el período del uno de marzo de 1944 hasta el 31 de diciembre de 1949. Sin duda alguna, el dictador decidía permanecer en el poder por otro periodo de cinco anos. La reacción popular fue adversa y generalizada, lo que dio lugar a que se desarrollara rápidamente una conspiración contra el régimen. En abril de 1944, la dictadura fue golpeada por el alzamiento de un grupo de oficiales jóvenes, militares de baja y profesionales civiles, cuyo máximo exponente era el doctor Arturo Romero. Dicha conspiración, del dos de abril de 1944, esta considerada como la expresión de grupos conformados por las nuevas capas de la burguesía y las clases medias, que no se sentían tomadas en cuenta en la dictadura oligárquica militar. Por otra parte, los empresarios de origen judío y los comerciantes industriales palestinos resentían también su exclusión de las cerradas estructuras de poder, protegidas por el régimen unipersonal de Martínez. El marco histórico de España durante el período del descubrimiento La sublevación cívico-militar estallo el dos de abril en la tarde, en ella estaban involucrados algunos cafetaleros liberales, profesionales civiles y oficiales del Ejercito. Se formo una jefatura militar y un Comité Revolucionario Cívico-Militar, que no logro coordinar sus acciones con los oficiales sublevados. Dicho Comité estaba integrado por las personas siguientes: los militares coronel Alfredo Aguilar, teniente coronel Tito T. Calvo, capitanes Guillermo Fuentes Castellanos y Manuel Sánchez Dueñas, tenientes Alfonso Moran y José Castaneda Dueñas; y los civiles, doctor Arturo Romero, señor Agustín Alfaro Moran, doctores Francisco G. Pérez, José Vicente Villanova, Jorge Sol Castellanos y Andrés Gonzalo Funes. Pero el golpe comenzó a complicarse por las indecisiones de algunos jefes militares, quienes dudaron de tomar algunas acciones militares necesarias, lo que permitió a los cuerpos leales al gobierno la oportunidad de fortalecerse. El general Martínez, que se encontraba de vacaciones de Semana Santa en el puerto de La Libertad, decidió regresar a San Salvador para hacerse cargo del contragolpe. El levantamiento militar fracaso, y Martínez volvió a instalarse en el poder; las opiniones de la ciudadanía sobre las causas del fracaso señalaban la ausencia de un mando militar unificado, muchos errores en las operaciones militares y se careció de una cooperación efectiva entre los militares y los sectores civiles y populares. Un gran número de militares y civiles comprometidos con el movimiento fueron capturados y asesinados, mientras huían por los pueblos de las zonas rurales. En ese mismo día, 2 de abril, el señor Jorge Pinto p., propietario y jefe de redacción de Diario Latino fue sacado de la cárcel y ametrallado en la calle. El 9 de abril, uno de los líderes del movimiento, doctor Arturo Romero, fue agredido con machetes por una patrulla cantonal en San Luis de la Reina, cerca de la frontera con Honduras. Fue salvado por los médicos del hospital de San Miguel, quienes apoyados por las señoras de los merados, se negaron a entregar a las autoridades y prolongaron su curación hasta que el dictador cayó al siguiente mes.Las embajadas de muchos países jugaron un triste papel en estas jornadas: la de Estados Unidos tenia instrucciones de no apoyar ni reconocer a los rebeldes, llegando hasta negar el asilo político a los que lo solicitaron. Todas las embajadas latinoamericanas, a excepción de las Guatemala y Perú, siguieron la misma línea; pero el colmo fue la embajada de México, que llego a colaborar en la captura de algunos de los que habían tornado parte en el golpe. Durante los días siguientes el gobierno se dedico, utilizando a la Guardia Nacional y la policía, a capturar a los participantes del golpe. El 9 de abril, se instalo un consejo de guerra extraordinario, que fue implacable con los capturados y, el lunes 10 de abril, a las dos de la mañana, se firmo una sentencia de muerte para 42 personas, civiles y militares, pese a los esfuerzos de la defensa. Se hizo una apelación de gracia al presidente Martínez, la que fue rechazada a las 5.30 a.m. de ese mismo día, confirmando las condenas. A partir de las ocho de la mañana dieron inicio las ejecuciones de los capturados, en los patios de la policía Nacional, a cargo de pelotones de la guardia. De esa forma, fueron fusilados el general Alfonso Marroquín, el coronel Tito Calvo y el mayor Julio Faustino Sosa. Media hora más tarde, en el cementerio general, fueron también fusilados el capitán Sánchez Dueñas, los tenientes Marcelino Calvo y Oscar Armando Cristales, y los subtenientes Edgardo Chacón, Antonio Gaviria Castro, Ricardo Mancia Gonzáles y Miguel Ángel Linares. El 23 de abril, en horas de la noche, se instalo un nuevo consejo de guerra, que condeno a muerte al teniente coronel Francisco Acosta, a los capitanes Carlos Piche Menéndez, Alfredo Jiménez Barrios y Fernando Carmona Dárdano, así como a los civiles doctores Salvador Ricardo Merlos y Julio Eduardo Jiménez Castillo. También fueron condenados más de 80 personas entre militares y civiles.  Los pelotones de fusilamiento funcionaron, casi sin interrupción, durante dos semanas, salvándose todos los que pudieron eludir la captura y salieron del país. El dictador estaba sediento de sangre y no se detenía, el país se encontraba a su vez, en la más caótica situación, por lo que era necesario que la ciudadanía tomara acciones para acabar con la nefasta dictadura. No es de extrañar, entonces, que diferentes grupos ciudadanos se organizaran espontáneamente para sacar a Martínez del poder. Inicialmente, la Asociación General de Estudiantes Universitarios salvadoreños, AGEUS, teniendo como pivote un movimiento de estudiantes de medicina organizaron un Comité de huelga, que en el curso de los acontecimientos fueron formando alianzas con otros grupos opositores, entre ellos importantes figuras empresariales: Meza Ayaii, De Sola, Daglio y otros más. El 25 de abril, se da un incidente entre estudiantes de la Universidad y miembros de los cuerpos de seguridad, lo que tuvo como resultado el inicio de una huelga, que de inmediato fue respaldada por todos los sectores sociales. En similares circunstancias se conformo un Comité de Reconstrucción, encabezado por el medico Luis V. Velasco, el abogado Miguel Ángel Alcaine, el general Salvador Castaneda Castro y el señor Luis Escalante Arce. El paro general convocado por los estudiantes universitarios tuvo un apoyo incondicional y generalizado. El dos de mayo, se agrega a la huelga el sindicato de los trabajadores ferrocarrileros, UTF, y el tres de mayo, igualmente cerraban sus instalaciones numerosas fábricas, el comercio y los bancos. El 4 de mayo se fueron a la huelga todos los empleados públicos, y el país quedo virtualmente paralizado. La llamada "huelga general de brazos caídos" aglutino a los trabajadores y los patronos, como no se había visto en la historia salvadoreña; el objetivo común era derrocar al tirano. El embajador norteamericano Walter Thurston, que inicialmente había expresado su apoyo al dictador y se había negado a dar asilo político a algunos de los dirigentes de la fracasada insurrección, cambio su discurso y le retiro su apoyo al gobierno. El día 8 de mayo, a iniciativa del ministro de Gobernación, coronel Rodolfo Morales, renuncio la mayor parte del gabinete. En vista de que los acontecimientos se agravaban y el rechazo de la población hacia su gobierno era casi total, el general Martínez se reúne el 8 de mayo, por la noche, con el Comité de Reconstrucción y negocia el nombramiento de cinco designados a la Presidencia. Mas tarde, se dirige a la nación por medio de la radioemisora gubernamental, anunciando en un emotivo discurso, su decisión de dimitir, acusando a los grupos oligárquicos de ser los responsables de la difícil situación política. El día siguiente, 9 de mayo, a las 10 de la mañana, la Asamblea Legislativa le acepto su renuncia como presidente de la República, ante un grupo de diplomáticos, funcionarios del gobierno y militares. Un día después, el 10 de mayo, le entrego el poder al general Andrés Ignacio Menéndez y el once de mayo, abandono el país hacia Guatemala, por vía terrestre, fijando su residencia en Miami y Nueva Orleáns, por algunos anos. Regresa después a Centroamérica y decide asentarse en la ciudad de Dalí, en el departamento de El Paraíso, en Honduras; en donde se dedica al cultivo del algodón. Murió ahí, a la edad de 84 anos, asesinado por su chofer por causas aun desconocidas. La salida de Martínez del país causo un jubilo general en la población, la Asamblea nombro entonces como presidente interino a uno de los cinco designados, al ministro de Defensa del régimen anterior, general Andrés Ignacio Menéndez. Este, de inmediato decreto una amnistía general, dio amplias libertades de expresión y organización, e integro un nuevo gabinete formado por personas de diferentes grupos políticos, que hablan participado en la caída de Martínez. Como era de esperar, este nuevo ambiente renovó las aspiraciones democráticas de la sociedad, perfilándose nuevos grupos políticos que fueron definiendo sus planteamientos y posiciones. En alguna medida, el país había vuelto a la normalidad, se habían restablecido las garantías y se había tornado la decisión de suspender las penas de muerte impuestas por el régimen de Martínez. Los exiliados podían regresar al país lo más pronto posible y el doctor Arturo Romero, líder de la revolución, convalecía tranquilamente en San Miguel. El 18 de mayo de 1944, fue suprimido el Partido Nacional Pro-Patria, adoptando la posición de que, en lo sucesivo, no se iba a permitir la formación de ningún partido oficial. Se empiezan a organizar gremios y grupos laborales, como la UNT (Unión de trabajadores salvadoreños), que habían participado activamente en la pasada huelga de brazos caídos. El 26 de mayo de ese mismo ano, se fundo también una agrupación con evidentes intenciones electorales, el PUD (Partido Unión Democrática), dirigido por el doctor Arturo Romero, que estaba apoyado por amplios sectores profesionales, estudiantiles, empresariales y sindicales. Se formo nuevamente el llamado Partido Fraternal Progresista, que había participado en las elecciones de 1931, del general Antonio Claramount Lucero. Surgieron nuevos partidos como el PUSD (Partido de Unificación Social) en torno al general Salvador Castaneda Castro, el PPS (Partido del Pueblo salvadoreño) de Cipriano Castro, el Frente Social Republicano de Napoleón Viera Altamirano, director de El Diario de Hoy. El sector mayoritario de los grandes cafetaleros y banqueros, agrupados en la Asociación Cafetalera y la Compañía salvadoreña de café, fundaron el Partido Agrario, en el que se afiliaron viejos miembros del Pro-Patria, del régimen martinista. La dispersión política, así como la multiplicidad de visiones e intereses, entraron en abierta controversia, apuntando en una primera etapa al problema del orden constitucional vigente. En esta polémica entraron varios grupos de presión, entre ellos, los propietarios de los periódicos: Diario Latino, El Diario de Hoy y La Prensa Grafica, el ejército, los gremios profesionales, los sindicatos y otros. Básicamente se enfrentaron dos posiciones sobre el tema: una era la exigencia para una convocatoria de una Asamblea Constituyente, que debería llenar los vacíos constitucionales, y la otra, que consideraban derogada de hecho la Constitución de 1939 con sus reformas