EL CONSTITUCIONALISMO
Es en la edad media cuando comienza el desarrollo y expansión de las constituciones. En esta época se extienden las cartas, especialmente locales, que regulan la existencia de los burgos, marcando los derechos y garantias correspondientes al pueblo.El constitucionalismo moderno parte de la época de las revoluciones liberales del siglo XIII (revolucion francesa emancipaciones americanas, etc.) respuesta al Antiguo Regimen y su sistema Absolutista o autoritario. El siglo XIX supuso un desarrollo constante de esta idea de constitución, de división de poderes y de establecimiento del derecho moderno como hoy lo conocemos. Así, con el liberalismo, las constituciones se concretan y desarrollan mucho más que en ningún otro momento histórico.Las primeras constituciones modernas (empezando con la estadounidense de 4 de marzo de 1789) estableciendo los límites de los poderes gubernamentales, y de protección de los derechos y libertades fundamentales con las primeras enmiendas de 15 de Diciembre de 1791 conocidas como Declaración de Derechos (Bill of Rights).El siguiente hito fundamental fue la segunda gerra mundial, luego de la cual el proceso iniciado levemente en la Revolución Francesa tuvo un gran desarrollo y aceptación. Este proceso fue el reconocimiento de los Derechos Humanos que, desde entonces y de manera creciente, tiene una mayor aceptación como parte esencial de toda constitución. La norma fundamental no solo es, entonces, una norma que controla y estructura el poder y sus manifestaciones en una sociedad sino que además es la norma que reconoce los derechos que el Estado advierte en todas las personas. La Constitución no otorga los derechos, como tampoco lo hacen las múltiples declaraciones que internacionalmente se han pronunciado sobre el tema, los derechos humanos son precedentes a cualquier estado y superiores a cualquier expresión de poder que este tenga.Hasta el día de hoy el proceso demostró un desarrollo gracias al cual el modelo inicial del sujeto poderoso y violento pasó al pueblo soberano y superior en sus derechos a cualquier expresión del Estado. Hoy el sujeto poderoso no es una persona sino que es una entelequia creada por el pueblo y ocupada por él según las normas que este mismo estableció a través de una Constitución.El punto más novedoso de este desarrollo se da con la certeza de que la mera declaración de derechos no hace a estos invulnerables a cualquier violación o intento de violación por parte tanto del Estado como de otras personas. En ese sentido el desarrollo del Constitucionalismo moderno se dedica al estudio de procedimientos que aseguren una adecuada protección a los derechos reconocidos. Algunos de estos procedimientos tienen un gran desarrollo histórico y teórico (como el habeas corpus que data elsiglo XII) y otros son aun novedosos y tienen poco desarrollo (como el habeas data y la accon de cumplimiento)CONSTITUCIONALISMO MODERNOHace más de 60 años, Charles Howard McIlwain abrió su clásico tratado Constitucionalismo Antiguo y Moderno con esta frase: “Parece ser el momento para examinar el principio general del constitucionalismo [...] un examen que debería incluir alguna consideración de las etapas sucesivas de su desarrollo.” Hoy, a principios del siglo XXI, y después de más de doscientos años de constitucionalismo moderno, tenemos que admitir que nuestro conocimiento de su historia es casi inexistente. Aquel moderno constitucionalismo que apareció al final del siglo XVIII parece estar más allá de cualquier disputa. Las revoluciones Americana y Francesa constituyeron, de acuerdo con Maurizio Fioravanti, “un momento decisivo en la historia del constitucionalismo”, inaugurando “un nuevo concepto y una nueva práctica”. Doscientos años más tarde, se da por supuesto que cada país en el mundo, con la excepción del Reino Unido, Nueva Zelanda e Israel, poseen una constitución escrita basada en el moderno constitucionalismo. Pero mientras nosotros reconocemos la aceptación global de un principio político, por singular que sea, y mientras que eruditos como Bruce Ackerman han acuñado el término “constitucionalismo mundial”, debemos admitir, y no sin dificultad, que a pesar de McIlwain, Fioravanti, y numerosos otros académicos, definitivamente no sabemos cómo llegó a suceder todo esto.
Se han realizado numerosos estudios en derecho constitucional y en historia constitucional. Aunque generalmente han enriquecido nuestro conocimiento, nos han dicho muy poco acerca del constitucionalismo moderno y su historia. Al partir desde el Estado-nación, tendieron a carecer de una perspectiva abarcadora y usualmente se restringieron ellos mismos a acumular información Estado por Estado. En contraste, los más feroces oponentes del constitucionalismo moderno desplegaron su conocimiento completo del concepto inmediatamente después de la conclusión de ese evento decisivo, la revolución de 1848. Ellos denunciaron lo que llamaron la “esencia y fastidio del moderno constitucionalismo”, como dijo el título de un libro, y con él, su historia y sus principios o elementos esenciales. Aunque sus argumentos carecen hoy de validez, el fenómeno que describieron merece aun más atención en nuestro tiempo que el obligado hace ciento cincuenta años.
Esos principios del constitucionalismo moderno fueron los mismos que Carl von Rotteck definió en los 1830s como el “sistema constitucional [...] tal y como ha evolucionado desde el inicio de la Revolución Americana y – más efectivamente en Europa – de la Revolución Francesa [y] – que es concurrente, completamente en teoría, y al menos de forma aproximada en la práctica – con el sistema de Staatsrecht puro, basado en la razón”. Sus principales principios fueron los derechos humanos, la separación de los poderes, el gobierno representativo, la limitación del poder gubernamental, la responsabilidad política y la independencia judicial. Los principios del constitucionalismo moderno tuvieron origen en la pregunta de cómo la libertad individual podría asegurarse permanentemente contra las intervenciones del gobierno, considerando las debilidades de la naturaleza humana. ¿Cómo podrían edificarse constituciones tomando en cuenta la experiencia histórica y política, así como la teoría política, el derecho y la filosofía?
Partiendo de la idea medieval de un rey instituido con la potestas temperata, la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688-89 había establecido el principio de la monarquía limitada como una doctrina constitucional oficial. La Revolución Americana, esforzándose por asegurar la libertad individual, transformó esta doctrina en el principio constitucional del gobierno limitado. Por primera vez, la idea tradicional de limitar el poder había derivado en la concesión de derechos positivados a los individuos, la protección de los cuales podría reclamarse en la corte contra las pretensiones del gobierno. De acuerdo con la ley natural, no fue el orden divino de los tiempos antiguos el que otorgaba legitimidad a la constitución, sino únicamente el pueblo. Tal y como había insistido Thomas Paine, una constitución así, por lo tanto, no podría ser jamás el acto de un gobierno, sino que precedería por necesidad a cualquier gobierno. Este fundamento conceptual del constitucionalismo moderno resultó en los principios de la soberanía popular, el anclaje de la constitución en principios universales, una declaración de derechos, gobierno limitado, y la consideración de la constitución como la ley suprema.
Estos cinco fundamentos condicionaron otros cinco principios con el objeto de hacer a la constitución funcionar de acuerdo a las metas del constitucionalismo moderno: gobierno representativo para ampliar su legitimidad y para prevenir el gobierno aristocrático y la corrupción; la separación de los poderes de acuerdo a Montesquieu, para excluir toda concentración tiránica del poder; la exigencia de responsabilidad política y de un gobierno responsable, para controlar el poder; independencia judicial para que la ley prevaleciera por sobre el poder y perdurara; y un procedimiento ordenado de reforma de la constitución ante el simple paso del tiempo o para corregir errores u omisiones, con la participación del pueblo o de sus representantes, mientras que se previenen alteraciones arbitrarias o pobremente pensadas.
Estos diez principios aparecieron por primera vez en Virginia en 1776. El 12 de junio de 1776, la Convención General de delegados y representantes de varios condados y corporaciones de Virginia adoptaron lo que ha sido conocido como la Virginia Declaration of Rights. Fue un documento revolucionario, pero que algunas veces es incorrectamente llamado la Virgina Bill of Rights (en una inconsciente o tal vez deliberada alusión al Bill of Rights inglés de 1689). La referencia al inglés “Acto de declarar los derechos y libertades del vasallo y establecer la sucesión de la corona”, como su propio título lo dice, es engañosa, pues fue publicada por “los dichos Lores Espirituales y Temporales y Comunes [...] para reivindicar y asegurar sus Derechos y Libertades”. En términos estrictamente políticos, marcó el final de la Revolución Gloriosa y pasó a ser parte de su consolidación. El Bill of Rights inglés no se refiere a principios universales o a ninguna idea abstracta; en realidad, considerando la tentativa del último Rey de “Suprimir y extirpar la Religión Protestante, y la Leyes y Libertades de este Reinado”, los Lores y Comunes hicieron uso de lo que ellos entendieron como “Sus indiscutibles Derechos y Libertades”.
Los delegados de Virginia de 1776 pudieron fácilmente hacer uso de un lenguaje similar, así como numerosos colonos lo habían hecho durante la década anterior. Pero ellos deliberadamente introdujeron un lenguaje nuevo: “Una declaración de derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, congregados en convención general y libre; cuyos derechos pertenecen a ellos y a su posteridad, como la base y fundamento de gobierno.” Este es un documento completamente nuevo, que emplea un nuevo y audaz lenguaje. Fue una “declaración de derechos”, no un documento subjetivo declarando derechos, y fue establecido por “los representantes del [...] pueblo”, quienes fueron “congregados en convención general y libre”, y no en una asamblea cualquiera, con una equívoca legitimización. Además, ellos habían declarado los derechos, apropiadamente, como pertenecientes al pueblo y a sus descendientes, y no a la asamblea o a la convención misma, en contraste con alguna otra institución. Estos derechos sirvieron, en la frase más revolucionaria de todas, “como la base y fundamento de gobierno”, una afirmación completamente desconocida y contradictoria con cualquier forma de entender la constitución inglesa.
Este audaz lenguaje revolucionario fue sustanciado en las dos primeras secciones del documento, el cual develó la fuente de todos los derechos determinados: la naturaleza. El derecho natural no solamente confería a la gente “ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, ellos no pueden, por ningún pacto, privar o despojar a su posteridad”. También probó que “todo poder es conferido, y consecuentemente derivado, del pueblo”.
Sin palabra alguna referida a la constitución inglesa o a la necesidad de restaurar antiguos derechos que habían sido violentados, la Declaración de Derechos de Virginia pregonó al mundo la soberanía del pueblo, los principios universales, y la inherencia de los derechos humanos, declarados en una constitución escrita como “la base y fundamento de gobierno”. Fue el verdadero nacimiento de lo que entendemos hoy como constitucionalismo moderno.
En realidad, la Declaración de Derechos de Virginia no fue el primer documento constitucional de la Revolución Americana. Fue precedida por la Constitución de New Hampshire del 5 de enero de 1776, y por la Constitución de Carolina del Sur de 26 de marzo de 1776. Pero el lenguaje de estos dos documentos se parece mucho más al Bill of Rights inglés, el lenguaje de los derechos antiguos y de las libertades violentadas, pero rescatadas para ser restauradas. A pesar de que hay una referencia casual al derecho natural en la Constitución de New Hampshire, y de que el documento de Carolina del Sur por primera vez se autodenominó “constitución”, ninguna de ellas apeló a la soberanía del pueblo, principios universales, derechos humanos inherentes, o a una constitución escrita como “la base y fundamento de gobierno”. Como las primeras constituciones escritas, fueron nuevas en su forma, pero su contenido no había todavía abandonado sus connotaciones tradicionales.
