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Grupo 10 DICTADURA MILITAR Y CLASE DOMINANTE

Estructura de la Clase Dominante Salvadoreña

 

La clase dominante está formada por propietarios de grandes empresas que controlan el comercio, la industria, los servicios y el sistema financiero, así como la agricultura capitalista y las actividades de exportación. Estos empresarios pueden estar ligados a las familias oligárquicas o no. Controlan todo el excedente.

 

Los intereses de este grupo se expresan corporativamente a través de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). En ésta asociación, coexistían dos grupos de intereses económicos contrarios a corto plazo.  En el primer grupo estaban los empresarios tradicionales, vinculados a la producción y exportación de café, caña de azúcar y el algodón; éstos se oponen a la modernización del Sistema Capitalista, quieren una vuelta al pasado (antes de 1980).  En el segundo grupo están los empresarios ligados al capital financiero y comercial, así como las exportaciones no tradicionales; tienen fuertes vínculos con el capital extranjero. La principal organización era Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT)

 

Los intereses económicos de la clase dominante salvadoreña se expresan políticamente en el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundado en 1980 como respuesta al proyecto reformista de la Democracia Cristiana auspiciado por los EE.UU. Al principio ARENA defendía únicamente los intereses de las oligarquías pero luego aparecieron dos vertientes: la progresista y la retrógrada.

 

La Clase Dominante y la Consciencia Dominante

 

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen que una determinada clase sea dominante, o sea, las ideas de su dominación. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la consciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión, y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la época. Por ejemplo, en una época y en un país en que se disputan el poder de la corona, la aristocracia y la burguesía, en que, por tanto, se halla dividida la dominación, se impone como idea dominante la doctrina de la división de poderes, proclamada ahora como “ley externa”.

 

La división del trabajo, se manifiesta también en el seno de la clase como división del trabajo espiritual y material, de tal modo que una parte de esta clase se revela como la que da sus pensadores (los ideólogos conceptivos activos de dicha clase, que hacen del crear la ilusión de esta acerca de sí mismo su rama de alimentación fundamental), mientras que los demás adoptan estas ideas e ilusiones una actitud más bien pasiva y receptiva, ya que son en realidad miembros activos de esta clase y disponen de poco tiempo para formarse ilusiones e ideas acerca de sí mismos.

 

Cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de la universalidad, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta.

 

La clase revolucionaria aparece en un principio, ya por el solo hecho de contraponerse a una clase, no como clase, sino como representante de toda la sociedad, como toda la masa de la sociedad, frente a la clase única, a la clase dominante. Y puede hacerlo así, porque en los comienzos su interés se armoniza realmente todavía más o menos con el interés común de todas las demás clases no dominantes y, bajo la opresión de las relaciones existentes, no ha podido desarrollarse aún como el interés específico de una clase especial. Su triunfo aprovecha también, por tanto, a muchos individuos de las demás clases que no llegan a dominar, pero sólo en la medida en que estos individuos se hallen en condiciones de elevarse hasta la clase dominante. Por ejemplo, cuando la  burguesía francesa derrocó el poder de la aristocracia, hizo posible con ello que muchos proletarios se elevasen por encima del proletariado, pero sólo los que pudieron llegar a convertirse en burgueses. Por eso, cada nueva clase instaura su dominación siempre sobre una base más extensa que la dominante con anterioridad a ella, lo que, a su vez, hace que, más tarde, se profundice y agudice todavía más la oposición entre la clase no dominante y la dominante. Y ambos factores hacen que la lucha que ha de librarse contra esta nueva clase dominante tienda, a su vez, a una negación más resuelta, más radical de los estados sociales anteriores de la que pudieron expresar todas las clases que anteriormente habían aspirado al poder.

 

Toda esta apariencia de que la dominación de una determinada clase no es más que la dominación de ciertas ideas, se esfuma, naturalmente, de por sí, tan pronto como la dominación de clases en general deja de ser la forma de organización de la sociedad; tan pronto como, por consiguiente, ya no es necesario presentar un interés particular como general.

 

Una vez que las ideas dominantes se desglosan de los individuos dominantes y, sobre todo, las relaciones brotan de una fase dada del modo de producción, lo que da como resultado que el factor dominante en la historia son siempre las ideas, como lo que impera en la historia, presentando así todos estos conceptos e ideas concretas como “autodeterminaciones” del concepto que se desarrolla por sí mismo.  Pero cabe remontarse, a su vez, a los productores del “concepto”, a los teóricos, ideólogos y filósofos, y se llegará entonces a la conclusión de que los filósofos, los pensadores como tales, han dominado siempre en la historia; conclusión que, en efecto, según se ha de ver, ha sido proclamada ya por Hegel.

 

BREVE HISTORIA DE EL SALVADOR

 

La historia de El Salvador ha pasado por diversos períodos, los cuales han marcado su actual estado económico, político y social. Antes de la llegada de los conquistadores españoles a tierras americanas, el territorio estaba habitado por diversos pueblos amerindios, que ya habían formado órdenes sociales sofisticadas; con la conquista, el sincretismo y el sometimiento toman protagonismo hasta que, en consecuencia de la explotación y por motivos externos, El Salvador logra su independencia en 1821, comenzando ahí un período de convulsión política, liderado por los grandes terratenientes. En 1931 inicia un período conocido como la “Dictadura Militar”, donde el ejército controla al Estado hasta 1979. Durante la década de 1980, una guerra civil azotó a la sociedad salvadoreña, dejando un saldo de muertos y desaparecidos sin precedentes en su historia. Es en 1992 cuando se firman los Acuerdos de Paz de Chapultepec, evento que marca el inicio de una nueva época en la historia de la nación. En la actualidad, la situación económica y social tiende a dificultar las posibilidades de superación de la población.

 

 El Salvador, desde el origen hasta la independencia

 

La población indígena de El Salvador se dividía en dos grandes familias: autóctonas lencas, absorbidos culturalmente por los pueblos invasores mayas y nahuas; y los pipiles, mucho más numerosos y descendientes de las migraciones nahuas, como demuestran las fuertes influencias lingüísticas del náhuatl. Los pipiles dan nombre al centro del país como Cuzcatlán, y fundan un centro cultural y político del mismo nombre, cerca de la actual ciudad de San Salvador.