de 1944, por lo que quedaba vigente la Constitución de 1886. Pero un tercer grupo de personas afectas a Martínez y su régimen, que ahí quedaban en la arena política requerían de la realización de un plebiscito para que el pueblo opinara si se convocaba o no a una Constituyente. En este agitado clima, el día 29 de junio, las asociaciones de profesionales y la AGEUS, al frente de una multitudinaria manifestación se toman violentamente el Palacio Nacional, obligando a los diputados a cambiar la formula de los designados presidenciales, nombrando a los doctores Miguel Tomas Molina y Sarbelio Navarrete como designados a la Presidencia, en sustitución de los doctores Carlos Menéndez Castro y Joaquín Parada, y el general Fidel Cristino Garay, que habían sido seleccionados por Martínez. Pero al día siguiente, oficiales del ejército, probablemente afectos al ex presidente Martínez, que todavía conservaban importantes posiciones dentro del gobierno, organizan una reunión con el presidente Menéndez en el cuartel El Zapote, para reclamarle lo que consideraban su falta de autoridad. Se realizaron gestiones para aplacar a los oficiales mas exaltados, sin embargo los descontentos continuaron conspirando, hasta que, cuatro meses después, un nuevo golpe de Estado terminaba con la presidencia del general Menéndez. En el campo político, desde los primeros días del mes de julio, el presidente Menéndez se había visto obligado a convocar en Casa Presidencial, a los miembros de la llamada Junta Patriótica, representantes de los tres Poderes del Estado, candidatos presidenciales, delegados de los partidos políticos, sindicatos y gremiales, periodistas y personalidades independientes, para discutir sobre la necesidad de concertar acciones que devolvieran la normalidad institucional. En esta reunión se acordó convocar a elecciones de presidente y vicepresidente de la República, y de diputados de la Asamblea Nacional Constituyente para los días 14, 15 y 16 de enero de 1945, a fin de que el presidente tomara posesión de su cargo el uno de marzo. Otro acuerdo fue declarar como vigente la Constitución de 1886. En los días siguientes se hizo evidente el arrastre y simpatía del doctor Arturo Romero, del FUD, apoyado por muchos grupos sindicales, intelectuales reconocidos y algunos miembros del antiguo Partido Comunista salvadoreño, lo que preocupo a muchos de los sectores tradicionales de la sociedad quienes interpretaron la situación como un renacimiento del partido comunista. Los miembros del Partido Agrario, baluarte de la oligarquía tradicional y algunos grupos de militares, afectos al régimen anterior, se preocuparon por lo que consideraban un inminente triunfo electoral del doctor Arturo Romero, así como por la supuesta penetración del partido comunista en sus filas; por lo que comenzaron a promover la candidatura del general Salvador Castaneda Castro. Como parte de dicha campana se desato una publicación de pasquines y calumnias contra el doctor Romero, acusándolo de comunista y de estar llevando al país a la misma situación de 1932. El 20 de octubre, en Guatemala, una insurrección militar derroca el régimen del general Federico Ponce, ultimo representante de la línea dictatorial de don Jorge Ubico. Ese mismo día, en San Salvador, los simpatizantes de Romero y de la UNT celebraron el acontecimiento, insultaron a los militares y terminaron agrediendo a los seguidores de Castaneda Castro. Finalmente fueron reprimidos por la policía. Ello motivo a un grupo de oficiales del ejército, a convocar a una reunión en el cuartel El Zapote que culmino con la decisión de deponer y sustituir al general Menéndez como presidente de la República. Para concretar la decisión fueron llevados al cuartel, tanto el general Menéndez como los diputados, siendo este obligado a presentar su renuncia al presidente de la Asamblea. Se nombro en sustitución, como presidente provisional, al coronel Osmin Aguirre y Salinas. Sin embargo, la asamblea de oficiales lo condiciono a formar un gabinete, tomando en cuenta a los partidos minoritarios de derecha: Unificación Social, Fraternal Progresista, Frente Social Republicano y Partido del Pueblo salvadoreño. También se mantuvieron vigentes los compromisos adquiridos por el decreto de los Tres Poderes, de celebrar las elecciones previstas en enero de 1945, con el fin de que el candidato que saliera electo tomara posesión el uno de marzo. La primera medida de Aguirre y Salinas fue decretar el estado de sitio, que se mantuvo durante casi todo su periodo. El 6 de octubre, el ex presidente Menéndez publico unas declaraciones explicando, con todo detalle, la forma en que había sido destituido por la junta militar, en contra de su voluntad. La reacción del ejercito no se hizo esperar y la gran mayoría de oficiales firmaron un manifiesto contra el general Menéndez, declarándolo "traidor e hijo indigno del ejercito", además de que presionaban por su degradación. Por otra parte, el veterano liberal demócrata doctor Miguel Tomas Molina, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia y, al mismo tiempo, designado a la presidencia de la República, denuncio como inconstitucional al nuevo Ejecutivo. Los afectos al régimen trataron de demostrar, por todos los medios, la legalidad del nombramiento de Aguirre y Salinas, aduciendo el texto del articulo 132 de la Constitución que, a criterio de sus interpretes, le daba a la Fuerza Armada la función de "guardar el orden publico y hacer efectivas las garantías constitucionales". Sin embargo, el 18 de noviembre, la Asamblea Legislativa daba un nuevo golpe de Estado al desconocer a los magistrados del Poder Judicial. Los cinco meses del gobierno de Aguirre y Salinas se caracterizaron por una amplia represión policial contra todos los opositores, especialmente los movimientos democráticos y los seguidores del doctor Arturo Romero. De esta cacería de brujas no lograron salvarse los liberales, los dirigentes sindicales, los profesionales jóvenes con opciones políticas, los lideres de la ADS y el PUD, y los estudiantes universitarios. Todos los que fueron capturados por las fuerzas policiales eran enviados al exilio. En estos días, el doctor Romero se encontraba en Estados Unidos sometido a una cirugía facial. sin embargo regreso a Guatemala, en donde se había formado un "gobierno en el exilio", presidido por el doctor Miguel Tomas Molina. El 26 de junio de 1944, en Guatemala, había estallado un movimiento revolucionario contra el general Jorge Ubico, quien fue definitivamente derrocado el dos de julio y sustituido por un triunvirato militar. Por tal razón, el clima político en dicho país cambia de signo, y muchos salvadoreños expatriados, entre estudiantes, profesionales y sindicalistas, se organizaron, apoyados por el régimen revolucionario de Guatemala, para invadir El Salvador. Se organizo entonces un ejército invasor, del que formaban parte muchos de los militares y civiles sobrevivientes del dos de abril, exiliados en Guatemala. Después de un improvisado adiestramiento, a lo que habría que agregar una escasez de armas y municiones, el ejercito ingreso a territorio salvadoreño, por el lado del departamento de Ahuachapán, el 12 de diciembre. En este lugar, se libraron los combates entre los ilusos invasores y las fuerzas del ejército nacional y la Guardia Nacional, en los Llanos del Espino y en las calles de la ciudad. Como era de esperar se diezmo a los invasores y, durante los meses siguientes, hubo mas victimas y deportados. Tampoco las mujeres se salvaron de la ola de represión de este nuevo tirano, que nada tenia que envidiar a su predecesor Hernández Martínez. El estado de sitio y la ley marcial fueron impuestos para dar impunidad a la represión del régimen.  Los grupos de oposición lograron montar una convincente campana contra el régimen, en la que participaba la sociedad civil, representada por importantes estratos de la misma: profesionales, empresarios y estudiantes. En ella, se manifestaba abiertamente su rechazo al gobierno de Aguirre, por lo que la oligarquía junto al régimen no pudieron menos que respetar el decreto de los Tres Poderes y efectuar un simulacro electoral. En enero de 1945, sin oposición de ningún otro candidato, es elegido presidente el general Salvador Castaneda Castro, apoyado por la oligarquía y el Partido Agrario. Y el dos de marzo de ese ano, se efectúa la transmisión del poder. También se Eligio simultáneamente una Asamblea Constituyente que redacto una nueva Constitución, promulgada el 29 de noviembre de ese mismo ano. En la vecina Guatemala, el 7 de febrero de 1945, había sido declarado presidente electo el doctor Juan José Arévalo. El triunfo militar de los Estados Unidos y sus aliados europeos en la Segunda Guerra Mundial, permitió una amplia difusión de los valores democráticos, los derechos humanos, la seguridad social y los derechos de los trabajadores de asociarse y organizarse libremente en sindicatos. Se empezaron a discutir públicamente temas que estaban vedados, tales como la liberación femenina, el derecho a la educación y la salud, la reforma agraria, la diversificación económica y el papel "protector" del Estado. En este contexto, los típicos dictadores latinoamericanos, militares por regla general y opositores a toda apertura democrática, no tenían cabida. En nuestro país, los grupos opositores a estos regímenes, van surgiendo en la década de 1940 a 1950, conformados por jóvenes profesionales, sindicalistas, estudiantes universitarios y sectores intelectuales, quienes empiezan a ofrecer resistencia a los dictadores de turno, aventuras que invariablemente terminaron con las vidas, o el exilio de sus lideres. Los primeros regímenes que sucumben ante el embate de estas nuevas organizaciones políticas fueron el de Jorge Ubico en Guatemala y Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, en 1944. Pero en El Salvador, a la caída de Hernández Martínez, fueron los militares quienes retuvieron el poder, sucediéndole una serie ininterrumpida de oficiales del ejército, por casi 45 años. La Dictadura Prolongada Y La Huelga De Brazos Caídos  Uno  de los efectos del alzamiento  fue la consolidación del general Hernández Martínez en el gobierno. Aunque el reconocimiento de Estados Unidos siguió pendiente, el temor a un alzamiento comunista hizo que se enviaran tres barcos de guerra al puerto de Acajutla, uno de ese país y dos canadienses para ayudar a reprimir la rebelión. El jefe de operaciones militares de la zona, general José Tomas Calderón, rechazó la ayuda ya que según les comunicó, ya había liquidado o neutralizado a los bolcheviques. Durante los siguientes diez años, debido a que la atención mundial se encontró en Europa, el gobierno de Hernández  Martínez no se sintió hostilizado  desde el exterior. Por el contrario, cada alianza en formación (Alemania, Italia y Japón. Por un lado y Estados Unidos, Francia e Inglaterra por el otro) compitió en El Salvador, lo mismo que en toda Latinoamérica, por la amistad del gobierno. El general Hernández Martínez que en un principio mostró cierta simpatía por las tendencias fascistas, sobre todo durante la guerra civil española que se inicio en 1936, pronto vario su rumbo después de comenzar el conflicto mundial, llegando incluso a expropiar propiedades de Alemanes e Italianos residentes en El Salvador y enviar a sus dueños a campos de concentración en Estados Unidos, como hacían muchos otros países latinoamericanos en esa época