Todo esto cambió con la Declaración de Derechos de Virginia de junio de 1776. No solamente enumeró varios de estos derechos. También proclamó criterios adicionales, que desde entonces son considerados fundacionales del constitucionalismo moderno. Estos son la responsabilidad y la obligación del gobierno de rendir cuentas por sus actos, el derecho “a reformar, alterar, o abolir” el gobierno, la separación de los poderes, el “juicio por un jurado imparcial”, y la idea de que el gobierno constitucional es por su propia naturaleza un gobierno limitado. Fue una mezcla de principios fundamentales y de elementos estructurales que serían integrados a una constitución posterior, considerados indispensables precondiciones para asegurar la libertad individual y garantizar el gobierno racional de acuerdo a la ley, en vez de un gobierno de acuerdo al placer, el privilegio, o la corrupción. Ninguno de estos criterios fueron realmente nuevos. En realidad, ellos fueron extensamente discutidos a lo largo de las colonias durante la década precedente. Pero nunca antes habían aparecido en un documento público en forma coherente, constituyendo la base de un nuevo orden político.
Más allá de haber enumerado ciertos derechos, aunque de forma incompleta, la importancia singular de la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776 se basa en el establecimiento de un catálogo completo de lo esencial del constitucionalismo moderno, cuyo carácter fundacional no es hoy menos válido de lo que fue hace más de doscientos años: soberanía del pueblo, principios universales, derechos humanos, gobierno representativo, la constitución como ley suprema, separación de poderes, gobierno limitado, responsabilidad y obligación de rendir cuentas del gobierno, independencia judicial e imparcialidad, y el derecho de la gente a reformar su propio gobierno, o poder constituyente del pueblo. Estos diez elementos esenciales del constitucionalismo moderno son expresados en la Declaración de Derechos de Virginia, y por más de doscientos años ninguna constitución que reclame su adhesión a los principios del constitucionalismo moderno se ha atrevido abiertamente a desafiar ninguno de estos principios, cuando se ha idealizado la sociedad basada en la razón, que dispone de una base legal sólida para atender los intereses encontrados y los conflictos.
Sin embargo, la historia del constitucionalismo moderno está llena de intentos de evadir uno o varios elementos en este catálogo, o de rechazar más o menos la totalidad del mismo; en otras palabras, de establecer una constitución escrita negando manifiestamente los principios del constitucionalismo moderno. Esta oposición fundamental al moderno constitucionalismo nunca fue una opción política viable en ninguno de los estados de Estados Unidos hasta la mitad del siglo XIX. Sin embargo, se requirió de tiempo y experiencia para transformar estos elementos básicos en principios generalmente aceptados. La Constitución de Maryland de 1776 incorporó los diez elementos esenciales de la Declaración de Derechos de Virginia, pero la siguiente constitución en hacerlo fue tan sólo la de Massachussets, en 1780. Ninguna de las otras ocho constituciones escritas entre 1776 y 1780 se adecuaron plenamente a ese listado.
Las Constituciones de Nueva Jersey de 1776 y la de Carolina del Sur de 1778 fueron las que más divergieron, adoptando meramente la idea de un gobierno representativo. La mayor resistencia durante esos años se alzó contra la estricta separación de los poderes y contra una administración de justicia independiente, mientras que la extendida falta de inclusión de cláusulas de reforma constitucional parece haber sido más el resultado de la inexperiencia y de la ignorancia que de la oposición a ese instituto. Las constituciones de 1776 de Delaware y Pennsylvania, y la de Vermont de 1777, aunque adoptaron todos los otros elementos básicos de la Declaración de Virginia, solo fallaron al no cumplir con dos de estos tres disputados principios.
Aunque algunos de estos elementos esenciales no se han alzado por encima de la condición de meras declaraciones en papel en varias constituciones, faltándoles aún sustancia, el principio ha sido por lo menos reconocido y podría añadir su peso factual con el transcurso del tiempo. El clásico ejemplo es la soberanía del pueblo, desde la cual la elevada Declaración de Virginia se fusionó, en la fórmula introductoria “Nosotros, el pueblo”, en el preámbulo de la Constitución Federal de 1787, una vía de escape aprovechada por un número de constituciones de los Estados miembros en décadas ulteriores. La última constitución, la cual rehusó incluso aceptar esta simbólica declaración, fue la constitución de Louisiana de 1812. En muchas instancias, esta siguió cercanamente la constitución de Kentucky de 1799, ella misma una versión revisada de la constitución de Kentucky de 1792, la cual había sido la siguiente constitución en reproducir los diez elementos básicos de Virginia tras la Constitución de Massachussets de 1780, y su clon de New Hampshire, de 1784. Sin embargo, Louisiana, no solamente rehusó emular el carácter democrático de la Constitución de Kentucky, sino que también declinó adoptar su Declaración de Derechos con énfasis en principios universales. No fue el resultado de un descuido negligente sino, entre otras cosas, una evasión conciente de la estipulación del Acto Facultativo del Congreso, el cual había ordenado que la libertad religiosa fuera incluida en la Constitución.
La Constitución de Luisiana de 1812 es un típico ejemplo de deliberada oposición a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno de los Estados Unidos, una oposición que asumió diferentes formas en diferentes épocas. En los 1770`s y 1780`s la estricta separación de poderes fue más a menudo rechazada que aceptada, mientras que entre 1818 y 1849, cuando la democracia tomó terreno en los Estados Unidos, cerca de la mitad de las constituciones estaduales fallaron en incluir un estricto atrincheramiento de la constitución como norma suprema, o por lo menos de parte de esta, en el documento. Sin embargo, en una escala general, el constitucionalismo moderno prevaleció. La constitución provisional de Texas de 1835, todavía bajo el impacto del pasado Mexicano, difícilmente contenía alguno de los elementos básicos del constitucionalismo moderno. La nueva constitución de 1836, resultante de lo que se había estilado en la Revolución de Texas, casi no dejó fuera a ninguno. En la mitad del siglo XIX, las constituciones de cerca de la mitad de los estados americanos contenían todos los diez elementos esenciales enumerados en la Declaración de Derechos de Virginia.
Este decálogo constitucional, introducido primero en Virginia en 1776, y hasta entonces nada más que una peculiaridad americana, pronto probó estar completamente entrelazado con el constitucionalismo moderno en una escala global. El 26 de agosto de 1789 se proclamó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el correlato europeo de las declaraciones americanas de derechos, y aquí de nuevo, como trece años antes, encontramos los elementos básicos del constitucionalismo moderno. Las diferencias, sin embargo, son notorias. El texto comienza con referencias a los representantes del pueblo, derechos humanos, principios universales, y lo que puede interpretarse como la soberanía del pueblo, y culmina en el famoso artículo 16: “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.” Visto en conjunto con la Constitución de 1791, los dos documentos representando la quintaesencia del logro constitucional de la fase inicial de la Revolución Francesa, tenemos que admitir que ninguno habla [SUPRIMIDO: acerca] de la independencia judicial, la responsabilidad gubernamental, el gobierno limitado, ni de la constitución como atrincherada ley suprema. Pero, y por primera vez en un documento constitucional, fue establecida la teoría, como se refleja en el artículo 16 de la Declaración Francesa, de que solamente nos permitimos hablar de una constitución en términos del constitucionalismo moderno si el texto cumple ciertos requerimientos definidos. En consecuencia, en contraste con lo que había sido llamado “constitución” en los tiempos precedentes, el constitucionalismo moderno quedó fijado en un número de elementos esenciales. Lo que había comenzado en América en 1776 como un nuevo lenguaje político, nacido en un movimiento de levantamiento revolucionario y finalmente sancionado a través de la práctica política y de la experiencia política, el art. 16 de la Declaración Francesa de los Derechos de 1789 lo elevó al nivel de un axioma en teoría constitucional, proveyendo el fundamento teórico del moderno constitucionalismo, ausente hasta esa fecha. Al mismo tiempo, fiel a sus principios universales, transformó el constitucionalismo moderno de una idea meramente americana en un fenómeno transnacional cuyas repercusiones se sentirían globalmente.
Los diez elementos básicos de Virginia, a pesar de no haber sido reproducidos completamente por la Declaración Francesa de los Derechos de 1789 y la Constitución de 1791, solamente recibieron las credenciales de ser los elementos fundacionales del constitucionalismo moderno como un fenómeno global, al ser retomados en Francia en 1789 y porque el art. 16 declara que solamente la existencia de ciertos elementos esenciales nos permite hablar de constitución en su significado moderno. Cualquiera que sea la importancia del art. 16 en un contexto específicamente francés, su significado total reposa en el hecho de que por primera vez un documento constitucional insiste en que el constitucionalismo moderno envuelve ciertos elementos básicos, en ausencia de los cuales no se nos permite hablar apropiadamente de él.
Independencia judicial, responsabilidad, gobierno limitado, y el atrincheramiento de la constitución no fueron omitidos desde los primeros documentos constitucionales franceses al azar. Por varias razones, hubo de transcurrir un largo tiempo hasta que [SUPRIMIDO: ellos] fueron aceptados como principios del constitucionalismo francés. La mayor parte de ellos, en realidad, fueron solamente incorporados en décadas recientes, cuando la constitución de la Quinta República evolucionó. La historia del constitucionalismo moderno en Francia no solamente está caracterizado por estas particularidades, sino también por mayores agitaciones y rupturas, las cuales hicieron del constitucionalismo francés, y con él, del constitucionalismo europeo en su totalidad, tan diferente de su correlato americano. A pesar de que las constituciones de 1791, 1793 y del año III (1795) se basaron a fondo en la mayoría de los principios del constitucionalismo moderno, cambios abruptos vinieron con la constitución del año VIII (1799). No contenía ninguno de los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, pues concentró el poder en las manos del Primer Cónsul, y se convirtió en un modelo para otros regímenes autoritarios, de cómo esconder la consolidación del poder político en las manos de un dictador tras una fachada constitucional.
Obviamente, las fachadas constitucionales para gobernar autoritariamente están en abierta contradicción con el constitucionalismo moderno. Su única contribución a la historia del moderno constitucionalismo descansa en documentar una fundamental y exitosa política de oposición a él. Esto podrá decirnos algo respecto a si la propagación de los principios del constitucionalismo moderno y del gobierno racional de acuerdo a reglas fijas ha echado raíces en un país, en un momento específico, pero el desarrollo constitucional después del inevitable colapso final de una dictadura política usualmente será mucho más revelador.
Tres textos constitucionales desde el resquebrajamiento del Imperio Napoleónico merecen particular interés. Estos son el proyecto constitucional del Senado, de 6 de abril de 1814, de la Cámara de Representantes, de 29 de junio de 1815, y la Declaración de Derechos de los Franceses del 5 de julio de 1815. Diferentes como son, todos ellos documentan el intento de reintroducir el constitucionalismo moderno y sus principales elementos básicos en Francia. Fueron propuestos la soberanía del pueblo, los principios universales, los derechos humanos, el gobierno representativo, la separación de los poderes, e incluso la independencia judicial, pero ninguna de estas ideas se materializó en esos años. En cambio, la restauración Borbónica logró su legitimación con la Carta de 1814.