 

Los pipiles mantuvieron las estructuras económicas, sociales y políticas de los nahuas. Conservaron la propiedad de la tierra comunitaria dividiendo las grandes áreas de influencias de los poderosos caciques en calpullís o parcelas de tierra suficientes para alimentar a una familia. Los principales grupos sociales eran los nobles y los sacerdotes (pipiltun) quienes compartían el poder político con los guerreros. Al igual que los aztecas, eran los guerreros quienes elegían a los caciques, es decir, jefes militares.

 

La base de la pirámide social pipil estaba formada por comerciantes, artesanos y el “pueblo” que era quien cultivaba los calpullís, tenían la obligación de trabajar las tierras de los sacerdotes (primeros propietarios de las tierras). Los prisioneros de guerra eran desposeídos de todos sus derechos como esclavos y se ocupaban de trabajar para las clases dominantes.  La llegada de los españoles acabó con la cultura de los pipiles.

 

La Conquista

 

Centroamérica fue conquistada desde dos lugares: el Valle de Anahuac en México, y el istmo de Panamá. Las expediciones enviadas desde México por Hernán Cortés, al mando de Pedro de Alvarado, tenían la misión de conquistar Cuzcatlán, “cristianizar” a los indios y someterles a las leyes de la Corona de Castilla, integrando el territorio de la Capitanía General de Guatemala.  En 1524, Pedro de Alvarado y su hermano Diego invadieron Cuzcatlán, atravesando el río Paz, cerca del lugar que hoy se llama La Hachadura. Los españoles tardaron quince años en dominar completamente a los pipiles, a quienes quitaron la propiedad de la tierra, destruyendo sus templos y dioses, obligando a los indígenas a trabajar para su beneficio y sometiendo la autoridad de los caciques a la de los invasores.

 

La Etapa Colonial

La destrucción de la propiedad comunitaria y la apropiación de la tierra por los invasores constituyó la base de las haciendas que, a su vez, iniciaron un proceso de concentración de la propiedad que continuó muchos años después de la independencia, dando origen a la estructura social extremadamente desigual que aun hoy existe en El Salvador.

 

Los españoles impusieron la “encomienda”, encubierta figura de propiedad mediante la cual un grupo de indígenas era “encomendado” a la “protección” de un español, al cual, en realidad, estaban obligados a trabajar gratuitamente y al que se veían forzados a entregar un tributo en especie.

 

El cacao, algodón, añil y bálsamo eran los productos coloniales extraídos de la tierra y el trabajo de los pipiles. El añil fue el producto que permitió la primera acumulación de capital en El Salvador durante la colonización. La toxicidad del trabajo del añil y, en general, las malas condiciones en que se obligaba a trabajar a los indígenas dio lugar a una gran disminución de población entre estos.

 

La llegada de los españoles supuso no sólo la destrucción del orden social indígena, sino también la introducción de un nuevo sistema económico, con nuevas técnicas de producción, como el arado, el uso de la fuerza animal y el hierro. Surgieron nuevos oficios, aparecen los herreros, carpinteros, peleteros; al mismo tiempo que comenzó la explotación de algunos minerales.

 

El mestizaje permitió la estructuración social en tres grupos:

 

  • Clase Dominante, formada por los españoles.
    • Peninsulares venidos de la Península Ibérica, o sea, de España
    • Criollos descendientes de los anteriores, nacidos en el continente americano.
  • Clase Dominada, formada por dos grupos
    • Un cuerpo intermedio formado por los mestizos, a los que se negaba el derecho a la propiedad privada y eran encargados de los cargos administrativos y trabajos manuales cualificados
    • Los indígenas que, en régimen de semiesclavitud o servil, trabajaban en las explotaciones agrícolas de los primeros.

 

La Independencia

 

Bajo el influjo de la revolución norteamericana, los criollos de Centro América reivindican la independencia para librarse del control sobre el comercio del añil, ejercido por la metrópoli (España).

 

La independencia de Centro América se proclamó en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Como en tantas otras partes, la libertad la consiguió el pueblo y la gozaron los pudientes.  En el momento de la independencia los padres de la patria eran también sus dueños.

 

La República Federal de Centroamérica

 

Tras la independencia, criollos y mestizos se dividieron en dos grupos: liberales y conservadores, apartando a los indígenas de cualquier discusión sobre el poder.

El 22 de noviembre de 1824, se promulgó la Constitución de la República Federal de Centroamérica, en un intento de mantener la región unida. El primer presidente de la Federación fue el salvadoreño Manuel José Arce, quien no logró convencer a liberales y conservadores de la conveniencia de la unidad de la región.

 

El líder de la unidad centroamericana fue, sin embargo, el hondureño Francisco Morazán, quien fuera elegido dos veces presidente de la Federación, en 1830 y 1835. Él realizó la primera reforma liberal en toda Centroamérica: otorgó la libertad de culto, promulga la ley de divorcio, convirtió los conventos en prisiones modelo y cuarteles, fomentó y democratizó la enseñanza y abolió los diezmos y primicias con que la Iglesia gravaba al pueblo.  Sin embargo, la República Federal, constituida por cincuenta estados, cada uno de los cuales se reservaba de forma autónoma los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, era en realidad, una asociación en la que las oligarquías criollas locales se reservaban el gobierno de sus provincias respectivas.

 

La Constitución, por otra parte elaborada por grupos absolutamente minoritarios, garantizaba un reparto de poder entre los caciques territoriales con el decidido propósito de asegurarse la capacidad de maniobra necesaria para controlar a su antojo los respectivos territorios según sus propios intereses. Estos intereses privados carecían, sin embargo, de la profundidad o de la importancia nacional imprescindible para perdurar mucho tiempo.  En 1838 comenzó a manifestarse la quiebra del sistema como consecuencia de las tensiones entre sus componentes, finalmente desembocaron en la guerra civil. El presidente Morazán, designado en 1830, hizo cuanto pudo para mantener la unión, primero como Presidente Federal y, más tarde, como Presidente de El Salvador, hasta su fusilamiento en 1842, sus esfuerzos fueron estériles.

 

La idea federativa, sin embargo, no murió del todo y sigue apareciendo en los discursos de muchos políticos, alimentando ideas como el Mercado Común Centroamericano. La realidad, sin embargo, fue la de la fragmentación, la discordia y el conflicto generados por la ausencia de figuras de relieve político y por las luchas egoístas cuyas justificaciones apenas logran encubrir los intereses personales o, a lo sumo, familiares.