 Poco después del alzamiento campesino, el general Hernández Martínez fue electo por la Asamblea Legislativa para completar el período del Ingeniero Araujo o sea hasta 1935, pero como decidió continuar en el poder, deposito un año antes, la presidencia en el general Andrés Ignacio Menéndez, hombre de su más absoluta confianza y se presentó a las elecciones que gano, sin ninguna oposición, en 1935. Como la Constitución Vigente, la de 1886. impedía la reelección al acercarse el final de su nuevo periodo, en 1939, se eligió a una Asamblea Constituyente (de nuevo, sin oposición) que nombro a Hernández Martínez por esta única vez, presidente por tercer periodo. Al fin de este en 1944, se repitió el procedimiento, iniciando en febrero de ese año un cuarto periodo de gobierno que debería terminar en 1949. Pero no pudo concluirlo, porque a los pocos meses, luego  de una sangrienta revuelta militar y de una extraordinaria huelga que empleo medios enteramente pacíficos, se vio obligado a renunciar a la Presidencia.

Fueron más de 12 años de poder absoluto ¿Cómo pudo mantenerse Hernández Martínez por tanto tiempo? La respuesta requiere que se analicen algunas cosas con detalle. En primera lugar, el alzamiento del 32 puso en pie de alerta al país entero sobre lo que podía pasar de no resolverse efectivamente el desorden gubernamental que había campeado durante las administraciones pasadas. Alrededor del general Hernández Martínez se agruparon muchas personalidades que hasta ese entonces habían competido desde distintos partidos. Se formo un bloque gobernante bastante coherente, con una pauta de austeridad y honestidad administrativa que pronto atrajo las simpatías de la mayoría de la población. En segundo lugar, para muchos el general Hernández Martínez era como un patriarca severo y autoritario y el orden eran de lo más importante. En la cultura política imperante, esta figura patriarcal tenia mucho peso, y más todavía después de la revuelta. Y en tercer lugar, se sumaron los programas de modernización del estado y de atención  a los problemas sociales, los que fueron vistos con simpatía por diversos sectores Por otra parte, en el clima posterior al alzamiento, se había organizado desde 1932 una legión Pro-Patria en apoyo al gobierno para las elecciones de 1935 ya existía el pro-Patria, que serviría como partido oficial a lo largo de la dictadura. Mas adelante, el apoyo al gobierno también fue promovido por un movimiento de masas con el nombre de “Reconstrucción Social” que de hecho funcionaba como agencia para reclutar partidarios del gobierno entre los trabajadores. La fuerza del gobierno de Hernández Martínez tiene que ver también con la debilidad de la oposición. Por muchos años no se contó con una efectiva oposición, en parte por la popularidad  que logró el régimen, sobre todo al principio y en parte como efecto de la cruenta represión del 32 y su secuela de temor, a lo que fue añadiendo el accionar de un aparto represivo eficiente.Durante casi todo el martinato se vivió bajo estado de sitio, con limitación de  las libertades constitucionales. La prensa nacional, por ejemplo, fue sometida a una constante censura y se emitieron severas leyes para castigar los críticos del gobierno. A la Universidad  Nacional se le suspendió su autonomía por largos periodos, mientras que el estudiantado estuvo sometido a estricta vigilancia por la policía secreta. En 1941 el general Hernández Martínez había promovido la formación de milicias armadas de sus partidarios, lo que desagradaba a algunos militares. Por lo que todo esto vino a ocasionar algunos descontentos por parte de diversos sectores y fueron abandonando el gobierno poco a poco a través de renuncias o estableciendo grupos semi-clandestinos que de manera u otra conspiraban contra el gobierno. En este mismo año se había conformado una alianza panamericana a favor de las democracias en su lucha contra los nazis y los fascistas. Aprovechando las visitas de emisarios del gobierno francés en el exilio, en septiembre de ese año se fundaron “Juventud Democrática Salvadoreña”, “Pro Francia Libre” y “Acción  Democrática Salvadoreña”  (ADS). Estas organizaciones, son pretexto de apoyar a los Aliados, emitían propaganda abiertamente antidictorial. En la dirigencia de ADS figuraban antiguos funcionarios del gobierno, que se habían ido distanciando por las ambiciones dictoriales del general Hernández Martínez; por lo que no lograron una acción coordinada sino a principios de 1944 cuando tomó cuerpo una conspiración entre elementos civiles y militares.  El día 2 de abril de ese mismo año, un alto número de militares se alzaron armas, logrando el control de importantes cuarteles en la capital y en algunos de los departamentos y de la aviación... L a policía y la guardia nacional, sin embargo, lo mismo que el importante cuartel de Artillería “EL ZAPOTE”, permanecieron del lado de Hernández Martínez, quien, logrando evadir su captura, sofocó l rebelión, luego de sangrientos combates. Luego se procedió a celebrar consejos de guerra donde se condenó a muerte a decenas de militares y a varios civiles. Debido al frustrado golpe de tantas situaciones el intelectual Joaquín  Castro Canizales, conocido como Quino Caso, habían abogado por una oposición pacífica al estilo de la que estaba llevando a cabo Ghandi en la India en contra de la dominación del imperio británico. Es allí en donde se empezaron a realizar huelgas por los estudiantes universitarios a partir de 26 de abril, por lo que se les unieron los estudiantes de secundaria, los maestros, empleados de teatro, vendedoras de los mercados, médicos, dentistas, abogados, jueces y obreros de los ferrocarriles. Los cierres de establecimientos comerciales se fueron extendiendo rápidamente, y un buen número de trabajadores también se unieron a la huelga.; todo esto se dio debido a necesitaban detener los fusilamientos y obtener la renuncia del general Hernández Martínez. Y para lograr todo esto se debía enfrentar a la tropa con el pueblo desarmado pero ya movilizando en las calles; y es aquí donde sobresalió el “Comité de Reconstrucción Nacional” (CRN), constituido el 5 de mayo con fuerte presencia de partidarios de ADS y del grupo del Banco Hipotecario. El gabinete de ministros renunció el 7 de mayo así como también el general Hernández Martínez por lo que tal acontecimiento lo anunció  la noche del 8 de ese mes. El día siguiente la Asamblea eligió en su lugar al general Andrés Ignacio Menéndez, ministro de guerra designado a la Presidencia; por lo que totalmente Hernández Martínez abandonó el país el 11 de ese mes y la huelga concluyó. EL IMPERIALISMO Y LA OLIGARQUIA COMO FUERZA DOMINANTE. Ya planteado el nuevo panorama de dominación oligárquico-imperialista en sus rasgos fundamentales (la consolidación definitiva sería, para la oligarquía criolla, la masacre del año 32, y para el imperialismo norteamericano la Segunda Guerra Mundial) hay que advertir que ello se reflejó en la conciencia de las masas. La lucha de las masas, la lucha ideológica y la lucha material, tomó nuevos rumbos, completamente alejados de la vieja enajenación conservadora-liberal. La década del 20, hace de El Salvador un campo de batalla de las nuevas ideas: el anarquismo, el sindicalismo, el mínimun-vitalismo (doctrina utopista del escritor salvadoreño Alberto Masferrer), el marxismo, etc., prenden con nuevas llamas en las multitudes. Desde 1910 habían comenzado a surgir en el país, distintas organizaciones gremiales. Ese año se Fundó la Sociedad de Empleados de Comercio. En l9l4 se constituyó la Confederación de Obreros de El Salvador, con la cual se reunieron varias organizaciones artesanales y proletarias como la Sociedad de Obreros de El Salvador, la Sociedad El Quetzal, la Sociedad Cooperativa de Zapateros y Sastres y la Sociedad de Carpinteros. 1923 se constituyó la Alianza Tipográfica y la Federación Regional de Trabajadores de Oriente, de tendencias marxistas, en cuyo seno se agrupaban entre otros sectores proletarios: los panificadores, ferrocarrileros, tejedores, trabajadores de salones domésticos, sorbeteros y refresqueros, instaladores eléctricos, zapateros, trabajadores manuales e intelectuales de los periódicos, barberos, pintores, motoristas y mecánicos. Además, pertenecían a la regional las organizaciones locales de Campesinos, la Universidad Popular y otras organizaciones progresistas. En los últimos años de la década del veinte se fortalecen las organizaciones campesinas, y en el año de 1929, surge el Partido Comunista Salvadoreño. Entre sus fundadores se destaca la figura del mártir de 1932, Agustín Farabundo Martí, que fuera el primer secretario general del naciente partido, ejemplo luminoso de abnegación y firmeza para las nuevas generaciones de revolucionarios salvadoreños. El Partido Comunista ha vivido y se ha fortalecido en la más absoluta clandestinidad, bajo la presión diaria del enemigo, y muchos de sus mejores militantes han sido asesinados por las fuerzas represivas del imperialismo y la oligarquía. El gran ascenso revolucionario del pueblo salvadoreño, de los últimos años de la década del veinte y los primeros de la década del treinta, sería interrumpido bestialmente por la gran masacre obrero-campesina de 1932 —ordenada por el imperialismo norteamericano y la oligarquía criolla y ejecutada por las Fuerzas represivas del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez—, en la cual fueron asesinados decenas de millares de obreros, campesinos y estudiantes y quedaron destruidas para muchos años las organizaciones democráticas del pueblo salvadoreño. Este hecho de sangre —el más salvaje que registra la historia de América— marca nítidamente, como antes se apuntó, la unificación de la oligarquía, el dominio aún mayor del imperialismo norteamericano sobre el país y la inauguración de la dictadura militar como forma de gobierno exclusiva, acogida por la citada oligarquía y por el imperialismo. Las condiciones deparadas por el semifeudalismo y el semicolonialismo, que desde entonces caracterizaron en forma conjunta y completa la base económica del país, permanecieron inmutables durante los trece años de la feroz dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Al derrocamiento de ésta, por el empuje de las fuerzas populares, se sucedieron varios gobiernos (Menéndez, Aguirre y Salinas, Castaneda Castro) que no tuvieron otro fin político que el de consolidar nuevamente la dictadura militar que mantiene y defiende la estructura económico social reinante. Pero es menester detallar los sucesos de 1932 y el período de la dictadura martinista para explicarnos esos gobiernos y para comprender, en mejor forma, la época que se abre desde la llamada “Revolución de 1948’ hasta la actualidad.