La Carta de 1814 rápidamente se convirtió en el modelo de constitución para la restauración de Europa a principios del siglo XIX, por dos razones. Primeramente, aceptó la revolucionaria idea de una constitución, sin nombrarla abiertamente, mientras era decretada por el monarca. Segundo, rechazaba conscientemente el constitucionalismo moderno. La soberanía del pueblo no fue admitida, no fueron declarados principios universales ni derechos humanos. Los derechos públicos de los franceses no fueron substitutos equivalentes. No se estableció gobierno representativo ni se atrincheró la constitución como ley suprema. En vez de una separación de poderes, todos los poderes emanaron del monarca. No hubo provisiones para el gobierno limitado ni para la responsabilidad gubernamental, ni para el poder constituyente del pueblo. La única concesión fue que los jueces, que eran nombrados por el monarca, ocuparían sus cargos mientras exhibieran buen comportamiento. Este modelo fue convertido en paradigma para casi todas las constituciones alemanas durante los siguientes años, y fue proclamado por los conservadores a través de Europa, donde los ultramontanos lo consideraban aún muy liberal. La Carta de 1830 solamente redujo levemente el poder del monarca y extendió los derechos del legislativo, pero en lo que concierne a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno las cosas permanecieron básicamente iguales. Sólo se introdujeron cambios parciales con la constitución de 1848, que proclamó una vez más la soberanía del pueblo, pero vaciló respecto de reconocer los principios universales y los derechos humanos. Ciertamente, la constitución de 1848 aceptó el gobierno representativo, la separación de poderes, la independencia judicial, y el poder de revisión constitucional, pero la constitución no estaba atrincherada, ni estaba limitado el gobierno ni garantizada la responsabilidad de las autoridades. A pesar de que 1848 significó una fecha crucial para el constitucionalismo moderno, fue – por lo menos en Francia – una victoria parcial y temporal.
Mientras que la Carta Francesa de 1814 personificó la estirpe del constitucionalismo antimoderno en la restauración de Europa, la Constitución Española de Cádiz de 1812 propuso un compromiso liberal. Lo más importante: había proclamado la soberanía del pueblo; aunque virtualmente guardaba silencio acerca de los principios universales y los derechos humanos. Estableció un gobierno representativo, la separación de poderes, y la independencia judicial. Reconoció la constitución como ley suprema y contenía previsiones concernientes al poder de revisión constitucional, aunque no abordó las ideas del gobierno limitado y de la responsabilidad del gobierno. A pesar de la oposición fundamental de Metternich y la Santa Alianza, la constitución fue readoptada dos veces en España y adicionalmente introducida a principios de 1820`s en las Dos Sicilias, Piamonte, y Portugal. Lo que la constitución jacobina francesa de 1793 vino a representar para la izquierda democrática europea en la segunda mitad del siglo XIX, la Constitución de Cádiz simbolizó los ideales liberales en la primera mitad.
El significado general de la Constitución de Cádiz reposa en el hecho de constituir el más importante intento en Europa, en la primera mitad del siglo XIX, de combinar la esencia del constitucionalismo moderno con el orden monárquico existente. Por esta razón fue vehementemente rechazada, y no solo por los conservadores a todo lo largo de Europa, sino también por los liberales moderados, quienes se negaban a aceptar mayores limitaciones al poder monárquico que aquellas provistas por la constitución británica antes de 1832.
La constitución británica continuó teniéndose en alta estima por todos aquellos que habían aceptado en Europa la idea de una constitución, pero que rechazaban el constitucionalismo moderno. Desde la década de 1790, una activa política exterior de los británicos, que promovía la redacción de constituciones de acuerdo a las líneas generales de la constitución británica, con el objeto de prevenir revoluciones de origen francés, había contribuido sustancialmente a generar este clima de opinión. Básicamente, las ideas británicas descansaban en la suposición de que la libertad individual podía ser garantizada de forma más eficiente y duradera por un compromiso político ilustrado, más que por las rígidas estipulaciones constitucionales. Un ejemplo expresivo es la Constitución de la Unión de Islas Jónicas, de 1817, la llamada Constitución de Maitland, que no reconoció ninguno de los fundamentos del constitucionalismo moderno, pero permitió internamente el gobierno de la aristocracia local, bajo estricta supervisión británica.
En vista de la tenaz oposición a la Constitución de Cádiz por parte de la Santa Alianza, que no se inhibió de utilizar incluso la intervención militar para echarla por tierra, una nueva constitución que buscaba introducir los fundamentos del constitucionalismo moderno adquirió prominencia en la Europa liberal, mientras la Rusia zarista se dedicaba a pacificar el alzamiento polaco y la diplomacia británica en Londres extraía un compromiso entre las cinco grandes potencias europeas, sobre el futuro estatus de ese país: la Constitución Belga de 1831. Ella fue una obra maestra del camuflaje constitucional. Sus más fuertes opositores le podían reprochar contener todos los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, pero sus partidarios podían igualmente sostener que en ninguna parte los expresaba. En su versión francesa, evitaba proclamar abiertamente la soberanía popular, recurriendo en su lugar a la fórmula ambivalente de que todos los poderes derivaban de la nación. La fraseología tendió a referirse a la Constitución Francesa de 1791, integrando al Rey en la nación. Sin ser el resultado de un vago compromiso o, como la Paulskirche en 1848, un deliberado rechazo de la idea de soberanía popular, el significado del artículo respectivo puede ser mas explícito en su versión oficial flamenca: “Alle gezag komt van het volk [Todo el poder proviene del pueblo]”. Sin embargo, lo que algunos podían entender como una soberanía popular disfrazada, otros lo podían descartar fácilmente como una pobre traducción.
Ahí no había declaración de derechos y de principios universales, pero en sustancia, el Título II “Sobre los Belgas y sus derechos”, servía al mismo propósito. No fue proclamada la responsabilidad del gobierno, pero el art. 24 señaló cómo podía hacérseles responsables por actos administrativos a los funcionarios públicos. La constitución quedó atrincherada como ley suprema, pero no se tomó ninguna medida para prevenir que el artículo respectivo fuera derogado. Los privilegios políticos de la aristocracia fueron abolidos, pero para ser elegido senador era necesaria la calidad de gran propietario. Así, el gobierno representativo quedó asegurado, paralelamente a la separación de los poderes, el gobierno limitado, la independencia judicial, y finalmente, al poder de revisión constitucional.
El constitucionalismo moderno había alcanzado su mayor triunfo hasta el momento en Europa, incluso superando a Suiza, donde el entusiasmo revolucionario había conducido a la Declaración de los Derechos en Ginebra, tan temprano como en 1793. Alejada de la influencia francesa, la república alpina estaba caracterizada por sus intactas tradiciones locales que se contradecían con el constitucionalismo moderno. En particular, la tradición suiza de la comunidad soberana, que actúa a través de formas de democracia directa, difícilmente permitía la adopción de esos elementos esenciales al constitucionalismo moderno tales como el gobierno representativo, la separación de los poderes, el gobierno limitado, la independencia del aparato judicial, o una atrincherada ley suprema. Pero, fuera en pequeñas repúblicas o extensos estados, el progreso del constitucionalismo moderno continuó siendo más implícito que explícito. La soberanía de la nación pudo también significar un rechazo conciente a la idea de la soberanía popular, como se demostró de nuevo durante las deliberaciones de la Paulskirche en 1848-49. Incluso hoy, de las monarquías en la Unión Europea, sólo la constitución sueca de 1974 y la constitución española de 1978 proclaman abiertamente la soberanía popular.
En su conjunto, las revoluciones Europeas de 1848 constituyeron el momento más decisivo para el constitucionalismo moderno y su futura historia desde finales del siglo XVIII. Ningún otro evento aislado en el intervalo de sesenta años había dado un voto de confianza comparable a sus principios básicos y a largo plazo probó que cualquier intento de revertir la marea era fútil. Sus resultados inmediatos, sin embargo, fueron ambiguos. Como regla general, las constituciones de 1848-49 podían ser divididas en dos grupos: uno teniendo aquellas que fueron preparadas y decretadas para coartar la revolución y otro conteniendo aquellas que fueron verdaderamente los frutos de una revolución. No es de sorprender entonces que el constitucionalismo moderno y sus elementos esenciales fueran rechazados en el primer grupo de constituciones, con tan sólo pequeñas excepciones, mientras que fueron cruciales para el último. Las constituciones de los Estados miembros de Alemania de 1848-49 son particularmente apropiadas para ilustrar la amplia gama de posibilidades. La elite gobernante del pueblo hanseático de Lübeck probó ser básicamente tan resistente a la ideas del constitucionalismo moderno como la de Hamburgo, donde ninguna constitución en absoluto fue adoptada en esos años. La Constitución de Lübeck de abril de 1848, en realidad, sancionó el orden tradicional de los estados, en donde la única concesión a la constitución de la revolución de diciembre de 1848 fue hecha para introducir el gobierno representativo.
Incluso antes de la declaración oficial de los derechos de Paulskirche, los estados que adoptaron una nueva constitución generalmente insertaron un extenso catálogo de derechos humanos en él; sin embargo, fieles a lo que se había discutido extensamente en el Paulskirche y consistentemente con eso, sin reconocer los principales universales de su legitimización. Como regla, adoptaron el gobierno representativo, la separación de poderes, la responsabilidad gubernamental, y la independencia judicial. Algunos también proveyeron reglas para hacer enmiendas a la constitución. Dos constituciones, las de Lauenburg y Waldeck-Pyrmont, hicieron de la constitución la ley suprema con el último mandato de que “Disposiciones legales inconsistentes con esta constitución son nulas.” La constitución de Anhalt-Dessau de 1848 fue la única en adoptar adicionalmente el principio de “Todo el poder se deriva del pueblo.” A pesar de que los principios universales y el gobierno limitado no fueron declarados expresamente en ninguna parte, el constitucionalismo moderno había alcanzado en el siglo XIX su cenit en Alemania, una culminación que permanecería insuperable por los próximos setenta años.
La situación alemana, generalmente hablando, no fue única en Europa occidental. La constitución Danesa de 1849, aunque liberal en su tenor y documentando su adherencia a los principios del gobierno limitado y a la separación de los poderes desde su inicio, aseguró el gobierno representativo, la independencia de lo judicial, los derechos humanos, y el poder de revisión constitucional, pero falló en reconocer la soberanía del pueblo y los principios universales, y fue menos expresiva acerca de la responsabilidad de los gobernantes y sobre el carácter de atrincherada ley suprema de la constitución. Con los elementos básicos adoptados, más o menos rememoraba a la Constitución Holandesa de 1848, mientras que la Constitución de Luxemburgo de 1848 fue en gran medida una adaptación de la Constitución de Bélgica de 1831, con la excepción, sin embargo, de su artículo 25, que establecía que todo el poder emanaba de la nación.