 

En esas condiciones, no es de extrañar que la región, zona obligada de paso para la gran avalancha humana de la carrera del oro hacia California, fuera “redescubierta” por el gobierno norteamericano. A partir de entonces, Centroamérica, pasaría a ser el patio trasero del poderoso vecino del norte.

 

Anastasio Aquino

 

Siendo Francisco Morazán presidente de la República Federal de Centroamérica, y Mariano Prado jefe del Estado de El Salvador, se dio el levantamiento de los indígenas Nonualcos.

 

La independencia y las reformas liberales no impidieron que a los indígenas se les siguiese expropiando tierras, se les obligase a pagar impuestos, estuvieran sometidos al reclutamiento forzoso y la miseria. Esta situación provocó el descontento popular, que se tradujo en levantamientos indígenas.

 

Los Nonualcos gozaban autonomía en esta zona y eran reacios a asimilar la cultura occidental. El levantamiento fue dirigido por Anastasio Aquino. Bajo su dirección, los indígenas derrotaron al ejército en varias batallas, y tomaron las poblaciones de San Vicente y Zacatecoluca. Más tarde, y tras su derrota a manos del ejército, Anastasio Aquino fue ejecutado y su cabeza expuesta en un árbol.

 

De la Independencia al Poder Militar

 

Dictadura Militar

 

Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones jurídicas, ejecutivas y legislativas son controladas por las fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control democrático. Suelen originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces tras un golpe de estado.

 

Las dictaduras militares generalmente han justificado su presencia en el poder como una manera de traer la estabilidad política para la nación o de rescatarla de la amenaza de “ideologías peligrosas”. Los regímenes militares tienden a retratarse como independientes, como un partido “neutral” que proporciona una dirección interina no partidista en épocas de agitación, al tiempo que representan a los políticos civiles como corruptos e ineficaces.

 

Una de las características casi universales de un gobierno militar es la institución de la ley marcial o de un estado de la emergencia permanente, mediante la cual se eliminan todas las garantías jurídicas que protegen a las personas contra el abuso del Estado. Los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y opositores políticos.

 

A partir de los años 90 del siglo XX, las dictaduras militares se han reducido. Existen diversas causas: las dictaduras militares no tienen una excesiva legitimidad o credibilidad internacionales; además, el final de la Guerra Fría y el derrumbamiento de la Unión Soviética hicieron más difícil para las dictaduras militares utilizar el pretexto de la amenaza del comunismo como justificación para sus acciones.

 

La República de El Salvador. El Café

 

Con la derrota de Morazán, el ideal de la unidad centroamericana queda enterrado. En 1841, El Salvador se constituye en una república libre, independiente y soberana. La república nace muy ligada a la producción de café.  Los intentos liberales por prolongar en la nueva república la política de reformas fueron condenados al fracaso. El caso más importante es el intento del presidente Gerardo Barrios, entre 1858 y 1863.

 

El cultivo del café fue introducido en 1846 por el presidente Eugenio Aguilar, imponiéndose en época de Gerardo Barrios como principal producto de exportación, coincidiendo con la aparición de colorantes artificiales, que redujo drásticamente la demanda mundial de añil. Pero la introducción del café significó, además, una aceleración en el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, pues su cultivo requería terrenos grandes y apropiados.

En 1881, el presidente Zaldívar publicó varias leyes destinadas a despojar a los indígenas de las tierras comunales y ejidales. Con la apropiación de estas tierras, nace la OLIGARQUIA CAFETALERA, dominante hasta nuestros días en la estructura social salvadoreña. El Salvador se convierte así en un país monoproductor y monoexportador de café.

 

La expoliación de la tierra a los indígenas, concentración de la propiedad y los bajos salarios de los jornaleros del campo, constituyen la causa del conflicto social, que se extiende desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad. El cultivo y exportación de café aceleró la acumulación de capital en la economía salvadoreña. Tradicionalmente existía una fuerte influencia alemana, y sobre todo, inglesa sobre la economía del país. Pero a partir de los años veinte, los Estados Unidos desplazan a Inglaterra en el dominio sobre la región.

 

En 1908 los norteamericanos inician la construcción del ferrocarril que une San Salvador con La Unión, además de planear la instalación de una base militar en el Golfo de Fonseca, compran las inversiones inglesas en las explotaciones mineras y aceleran el cambio de influencias políticas eliminando el último gobierno progresista que ha conocido El Salvador, el del presidente Manuel Enrique Araujo, quien ejerciera la presidencia de 1911 a 1913. Araujo permitió el establecimiento de los gremios de artesanos, antecedente de los modernos sindicatos, estableció una legislación sobre accidentes de trabajo, eliminó la prisión para los deudores, creó la Guardia Nacional y condenó la invasión de los Estados Unidos a Nicaragua en 1912. La enemistad de la oligarquía acarreó su muerte a machetazos en 1913. Le sucedió en el gobierno Carlos Meléndez, con quien se inauguraba la dinastía de los Meléndez-Quiñónez, que gobernaron el país durante 17 años, alternándose en el poder.

 

Los Meléndez y los Quiñónez eran cafetaleros, y abrieron su gobierno a la influencia norteamericana, desplazando definitivamente a los ingleses. Introdujeron el cultivo del algodón, el segundo producto del país, y se inició una industria textil.

 

La clase obrera alcanzó rápidamente conciencia de la necesidad de la organización. En 1924 se fundó la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador (FRTS), que pronto entró a formar parte de la Confederación Obrera Centroamericana (COCA). El artesano urbano, había sucedido a los indígenas y campesinos en el liderazgo de las protestas populares. Desde mediados de los años veinte, el sector obrero se situó a la cabeza de las movilizaciones.

 

Los hechos de 1932

 

En 1931 fue elegido presidente de la república Arturo Araujo, miembro de la clase dominante que, sin embargo, durante su época de estudiante en Inglaterra, había sido influido profundamente por el laborismo.

 

La crisis mundial de los años veinte había provocado la caída de los precios del café, esto llevó al gobierno a una importante crisis fiscal, por ser los impuestos a la exportación una de la principales fuentes del erario. Para contrarrestar la caída en los ingresos, el gobierno decidió rebajar los salarios y despedir a un número importante de empleados públicos. Los salarios de los jornaleros, por su parte, se redujeron a la mitad de lo que eran antes de la crisis. El 2 de diciembre de 1931, los militares, ante la caótica situación económica que generaba grandes protestas entre la población, dan un golpe de estado que lleva a la presidencia al General Maximiliano Hernández Martínez, Ex Ministro de Defensa del presidente Araujo y fundador del partido “Pro Patria”.