 Al subir al poder el gobierno de Arturo Araujo, en marzo de 1931, trató de dar largas a las soluciones prometidas en su campaña electoral. Pero los problemas eran demasiado urgentes: la crisis mundial del capitalismo había llegado con toda su devastadora fuerza a El Salvador y en los campos y las ciudades del país la cólera aumentaba con la misma velocidad del hambre. Ante los ojos del pueblo, lisa y llanamente, Araujo, en quien se habían depositado tantas esperanzas, había engañado a sus, electores, había dispuesto no cumplir las promesas contenidas en su programa presidencial. El pueblo se movilizó para hacer cumplir ese programa, las huelgas comenzaron a menudear y el gobierno, ante tal situación, envió a sus fuerzas represivas. En varios lugares del país sucedieron incidentes, de alguna gravedad, entre los trabajadores descontentos y las gubernamentales, como por ejemplo: en los Planes de Renderos, Apastepeque, Sonsonate, Zaragoza, Turín, llopango, etc.

 Por su parte los Sectores organizados más conscientes y radicales desarrollaban su propaganda entre el pueblo, instándolo a exigir sus derechos en todos los niveles. Las masas respaldaban ampliamente las consignas de mejores salarios, respeto a los derechos obreros, libertad de organización, la reforma agraria, etc., y clamaban por el ofrecido reparto de tierras, por la anulación del desempleo, etc. El rompimiento de los obreros y campesinos con el gobierno de Araujo, que ellos habían elegido, se hizo muy pronto definitivo. La oligarquía y el imperialismo exigían “mano fuerte” contra el pueblo y el gobierno de Araujo les comenzó a parecer débil, ante el empuje popular, en pos de las reivindicaciones más urgentes. Claramente advertían las clases dominantes, que su camino hacia la consolidación definitiva y permanente en el poder político y en la explotación económica estaba obstaculizado por ese empuje de las masas, que de ser organizado en todos sus niveles importantes, habría sido imposible de vencer, y que por lo tanto, para aniquilarlo, había que tomar medidas amplias y radicales. Una represión que descabezara totalmente al movimiento democrático salvadoreño, que destruyera a las organizaciones “para siempre” y que golpeara mortalmente al pueblo hasta convencerlo de la inutilidad de la lucha, era la vía ideal —aunque atravesara mares de sangre para defender los intereses de la reacción. Y esa vía fue la que se escogió y comenzó a poner en práctica. En primer lugar se sustituyó el gobierno constitucional de Arturo Araujo, mediante un golpe de Estado por una dictadura militar, que con cambio en las personas dura hasta el presente. Una junta militar se hizo cargo del poder al ser depuesto Araujo, y al no poder controlar la situación hizo subir a la presidencia al general Maximiliano Hernández Martínez, que había sido ministro de la guerra en el gabinete de Araujo y que reunía todas las condiciones ideológicas, morales, etc., para convertirse en el “hombre fuerte” que necesitaban los terratenientes y el imperialismo en la defensa de sus intereses “salvadoreños.” La rebeldía campesina se acentuó en el occidente del país. Algunos peones hambrientos asaltaron unas tiendas en busca de comida, otros trabajadores rechazaron por la fuerza a los guardias que los habían atacado por órdenes de los terratenientes. Estos hechos, aislados, fueron aprovechados para iniciar la masacre fríamente calculada. Las tropas del ejército y de la Guardia Nacional se regaron por los campos, arrasando cuanto hallaban a su paso. El campesinado comenzó a defenderse ante aquella fuerza superior y logró algunos éxitos, entre ellos, apoderarse brevemente de dos o tres ciudades pequeñas del occidente del país, como Tacuba y Juayúa, en donde se fundaron soviets locales que fueron posteriormente destruidos a sangre y fuego. Los comunistas y otros sectores democráticos comprendían la inmensa tragedia: sabían que los acontecimientos se habían desencadenado merced a una provocación reaccionaria minuciosamente elaborada y sabían, asimismo, que no tenían la organización capaz de controlar a las masas, ni capaz de detener la provocación o de aplastarla por la fuerza. De tal manera que, entre la espada y la pared, los comunistas escogieron el camino heroico de la espada, el camino de morir junto a su pueblo, a la cabeza de su pueblo. Farabundo Martí, Mario Zapata y Alfonso Luna — secretario general del partido el primero y redactores del periódico Estrella Roja los segundos—, denunciados por las religiosas de un colegio de niñas de San Salvador, fueron capturados y se convirtieron en unos de los primeros fusilados (le la gran masacre. Muy distinta fue la actitud (le los dirigentes de otros sectores que se autonombran “populares y revolucionarios’ durante la campaña de Araujo: laboristas, mínimun-vitalistas, etc., que, ante el rigor de la represión abandonaron a las masas a su suerte. La matanza fue espantosa. Las fuerzas represivas del gobierno y las “guardias cívicas” —fuerzas civiles organizadas por los terratenientes y la burguesía de las ciudades, e integradas a la par por señoritos de buenas familias y sus lacayos y por elementos del lumpen-proletariado— ametrallaban a los campesinos indiscriminadamente en las estaciones de ferrocarril, en las calles de los pueblos del interior, en los caminos vecinales, en las carreteras, en las fincas y haciendas. Por camionadas eran conducidos para ser fusilados, los ciudadanos, en el cementerio de San Salvador y en las inmediaciones del lago de Ilopango. Muchos de ellos eran enterrados aún vivos en las fosas que habían sido obligados a abrir. En los pueblos de Sonsonate se convocaba a los campesinos para que asistiesen masivamente un día domingo a la alcaldía, con el fin de recibir un salvoconducto que los acreditara de “ser personas honradas y anticomunistas.’ Cuando se reunían en la plaza municipal, la Guardia Nacional ponía “tapadas” en las cuatro esquinas los ametrallaba inmisericordemente. Datos como este, acerca del cual se agrega que después del ametrallamiento quedaban tendidos “hasta los fieles perros que acompañaban a sus amos indígenas,” Constan en documentos militares oficiales del gobierno salvadoreño, publicados por la Imprenta Nacional de El Salvador. El general Josa Tomás Calderón, en un telegrama al presidente Martínez, aseguraba que en los primeros días de la represión había liquidado a “seis mil comunistas.’ Este telegrama tenía además el fin de hacer comprender a los capitanes de los barcos de guerra norteamericanos e ingleses, que en el puerto de la Libertad amenazaban con desembarcar tropas “para proteger a sus connacionales,” que el gobierno salvadoreño era capaz por sí mismo de “pacificar el país.” La cifra exacta de los muertos no se conocerá nunca. El periodista norteamericano William Krehm, en su clásico libro Democracias y tiranías en el Caribe, afirma que fueron doce mil. Fuentes militares salvadoreñas (Historia militar de El Salvador, por el coronel Gregorio Bustamante Maceo, Ministerio del Interior, Imprenta Nacional, 1957, San Salvador) aseguran que los muertos “no fueron menos de 24 mil.” Las organizaciones revolucionarias salvadoreñas de la actualidad, despui5s de prolongados estudios documentales, afirman que los muertos fueron “alrededor de 30 mil.” El fin de la oligarquía y del imperialismo fue cumplido con creces. Las organizaciones populares fueron despiadadas, el pueblo fue vencido temporalmente por el terror y el general Martínez —-y la dictadura militar— pudo comenzar gobernar sobre una auténtica “paz de cementerio lo peor de todo, posiblemente, para los efectos de la reconquista de la iniciativa revolucionaria por pile del pueblo, fue el terrible trauma, por así decirlo, que quedó presente en la conciencia popular por muchos años. De tal manera que, entre la espada y la pared, los comunistas cogieron su camino heroico de la espada, el camino de morir junto a su pueblo, a la cabeza de su pueblo. Farabundo Martí, Mario Zapata y Alfonso Luna — secretario general del partido el primero y redactores del periódico Estrella Roja los segundos—, denunciados por las religiosas de un colegio de niñas de San Salvador, fueron capturados y se convirtieron en unos de los primeros fusilados de la gran masacre. Muy distinta fue la actitud de los dirigentes de otros sectores que se autonombraban ‘populares y revolucionarios’ durante la campaña de Araujo: laboristas, mínirnun-vitalistas, etc., que, ante el rigor de la represión abandonaron a las masas a su suerte. La matanza fue espantosa. Las fuerzas represivas del gobierno y las “guardias cívicas” —fuerzas civiles organizadas por los terratenientes y la burguesía de las ciudades, e integradas a la par por señoritos de buenas familias y sus lacayos y por elementos del lumpen-proletariado— ametrallaban a los campesinos indiscriminadamente en las estaciones de ferrocarril, en las calles de los pueblos del interior, en los caminos vecinales, en las carreteras, en las fincas y haciendas. Por camionadas eran conducidos para ser fusilados, los ciudadanos, en el cementerio de San Salvador y en las inmediaciones del lago de llopango. Muchos de ellos eran enterrados aún vivos en las fosas que habían sido obligados a abrir. En los pueblos de Sonsonate se convocaba a los campesinos para que asistiesen masivamente un día domingo a la alcaldía, con el fin de recibir un salvoconducto que los acreditara de “ser personas honradas y anticomunistas.” Cuando se reunían en la plaza municipal, la Guardia Nacional ponía “tapadas” en las cuatro esquinas y los ametrallaba inmisericordemente. Datos como éste, acerca del cual se agrega que después del ametrallamiento quedaban tendidos “hasta los fieles perros que acompañaban a sus amos indígenas,” constan en documentos militares oficiales del gobierno salvadoreño, publicados por la Imprenta Nacional de El Salvador. El general José Tomás Calderón, en un telegrama al presidente Martínez, aseguraba que en los primeros días de la represión había liquidado a “seis mil comunistas.” Este telegrama tenía además el fin de hacer comprender a los capitanes de los barcos de guerra norteamericanos e ingleses, que en el puerto de la Libertad amenazaban con desembarcar tropas “para proteger a sus connacionales,” que el gobierno salvadoreño