Lo que faltaba en la Constitución de Luxemburgo de 1848 y se hallaba parcialmente oculta en la Constitución Belga de 1831, fue abiertamente declarado en la Constitución de la República Romana en 1849, la constitución más democrática y una de las más ajustada a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, de entre todas las constituciones europeas de la revolución de 1848-49. Comienza por proclamar: “Soberanía es el derecho eterno del pueblo”, y más tarde confirma: “Todo el poder emana del pueblo.” Todos los otros nueve elementos básicos fueron declarados apropiadamente, con la sola excepción del gobierno limitado, que no fue establecido expresamente. Las otras constituciones italianas de los años revolucionarios asemejan el amplio marco de las constituciones alemanas en su proximidad o distancia de los elementos esenciales del constitucionalismo moderno. El Statuto Albertino, la más duradera de todas las constituciones europeas vigentes de este bienio, marca la única excepción. Decretada por un monarca, reconoció por lo menos cuatro elementos esenciales: derechos humanos, gobierno representativo, separación de poderes, e independencia de lo judicial - más que la mayoría de las otras constituciones de origen comparable, originadas dentro o fuera de Italia.
El constitucionalismo moderno definitivamente había dado un gran paso hacia adelante en Europa, con las revoluciones de 1848, y el más sonado ejemplo en Europa Central fueron presumiblemente los borradores de la Dieta Imperial en Kremsier, de una declaración de derechos fundamentales y de una constitución, la cual al igual que la última constitución de la República de Roma, de todos los elementos esenciales expresados, solamente dejó de mencionar el gobierno limitado. Aunque la situación política no permitió mayores avances en otras partes de Europa hasta la fecha, el constitucionalismo moderno, a pesar de sus muchos oponentes y de las severas contrariedades resultantes de la reacción de 1850`s, había echado raíces firmes en Europa, aún si su historia posterior en esta parte del mundo probará estar llena de contradicciones. Había sido dado un gran paso para poner al gobierno sobre una base más racional, para beneficio de la gente.
En esos días una victoria fácil había sido obtenida en un lugar completamente diferente, donde las futuras contradicciones no iban a ser menos evidentes: Liberia. Su constitución del 26 de julio de 1847, americano como era su origen, transplantó todos los diez elementos básicos de Virginia a la costa oeste de África. En Latinoamérica, sin embargo, una estructura formal de gobierno de acuerdo al ejemplo dado por los Estados Unidos fue llenado con contenidos originados del pasado colonial español, portugués o francés, con las discrepancias sociales de una elite gobernante enfrentada a las masas indígenas despojadas de sus derechos, y con algunas influencias europeas recientes. Este escenario particular causó y continúa causando manifiestas diferencias en la forma de entender la constitución, resultando en un cisma entre la constitución formal y la material, el cual únicamente parece estar cerrándose en años recientes. Las constituciones de la primera mitad del siglo XIX reconocieron de buena gana el gobierno representativo y la separación de poderes. Algunos elevaron la constitución a ley suprema y tuvieron elaboradas provisiones para los procesos de enmienda. Gobierno limitado, responsabilidad, e independencia judicial, sin embargo, no fueron generalmente tópicos favoritos ni asumieron su significado real. Los derechos humanos fueron declarados con bastante frecuencia, a pesar de que muchas constituciones los habían reservado solo para los “ciudadanos”, que parece ser otra palabra para denominar a la elite gobernante, donde los “deberes”, los que una constitución difícilmente podía olvidar listar, aparecían primordialmente aplicados al resto de la población. Esto también explica por qué los principios universales fueron tan raros en estas constituciones, y muchas de ellas prefirieron referirse a la soberanía de la nación, en vez de a una soberanía más radical, del pueblo. A pesar de estas impresiones rápidas, diferencias substanciales entre las constituciones de, por ejemplo, Ecuador y Guatemala, existieron, y situaciones políticas diferentes o contextos sociales pueden haber resultado en abrir más los países a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno. Además, se necesitaría un más detallado análisis de los cientos de constituciones americanas desde México a Argentina, de sus orígenes políticos, y del discurso intelectual en el cual estaban inmersas, por lo cual me hace falta espacio, y aún más, competencia.
La historia del constitucionalismo moderno es una historia que necesita ser escrita. Los comentarios que preceden solamente esbozan un borrador con la intención de incitar un nuevo pensamiento sobre la historia constitucional en general y sobre su impacto en diferentes países en particular. Se ha demostrado que se reclama una perspectiva fresca para que brinde nuevas luces en la historia constitucional de todos los países involucrados. En vez de preguntar cuando y donde las ideas e instituciones americanas o francesas fueron copiadas, como se ha hecho hasta ahora, el desarrollo constitucional de ambos países aparece con una nueva luz, demandando nuevas respuestas. La historia del constitucionalismo moderno deliberadamente se aleja de los pasos de la historia constitucional nacional e inicia una perspectiva global. Los documentos para esta nueva aproximación están todos allí. Todo lo que necesitan es una nueva lectura, que promete abrir un enorme espacio, de nuevos panoramas. EL CONSTITUCIONALISMOEl constitucionalismo contiene dos elementos básicos, que por mucho tiempo han sido considerados como sinónimo del Estado de Derecho: la supremacía de la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio del poder. La Constitución francesa de 1791 incluyó en su artículo 16 la expresión que luego se convertiría en el dogma del constitucionalismo liberal: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni se adopte la separación de poderes, carece de Constitución”. Constitucionalismo. m. Sistema político regulado por un texto constitucional. m. Ideología partidaria de este sistema político.El constitucionalismo se presenta como una estrategia para enfrentar los efectos perversos que ha tenido el desarrollo del modelo económico en la actualidad, especialmente para los países del tercer mundo.Estado de Derecho y Constitucionalismo Las características del Estado de Derecho han permitido definir al sistema constitucional. En este sentido se advierten cuatro grandes tendencias: la liberal, la social, la democrática y la cultural. Cuando entró el siglo XX dominaba el constitucionalismo liberal fraguado a todo lo largo de la centuria precedente. Las constituciones se estructuraban a partir de los derechos de libertad, propiedad, seguridad jurídica e igualdad. Algunos de sus corolarios eran los derechos de asociación, petición, sufragio y libertad de conciencia. Constitucionalismo socialConstitucionalismo social es el movimiento de inclusión en la Constitución escrita de las naciones de los derechos sociales, o de segunda generación. El constitucionalismo social es un movimiento universal iniciado con la sanción de la Constitución de México de 1917, resultado directo de la Revolución Mexicana y, en Alemania, con la Constitución de la República de Weimar en 1919.La creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, con dirección tripartita de gobiernos, sindicatos y empleadores, y las invocaciones del Preámbulo de su Constitución, de validez mundial, fortaleció el reclamo de los trabajadores de todo el mundo de incluir los derechos sociales en las constituciones nacionales.Prácticamente todas las constituciones del mundo, reorganizaron sus textos, para recoger los derechos y garantías que caracterizaron al constitucionalismo social y reorganizar el Estado para orientarlo activamente hacia esos fines.El constitucionalismo social es una consecuencia de la revolución industrial, la aparición de la clase obrera, y su organización en sindicatos y partidos obreros, para reclamar por los derechos específicos del trabajo. El constitucionalismo social y la constitución del Estado de Bienestar que caracterizó al siglo XX son proceso indisolubles. El Derecho del Trabajo se constituyó en el eje central del Estado de Bienestar. En Estados Unidos el proceso fue más conocido como New Deal, término que traducido literalmente significa "Nuevo Pacto", pero que se aproxima más a la idea de "nuevo contrato social".El constitucionalismo social apareció en la carta de Querétaro de 1917 y en la Constitución alemana de Weimar de 1919. Fue ésta la que mayor influencia tuvo en Europa, mientras que la mexicana recibió mayor difusión en América Latina. Las tesis sociales de Weimar tuvieron resonancia en las sociedades industriales, sobre todo porque permitían hacer frente a las presiones obreras que encontraban inspiración en la revolución soviética. Las tesis mexicanas fueron más atractivas para quienes tenían que paliar la inquietud de las sociedades rurales. Las características fundamentales del constitucionalismo social consistieron en el reconocimiento de los derechos a la organización profesional, a la huelga, a la contratación colectiva, al acceso a la riqueza (en el caso mexicano significó una amplia gama de acciones de naturaleza agraria), y de principios de equidad en las relaciones jurídicas y económicas. Así se explica el surgimiento de la seguridad social, de los tribunales laborales, y la defensa de derechos como la jornada, el salario y el descanso obligatorio. También aparecieron los derechos prestacionales con cargo al Estado, como los concernientes a educación, salud, vivienda y abasto. Uno de los efectos más señalados del constitucionalismo social fue servir como base a la acción intervencionista del Estado. Por eso durante el proceso iniciado en la década de los ochenta, el progresivo desmantelamiento del Estado intervencionista ha implicado, inevitablemente, la reducción progresiva del Estado de bienestar. El constitucionalismo democrático, por su parte, fue objeto de importantes previsiones en seguida de la segunda posguerra. Los sistemas parlamentarios, a partir del concepto adoptado por la Ley Fundamental de Bonn, se estabilizaron mediante su parcial presidencialización, y los sistemas presidenciales propendieron a su progresiva flexibilidad para hacerse más receptivos de instrumentos y procedimientos de control político, de origen parlamentario. En Estados Unidos incluso se establecieron límites a la reelección presidencial. Las características del constitucionalismo democrático han consistido en el reconocimiento de los partidos políticos; en la garantía de procesos electorales libres e imparciales; en la descentralización del poder, incluyendo las formas del estado federal y regional; en el fortalecimiento de la organización, facultades y funcionamiento de los cuerpos representativos; en la adopción de formas de democracia semidirecta, a veces incluso en perjuicio de los sistemas representativos, como el referéndum legislativo, el plebiscito, la iniciativa popular y, aunque mucho más raro, en la revocación de los representantes. El constitucionalismo de la última década del siglo XX se significó por el énfasis en los derechos culturales. Los derechos culturales no son, como los sociales, derechos de clase, ni como los democráticos, derechos universales. Los culturales son derechos colectivos que traducen intereses muy concretos y que conciernen a todos los estratos socioeconómicos. Entre los más relevantes están los derechos humanos, pero la gama es muy amplia. Comprende el derecho a la protección del ambiente, al desarrollo, al ocio y el deporte, a la intimidad, a la no discriminación, a la migración, a la información, a la objeción de conciencia, a la seguridad en el consumo y a la diversidad lingüística, cultural y étnica, entre otros aspectos. Estado social de Derecho Como correlato de las tendencias del constitucionalismo contemporáneo, se han venido acuñando conceptos complementarios del Estado de Derecho. Han aparecido los de Estado Social de Derecho, Estado Social y Democrático de Derecho y, con la Constitución venezolana de 1999 (a. 2º), surgió el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Éste último carece de elementos que permitan diferenciarlo de