 

La situación de extrema miseria a que se vio abocado el pueblo siguió alimentando las protestas populares de forma que, el 22 de enero de 1932, se inició la insurrección popular organizada por el Partido Comunista pero que, en la práctica representó la última manifestación de la población indígena en contra de las injusticias padecidas desde la colonización.  En algunos lugares donde se dieron los levantamientos, como Santa Tecla, Colón, Izalco, Armenia, Nahuizalco y Juayúa, se concentraba la población indígena, eran los lugares más golpeados por la crisis de la caída de los precios del café. Entre los principales dirigentes de la insurrección estaba Agustín Farabundo Martí. Los campesinos lograron tomar algunos cuarteles, pero estaban mal armados y carecían de planes bien pensados. La insurrección fue aplastada por el ejército, con una fuerte represión que, en pocas semanas, provocó entre 15 mil y 30 mil muertos, pues nunca se supo la cifra exacta de la matanza.  Farabundo Martí fue fusilado el 1 de febrero de 1932. También perecieron los otros dirigentes de la rebelión, Feliciano Ama, líder indígena de Izalco; Francisco Sánchez, que dirigió el levantamiento de Juayúa, y los estudiantes universitarios Mario Zapata y Alfonso Luna, que fueron fusilados junto a Martí.

 

Con Maximiliano Hernández Martínez comienza la saga de los gobiernos militares al servicio de la clase dominante, en una especie de división del trabajo de dominar a los sectores populares. Mientras los militares monopolizaban el poder político, la oligarquía controlaba el poder económico, en un tándem que no se quiebra hasta la década de los ochenta. En consecuencia, la historia de los últimos ochenta años en El Salvador ha sido la historia de un sistema político autoritario que, por diferentes causas, ha experimentado, en breves períodos, diversas formas de liberalización, sin llegar en ningún momento a transitar realmente los caminos de la democracia.

 

Los Primero Gobiernos Militares (1930 – 1960)

 

A partir de 1932, en El Salvador se instauraron un Estado y un ejército pretorianos cuya principal característica es el papel protagonista y central de los militares en la determinación de las reglas del juego político.

 

Este ejército ha tenido a lo largo del siglo XX una evolución en la cual se pueden distinguir varias fases:

 

La Dictadura Militar (1930 – 1944)

 

El viejo orden civil oligárquico, roto por la crisis económica de 1930 y la siguiente movilización política que culminó con la rebelión y matanza en 1932, fue restaurado como orden oligárquico por militares conservadores. Cuando la hegemonía económica, social y política de la oligarquía cafetalera fue incapaz de mantener su dominación dentro de un marco político formalmente liberal-democrático, éste fue reemplazado por formas políticas dictatoriales militares. La dictadura personalista del General Maximiliano Hernández Martínez fue así evolucionando hacia el fortalecimiento de la institución militar como el más poderoso aparato del Estado.

 

La dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez contó con el apoyo decidido de los sectores agrarios tradicionales que contribuyeron al ascenso y consolidación del estamento burocrático militar como fuerza cohesionante del poder coactivo del sistema. Los trece años de dictadura se caracterizan por un gobierno autoritario y paternalista en el aspecto social, permitiendo a la clase dominante evolucionar hacia formas más dinámicas y expansivas de producción y explotación.

 

Muchos elementos del sector agrario comenzaron a pensar desde el punto de vista de desarrollo industrial, en asociación con comerciantes judíos y palestinos que, desde hacía más de veinte años, se movían en El Salvador en el terreno del comercio y de las finanzas privadas. Estos cafetaleros advirtieron, además, que el tipo de acumulación de capital basado exclusivamente en el monocultivo tenía demasiados altibajos y que, por tanto, había que diversificar la agricultura mediante la introducción de los cultivos de algodón y la caña de azúcar.

 

Los antiguos intermediaros en el beneficio y exportación de café establecieron en consecuencia una alianza con los terratenientes, alianza que pronto dio lugar a la constitución de una nueva fracción de la clase dominante, también de origen agrario pero dedicada esencialmente a la actividad financiera e industrial. En los últimos años de la dictadura, el sector agroindustrial se convirtió en líder de los movimientos político-militares que desembocaron en la caída del General Hernández Martínez en 1944. La causa fundamental de estos movimientos la constituyó el freno al desarrollo y expansión del capitalismo que provocaba el autoritarismo del dictador y su énfasis en el fomento exclusivo de la producción de café.

 

El Modelo Civil Militar (1944 – 1960)

 

El General Hernández Martínez fue derrocado en 1944 por un movimiento cívico-militar bautizado “Movimiento del 44 bajo la dirección de Osmín Aguirre. La Junta surgida de dicho movimiento fue, a su vez, derribada por la “Revolución del 48 que llevó a la presidencia al Teniente Óscar Osorio. Bajo la inspiración del PRI mexicano, Osorio fundó el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) y su gobierno se caracterizó por una política de fomento del sector industrial y por la promoción de la integración económica centroamericana. Estableció por primera vez salarios mínimos, y dio inicio a un sistema de seguridad social para los trabajadores industriales.

 

El gobierno de Osorio finalizó en 1956, después de que ganara las elecciones el candidato del PRUD, Coronel José María Lemus. La campaña electoral se caracterizó por la falta de garantías democráticas, lo que impulsó a la oposición a retirarse de la contienda dejando solo al candidato oficial. Bajo el gobierno de Lemus, se construyeron importantes obras de infraestructura que impulsaron aún más el desarrollo del sector industrial. La fracción agroindustrial-financiera, que sustentaba tesis capitalistas más modernas y expansivas, logró en el período 1948 – 1960 redefinir el papel del Estado dentro de la economía salvadoreña, en función de sus intereses de clase, privilegiando de esta forma el desarrollo industrial de base agrícola y desplazándose a otros rumbos productivos no tradicionales hasta ese momento.