era capaz por sí mismo de “pacificar el país.” La cifra exacta de los muertos no se conocerá nunca. El periodista norteamericano William Krehm, en su clásico libro Democracias y tiranías en el Caribe, afirma que fueron doce mil. Fuentes militares salvadoreñas (Historia militar de El Salvador, por el coronel Gregorio Bustamante Maceo, Ministerio del Interior, Imprenta Nacional, 1957, San Salvador) aseguran que los muertos “no fueron menos de 24 mil.” Las organizaciones revolucionarias salvadoreñas de la actualidad, después de prolongados estudios documentales, afirman que los muertos fueron “alrededor de 30 mil.” El fin de la oligarquía y del imperialismo Fue cumplido con creces. Las organizaciones populares fueron decapitadas, el pueblo fue vencido temporalmente por el terror y el general Martínez —-y la dictadura militar- pudo comenzar a gobernar sobre una auténtica “paz de cementerio “Lo peor de todo, posiblemente, para los efectos de la reconquista. de la iniciativa revolucionaria por parte del pueblo, fue el terrible trauma, por así decirlo quedó presente en la conciencia popular por muchos años. Con las organizaciones decapitadas y dispersas, la dictadura de Martínez comenzó una de las labores de distorsión de los hechos históricos más intensa que se recuerda, con respecto a los acontecimientos de la vida social salvadoreña. Una propaganda sistemática y profunda, acompañada del (error permanente e intenso, se encargó de repetir hasta la saciedad que los sucesos del año 32, no merecían un calificativo mejor que “la gran matanza efectuada por los comunistas contra el pueblo salvadoreño.” Por muchos años, ni una voz se alzó públicamente ante la calumnia que responsabilizaba al Partido Comunista Salvadoreño de los hechos materiales de salvajismo e inhumanidad que asolaron los campos y ciudades del país en que aquel entonces. Simultáneamente los grandes asesinos, los verdaderos genocidas, las guardias cívicas y las fuerzas armadas salvadoreñas —en nombre de los cafetaleros y de los intereses norteamericanos— eran consagrados como los salvadores del país, los guardianes del orden y la paz amenazados por la “subversión roja.” En pocos países como El Salvador el “gran fantasma” —en el sentido peyorativo del término— del comunismo, y el hecho real y ferozmente impuesto por todos los medios del anticomunismo, presidió en forma tan intensa el panorama nacional. Visto desde otro ángulo, este doloroso acontecimiento significa, sin embargo, el primer gran intento de rectificación histórica por parte del pueblo salvadoreño desde el levantamiento de Anastasio Aquino en 1832. Por el apoyo de masas con que contaban las organizaciones más radicales y revolucionarias, por el contenido clasista de las demandas que se plantearon ante el problema electoral durante la campaña que terminó con la elección de Araujo, por los fines que comenzaron a perseguir las acciones populares cuando las masas comenzaron a defenderse de la represión gubernamental martinista (instalación de soviets, toma del poder político nacional, etc.) es evidente, que los sectores más avanzados del pueblo tenían ya clara conciencia de que las vías de la solución de los grandes problemas nacionales pasan, irremediablemente, por la revolución antifeudal y antiimperialista.La victoria reaccionaria, que significó la sangrienta masacre de 1932, no podía ser, sin embargo, definitiva. Bajo esa “paz de cementerio,” a que se había aludido anteriormente, el pueblo comenzó con grandes dificultades y heroísmos a organizar sus instrumentos de lucha. Larga fue la dictadura martinista. El poder, surgido sobre la base del asesinato masivo del pueblo salvadoreño, duró trece años y durante ese lapso muchos nuevos mártires cayeron por la libertad y la verdadera independencia nacional. Finalmente, en la época en que el fascismo sufrió el colapso definitivo de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones internacionales y la lucha del pueblo salvadoreño —armada primero y de huelga general después—propiciaron el derrocamiento del tirano. Estas acciones se iniciaron con el levantamiento armado cívico- militar del 2 de abril de 1944, fecha incorporada, desde entonces, a las efemérides gloriosas del pueblo de El Salvador, en su lucha por la libertad. La falta de organizaciones populares que habían legado las circunstancias del año 32 y de la dictadura martinista, la dirección pequeño-burguesa y los manejos de la oligarquía y la embajada norteamericana, hicieron que la coyuntura favorable de aquel entonces, en que de nuevo el ascenso revolucionario popular se hizo evidente, no fuera aprovechada por el pueblo salvadoreño, en la misma forma que lo hizo el pueblo de Guatemala en octubre de 1944. Derrocado Martínez por una huelga general “de brazos caídos” se instaló en su lugar un gobierno provisional, encabezado por el anciano general Andrés Ignacio Menéndez. El pueblo, desorientado y disperso, no pudo evitar que de inmediato se reinstalara la dictadura militar, por medio de un nuevo golpe de Estado reaccionario y llegara al poder un gobierno terrorista, encabezado por el vesánico coronel Osmín Aguirre y Salinas, que había sido Director General de Policía en 1932. Así, quedaron cerradas las posibilidades de un proceso electoral normal y de organización popular que habían quedado abiertas con el derrocamiento del tirano Martínez. La dictadura de Aguirre y Salinas tuvo que enfrentarse a una de las acciones más heroicas llevadas a cabo por la juventud salvadoreña en el presente siglo. Un nutrido grupo de estudiantes y obreros invadieron el país desde Guatemala con el objeto de deponer a la nueva tiranía, y lograron apoderarse del cuartel de la ciudad de Ahuachapán. Mal armados, pésimamente dirigidos por unos cuantos militares reaccionarios, sin abastecimientos, los heroicos invasores sucumbieron, ante la superioridad de las fuerzas oficiales. La dictadura pudo posteriormente cumplir su principal papel: propiciar las condiciones para que, mediante un fraude electoral, subiera al poder un nuevo gobierno, el presidido “constitucionalmente” por el general Salvador Castaneda Castro. El pueblo salvadoreño, que había perdido a muchos de sus mejores hijos en abril del 44 y en la invasión contra Aguirre y Salinas y que había colocado sus mejores esperanzas en una candidatura presidencial, la del Dr. Arturo Romero, que se había convertido en el “hombre- símbolo” de la revolución de 1944, como se le llamó siempre a la aludida rebelión cívico-militar, había sufrido una nueva frustración. Al tratar de reelegirse, Castaneda Castro fue derrocado por la oficialidad intermedia del ejército que instaló en el poder a un “Consejo de Gobierno Revolucionario” integrado por dos civiles y tres militares. Los estudiantes universitarios —en el Consejo figuraban algunos de los dirigentes más prestigiados— declararon “día del júbilo nacional” la fecha de la toma de posesión del nuevo organismo del poder (14 de diciembre de 1948). Sus miembros hablaban en sus primeras declaraciones públicas de un cambio radical en la situación política nacional e insistían con gran vigor verbal en el hecho de que el derrocamiento de Castaneda Castro significaba el origen incruento de una verdadera revolución de contenido popular. La que se ha llamado “revolución salvadoreña” de 1948. Pocos días bastaron para que el júbilo de los estudiantes desapareciera por completo y para que esta “revolución” se uniera a la larga secuela de frustraciones del pueblo salvadoreño. El régimen terrorista: fase última del totalitarismo En los Acuerdos de Paz, suscritos en 1992, que pusieron fin a la guerra interna, se sentaron los principios para pasar de la dictadura militar al Estado de Derecho.
Estos principios sirvieron para introducir las reformas constitucionales que deberían garantizar un nuevo tipo de Estado civilizado y democrático.
La dictadura militar y los regímenes oligárquicos, sustentados en un sistema eleccionario manipulado por el poder, privaron en tres cuartas partes del siglo XX. De esta forma, los Acuerdos de Paz y las reformas constitucionales, abrían las puertas para construir y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, como objetivo fundamental de los salvadoreños en el primer tercio de este nuevo siglo.
Una de las cuestiones fundamentales que dieron pie a la esperanza nacional de no volver a la guerra jamás, fue la desmilitarización del Estado, requisito sustantivo para construir los cimientos de la democracia efectiva. En esta dirección, se sentaron las bases para que la función policial del Estado y el aparato orgánico funcional de la policía dejaran de ser una extensión de la Fuerza Armada, con formación y estructura militares.
La Constitución, en el Art. 159, párrafo 2do., reza: “… La seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista” Pero, La Constitución no se limita a separar ambas instituciones, sino que la extiende a una clara diferenciación de las funciones. En el párrafo 3° del mismo artículo, se añade:
“La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, con apego a la ley y estricto respeto a los derechos humanos”.
Los Acuerdos de Paz y la Constitución pretendían la construcción de una nueva policía civil, con una cultura de democracia y relacionada amigablemente con la comunidad.
Así, como producto de un Estado de Derecho habría de existir una institución de seguridad y servicio público en función de afianzar y preservar ante todo, los Derechos Humanos y la tranquilidad de los ciudadanos, para que estos tuviesen garantizado el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos que ostentan.
Los Acuerdos de Paz, han sido declarados por el gobierno como “concluidos” es decir, olvidados, quedando todos los compromisos que de ellos surgieron, sin valor alguno y lejos de afianzar la democracia efectiva, se ha continuado alentando y practicando el Estado decisionista, en manos de una oligarquía política, que implementa un régimen concentrador, excluyente y autoritario.

Esta clase de régimen, le asigna otro papel a la PNC como instrumento de control y represión exclusivamente dedicada a combatir a todo el que se oponga a la imposición de sus políticas excluyentes y polarizantes, especialmente contra las clases empobrecidas y criminalizadas.