los anteriores, y la inclusión de la expresión “justicia” sólo desempeña una función semántica. ORIGEN E ITINERARIO DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL EN MÉXICOLas cartas magnas de 1814, 1824 y 1857 son el antecedente del constitucionalismo social mexicano, declarado formalmente en 1917. Cada una de ellas hace aportaciones de gran importancia; cada una contiene aciertos para su momento histórico, por lo cual, de cierta manera, las tres forman una serie del liberal-socialismo.La ley de 1814, plataforma del constitucionalismo mexicano, encuentra su fundamento en Los Sentimientos de la Nación, documento redactado por el insurgente José Ma. Morelos y Pavón, cuya proyección social trascendió hasta el Congreso Constituyente de 1917, particularmente el punto número 12, del primero, cuando se refiere al "jornal del pobre".Esta Constitución, la de Apatzingán, cuyas ideas democráticas provienen de la doctrina de la Revolución francesa y de los modelos de las constituciones también francesas, de 1793 y 1795, estatuye la libertad de trabajo. La Constitución de 1824, la primera del México independiente, consignó en el artículo 50, fracción XXIII, disposiciones interpretadas como otro de los antecedentes de la libertad de trabajo.Con el presidente Benito Juárez, en 1857 se redacta una Constitución liberal por excelencia, la cual proclama los derechos del hombre con preponderancia del pensamiento individualista, no obstante la expresión del pensamiento social en el congreso que la precede. Con razón expresa Trueba Urbina que ésta pudo haber sido la primera Constitución político-social (de México y del mundo). Elocuentes discursos de pensadores de gran valía, entre ellos Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, José María del Castillo Velasco, reflejan la extraordinaria visión social convertida en el inductor de lo social en la Constitución, limitada en esta magna carta al mero planteamiento "del derecho de los trabajadores a la participación de las utilidades y al salario de subsistencia". El corte individual y liberal de la carta magna se matiza con el primer artículo, sobre el reconocimiento a los derechos del hombre como la base y el objeto de las instituciones sociales. Incluso, al consagrarse la libertad, se empieza, junto con la independencia nacional, a moldear el sistema social para estructurarse formalmente en 1917. Deben recordarse las distintas leyes estatales, sustantivas y adjetivas, relacionadas con el trabajo y su influencia legislativa posterior.Esta Constitución, a pesar de no consignar expresamente los derechos sociales, sí garantiza la libertad de trabajo, se refiere a los contratos de trabajo, de obras y de aprendizaje y a la de libertad de reunión y de asociación. La omisión de normas expresas sobre las garantías sociales es atribuible a la influencia liberal citada y a la sumisión de la sociedad a las costumbres heredadas de la Colonia y de las cuales no lograba zafarse en definitiva.Así se vislumbra el pensamiento de los liberales en México; un pensamiento humanista con rasgos del socialismo en su expresión más pura. Se le conoce como la corriente que libera, opuesta a la conservadora de la época, refugiada y aferrada a sistemas extranjeros por intereses individuales, y compuesta por grupos elitistas sin escrúpulos, carentes de interés por salvaguardar la soberanía de la nueva nación; plutócratas y aristócratas con deseos de conservar el poder aferrados a la política, también interesada, del extranjero.Las etapas constitucionales señaladas corresponden a momentos de convulsión de una nación en defensa de su independencia y de su soberanía, la cual pretendía ser arrebatada y dominada tanto por coronas europeas como por Estados Unidos de América. La mera referencia a estas consideraciones -que merecen, sin duda, análisis exhaustivos, como muchos ya hechos por historiadores y constitucionalistas-- por su señalada profundidad e importancia explican la confusión política, la lucha y la mezcla de intereses para imponer ideologías, establecer privilegios y ocupar el poder.Las reformas hechas a la Constitución de 1857 fueron desafortunadas; y más tarde favorecieron la dictadura porfirista. El combate revolucionario en los primeros años del siglo XX se nutrió de un movimiento social alentado principalmente por el Manifiesto del Partido Liberal (1906) y la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, esenciales en la Constitución social mexicana de 1917. LA DICTADURA MILITAR Los inicios del régimen. El dos de diciembre de 1931, un golpe de Estado dirigido por la juventud Militar derrocaba al gobierno del ingeniero Arturo Araujo. Una vez finalizado el golpe, los jóvenes militares que lo habían ejecutado, cedían la dirección del movimiento a oficiales de mayor rango y experiencia. De estos, los coroneles Joaquín Valdés y Osmín Aguirre y Salinas, se entrevistan después con el general Martínez, aun preso en el cuartel El Zapote, para ofrecerle la jefatura provisional del Estado. Este ofrecimiento respondía a la necesidad de aliviar la presión estadounidense para que se diera formalidad legal al nuevo gobierno, por lo que era urgente encontrar una salida aceptable que pudiera tener un asidero jurídico. La figura del general Martínez, como vicepresidente del régimen anterior ofrecía alguna base, por lo que se pensó en un régimen provisional que convocaría a nuevas elecciones a la mayor brevedad posible. Según Castellanos, la oligarquía salvadoreña y algunos grupos profesionales y funcionarios del gobierno estaban convencidos de que para mantener el sistema político vigente, era necesario depositar el poder en los militares. Los posteriores sucesos, que culminaron con el levantamiento campesino de 1932 contribuyeron a confirmar la tesis. Una vez ejecutado el golpe, los asesores y jurisconsultos de los grupos oligárquicos, aconsejaron al Directorio Militar que para evitar el aislamiento internacional, que el país podría sufrir si se aplicaban los acuerdos del Tratado General de Paz y Amistad, era importante cumplir con los preceptos de la Constitución y lo que correspondía era llamar al general Maximiliano Hernández Martínez, vicepresidente de la República, a asumir el poder en forma provisional. Es así como se le llamo para que se hiciera cargo del Ejecutivo, "por encontrarse el presidente Araujo ausente del país sin haber solicitado permiso de la Asamblea". Con base en dicho argumento, Martínez asumió el poder el 4 de diciembre por la noche, para evitar que se alterara el orden constitucional de la nación. El 11 de diciembre se disuelve el Directorio militar y se levanta el estado de sitio, pero no deja de ser extraño que el día siguiente, los grupos marxistas y revolucionarios, en la edición del periódico Estrella Roja, muestran su complacencia por el derrocamiento de Araujo y prácticamente le dan un espaldarazo al nuevo gobierno. Los primeros pasos del nuevo gobierno están condicionados por la difícil situación que vive el país, especialmente la crisis económica que golpea los sectores medios y pobres de la población. Como una medida desesperada en el mes de diciembre, el general Martínez suspende el pago de los servicios de la deuda externa, ordenando al mismo tiempo que los derechos de aduana, que eran pagados a los representantes de los banqueros norteamericanos, fueran pagados directamente a la Tesorería del Estado. Con el apoyo del grupo bancario de la familia Duke, se tomaron medidas para controlar la especulación financiera, para el pago de los sueldos atrasados de los militares y empleados públicos y para reducir los gastos del gobierno. Por otra parte, el gobierno recelaba de la posibilidad de una invasión militar promovida por Arturo Araujo y sus seguidores, desde la vecina Guatemala, razón por la que promovió y acepto las expresiones públicas de los diferentes grupos políticos populares, entre ellos, el Partido Comunista. Todos aceptaron su participación en las elecciones de alcaldes del 3 al 5 de enero de 1932. En estas elecciones aparecieron los primeros brotes de violencia, llegando a enfrentamientos de los grupos radicales con las autoridades. Del 10 al 12 de enero, se realizaron elecciones para diputados, las que contribuyeron a aumentar las tensiones y la violencia en el ambiente, acusadas de fraudes e irregularidades. El 22 de enero, la violencia campesina se desata en la zona occidental del país, tal como ha sido relatada anteriormente, lo que permite al gobierno reprimir con mano de hierro la llamada rebelión "comunista" a partir del 24 de enero. Para el día 26 de enero, el gobierno dio por totalmente dominado el levantamiento de los campesinos, comenzando una represión generalizada por toda la república para todos aquellos que fueran sospechosos de haber participado o simpatizar con ella. El viernes 29 de enero, el indio José Feliciano Ama, cacique indígena de Izalco, fue ahorcado en dicha ciudad, supuestamente por la multitud que había sido atropellada por los indios. Para el 31 de enero, se incineran en todo el país una gran cantidad de cadáveres insepultos, para evitar la propagación de una epidemia. El uno de febrero de 1932, después de un consejo de guerra, fueron fusilados en el cementerio general de San Salvador los cabecillas del movimiento comunista Martí, Luna y Zapata. Para el quince de febrero, el país se encuentra tranquilizado y varios sectores de la población piden el reconocimiento internacional al gobierno de Martínez. El arzobispo de San Salvador, Belloso y Sánchez, dirige una carta pastoral a los sacerdotes para que apoyen desde el pulpito, la política del general Martínez y, el 22 de febrero, la Cámara de comercio en pequeño se suma a los apoyos al gobierno. No hay duda de que el fantasma del comunismo logro unir los intereses de los diferentes grupos económicos del país, especialmente los grupos poderosos, que veían un gobierno de fuerza como la única forma de protegerse frente a la anarquía de un régimen popular. El 28 de febrero, el gobierno suspendió el pago del empréstito de 1922, dada la difícil situación financiera del país y la necesidad de fondos para su defensa; cuatro días más tarde, la Cámara de Comercio e Industria se adhería a la decisión gubernamental. El triunfo militar del general Martínez sobre la amenaza comunista le granjeo el apoyo de importantes y poderosos grupos sociales, especialmente los propietarios de tierras, banqueros, grandes comerciantes y beneficiadores-exportadores de café; pero también se agregaban los medianos propietarios y comerciantes, los empleados públicos y privados, los dueños de talleres y pequeñas empresas, y una población de clase media urbana, que se había horrorizado por los desmanes cometidos por las turbas campesinas. Sin duda, el apoyo nacía de un indiscutible temor del peligro comunista, expresado en la violencia, la anarquía y el desorden. Por otra parte, las poderosas clases sociales lograban mantener su riqueza y sus tradicionales privilegios, y los sectores medios, la estabilidad y tranquilidad de sus vidas cotidianas. El régimen de Martínez, desde sus inicios, obtuvo el apoyo de las clases económicamente poderosas al adoptar una serie de medidas bancarias, sociales y fiscales, que dieron soporte a la estructura de tenencia de la tierra y la acumulación de riqueza, en un ambiente de estabilidad y orden. Estas disposiciones lograron establecer reglas de juego entre los diferentes grupos económicos en lo que respecta a su participación en los beneficios de las actividades productivas, al mismo tiempo que fortalecían el papel del Estado oligárquico, sin duda, pero necesario para el ejercicio de la autoridad. Tampoco se puede negar que contribuyo a fortalecer el papel y la autoridad del Estado, sin apartarse de su rol de defensor de los intereses de la oligárquica. Otra característica fue que desarrollo una política orientada a mejorar las condiciones de vida de los sectores pobres y de bajos ingresos, y asimismo intervino en el control de las actividades bancarias, combatiendo la especulación y la usura. El 29 de febrero de 1932, se emitió un decreto llamado "Decreto de suspensión temporal de la deuda externa", que fue apoyado por banqueros y empresarios; el 12 de marzo de ese mismo ano, por medio de la cartera de Hacienda, se decreto una moratoria general, la que fue recibida con jubilo por agricultores, comerciantes y empresarios. Esta ley moratoria declara nulas e ilícitas los recargos y cláusulas penales por incumplimiento de contratos