 

Los incentivos fiscales, la protección arancelaria para importar maquinaria, el crédito amplio y refinanciable, son algunos ejemplos de cómo el Estado liberal pasó a intervenir a favor de este sector, a la vez que empezó a proyectar y ejecutar un plan de infraestructuras, en el que sobresalen el programa hidroeléctrico nacional, la Carretera del Litoral y sus caminos de acceso, la construcción del Puerto de Acajutla y del aeropuerto de Ilopango, o el Puente de Oro sobre el Río Lempa; obras que contribuyeron a fortalecer un nuevo modelo capitalista de crecimiento de una parte de la burguesía cafetalera salvadoreña. Este período, a diferencia del período anterior, creó las bases de sustentación de la modernización del capitalismo, que se consolidó en la década de los sesenta con el auge del proceso de integración centroamericana. Entre 1959 y 1961, la fracción agraria de la burguesía salvadoreña volvió a replantear la necesidad de asumir la actividad agroexportadora como el eje principal del crecimiento económico, entrando así en contradicción con los intereses de la fracción agroindustrial-financiera.

 

Esta contradicción marcó una nueva crisis de hegemonía y forzó una progresiva cerrazón del gobierno de Lemus, inicialmente abierto, ante la lucha encabezada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS), todo lo cual determinó la caída del presidente Lemus (1960) y su sustitución por una Junta de Gobierno de moderada tendencia social que prometió celebrar elecciones libres.

 

Reformismo Anticomunista e Integración Militar Regional (1962 – 1975)

 

La Junta de Gobierno que derrocó a Lemus tuvo una existencia efímera debido a que sus promesas de una democracia más participativa y de una mejor distribución de la riqueza parecieron a los militares más conservadores, y a la clase dominante en general, demasiado peligrosas, especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana.

 

En 1961, la Junta fue derrocada por un nuevo golpe de estado y, en su lugar, se instauró un Directorio Cívico-Militar liderado por el Coronel Julio Adalberto Rivera. Éste reestructura el PRUD bajo el nuevo nombre de Partido de Conciliación Nacional (PCN) y convoca elecciones en las que es el único candidato, resulta obviamente elegido Presidente de la República. En 1967, con el fin del mandato presidencial del Coronel Rivera, se convocan nuevas elecciones. La participación, esta vez de la oposición, no impide, como puede imaginarse, que de nuevo resulte ganador el candidato del PCN, General Fidel Sánchez Hernández.

 

La relativa bonanza económica que vivió el país durante estos dos períodos presidenciales hizo posible a los militares ejercer su dominación sobre la sociedad civil sin mayores niveles de represión, ya que podían satisfacerse las demandas económicas de los sectores populares urbanos. A pesar de ello, en 1967 y 1968, estallan dos importantes huelgas impulsadas por la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES). En ese marco político, el impacto producido por la revolución cubana y el temor a su difusión por el continente americano, hizo que los EE.UU. revisaran su política latinoamericana. El gobierno de Kennedy juzgó que el atraso económico-social de los países de América Latina era tan peligroso como una eventual intervención cubana o soviética. De aquí que los tres elementos claves de la política de Kennedy para América Latina:

 

1-      El reformismo socioeconómico modernizante de la Alianza para el Progreso.

2-      El fomento de la democracia política.

3-      La ayuda militar para la seguridad interna de los estados.

A lo largo de la década de los sesenta, la democracia política y el reformismo fracasaron. En cambio, la ayuda militar se incrementó.

 

En estos años, el comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá, fue encargado de las operaciones militares norteamericanas en América Latina. Se modificó el tipo de equipamiento militar suministrado a los gobiernos latinoamericanos, enfatizando las armas ligeras y los equipos móviles adecuados para la lucha antiguerrilla, se incrementó el número de militares latinoamericanos entrenados en los Estados Unidos en operaciones de contrainsurgencia, se formaron fuerzas especializadas para este propósito y, finalmente, se crearon programas de acción cívico-militar.

 

En Centroamérica, los países de la región constituyeron el CONDECA (Consejo de Defensa Centroamericana), el cual fue incorporado al sistema de defensa norteamericano en 1965. Éste promovió la homogenización de la organización, entrenamiento, armas y equipo de las fuerzas armadas centroamericanas y la realización de maniobras militares conjuntas. Todo este esfuerzo, en países donde los militares ocuparon el gobierno, no dejó de tener consecuencias para las posibilidades reformistas y democráticas de los militares centroamericanos. La indoctrinación política, por parte de Estados Unidos, a los ejércitos centroamericanos contribuyó a incrementar su temor ante los grupos políticos que abogaban por reformas sociales y democracia real.

 

El énfasis en la propaganda anticomunista sirvió solamente para reforzar y promover el conservadurismo a la vez que inspiraba una creciente desconfianza a todo tipo de reformismo o democratización real de las estructuras políticas. El aspecto de la propaganda política del entrenamiento del Comando Sur aumentó, además, la tendencia de los oficiales militares centroamericanos a justificar el uso de la represión militar con el pretexto de frenar el comunismo.

 

En El Salvador, a partir de 1961, y con ocasión de las grandes huelgas civiles contra el régimen militar de Lemus, se inició el establecimiento de un aparato de seguridad superpuesto al ejército, así como el de un efectivo sistema de información (inteligencia) con capacidad operativa nacional. Este fue el punto de partida del desarrollo de fuerzas paramilitares y de un sistema nacional de información e inteligencia, de la creación de escuadrones de la muerte y de la militarización de la sociedad global.

 

ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger la información imprescindible para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos sucios de contrainsurgencia y como base social para el reclutamiento inmediato. Después de 1967, su existencia y funcionamiento se hicieron públicos y sirvieron como base de apoyo electoral para el PCN, el cual, como hemos visto, “gana” todas las elecciones desde 1962. La importancia de ORDEN reside en haber sido una organización compuesta por campesinos y asalariados agrícolas, quienes se encargaban de la represión en su propio medio. En 1967, esta estructura paramilitar llegó a movilizar a más de cien mil personas. A partir de la elección de Sánchez Hernández, el presidente de la República pasó a ser su jefe máximo.

 

La estructura contrainsurgente en El Salvador quedó completada después de 1965, cuando todas las fuerzas militares, paramilitares y otros servicios anexos, quedaron atados en un único sistema de información: ANSESAL (Agencia Nacional de Seguridad). Un informe de 1983 indica que uno de cada cincuenta salvadoreños era informante de ANSESAL. Su estructura está formada por altos mandos militares responsables directamente ante el Presidente de la República, y funciona como el cerebro de una red de seguridad que abarca todo el país, proporciona información y ordena el funcionamiento de los escuadrones de la muerte.