Un análisis científico y profundo del comportamiento de la Policía Nacional Civil desde su fundación hasta la fecha, muestra claramente que su cultura inicialmente con matices democráticos se ha deteriorado de manera dramática, presentando hoy, como en la época de las dictaduras militares, una cultura de la violencia y de culto a la «religión del orden y el control ciudadano», atropellando la Constitución, el Derecho y la Justicia, sin el mínimo recato.
La tendencia es el empleo sistemático del terror, por medio de una policía represiva para eliminar cualquier forma de oposición.
La Policía Nacional Civil aparece en los informes sobre violación de derechos humanos, presentados por entidades nacionales e internacionales, como una corporación violenta, discriminadora y brutal, y por tanto violadora de derechos y libertades fundamentales.
La Policía ha sido convertida en una institución totalmente distinta a la diseñada en los acuerdos de paz.
En opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las “graves disfunciones institucionales han impedido a la PNC convertirse en el ideal de una policía moderna, democrática y eficiente” (Procuraduría de Derechos Humanos. Informe especial, 02 de julio de 2007) Amnistía Internacional, en su informe 2007, afirma que en nuestro país creció la preocupación entre la población y organizaciones civiles por la posible reaparición de escuadrones de la muerte.

Las acciones de terror llevadas a cabo por la PNC y el Ejército, como la de Suchitoto en julio pasado, no responden a un impulso fugaz ni instantáneo.
Son la secuela natural de una concepción claramente anti-popular afincada en el odio irracional al pueblo y el temor que le suscita al poder político ultraderechista, la presencia creciente de las masas en el escenario nacional.
El uso indiscriminado de la fuerza, la tortura y la ejecución extrajudicial en las dictaduras militares no son una práctica sorprendente, ya que son un componente del sistema, pero ¿y cuando reaparece esta aberrante práctica en El Salvador, en el marco de un Estado supuestamente democrático y de Derecho?
El pensamiento autoritario sostiene, que la brutalidad y la tortura simplemente son una excepcionalidad, en el dado caso que solo se puede justificar la “fuerza excesiva” (incluyendo la tortura) frente crímenes de “terrorismo”.
¿Y que sucede cuando cualquier forma de protesta social o de oposición activa y militante al régimen es hoy “legalmente” calificada de “terrorista”?
Es necesario poner mucha atención y actuar en los problemas de organización y funcionamiento de la Administración Pública, como problemas relacionados con la propia libertad y sus efectivas garantías, pues el tema de las libertades es en primer lugar, el tema de los poderes públicos.
Es por ello que la problemática de la administración policial, de su funcionamiento, de su estructura, de su control, de sus funciones, etc., es el punto neurálgico para poder designar el carácter del Estado (represivo y totalitario o democrático, social y de Derecho) Es indispensable que la PNC se desmilitarice y se deshaga de todas las posibles manifestaciones criminales que la están corrompiendo, solo de esta forma sus funcionarios actuarán de manera coherente con una perspectiva de nación civilizada y democrática.
En pocas palabras, toda esta reflexión plantea la necesidad de una Policía que actúe sometida al imperio del Derecho legítimo y al control ciudadano, no al libre albedrío de los políticos de turno, ya que el Derecho como expresión ordenada de la razón humana y la democracia, es antes que un recurso técnico administrativo, un bastión contra el instinto expansivo del poder.
Estamos seguros de que nuestras consideraciones no caen en saco roto y la ambición que nos motiva al plantearlas, es que se conviertan en una herramienta para el debate social, ya que después de quince años de soñar con país nuevo, un país democrático, saludable, educado y justo, El Salvador vive de nuevo, una crisis estructural que nos indica que un viejo régimen autoritario y excluyente agoniza, mientras una nueva forma de Estado y sociedad más avanzada se esfuerza por nacer. El futuro inmediato será sin duda de cambios trascendentales en la vida de los salvadoreños. LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO La modernización del Estado, concebida como un medio para descentralizar y democratizar la economía, pasa por el consenso beneplácito del Poder Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores. La puesta en común de los tres sectores, que tenga como interés supremo el desarrollo de la nación, hace deponer actitudes de confrontación y promueve la creación de las condiciones para construir la democracia. Por ello el proceso de modernización, al ser impulsado unila­teral o bilateralmente, sin tomar en cuenta a los trabajadores esta prácticamente condenado al fracaso y, lo que es peor, el costo social será elevado, puesto que podría desembocar en una explosión social.Sin embargo, en El Sal­vador el gobierno y la empresa privada impulsan el proceso de privatización y excluyen al sector trabajador, con esta actitud crean una atmósfera de desconfianza, porque el proceso no garantiza la inserción económica de los trabaja-dores y hace que a estos los invada la incertidumbre y la inestabilidad laboral.  El hecho de ser excluyente es el resultado de que no existe en el poder político y económico claridad conceptual y fatica para desarrollar la modernización del Estado. Porque no empezar por: Despedir a todos los militantes políticos que están contratados en la función publica no por capacidad y eficiencia sino porque pertenecen al partido de gobierno, reducir los engorrosos tramites burocráticos a 10 minutos máximos, ser transparentes y honrados en la administración del erario publico, es decir, que no haya corrupción, reducir el numero de ministerios —muchos de ellos son solo botines políticos en donde les crean plazas por ejemplo a los compadres, ahijados, amantes, amigos y familiares de los políticos que ganaron las elecciones—, reducir el numero de diputados de 84 a 50, darle el verdadero sentido a la administración publica, para servir eficiente y ágilmente al pueblo, eliminar la duplicidad de funciones que realizan los ministerios y eliminar a los 14 gobernadores departamentales, que no sirven mas que para representar los intereses del partido al cual pertenecen.  La modernización del Estado es conducida por la empresa privada y el Poder Ejecutivo, porque el gobierno de ARENA esta constituido principalmente por los grandes empresarios del país, particularmente por el sector financiero de la oligarquía.La modernización del Estado, tal y como esta planteada, significa concentrar mas las riquezas de la nación en manos de un reducido numero de financistas, el gobierno no solo tiene en venta a Estado salvadoreño con el ala financiera del sector económico dominante del país, sino que incluso ha llegado al extremo de ir a la capital de Estados Unidos  a proponer la venta de El Salvador a las multinacionales.  Quiere decir que los salvadoreños de origen cuzcatleco, se quedarían sin Estado, porque este será propiedad privada de los salvadoreños de origen extranjero, es decir de la oligarquía y de las - multinacionales. Si precisamente la alta concentración de la riqueza del país ha sido históricamente el común denominador de las crisis políticas en I Salvador, quiere decir que el gobierno de ARENA y los grandes empresarios conducen al país hacia otro conflicto armado. Porque: que impera es la noción de modernización del Estado como medio para otorgar más privilegios y beneficios al estrato social de mayor ingreso económico del país.Una de las primeras medidas que tomo el gobierno de ARENA "fue crear un ejercito de miles de desempleados, al que el Ministro de Hacienda, denomino «un paso necesario para la modernización)) L.P.G., 02-12-1995), con el propósito de: Mantener los salarios de miseria de la población económicamente activa, al haber un exceso de oferta de mano de obra barata.Decapitar directivas sindicales y desarticular asociaciones de trabajadores.Reducir al mínimo las reivindicaciones laborales y salariales. Aumentar así la criminalidad para tener el pretexto de sacar de los cuarteles a los efectivos de la fuerza armada a que cumplan tareas de seguridad publica y justificar, de esta forma, el astronómico presupuesto que este organismo militar derrocha sin control de ninguna institución del Estado. El gobierno de ARENA puso prácticamente en la calle a miles de trabajadores a través de decretos, los empresarios que dirigen el gobierno se han convertido en la mejor maquinaria para aumentar el desempleo, la carestía, delincuencia y la pobreza de los salvadoreños. De tal forma, que ahora los salvadoreños de origen cuzcatleco no solo se quedaron sin la tierra propiedad de los ancestros indígenas, sino que ahora están en vías de quedarse hasta sin Estado. Primero se empezó con la privatización de las tierras ejidales y comunales y hoy con la privatización de las instituciones del Estado que son patrimonio de los salvadoreños. La historia de dominación ha hecho transitar a este territorio de ser primero Cuscatlán, porque al venir los españoles a estas tierras le cambiaron nombre y le denominaron El Salvador, y los indígenas de ser nativos de Cuscatlán pasaron a ser salvadoreños y; ahora con la venta del Estado llamada modernización, de ser ciudadanos de El Salvador se pasara a ser ciudadanos del universo. El Estado como agente de desarrollo social La modernización del Estado es indispensable para lograr un crecimiento y desarrollo económico y social de toda la población. Esta premisa se fundamenta en un sistema político democrático en donde el Estado vela por el bienestar de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación ideológica, económica, étnica, etc. La modernización del Estado implica la revisión de sus funciones principales, para determinar los cambios y reformas necesarias para hacerle frente a los desafíos y retos que le deparan, es decir. iniciar la construcción de los rieles sobre los cuales circulara la maquinaria estatal hacia un mejor futuro económico, social, y político, de toda la sociedad. En El Salvador, cuando el gobierno empresario habla de modernización del Estado, lo hace solo tomando en cuenta la participa­ción del Estado en el proceso económico, pero en beneficio exclusivo de los grandes empresarios y, solo incluye la parte social come marginal y en términos de ultimo orden. Cuando se aborda el tema de modernización del Estado, se plantea la pregunta Para que? Desde el punto de vista teórico es obviamente para hacer funcional o mas funcional, la otra pregunta es ^Para quien?, para toda la ciudadanía. No obstante, los ministros salvadoreños se refieren o le dan mas énfasis a la infraestructura física pero sin aborda sin reforzamiento en el área social, por ejemplo, en salud, seguridad publica y jurídica, garantizar a toda la población el acceso a los servicios básicos —agua, transporte, teléfonos, electricidad, etc.—, mejoras salariales, educación, vivienda, nutrición, generación de empleos, protección de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, etc. Este reforzamiento debe de incluir planes para contrarrestar las secuelas de la ejecución de la modernización estatal. La función del Estado La modernización del Estado debe de estar en función del ser humano y no de la empresa, porque si se toma como punto de partida mejorar las condiciones del hombre y de la mujer, por añadidura se mejoraran los aspectos económicos, sociales y políticos de la población. La filosofía del Estado al estar enfocada en mejorar el nivel de vida y aumentar la participación plena y activa de la sociedad civil, a través del mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales implicara una evolución obviamente positiva, de lo contrario la regresión se impondrá y, el objetivo se revertirá porque no se lograra un crecimiento económico equitativo y el costo social a pagar será elevado. El gobierno El gobierno en sentido amplio de la palabra es la personificación del Estado, es un órgano colegiado que esta constituido por individuos, instituciones, entidades y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el gobierno tiene la función de activar la acción del Estado, en sus diferentes manifestaciones intangibles y materia­les de la vida del país, "El gobierno es la forma política según la cual es gobernado un Estado"“. En sentido simple, se llama go­bierno, a los miembros e instituciones que forman el Poder Ejecuti­vo. Existen diferentes formas de gobierno, por ejemplo en el Tercer Mundo puede haber uno que sea autoritario y primitivo, en un país del Primer Mundo democrático y de avanzada. TRANSICIÓN MILITAR AL ESTADO DE DERECHO¿Qué se entiende por transición militar?La transición militar tiene que ver con el proceso experimentado por las Fuerzas Armadas, las cuales se fueron acomodando en el sistema democrático, asumiendo su rol constitucional de instituciones subordinadas a la autoridad civil.¿Cómo se da el Militarismo?Cuando el estado en cuestión carece de instituciones con suficiente tradición y arraigo, la institución militar se convierte en esos casos en cuna de numerosos profesionales con conocimientos técnicos. Por tanto, es la ausencia o la desaparición de los elementos que facilitan la democracia, lo que permite a las Fuerzas Armadas ocupar el poder.El militarismo, en El Salvador actuó en forma contraria a los intereses colectivos, es decir, con su actuar  motivaron el conflicto armado. Los militares se sentían comprometidos a conservar los  privilegios de la oligarquía.Los gobiernos militaresEn 1930, se fundó el Partido Comunista Salvadoreño (PCS). En diciembre de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez, se convirtió en presidente de El Salvador, luego del derrocamiento del gobernante civil, Arturo Araujo. Con el general Martínez, se inició una sucesión de gobiernos militares que habrían de regir el país hasta 1979.En 1932, el presidente Martínez reprimió un levantamiento campesino e indígena en la que también participaron militantes comunistas. El régimen martinista se consolidó luego de contener la rebelión, manteniéndose en el poder hasta 1944. En la década de 1950, los gobiernos de los coroneles Osorio y Lemus, impulsaron reformas sociales pero mantuvieron un fuerte control de la oposición.Uno de los mayores obstáculos para el establecimiento, consolidación y desarrollo de un régimen democrático es el militarismo. Reemplaza las decisiones de la soberanía expresada a través de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos por el criterio de los altos mandos. Cabe decir que la transición de los militares  no ha sido un proceso fácil ni rápido, sino más bien un camino de avances lentos y pausados, pero, al fin y al cabo, seguros y permanentes en el tiempo. Fue una época en la que el poder político tuvo que convivir con el poder militar y llegar de alguna manera a acuerdos para asegurar la armonía de la recién conquistada democracia. LOS ACUERDOS DE PAZEl 16 de enero de 1992, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron los Acuerdos de Paz de El Salvador. Logrando así, el primer paso definitivo en el cese del enfrentamiento armado. El 1º de febrero poco más que dos semanas después de la firma entró en vigencia el cese de fuego.  La firma de los Acuerdo de Paz fue la culminación del proceso formal de negociación salvadoreño que puso fin al conflicto armado y marcó el comienzo del largo proceso de transición entre la guerra y la paz Base para un nuevo regimen en El Salvador Comienzo del largo proceso de transición  Fin al conflicto  armado La desmilitarización Respeto a los derechos humanos Reformas que garantizan la libertad de expresión y opinión. Objetivos de la Transición MilitarLa construcción de una nueva sociedad Reunificar la sociedad salvadoreña. Consolidación de las nuevas instituciones y sistemas políticos/socialesImpulsar la democratización del país. Construir un estado de derecho democráticoGarantizar el irrestricto respecto de los derechos humanos. (En especial, de respeto a las libertades de organización, movilización, de expresión y prensa.) Condiciones para que la transición y consolidación tengan lugar1. La existencia del estado. 2. La existencia de una sociedad civil. 3. Una sociedad política autónoma. 4. Respeto de derechos humanos. 5. Una burocracia útil y eficaz. 6. Una economía abierta. La inexistencia o la ausencia relativa de estos elementos, no necesariamente todos en cada caso, explica la relevancia de la institución militar en la vida política.  