hipotecarios y personales, con efectos retroactivos, aun en los casos que se hubieran iniciado juicio ordinario ejecutivo. Esta medida detuvo el embargo y perdida de propiedades por mora de muchas personas que habían obtenido financiamientos bancarios y se veían imposibilitados de pagar. La ley en cuestión, evito la quiebra y alivio la situación económica de millares de pequeños y medianos propietarios que se encontraban en manos de los banqueros, ansiosos de despojarlos de sus propiedades. El 5 de marzo de este mismo ano, se publica en La Prensa un estudio sobre la urgente necesidad de crear un Banco Central, para tratar de resolver los problemas monetarios existentes, especialmente preocupaba las fluctuaciones especulativas de los tipos de cambio que, en abril había sido de 2.83 colones por dólar y en mayo de 2.35 colones por dólar. En el campo político, entre los meses de abril y junio, se impuso a los ciudadanos la obligación de registrarse y obtener su cedula de identificación personal, después de haber cumplido los 18 anos. Dicha medida, de carácter policial, permitiría a las autoridades mantener un amplio control sobre las personas, sus actividades y sus tendencias políticas. Por otra parte, el 19 de octubre, la Asamblea aprueba un decreto que prohíbe el ingreso al país de chinos, turcos, húngaros y sacerdotes extranjeros; considerados indeseables porque estaban suplantando a los nacionales en varias actividades económicas pequeñas y, en el ultimo caso, por temor a que fueran agitadores. Pero los problemas de la población campesina y bajos recursos requerían de amplios programas del Estado, especialmente para evitar que las necesidades de estos grupos fueran instrumentalizadas nuevamente por los llamados "comunistas" y los adversarios del régimen, por lo que en el mes de octubre se instituyo una Junta Nacional de Defensa Social, mas tarde convertida en el Instituto de Mejoramiento Social, cuyos objetivos institucionales eran: primero, construir casas baratas para los trabajadores y, en segundo lugar, redistribuir tierra a los campesinos que carecieran de ella, para luego adjudicarla bajo la figura jurídica de "arrendamiento con promesa de venta". Con esta clase de medidas sociales, al celebrarse las pospuestas elecciones para diputados, en enero de 1933, el régimen hacia acopio de aceptación y buena voluntad entre la población, lo que permitió que los candidatos del nuevo régimen ganaran por una abrumadora mayoría. Los problemas monetario-financieros de El Salvador en 1932 y las medidas del gobierno. Los problemas monetarios en el país se hicieron sentir desde 1919, como efecto de los desajustes provocados por la Primera Guerra Mundial en Europa, que era el principal mercado de exportación de los productos del país. Internamente, los problemas se daban en la inconsistencia de la moneda nacional y en la inestabilidad de los tipos de cambio. Se tenía la percepción de que el país perdía anualmente grandes sumas de dinero en la comercialización de su café en el extranjero, por causa de un inseguro sistema monetario así como por la permanente fluctuación especulativa de los tipos de cambio. En los periodos de cosecha, los especuladores bajaban el cambio y los productores recibían menos dinero por su producción, pero al momento de importar mercancías extranjeras, el cambista subía el tipo de cambio encareciendo los mismos, y por lo tanto, los precios que pagaban los consumidores. Por otra parte, el colapso provocado por la Primera Guerra Mundial había obligado a los países europeos al abandono de la moneda metálica y a la adopción de un sistema generalizado de papel moneda, además de una carencia de transportes marítimos que obstaculizaban el comercio exterior. En El Salvador, para suplir las necesidades de circulante y paliar la ausencia de moneda metálica, se había dado a los bancos la facultad para emitir billetes, por lo que estos decidieron aumentar sus capitales para poder así incrementar sus emisiones de billetes. En un trabajo presentado por el doctor Lucio Quiñones, con el propósito de hacer frente a los problemas financieros en el país, se proponían las soluciones siguientes: a) adoptar el dólar norteamericano como moneda de curso legal; b) fijación del tipo de cambio con respecto al oro norteamericano en una relación de cuarenta centavos de dólar por colon; c) importación de billetes norteamericanos por 1.5 millones de dólares y d) autorizar a los bancos para exportar moneda de plata e importar oro para respaldar la circulación de los billetes.Por decreto legislativo del 11 de septiembre de 1919, la Asamblea había aprobado las regulaciones siguientes: La unidad monetaria de la República de El Salvador será el colon, dividido en cien centavos y representado por 0.836 gramos de oro de 900 milésimo de fino. Las monedas de níquel de uno, tres y cinco centavos, lo mismo que las monedas de plata de cinco, diez y veinte centavos, actualmente en circulación, servirán como monedas auxiliares; Se autorizo a los bancos a sustituir billetes con respaldo de plata por billetes representativos de oro; Por ser la nueva unidad monetaria representativa de oro, se declara desmonetizada la actual moneda de plata, nacional o extranjera; Los bancos del país están obligados a pagar a la vista y al portador, una cantidad en oro acuñado en la relación establecida. Además, la ley autorizaba la libre exportación de plata, el establecimiento de un fondo regulador de cambios y se daba curso legal a la moneda de oro acunada en los Estados Unidos y al dólar americano. En ese mismo ano de 1919, se decreto una segunda le monetaria, con algunas modificaciones con respecto a la anterior; por ejemplo: Se establecieron los múltiplos del colon, con monedas de oro de 5, 10, 20 y 40 colones; Se dio al oro poder liberatorio ilimitado en la equivalencia legal de dos colones por un dólar; y se estableció poder liberatorio restringido para las monedas auxiliares; Se dejo sin curso legal a las monedas extranjeras, excepción hecha de las monedas de oro y plata norteamericanas; Se fijo la soberanía monetaria, que otorgo al Estado la facultad privativa de la emisión y acuñación de moneda, en la época, forma y cantidades que se determinen. Toda acuñación se haría previa autorización de la Asamblea Nacional.
Estos principios sirvieron para introducir las reformas constitucionales que deberían garantizar un nuevo tipo de Estado civilizado y democrático.
La dictadura militar y los regímenes oligárquicos, sustentados en un sistema eleccionario manipulado por el poder, privaron en tres cuartas partes del siglo XX. De esta forma, los Acuerdos de Paz y las reformas constitucionales, abrían las puertas para construir y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, como objetivo fundamental de los salvadoreños en el primer tercio de este nuevo siglo.
Una de las cuestiones fundamentales que dieron pie a la esperanza nacional de no volver a la guerra jamás, fue la desmilitarización del Estado, requisito sustantivo para construir los cimientos de la democracia efectiva. En esta dirección, se sentaron las bases para que la función policial del Estado y el aparato orgánico funcional de la policía dejaran de ser una extensión de la Fuerza Armada, con formación y estructura militares.
La Constitución, en el Art. 159, párrafo 2do., reza: “… La seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista” Pero, La Constitución no se limita a separar ambas instituciones, sino que la extiende a una clara diferenciación de las funciones. En el párrafo 3° del mismo artículo, se añade:
“La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, con apego a la ley y estricto respeto a los derechos humanos”.
Los Acuerdos de Paz y la Constitución pretendían la construcción de una nueva policía civil, con una cultura de democracia y relacionada amigablemente con la comunidad.
Así, como producto de un Estado de Derecho habría de existir una institución de seguridad y servicio público en función de afianzar y preservar ante todo, los Derechos Humanos y la tranquilidad de los ciudadanos, para que estos tuviesen garantizado el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos que ostentan.
Los Acuerdos de Paz, han sido declarados por el gobierno como “concluidos” es decir, olvidados, quedando todos los compromisos que de ellos surgieron, sin valor alguno y lejos de afianzar la democracia efectiva, se ha continuado alentando y practicando el Estado decisionista, en manos de una oligarquía política, que implementa un régimen concentrador, excluyente y autoritario.
Esta clase de régimen, le asigna otro papel a la PNC como instrumento de control y represión exclusivamente dedicada a combatir a todo el que se oponga a la imposición de sus políticas excluyentes y polarizantes, especialmente contra las clases empobrecidas y criminalizadas.
Un análisis científico y profundo del comportamiento de la Policía Nacional Civil desde su fundación hasta la fecha, muestra claramente que su cultura inicialmente con matices democráticos se ha deteriorado de manera dramática, presentando hoy, como en la época de las dictaduras militares, una cultura de la violencia y de culto a la «religión del orden y el control ciudadano», atropellando la Constitución, el Derecho y la Justicia, sin el mínimo recato.
La tendencia es el empleo sistemático del terror, por medio de una policía represiva para eliminar cualquier forma de oposición.
La Policía Nacional Civil aparece en los informes sobre violación de derechos humanos, presentados por entidades nacionales e internacionales, como una corporación violenta, discriminadora y brutal, y por tanto violadora de derechos y libertades fundamentales.
La Policía ha sido convertida en una institución totalmente distinta a la diseñada en los acuerdos de paz.
En opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las “graves disfunciones institucionales han impedido a la PNC convertirse en el ideal de una policía moderna, democrática y eficiente” (Procuraduría de Derechos Humanos. Informe especial, 02 de julio de 2007) Amnistía Internacional, en su informe 2007, afirma que en nuestro país creció la preocupación entre la población y organizaciones civiles por la posible reaparición de escuadrones de la muerte.
Las acciones de terror llevadas a cabo por la PNC y el Ejército, como la de Suchitoto en julio pasado, no responden a un impulso fugaz ni instantáneo.
Son la secuela natural de una concepción claramente anti-popular afincada en el odio irracional al pueblo y el temor que le suscita al poder político ultraderechista, la presencia creciente de las masas en el escenario nacional.
El uso indiscriminado de la fuerza, la tortura y la ejecución extrajudicial en las dictaduras militares no son una práctica sorprendente, ya que son un componente del sistema, pero ¿y cuando reaparece esta aberrante práctica en El Salvador, en el marco de un Estado supuestamente democrático y de Derecho?
El pensamiento autoritario sostiene, que la brutalidad y la tortura simplemente son una excepcionalidad, en el dado caso que solo se puede justificar la “fuerza excesiva” (incluyendo la tortura) frente crímenes de “terrorismo”.
¿Y que sucede cuando cualquier forma de protesta social o de oposición activa y militante al régimen es hoy “legalmente” calificada de “terrorista”?
Es necesario poner mucha atención y actuar en los problemas de organización y funcionamiento de la Administración Pública, como problemas relacionados con la propia libertad y sus efectivas garantías, pues el tema de las libertades es en primer lugar, el tema de los poderes públicos.
Es por ello que la problemática de la administración policial, de su funcionamiento, de su estructura, de su control, de sus funciones, etc., es el punto neurálgico para poder designar el carácter del Estado (represivo y totalitario o democrático, social y de Derecho) Es indispensable que la PNC se desmilitarice y se deshaga de todas las posibles manifestaciones criminales que la están corrompiendo, solo de esta forma sus funcionarios actuarán de manera coherente con una perspectiva de nación civilizada y democrática.
En pocas palabras, toda esta reflexión plantea la necesidad de una Policía que actúe sometida al imperio del Derecho legítimo y al control ciudadano, no al libre albedrío de los políticos de turno, ya que el Derecho como expresión ordenada de la razón humana y la democracia, es antes que un recurso técnico administrativo, un bastión contra el instinto expansivo del poder.