 

Por otra parte, a partir de 1962, la economía salvadoreña entra en una etapa de franco desarrollo de las exportaciones de café, algodón y caña de azúcar. De esta manera, la coyuntura favorable de los precios de los productos primarios en el mercado mundial, permite a las clases dominantes y al Estado la captación de un mayor excedente económico susceptible de financiar la continuidad del modelo de desarrollo capitalista, auspiciado por la fracción más “modernizante” de la burguesía, modelos que los sucesos de 1960 y 1961 habían puesto en peligro.

 

El auge de las exportaciones, junto a la puesta en marcha de la estrategia contrainsurgente de la “Alianza para el Progreso”, produjo en el interior del país una especie de “boom” económico que alcanzó a sectores medios y populares del área urbana. Esta situación permitió poner en práctica algunas medidas de corte populista abriendo a la vez algunos espacios políticos para la oposición. Fue precisamente en esta etapa cuando se legalizó el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y se adoptó la representación proporcional de los municipios en la Asamblea Legislativa, permitiéndose incluso la participación encubierta y restringida del Partido Comunista Salvadoreño por medio del PAR (Partido de Acción Revolucionaria) en el proceso electoral de 1967. Una característica sobresaliente de este período la constituye el hecho de que los grupos económicos dominantes ejercen un control limitado del Estado, prefiriendo actuar a la sombra de la reorganización del sistema bancario y fortaleciendo sus inversiones en la industria y el comercio en el marco de un proceso de integración económica centroamericana.

 

Este auge de la economía finaliza en 1969, año en el cual se unen dos hechos de enorme trascendencia económica y política: los precios del café declinan abruptamente y se rompe el esquema de integración económica centroamericana a raíz de las disputas entre las burguesías industriales de Honduras y El Salvador, hecho que culmina con la llamada Guerra de las Cien Horas o, irónicamente, Guerra del Fútbol.  A pesar de su brevedad, el conflicto fue serio, produciendo más de cinco mil muertos, decenas de miles de heridos y refugiados y la destrucción de la principal refinería de petróleo de El Salvador. Por otra parte, la guerra fue un golpe inesperado para el CONDECA. Honduras se distanció de la organización regional, mientras que El Salvador se vinculó más estrechamente a ella. La reacción norteamericana ante el fracaso del CONDECA fueron los tratados bilaterales con cada país centroamericano.

 

Durante este período, la doctrina Nixon, inspirada en el informe Rockefeller, fomentó el desarrollo de la capacidad militar de los ejércitos nacionales para luchar contra el comunismo, de modo que se pudiera evitar, dentro de lo posible, la intervención directa norteamericana, absolutamente impopular tras el fracaso de Vietnam. En consecuencia, no sólo se reconoció a los regímenes militares como gobernantes legítimos, sino que incluso se fomentó el gobierno militar por encima del civil democrático, siempre que el primero fuera más ventajoso que el segundo para los intereses norteamericanos.

De todo ello se puede concluir que la ruptura de la “Comunidad de Seguridad Centroamericana” producida por la guerra entre El Salvador y Honduras, el incremento de la actividad armada de grupos guerrilleros y el crecimiento de la protesta popular, dieron base a las fuerzas armadas para su fortalecimiento militar en varios países de la región, entre ellos en El Salvador. En este período, las fuerzas armadas se convirtieron en el eje articulador del sistema político, responsable de la seguridad y el orden interno, redefinido teórica y técnicamente para la contrainsurgencia, oscilando entre su voluntad bonapartista y su fatalidad pretoriana.

 

El final de esta etapa de auge económico significó, además, el fin de la línea populista de los gobiernos militares en El Salvador y el cierre de los limitados espacios políticos existentes hasta entonces. A partir de 1969, da inicio una etapa de autoritarismo y de represión del movimiento social que alcanza su máxima expresión en el fraude electoral en El Salvador. En esa ocasión, los militares le roban declaradamente el triunfo al candidato de la oposición José Napoleón Duarte, del Partido Demócrata Cristiano, quien se había presentado a la contienda como líder de una coalición de partidos de centro-izquierda e izquierda, la Unión Nacional Opositora (UNO)

 

El candidato “electo” del PCN, el Coronel Arturo Armando Molina, anuncia inmediatamente su voluntad de iniciar un proceso de reforma agraria  tendiente a modernizar el capitalismo salvadoreño y a neutralizar las demandas de la oposición política. Sin embargo, estas pías intenciones son vetadas por la fracción agraria de la burguesía salvadoreña y los militares optan en adelante abandonar el reformismo populista como doctrina y, en su lugar, asumen la Doctrina de la seguridad nacional como ideología oficial. En nombre de esta doctrina se persigue cada vez con mayor intensidad a la oposición política y se fortalecen los mecanismos represivos del Estado, generando un creciente malestar social que se traduce en mayores grados de organización y movilización.

 

Los movimientos populares y el reformismo contrainsurgente (1976 – 1988)

 

El Auge del Movimiento Popular (1976 – 1980)

 

Este período se caracteriza por una profundización de la crisis política iniciada en 1972, cuya principal manifestación es la incapacidad cada vez mayor del Gobierno y de los sectores de la clase dominante para resolver por vías legales e institucionales el conflicto existente con los sectores dominados.

 

Los hechos más sobresalientes en estos años son el nuevo fraude electoral de 1977, que lleva a la presidencia al candidato del PCN, General Carlos Humberto Romero e impulsa a la radicalización a muchos sectores de la oposición democrática, el surgimiento de fuertes movimientos guerrilleros, y la adopción y generalización de la lucha armada como única alternativa viable para la toma del poder de los sectores dominados.

 

El auge del movimiento popular condujo a mayores niveles de represión y de autoritarismo que, a su vez, desembocaron en una espiral de violencia cada vez más intolerable, al mismo tiempo que se deterioraba la imagen internacional del Gobierno.

 

Desde mayo de 1979, como consecuencia de la matanza realizada por el ejército en el atrio de la Catedral Metropolitana de San Salvador, y la difusión de la noticia en todo el mundo, el gobierno de los militares estaba condenado a muerte.  Comprendiéndolo así, y bajo la presión de EE.UU., el general Romero decidió convocar a un Foro Nacional para buscar una salida a la crisis política.