Desmontaje del poder militar

Re-configuración del sistema político

El sistema político La aprobación de una serie de reformas constitucionales y al Sistema Judicial, en función de construir un estado de derecho democrático que sentara condiciones para superar la impunidad, la corrupción y el control en la aplicación de las leyes por parte de grupos de poder. Son numerosos los factores que condicionan el paso de un sistema autoritario a otro de carácter democrático. Uno de ellos, sin duda, es la actitud de las Fuerzas Armadas, una institución que generalmente ha tenido un protagonismo excepcional en el régimen que desaparece y cuya aquiescencia es necesaria para que el nuevo se consolide.

La inexistencia o la ausencia relativa de estos elementos, no necesariamente todos en cada caso, explica la relevancia de la institución militar en la vida política.

GOBIENO Y FORMAS DE GOBIERNO

 El gobierno (del griego κυβερνάω "pilotar un barco"), en general, consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En sentido estricto, habitualmente se entiende por tal al órgano (que puede estar formado por un Presidente o Primer Ministro y un número variable de Ministros) al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una sociedad.En términos amplios, el gobierno es aquella estructura que ejerce las diversas actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado (funciones del Estado). El gobierno, en sentido propio, tiende a identificase con la actividad política.El gobierno no es lo mismo que el Estado, está vinculado a éste por el elemento poder. El gobierno pasa, cambia y se transforma, mientras que el Estado permanece idéntico. En ese sentido, el gobierno es el conjunto de los órganos directores de un Estado a través del cual se expresa el poder estatal, por medio del orden jurídico. Puede ser analizado desde tres puntos de vista: según sus actores, como un conjunto de funciones, o por sus instituciones.Un Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana de un territorio determinado. Históricamente, el primer Gobierno se forma en la tribu, como una forma de coordinar el pleno aprovechamiento de los recursos humanos, Naturales, Instalaciones y herramientas, etc. de la misma, para generar el máximo de satisfactores que satisfagan las necesidades de la tribu, en alimentación, seguridad, etc.Después, se ha establecido el "Ejecutivo" como ente coordinador, el "Legislativo" como generador de normas y leyes y el "Judicial" como encargado de hacer que las normas y las leyes se cumplan.

Formas de Gobierno Una forma de gobierno es un sistema por el cual un estado se gobierna, un amplio rango de diferentes formas de gobierno se ha sugerido y usado.Algunas de las formas de clasificar a los gobiernos es: según la época, el número de gobernantes, según la forma de ejercer el poder o la estructuración de un órgano.Como subdisciplina de las ciencias políticas, el estudio de la organización política y de las instituciones políticas es una ciencia comparativa y especializada, y en constante actualización. No existe una clasificación fija y exhaustiva de las diversas formas de gobierno debido a su variabilidad. La división tradicional de los gobiernos ha sido la dicotomía entre “democracia” y “dictadura” y no una topología con múltiples posibilidades.

Entre algunas formas de Gobierno tenemos:

Monarquía, Aristocracia y Democracia

Fue Aristóteles quien realizo una de las primeras clasificaciones. Pues tomo en cuenta, el número de gobernantes. Gobierno de uno: monarquía. De varios: aristocracia. De todos: República. Otro punto fue que como era la manera en que se ejercía el gobierno; estableciendo diferencias entre las formas puras e impuras. Ya que era pura cuando el gobierno se ejercía en beneficio e interés de todos y se practica la justicia e impura cuando se busca el interés de los gobernantes.

Monarquías y Repúblicas

En la monarquía todo depende de la voluntad del Monarca, la expresión de la voluntad del Estado es la manifestación de la voluntad del Rey. De esta manera se abarca la clasificación de las formas políticas existente en todas la épocas, porque lo que caracteriza el gobierno monárquico es siempre que la voluntad etática es la voluntad psicológica de una persona y lo que caracteriza a la República es que lo que se llama voluntad del Estado es el resultado de un proceso jurídico. DIFERENTES SISTEMAS  DE GOBIERNO 

Sistemas de gobierno en el Mundo

Repúblicas:     Sistema presidencial                     Sistema presidencial que comparte el poder ejecutivo con el Parlamento      Sistema semipresidencial              Sistema parlamentario Monarquías:      Monarquía parlamentaria              Monarquía constitucional      Monarquía absolutaOtros:     Sistema unipartidista      Dictadura militarFecha: Abril de 2006

   Clasificación de las formas de gobierno según la estructura política actual

Sistemas republicanos:

Una república es una organización de un estado en la que todos los cargos públicos son escogidos democráticamente. No obstante algunos gobiernos dictatoriales, unipartidistas a menudo utilizan el termino “república” para referirse al régimen de gobierno aunque los funcionarios públicos no sean elegidos de manera democrática.

Parlamentarismo:

El parlamentarismo es un sistema de organización política en la que la rama ejecutiva del gobierno depende del apoyo directo o indirecto del parlamento, a menudo expresado por medio de un voto de confianza. El poder ejecutivo de los sistemas parlamentarios proviene y depende del poder legislativo; el jefe de gobierno (llamado “primer ministro”) a veces es el líder del partido o coalición con mayor representación en el parlamento o cuerpo legislativo. Existe también un jefe de Estado independiente (llamado “presidente” con poderes limitados, simbólicos o meramente ceremoniales).

Presidencialismo:

Los sistemas presidencialistas tienen una clara separación de poderes de gobierno; el ejecutivo es elegido de manera independiente de la rama legislativa, la cual a menudo se conoce como “congreso”. El jefe de gobierno es a la vez jefe de estado (llamado “presidente”) y por tanto no existe el cargo de primer ministro.

Semipresidencialismo:

En los sistemas semipresidencialistas existe un primer ministro y un presidente. A diferencia de los sistemas parlamentarios el presidente no es una figura ceremonial, sino que posee algunos poderes ejecutivos y se encarga de algunas áreas del gobierno. El presidente a menudo se elige de manera separada de la rama legislativa.

Repúblicas unipartidistas y apartidistas:

Las repúblicas unipartidistas son estados en los que un partido único tiene todo el poder gobierno o estados en que la estructura del partido es a la vez la estructura del gobierno y que no permiten la creación de otros partidos (o si existen otros partidos, tienen una representación muy limitada). En los estados apartidistas no se permite la creación de ningún partido político.