Estamos seguros de que nuestras consideraciones no caen en saco roto y la ambición que nos motiva al plantearlas, es que se conviertan en una herramienta para el debate social, ya que después de quince años de soñar con país nuevo, un país democrático, saludable, educado y justo, El Salvador vive de nuevo, una crisis estructural que nos indica que un viejo régimen autoritario y excluyente agoniza, mientras una nueva forma de Estado y sociedad más avanzada se esfuerza por nacer. El futuro inmediato será sin duda de cambios trascendentales en la vida de los salvadoreños. LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO La modernización del Estado, concebida como un medio para descentralizar y democratizar la economía, pasa por el consenso beneplácito del Poder Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores. La puesta en común de los tres sectores, que tenga como interés supremo el desarrollo de la nación, hace deponer actitudes de confrontación y promueve la creación de las condiciones para construir la democracia. Por ello el proceso de modernización, al ser impulsado unilateral o bilateralmente, sin tomar en cuenta a los trabajadores esta prácticamente condenado al fracaso y, lo que es peor, el costo social será elevado, puesto que podría desembocar en una explosión social.Sin embargo, en El Salvador el gobierno y la empresa privada impulsan el proceso de privatización y excluyen al sector trabajador, con esta actitud crean una atmósfera de desconfianza, porque el proceso no garantiza la inserción económica de los trabaja-dores y hace que a estos los invada la incertidumbre y la inestabilidad laboral. El hecho de ser excluyente es el resultado de que no existe en el poder político y económico claridad conceptual y fatica para desarrollar la modernización del Estado. Porque no empezar por: Despedir a todos los militantes políticos que están contratados en la función publica no por capacidad y eficiencia sino porque pertenecen al partido de gobierno, reducir los engorrosos tramites burocráticos a 10 minutos máximos, ser transparentes y honrados en la administración del erario publico, es decir, que no haya corrupción, reducir el numero de ministerios —muchos de ellos son solo botines políticos en donde les crean plazas por ejemplo a los compadres, ahijados, amantes, amigos y familiares de los políticos que ganaron las elecciones—, reducir el numero de diputados de 84 a 50, darle el verdadero sentido a la administración publica, para servir eficiente y ágilmente al pueblo, eliminar la duplicidad de funciones que realizan los ministerios y eliminar a los 14 gobernadores departamentales, que no sirven mas que para representar los intereses del partido al cual pertenecen. La modernización del Estado es conducida por la empresa privada y el Poder Ejecutivo, porque el gobierno de ARENA esta constituido principalmente por los grandes empresarios del país, particularmente por el sector financiero de la oligarquía.La modernización del Estado, tal y como esta planteada, significa concentrar mas las riquezas de la nación en manos de un reducido numero de financistas, el gobierno no solo tiene en venta a Estado salvadoreño con el ala financiera del sector económico dominante del país, sino que incluso ha llegado al extremo de ir a la capital de Estados Unidos a proponer la venta de El Salvador a las multinacionales. Quiere decir que los salvadoreños de origen cuzcatleco, se quedarían sin Estado, porque este será propiedad privada de los salvadoreños de origen extranjero, es decir de la oligarquía y de las - multinacionales. Si precisamente la alta concentración de la riqueza del país ha sido históricamente el común denominador de las crisis políticas en I Salvador, quiere decir que el gobierno de ARENA y los grandes empresarios conducen al país hacia otro conflicto armado. Porque: que impera es la noción de modernización del Estado como medio para otorgar más privilegios y beneficios al estrato social de mayor ingreso económico del país.Una de las primeras medidas que tomo el gobierno de ARENA "fue crear un ejercito de miles de desempleados, al que el Ministro de Hacienda, denomino «un paso necesario para la modernización)) L.P.G., 02-12-1995), con el propósito de: Mantener los salarios de miseria de la población económicamente activa, al haber un exceso de oferta de mano de obra barata.Decapitar directivas sindicales y desarticular asociaciones de trabajadores.Reducir al mínimo las reivindicaciones laborales y salariales. Aumentar así la criminalidad para tener el pretexto de sacar de los cuarteles a los efectivos de la fuerza armada a que cumplan tareas de seguridad publica y justificar, de esta forma, el astronómico presupuesto que este organismo militar derrocha sin control de ninguna institución del Estado. El gobierno de ARENA puso prácticamente en la calle a miles de trabajadores a través de decretos, los empresarios que dirigen el gobierno se han convertido en la mejor maquinaria para aumentar el desempleo, la carestía, delincuencia y la pobreza de los salvadoreños. De tal forma, que ahora los salvadoreños de origen cuzcatleco no solo se quedaron sin la tierra propiedad de los ancestros indígenas, sino que ahora están en vías de quedarse hasta sin Estado. Primero se empezó con la privatización de las tierras ejidales y comunales y hoy con la privatización de las instituciones del Estado que son patrimonio de los salvadoreños. La historia de dominación ha hecho transitar a este territorio de ser primero Cuscatlán, porque al venir los españoles a estas tierras le cambiaron nombre y le denominaron El Salvador, y los indígenas de ser nativos de Cuscatlán pasaron a ser salvadoreños y; ahora con la venta del Estado llamada modernización, de ser ciudadanos de El Salvador se pasara a ser ciudadanos del universo. El Estado como agente de desarrollo social La modernización del Estado es indispensable para lograr un crecimiento y desarrollo económico y social de toda la población. Esta premisa se fundamenta en un sistema político democrático en donde el Estado vela por el bienestar de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación ideológica, económica, étnica, etc. La modernización del Estado implica la revisión de sus funciones principales, para determinar los cambios y reformas necesarias para hacerle frente a los desafíos y retos que le deparan, es decir. iniciar la construcción de los rieles sobre los cuales circulara la maquinaria estatal hacia un mejor futuro económico, social, y político, de toda la sociedad. En El Salvador, cuando el gobierno empresario habla de modernización del Estado, lo hace solo tomando en cuenta la participación del Estado en el proceso económico, pero en beneficio exclusivo de los grandes empresarios y, solo incluye la parte social come marginal y en términos de ultimo orden. Cuando se aborda el tema de modernización del Estado, se plantea la pregunta Para que? Desde el punto de vista teórico es obviamente para hacer funcional o mas funcional, la otra pregunta es ^Para quien?, para toda la ciudadanía. No obstante, los ministros salvadoreños se refieren o le dan mas énfasis a la infraestructura física pero sin aborda sin reforzamiento en el área social, por ejemplo, en salud, seguridad publica y jurídica, garantizar a toda la población el acceso a los servicios básicos —agua, transporte, teléfonos, electricidad, etc.—, mejoras salariales, educación, vivienda, nutrición, generación de empleos, protección de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, etc. Este reforzamiento debe de incluir planes para contrarrestar las secuelas de la ejecución de la modernización estatal. La función del Estado La modernización del Estado debe de estar en función del ser humano y no de la empresa, porque si se toma como punto de partida mejorar las condiciones del hombre y de la mujer, por añadidura se mejoraran los aspectos económicos, sociales y políticos de la población. La filosofía del Estado al estar enfocada en mejorar el nivel de vida y aumentar la participación plena y activa de la sociedad civil, a través del mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales implicara una evolución obviamente positiva, de lo contrario la regresión se impondrá y, el objetivo se revertirá porque no se lograra un crecimiento económico equitativo y el costo social a pagar será elevado. El gobierno El gobierno en sentido amplio de la palabra es la personificación del Estado, es un órgano colegiado que esta constituido por individuos, instituciones, entidades y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el gobierno tiene la función de activar la acción del Estado, en sus diferentes manifestaciones intangibles y materiales de la vida del país, "El gobierno es la forma política según la cual es gobernado un Estado"“. En sentido simple, se llama gobierno, a los miembros e instituciones que forman el Poder Ejecutivo. Existen diferentes formas de gobierno, por ejemplo en el Tercer Mundo puede haber uno que sea autoritario y primitivo, en un país del Primer Mundo democrático y de avanzada. TRANSICIÓN MILITAR AL ESTADO DE DERECHO¿Qué se entiende por transición militar?La transición militar tiene que ver con el proceso experimentado por las Fuerzas Armadas, las cuales se fueron acomodando en el sistema democrático, asumiendo su rol constitucional de instituciones subordinadas a la autoridad civil.¿Cómo se da el Militarismo?Cuando el estado en cuestión carece de instituciones con suficiente tradición y arraigo, la institución militar se convierte en esos casos en cuna de numerosos profesionales con conocimientos técnicos. Por tanto, es la ausencia o la desaparición de los elementos que facilitan la democracia, lo que permite a las Fuerzas Armadas ocupar el poder.El militarismo, en El Salvador actuó en forma contraria a los intereses colectivos, es decir, con su actuar motivaron el conflicto armado. Los militares se sentían comprometidos a conservar los privilegios de la oligarquía.Los gobiernos militaresEn 1930, se fundó el Partido Comunista Salvadoreño (PCS). En diciembre de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez, se convirtió en presidente de El Salvador, luego del derrocamiento del gobernante civil, Arturo Araujo. Con el general Martínez, se inició una sucesión de gobiernos militares que habrían de regir el país hasta 1979.En 1932, el presidente Martínez reprimió un levantamiento campesino e indígena en la que también participaron militantes comunistas. El régimen martinista se consolidó luego de contener la rebelión, manteniéndose en el poder hasta 1944. En la década de 1950, los gobiernos de los coroneles Osorio y Lemus, impulsaron reformas sociales pero mantuvieron un fuerte control de la oposición.Uno de los mayores obstáculos para el establecimiento, consolidación y desarrollo de un régimen democrático es el militarismo. Reemplaza las decisiones de la soberanía expresada a través de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos por el criterio de los altos mandos. Cabe decir que la transición de los militares no ha sido un proceso fácil ni rápido, sino más bien un camino de avances lentos y pausados, pero, al fin y al cabo, seguros y permanentes en el tiempo. Fue una época en la que el poder político tuvo que convivir con el poder militar y llegar de alguna manera a acuerdos para asegurar la armonía de la recién conquistada democracia. LOS ACUERDOS DE PAZEl 16 de enero de 1992, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron los Acuerdos de Paz de El Salvador. Logrando así, el primer paso definitivo en el cese del enfrentamiento armado. El 1º de febrero poco más que dos semanas después de la firma entró en vigencia el cese de fuego. La firma de los Acuerdo de Paz fue la culminación del proceso formal de negociación salvadoreño que puso fin al conflicto armado y marcó el comienzo del largo proceso de transición entre la guerra y la paz Base para un nuevo regimen en El Salvador Comienzo del largo proceso de transición Fin al conflicto armado La desmilitarización Respeto a los derechos humanos Reformas que garantizan la libertad de expresión y opinión. Objetivos de la Transición MilitarLa construcción de una nueva sociedad Reunificar la sociedad salvadoreña. Consolidación de las nuevas instituciones y sistemas políticos/socialesImpulsar la democratización del país. Construir un estado de derecho democráticoGarantizar el irrestricto respecto de los derechos humanos. (En especial, de respeto a las libertades de organización, movilización, de expresión y prensa.) Condiciones para que la transición y consolidación tengan lugar1. La existencia del estado. 2. La existencia de una sociedad civil. 3. Una sociedad política autónoma. 4. Respeto de derechos humanos. 5. Una burocracia útil y eficaz. 6. Una economía abierta. La inexistencia o la ausencia relativa de estos elementos, no necesariamente todos en cada caso, explica la relevancia de la institución militar en la vida política.