 

El Foro dio inicio el 24 de mayo de 1979, pero no contribuyó a los objetivos del gobierno debido a la ausencia de las principales fuerzas opositoras convocadas. La crisis de legitimidad del gobierno se hacia cada vez mayor, en ese año tres organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, después de exhaustivas investigaciones, condenaron al gobierno del General Romero sin atenuantes. Los tres informes señalaron violaciones sistemáticas a la persona humana, tales como torturas, abusos sexuales, regímenes de hambre y sed, negociación de habeas corpus e incluso asesinato. El cuadro se agravaba por la sistemática persecución emprendida contra los personeros de la Iglesia Católica de parte del gobierno y los militares.

 

En septiembre de 1979, la situación del gobierno era insostenible y únicamente se vislumbraban dos caminos:

  • O se profundizaba y extendía aun más la represión
  • O la insurrección popular derivaba en una guerra civil.

 

El Golpe de Estado de 1979, promovido por un grupo de militares progresistas en alianza con sectores profesionales de centro izquierda, intenta ser una tercera alternativa frente a la profundización de la represión y a la insurrección popular.

 

La proclama de las Fuerzas Armadas declaraba la instauración de un programa de Emergencia cuyos principales lineamentos eran:

 

1)      Cese a la violencia y corrupción.

2)      Garantizar la vigencia de los derechos humanos.

3)      Adopción de medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo, en forma acelerada, el Producto Territorial Bruto.

4)      Encauzar de manera positiva las relaciones externas del país.

 

Sin embargo, las organizaciones populares y los frentes guerrilleros se opusieron violentamente a la Junta Revolucionaria de Gobierno instaurada a raíz del Golpe de Estado, cerrándole todo espacio político.

 

Dichas organizaciones sostenían que dicho Golpe tenía por objeto preservar el sistema capitalista mediante la aplicación de ciertas reformas que desmontarían la revolución en marcha, destruyendo a las organizaciones político-militares que avanzaban rápidamente a la conquista del poder. Pero la Junta de Gobierno contaba, además, con la oposición de los sectores militares más conservadores, así como de los sectores más retrógrados de la empresa privada salvadoreña.

 

La razón principal de esta oposición la constituía el hecho de que el nuevo Gabinete de Gobierno hubiera sido formado mayoritariamente con profesionales con una amplia y reconocida trayectoria de oposición a los gobiernos militares de antaño, así como por sus posiciones anti-oligárquicas. La mayoría de ellos estaba, en efecto, convencida de que era necesaria la realización de profundos cambios en la estructura económica, social y política del país como única garantía para la democratización de la sociedad y para la vigencia de un capitalismo “más humano y moderno” en El Salvador.

 

Adicionalmente, para estos sectores era preocupante el hecho de que no pareciera existir evidencia de participación de los Estados Unidos en el movimiento golpista. Las presiones ejercidas contra la Junta Revolucionaria de Gobierno, tanto desde la izquierda como desde los sectores más derechistas de la clase dominante y del ejército, socavaron las frágiles bases de su administración. Los tres miembros civiles de la Junta, así como la mayoría del Gabinete de Gobierno, presentaron su renuncia en enero de 1980, creando un vacío de poder que permitió a los sectores reaccionarios y a los Estados Unidos asumir nuevamente la conducción del proceso político salvadoreño a través del sector más derechista del Partido Demócrata Cristiano.

 

Luego de la renuncia de los miembros civiles de la primera Junta de Gobierno, se suceden varios intentos de recomposición de ésta, los cuales culminan finalmente el 10 de marzo de 1980 con la creación de una nueva Junta.

 

El Reformismo Contrainsurgente (1980 – 1988) Guerra Civil (1980 – 1992)

 

A partir de marzo de 1980, el Gobierno de los Estados Unidos, en alianza con el ejército salvadoreño, ensaya una nueva estrategia para El Salvador: El Reformismo Contrainsurgente.

 

Este modelo suponía ciertas reformas en la estructura de propiedad de la economía salvadoreña con el objetivo de disminuir la base social de los movimientos de izquierda y de las agrupaciones guerrilleras, deteniendo así su desarrollo. De esta forma, se decreta el inicio de un importante proceso de Reforma Agraria, la nacionalización del Sistema Financiero y la nacionalización del comercio exterior del café y del azúcar. Con esas reformas, además de un objetivo fundamentalmente contrainsurgente, se perseguía debilitar el poder económico de la fracción agro exportadora de la clase dominante, cuyos intereses económicos continuaban representado un freno para la modernización del capitalismo.

 

Este proceso de reformas no implicó, sin embargo, de ninguna manera el inicio de un proceso real de democratización. Por el contrario, éstas fueron aplicadas en el marco de una mayor violación de los Derechos Humanos, así como de una mayor represión del movimiento popular y sindical. Mientras tanto, el movimiento guerrillero y sus frentes de masas optaron definitivamente por la vía armada como único camino al poder político.

 

El año 1980 fue muy determinante para el inicio de la guerra civil en El Salvador, dada la serie de eventos represivos por parte del Estado y organizaciones paramilitares, replicados por acciones violentas de las organizaciones guerrilleras. En marzo, el Partido Comunista Salvadoreño funda las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL. Se recomponen dos juntas más y a la tercera se integra Napoleón Duarte en marzo de 1980. Inmediatamente, Duarte puso en práctica un programa de gobierno diseñado por asesores de Estados Unidos con reformas políticas. Duarte decretó el Estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales, que sería prorrogada sucesivamente hasta la firma de los acuerdos de paz.

El 24 de marzo de ese mismo año fue asesinado el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, después de haberle exigido a Estados Unidos retirar su apoyo militar al régimen salvadoreño y ordenar a la misma Junta el cese de la represión. El Mayor Roberto D’Abuisson fue posteriormente imputado como organizador del crimen, pese a que nunca se le llevó a juicio.

 

En enero de 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanza su primera ofensiva militar de gran envergadura, dando, de esta manera, inicio “oficialmente” a la guerra civil que azotaría al país en los siguientes doce años. Las transformaciones sufridas por el conjunto de la estructura social salvadoreña como consecuencia de la guerra son muy profundas. De un lado, la economía se transforma rápidamente en una “economía de guerra” y “para la guerra”.

 

De 1981 a 1984 se generaliza la guerra civil. El FMLN consolida sus posiciones en aproximadamente una tercera parte del país, principalmente en el norte y oriente; los protagonistas de este conflicto serán las fuerzas gubernamentales, los Estados Unidos y la alianza FMLN-FDR.