Monarquías:

Las monarquías son sistemas de gobierno en que el jefe de estado no es elegido de manera democrática (a menudo es un cargo hereditario)

Otras formas históricas de monarquía

• Monarquía electiva (las monarquías de los pueblos germánicos o la primitiva monarquía romana)
• Monarquía feudal (en Europa Occidental durante la Plena Edad Media)
• Monarquía autoritaria (en Europa Occidental, desde la crisis final de la Edad Media
•  

Teocracias

• Las teocracias son estados basados en una religión de estado en que el jefe de estado es escogido de la jerarquía religiosa. hasta la formación de las monarquías absolutas en el siglo XVII-XVIII)

 

No clasificados o en transición

Por causa de los conflictos armados recientes o pasados, los siguientes estados se encuentran en transición o sin clasificación:

• Haití
• Somalia

 Sistemas gubernamentales mixtos De entre las distintas formas de gobierno que se diferencian según sea el número de quienes detentan el poder (Democracia, Monocracia y Oligarquía), sean todos, la mayoría o uno individuo; encontramos formas gubernamentales que tienden a combinar elementos propios de la Democracia, la Monocracia y la Oligarquía, con proporciones diferentes de los distintos elementos. Estas formas de gobierno que combinan elementos de estas formas ya mencionadas, son los sistemas gubernamentales mixtos CLASIFICACION DE GOBIERNOS SEGÚN SU FILISOFIAEsta clasificación de las formas de gobierno (con conceptos no excluyentes) se basa en quien es el que gobierna y/o su filosofía de gobierno, de acuerdo a las ciencias políticas:

• Anarquismo: forma de gobierno en la que el poder recae sobre cada individuo del pueblo, donde el poder se administra por las distintas comunidades libres. En esta forma no es necesario un gobierno jerárquico y reglamentario, pues se considera poco representativo y elitista. El anarquismo ha surgido como propuesta en estados capitalistas, fascistas y comunistas.
• Autocracia: forma de gobierno en la que el poder es ostentado por un solo individuo. La autocracia incluye:
• Dictadura
• Tiranía
• Monarquía (incluyendo la monarquía constitucional debido a que el poder recae sobre el monarca que designa, aunque de manera ceremonial, un primer ministro o presidente que gobierna en representación suya)
• Patriarcado y Matriarcado
• Autoritarismo: forma de gobierno en la que el Estado demanda obediencia estricta a su autoridad mediante el control social y las políticas opresivas. El autoritarismo se puede manifestar en las dictaduras o juntas militares, en los estados unipartidistas, y en las repúblicas presidencialistas o parlamentarias fascistas
• Democracia: forma de gobierno en la que el poder recae sobre todo el pueblo. El concepto incluye la democracia deliberativa, la democracia directa, la democracia representativa y la socialdemocracia. Estos conceptos no son excluyentes
• Oligarquía: forma de gobierno en la que el poder es ostentado por un grupo privilegiado de la sociedad en función de su riqueza, su ascendencia, su influencia política o su participación militare. Incluye las siguientes formas de gobierno:
• Aristocracia
• Gerontocracia
• Meritocracia
• Teocracia: forma de gobierno en la que el gobernante es el jefe de la religión del Estado. Se manifiesta a los:
• Califatos
• Ciudad del Vaticano
• Repúblicas islámicas
• Sultanatos

 

EL NACIONALISMO E INTERNACIONALISMO

GRUPO #3  

EL NACIONALISMO 

Nacionalismo, se establece como una corriente, ideología política que considera la creación de un estado nacional condición indispensable para realizar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. El nacionalismo se caracteriza ante todo por el sentimiento de comunidad de una nación, derivado de unos orígenes, lengua e intereses comunes, que buscan el bienestar y la preservación de los rasgos identitarios y la independencia en todos sus ordenes.   

FORMAS DEL NACIONALISMO 

• NACIONALISMO CENTRIFUGO
• NACIONALISMO CENTRIPETO
• NACIONALISMO ECONOMICO O DE TERCERA POSICION
• NACIONALISMO ETNICO O CULTURAL
• NACIONALISMO ROMANTICO
• NACIONALISMO RELIGIOSO
• NACIONALISMO BANAL

El nacionalismo centrífugo

Es el que pretende la secesión de una parte del territorio de un Estado habitado por una población con características cuyas diferencias con la considerada mayoritaria puedan definirla como minoría nacional.

El nacionalismo centrípeto

Es el que pretende la unificación nacional de las poblaciones con características comunes que habitan en distintos estados, donde pueden ser minorías nacionales y por tanto en esos estados constituyen nacionalismos centrífugos, o bien ser estados nacionalmente homogéneos pero separados.

El nacionalismo económico o Tercera Posición

El nacionalismo económico o Tercera Posición se concentra sobre los mecanismos de dependencia económica o neocolonialismo. Sostiene la necesidad de que sectores y empresas básicas de la economía permanezcan en manos de capitales nacionales, muchas veces estatales, cuando el sector privado no está en condiciones, sin caer en la explotación materialista del liberalismo.

El nacionalismo étnico (o cultural. )Define la nación en términos de etnicidad, lo cual siempre incluye algunos elementos descendientes de las generaciones previas. También incluye ideas de una conexión cultural entre los miembros de la nación y sus antepasados, y frecuentemente un lenguaje común. La nacionalidad es hereditaria. El Estado deriva la legitimidad política de su estatus como hogar del grupo étnico, y de su función de protección del grupo nacional y la facilitación de una vida social y cultural para el grupo.                       

El nacionalismo romántico

(también llamado nacionalismo orgánico y nacionalismo identitario) es la forma de nacionalismo étnico según la cual el estado deriva su legitimidad política como consecuencia natural (orgánica) y expresión de la nación o la raza. Refleja los ideales del romanticismo y se opone al racionalismo.                    

El nacionalismo religioso

Es la forma de nacionalismo según la que el estado deriva su legitimidad política en consecuencia de una religión común. Por ejemplo, el nacionalismo irlandés es generalmente asociado al catolicismo; el nacionalismo indio se asocia con el hinduismo, etc. El nacionalismo religioso es generalmente visto como una forma de nacionalismo étnico.                              

El nacionalismo banal .

Es la forma difusa que toma el nacionalismo en las sociedades contemporáneas, convirtiéndose en un mecanismo omnipresente de orientar las percepciones y hacer aparecer como natural la identificación entre una lengua, una cultura y una comunidad política. 

Orígenes del Nacionalismo. 
Los inicios del nacionalismo moderno se remontan hasta la desintegración, al final de la edad media, del orden social feudal y de la unidad cultural (en especial la religiosa) de varios Estados europeos. La vida cultural europea estaba basada en la herencia común de ideas y actitudes transmitidas a través del latín, el idioma de las clases cultivadas. Todos los europeos occidentales profesaban entonces la misma religión: el catolicismo. El derrumbe del sistema social y económico dominante, el feudalismo, vino acompañado del desarrollo de comunidades más grandes, interrelaciones sociales más amplias y dinastías que favorecieron los valores nacionales para conseguir apoyos a su dominación. El sentimiento nacional se vio reforzado en algunos países durante la Reforma, cuando la adopción del catolicismo o del protestantismo como religión nacional actuó como fuerza de cohesión colectiva adicional. 

El Punto de Inflexión en la Historia del Nacionalismo. 
El gran punto de inflexión en la historia del nacionalismo en Europa fue la Revolución Francesa. Los sentimientos nacionales franceses se habían encarnado hasta ese momento en la figura de su rey. Como resultado de la Revolución, la lealtad al monarca fue sustituida por la lealtad hacia la patria. Por eso La Marsellesa, una de las canciones más populares durante la Revolución Francesa que luego sería el himno de la nación, empieza con las palabras Allons enfants de la patrie ('Marchemos, hijos de la patria'). Francia alcanzó de hecho un gobierno representativo cuando la Asamblea Nacional sustituyó en 1789 a los Estados Generales, que consistían en cuerpos autónomos que representaban al clero, la aristocracia y la ciudadanía. Las divisiones regionales, con sus diferentes tradiciones y derechos, fueron abolidas y Francia se convirtió en un territorio estructurado según rígidos esquemas centralistas, unido y uniforme, con instituciones y leyes comunes. Las tropas francesas transmitieron el espíritu nacionalista derivado de la Ilustración a otros países.         

Internacionalismo

El Internacionalismo es un movimiento político que aboga por una mayor cooperación política y económica entre las naciones para el beneficio mutuo.Los partidarios de este movimiento, como por ejemplo los seguidores del Movimiento Federalista Mundial, afirman que las naciones deben cooperar entre ellas, porque sus intereses mutuos a largo plazo son más valiosos que sus intereses individuales a corto plazo. El internacionalismo se opone por naturaleza al ultranacionalismo y al chovinismo nacionalista, así como a los movimientos de globalización estrictamente económicos que niegan el valor de la cultura y las diferencias entre las naciones. El internacionalismo presupone el reconocimiento del resto de las naciones como iguales a pesar de, y respetando, todas sus diferencias. El término internacionalismo se usa frecuentemente de forma errónea como sinónimo de cosmopolitismo, término éste que es usado a su vez por los seguidores del internacionalismo para describir el abuso de esta cultura (véase anacionalismo).    

Nacionalismo histórico

Eventos históricos en los cuales el nacionalismo desempeñó un papel esencial:

• Independencia de Estados Unidos (1776)
• Revolución francesa (1789)
• Guerra de la Independencia Española (1808)
• Guerra de Independencia Hispanoamericana (1809-1824)
• Unificación italiana bajo el dominio de Piamonte y Cerdeña
• Defensa de Paysandú (1864-1865)
• Guerra franco-prusiana y la unificación alemana bajo el dominio de Prusia
• Rebelión Maji Maji (1905–1907)
• Primera Guerra Mundial
• Revolución Mexicana (1910-1917)
• La resistencia de Sandino contra la ocupación estadounidense de Nicaragua (1927-1933)
• Segunda Guerra Mundial
• Independencia de la India (1942-1947)
• Gobierno peronista en la Argentina (1946-1955)
• Revolución de 1952 (Bolivia)
• Lucha de liberación nacional boliviana 1952-1964
• Los Diez Años de Primavera en Guatemala (1944-1954)
• El gobierno nasserista en Egipto (1955-1970)
• Revolución Cubana (1959)
• Guerra de Indochina (1945-1954 y Guerra de Vietnam (1958-1973)
• Primavera de Praga (1968)