 

En el terreno político, la clase dominante busca durante este período crear nuevas fuerzas que logren restaurar el sistema político. En esa búsqueda de restauración se intenta legitimar el régimen a través de una Asamblea Constituyente elegida en marzo de 1982, que redacta una nueva Constitución política que entra en vigor en diciembre de 1983 e inaugura un nuevo gobierno constitucional, surgido de las elecciones presidenciales de marzo de 1984, que dan como resultado la elección de José Napoleón Duarte como presidente, por un período de cinco años.

 

La lucha política legal, en este contexto contrainsurgente, se circunscribe a los partidos políticos ubicados del centro a la extrema derecha, y la disputa entre el poder se da entre el PDC y el Partido ARENA. El Gobierno demócrata cristiano, a partir de 1984, no logra conquistar de manera total el apoyo del alto mando de las Fuerzas Armadas y de la burguesía, por lo que se sostiene principalmente con el apoyo norteamericano.

 

En 1984, Duarte realizó dos reuniones históricas de diálogo y negociación con la Alianza FMLN-FDR, una en el pueblo de La Palma, departamento de Chalatenango, y la segunda en Ayagualo, departamento de La Libertad. Pero ninguna de estas reuniones dio solución al conflicto armado. En mayo de 1987, la alianza FMLN-FDR presentó su propuesta de paz de 18 puntos.  En 1989, el voto popular otorgó a Alfredo Cristiani, de ARENA, la elección presidencial. En abril de 1989, el FMLN presentó en Washington su plataforma para negociar el fin de la guerra. El gobierno de Cristiani se reúne por primera vez con el FMLN en México en septiembre. El 11 de noviembre, siguiendo un plan estratégico, que según algunos medios de prensa Fidel Castro conocía de antemano, el FMLN lanza su ofensiva militar llamada “Hasta el Tope”. La madrugada del día 16, una unidad del Ejército invade la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y asesina a 6 sacerdotes jesuitas vinculados a la teología de la liberación: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Joaquín López y López, Armando López, Juan Ramón Moreno y a dos de sus colaboradoras, Elba y Celina Ramos.  La guerra civil finaliza oficialmente el 16 de enero de 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz.

 

Clase dominante y Período de la Posguerra (1992 – hasta la actualidad)

 

En las elecciones presidenciales de 1994 se destaca la participación del FMLN, ahora como partido político; en estos comicios se impuso el candidato de ARENA, Armando Calderón Sol; quien aplicó un plan de privatizaciones de varias empresas del Estado, y otras políticas de corte neoliberal favoreciendo a las clases dominantes (oligarquía y burguesía), lo cual ha sido continuo hasta la actualidad, pues se ha mantenido el mismo partido en el poder.

 

Concentración Actual de la Riqueza

 

En los últimos 35 años los hombres del poder económico en El Salvador se han transformado de terratenientes agro exportadores a grandes financieros. Antes de que iniciara la guerra civil en 1980 la economía salvadoreña giraba alrededor de tres productos agrícolas: café, caña de azúcar de caña y algodón. En la actualidad, la agricultura ha perdido protagonismo como actividad económica.


El grupo de los ocho


Alfonso Goitia, destacado economista y académico boliviano residente en El Salvador, ha realizado una investigación, en conjunto con otros profesionales de su gremio, acerca de la transformación que han sufrido los grupos de poder en El Salvador y que en un sentido simplificado podría decirse que de 14 familias oligárquicas que predominaron durante el siglo pasado, en la actualidad se han convertido en ocho grupos empresariales, muchos de ellos herederos de los clanes cafetaleros.


Este investigador, explica que durante la guerra civil las familias oligárquicas habían perdido peso, no sólo por la contienda bélica, sino por reformas tales como la agraria, la estatización de la banca y del comercio exterior. Goitia dice que en la investigación se ubica en la actualidad a las principales empresas salvadoreñas alrededor de las estructuras financieras. A partir de 1989, con la llegada de Alfredo Cristiani al poder se iniciaron las negaciones de paz con la guerrilla, las que culminaron con la firma de los Acuerdos de Chapultepec en 1992. En ese periodo se reprivatizó la banca y el comercio exterior, y comenzó un proceso, que aún no culmina, de privatizaciones de los servicios del Estado, así como una intensa apertura comercial.

En la actualidad, la economía de El Salvador está dominada por ocho grupos empresariales: Cuscatlán, Banagrícola, Banco Salvadoreño, Banco de Comercio, Agrisal, Grupo Poma, Grupo de Sola y Grupo Hill. Cada uno está relacionado con inversiones financieras, comerciales, agroindustriales y de la construcción. El Grupo Cuscatlán, es dominado por tres familias: Cristiani, Llach y Hill. El Banagrícola, por las familias Dueñas, Kriete, Palomo Déneke y Araujo Eserski. El Grupo Simán, por el conjunto de familias de origen árabe, como Simán, Zablah y Salume. Todas estos apellidos coinciden con las familias de lo que fue la oligarquía cafetalera. Como estrategias empresariales estos grupos financieros han hecho alianzas con capitales extranjeros también poderosos, lo cual es una estrategia empresarial para dominar localmente a través de bancos extranjeros, a los que los amparan ahora leyes internacionales que entran con mayor fuerza después de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.

Significa que estos grupos pueden tener el control del diseño de las políticas económicas de este país y de la política del Estado. Además, pueden influir de tal forma para evitar cualquier posibilidad de acceso al poder de partidos que no les beneficien, así como la capacidad para desestabilizar la economía nacional.  La diferencia entre esta realidad de El Salvador con el resto de Latinoamérica o de Europa, o del mismo Estados Unidos, reside en que en estos países los grupos económicos están interesados en preservar sus intereses a largo plazo y para ello apoyan los procesos democráticos internos. En El Salvador los grandes grupos empresariales controlan al partido de gobierno, incluso en el seno de su institucionalidad. Sus altos representantes han estado en la cúpula partidaria. Toda esta situación ha provocado falta de desarrollo económico y social, en contraste al crecimiento de estos grupos de poder. Si esto continúa, lo que le espera a El Salvador es una dinámica de mayor polarización y de confrontación. La gente emigra con mayor intensidad (a razón de 700 salvadoreños buscan diariamente llegar a Estados Unidos). Es decir, si no cambiamos la orientación de las políticas económicas, estaremos potenciando y construyendo un marco de grave conflictividad futura e inestabilidad política.

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