El sistema político La aprobación de una serie de reformas constitucionales y al Sistema Judicial, en función de construir un estado de derecho democrático que sentara condiciones para superar la impunidad, la corrupción y el control en la aplicación de las leyes por parte de grupos de poder. Son numerosos los factores que condicionan el paso de un sistema autoritario a otro de carácter democrático. Uno de ellos, sin duda, es la actitud de las Fuerzas Armadas, una institución que generalmente ha tenido un protagonismo excepcional en el régimen que desaparece y cuya aquiescencia es necesaria para que el nuevo se consolide.
Se han realizado numerosos estudios en derecho constitucional y en historia constitucional. Aunque generalmente han enriquecido nuestro conocimiento, nos han dicho muy poco acerca del constitucionalismo moderno y su historia. Al partir desde el Estado-nación, tendieron a carecer de una perspectiva abarcadora y usualmente se restringieron ellos mismos a acumular información Estado por Estado. En contraste, los más feroces oponentes del constitucionalismo moderno desplegaron su conocimiento completo del concepto inmediatamente después de la conclusión de ese evento decisivo, la revolución de 1848. Ellos denunciaron lo que llamaron la “esencia y fastidio del moderno constitucionalismo”, como dijo el título de un libro, y con él, su historia y sus principios o elementos esenciales. Aunque sus argumentos carecen hoy de validez, el fenómeno que describieron merece aun más atención en nuestro tiempo que el obligado hace ciento cincuenta años.
Esos principios del constitucionalismo moderno fueron los mismos que Carl von Rotteck definió en los 1830s como el “sistema constitucional [...] tal y como ha evolucionado desde el inicio de la Revolución Americana y – más efectivamente en Europa – de la Revolución Francesa [y] – que es concurrente, completamente en teoría, y al menos de forma aproximada en la práctica – con el sistema de Staatsrecht puro, basado en la razón”. Sus principales principios fueron los derechos humanos, la separación de los poderes, el gobierno representativo, la limitación del poder gubernamental, la responsabilidad política y la independencia judicial. Los principios del constitucionalismo moderno tuvieron origen en la pregunta de cómo la libertad individual podría asegurarse permanentemente contra las intervenciones del gobierno, considerando las debilidades de la naturaleza humana. ¿Cómo podrían edificarse constituciones tomando en cuenta la experiencia histórica y política, así como la teoría política, el derecho y la filosofía?
Partiendo de la idea medieval de un rey instituido con la potestas temperata, la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688-89 había establecido el principio de la monarquía limitada como una doctrina constitucional oficial. La Revolución Americana, esforzándose por asegurar la libertad individual, transformó esta doctrina en el principio constitucional del gobierno limitado. Por primera vez, la idea tradicional de limitar el poder había derivado en la concesión de derechos positivados a los individuos, la protección de los cuales podría reclamarse en la corte contra las pretensiones del gobierno. De acuerdo con la ley natural, no fue el orden divino de los tiempos antiguos el que otorgaba legitimidad a la constitución, sino únicamente el pueblo. Tal y como había insistido Thomas Paine, una constitución así, por lo tanto, no podría ser jamás el acto de un gobierno, sino que precedería por necesidad a cualquier gobierno. Este fundamento conceptual del constitucionalismo moderno resultó en los principios de la soberanía popular, el anclaje de la constitución en principios universales, una declaración de derechos, gobierno limitado, y la consideración de la constitución como la ley suprema.
Estos cinco fundamentos condicionaron otros cinco principios con el objeto de hacer a la constitución funcionar de acuerdo a las metas del constitucionalismo moderno: gobierno representativo para ampliar su legitimidad y para prevenir el gobierno aristocrático y la corrupción; la separación de los poderes de acuerdo a Montesquieu, para excluir toda concentración tiránica del poder; la exigencia de responsabilidad política y de un gobierno responsable, para controlar el poder; independencia judicial para que la ley prevaleciera por sobre el poder y perdurara; y un procedimiento ordenado de reforma de la constitución ante el simple paso del tiempo o para corregir errores u omisiones, con la participación del pueblo o de sus representantes, mientras que se previenen alteraciones arbitrarias o pobremente pensadas.
Estos diez principios aparecieron por primera vez en Virginia en 1776. El 12 de junio de 1776, la Convención General de delegados y representantes de varios condados y corporaciones de Virginia adoptaron lo que ha sido conocido como la Virginia Declaration of Rights. Fue un documento revolucionario, pero que algunas veces es incorrectamente llamado la Virgina Bill of Rights (en una inconsciente o tal vez deliberada alusión al Bill of Rights inglés de 1689). La referencia al inglés “Acto de declarar los derechos y libertades del vasallo y establecer la sucesión de la corona”, como su propio título lo dice, es engañosa, pues fue publicada por “los dichos Lores Espirituales y Temporales y Comunes [...] para reivindicar y asegurar sus Derechos y Libertades”. En términos estrictamente políticos, marcó el final de la Revolución Gloriosa y pasó a ser parte de su consolidación. El Bill of Rights inglés no se refiere a principios universales o a ninguna idea abstracta; en realidad, considerando la tentativa del último Rey de “Suprimir y extirpar la Religión Protestante, y la Leyes y Libertades de este Reinado”, los Lores y Comunes hicieron uso de lo que ellos entendieron como “Sus indiscutibles Derechos y Libertades”.
Los delegados de Virginia de 1776 pudieron fácilmente hacer uso de un lenguaje similar, así como numerosos colonos lo habían hecho durante la década anterior. Pero ellos deliberadamente introdujeron un lenguaje nuevo: “Una declaración de derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, congregados en convención general y libre; cuyos derechos pertenecen a ellos y a su posteridad, como la base y fundamento de gobierno.” Este es un documento completamente nuevo, que emplea un nuevo y audaz lenguaje. Fue una “declaración de derechos”, no un documento subjetivo declarando derechos, y fue establecido por “los representantes del [...] pueblo”, quienes fueron “congregados en convención general y libre”, y no en una asamblea cualquiera, con una equívoca legitimización. Además, ellos habían declarado los derechos, apropiadamente, como pertenecientes al pueblo y a sus descendientes, y no a la asamblea o a la convención misma, en contraste con alguna otra institución. Estos derechos sirvieron, en la frase más revolucionaria de todas, “como la base y fundamento de gobierno”, una afirmación completamente desconocida y contradictoria con cualquier forma de entender la constitución inglesa.
Este audaz lenguaje revolucionario fue sustanciado en las dos primeras secciones del documento, el cual develó la fuente de todos los derechos determinados: la naturaleza. El derecho natural no solamente confería a la gente “ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, ellos no pueden, por ningún pacto, privar o despojar a su posteridad”. También probó que “todo poder es conferido, y consecuentemente derivado, del pueblo”.
Sin palabra alguna referida a la constitución inglesa o a la necesidad de restaurar antiguos derechos que habían sido violentados, la Declaración de Derechos de Virginia pregonó al mundo la soberanía del pueblo, los principios universales, y la inherencia de los derechos humanos, declarados en una constitución escrita como “la base y fundamento de gobierno”. Fue el verdadero nacimiento de lo que entendemos hoy como constitucionalismo moderno.
En realidad, la Declaración de Derechos de Virginia no fue el primer documento constitucional de la Revolución Americana. Fue precedida por la Constitución de New Hampshire del 5 de enero de 1776, y por la Constitución de Carolina del Sur de 26 de marzo de 1776. Pero el lenguaje de estos dos documentos se parece mucho más al Bill of Rights inglés, el lenguaje de los derechos antiguos y de las libertades violentadas, pero rescatadas para ser restauradas. A pesar de que hay una referencia casual al derecho natural en la Constitución de New Hampshire, y de que el documento de Carolina del Sur por primera vez se autodenominó “constitución”, ninguna de ellas apeló a la soberanía del pueblo, principios universales, derechos humanos inherentes, o a una constitución escrita como “la base y fundamento de gobierno”. Como las primeras constituciones escritas, fueron nuevas en su forma, pero su contenido no había todavía abandonado sus connotaciones tradicionales.
Todo esto cambió con la Declaración de Derechos de Virginia de junio de 1776. No solamente enumeró varios de estos derechos. También proclamó criterios adicionales, que desde entonces son considerados fundacionales del constitucionalismo moderno. Estos son la responsabilidad y la obligación del gobierno de rendir cuentas por sus actos, el derecho “a reformar, alterar, o abolir” el gobierno, la separación de los poderes, el “juicio por un jurado imparcial”, y la idea de que el gobierno constitucional es por su propia naturaleza un gobierno limitado. Fue una mezcla de principios fundamentales y de elementos estructurales que serían integrados a una constitución posterior, considerados indispensables precondiciones para asegurar la libertad individual y garantizar el gobierno racional de acuerdo a la ley, en vez de un gobierno de acuerdo al placer, el privilegio, o la corrupción. Ninguno de estos criterios fueron realmente nuevos. En realidad, ellos fueron extensamente discutidos a lo largo de las colonias durante la década precedente. Pero nunca antes habían aparecido en un documento público en forma coherente, constituyendo la base de un nuevo orden político.
Más allá de haber enumerado ciertos derechos, aunque de forma incompleta, la importancia singular de la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776 se basa en el establecimiento de un catálogo completo de lo esencial del constitucionalismo moderno, cuyo carácter fundacional no es hoy menos válido de lo que fue hace más de doscientos años: soberanía del pueblo, principios universales, derechos humanos, gobierno representativo, la constitución como ley suprema, separación de poderes, gobierno limitado, responsabilidad y obligación de rendir cuentas del gobierno, independencia judicial e imparcialidad, y el derecho de la gente a reformar su propio gobierno, o poder constituyente del pueblo. Estos diez elementos esenciales del constitucionalismo moderno son expresados en la Declaración de Derechos de Virginia, y por más de doscientos años ninguna constitución que reclame su adhesión a los principios del constitucionalismo moderno se ha atrevido abiertamente a desafiar ninguno de estos principios, cuando se ha idealizado la sociedad basada en la razón, que dispone de una base legal sólida para atender los intereses encontrados y los conflictos.
Sin embargo, la historia del constitucionalismo moderno está llena de intentos de evadir uno o varios elementos en este catálogo, o de rechazar más o menos la totalidad del mismo; en otras palabras, de establecer una constitución escrita negando manifiestamente los principios del constitucionalismo moderno. Esta oposición fundamental al moderno constitucionalismo nunca fue una opción política viable en ninguno de los estados de Estados Unidos hasta la mitad del siglo XIX. Sin embargo, se requirió de tiempo y experiencia para transformar estos elementos básicos en principios generalmente aceptados. La Constitución de Maryland de 1776 incorporó los diez elementos esenciales de la Declaración de Derechos de Virginia, pero la siguiente constitución en hacerlo fue tan sólo la de Massachussets, en 1780. Ninguna de las otras ocho constituciones escritas entre 1776 y 1780 se adecuaron plenamente a ese listado.
Las Constituciones de Nueva Jersey de 1776 y la de Carolina del Sur de 1778 fueron las que más divergieron, adoptando meramente la idea de un gobierno representativo. La mayor resistencia durante esos años se alzó contra la estricta separación de los poderes y contra una administración de justicia independiente, mientras que la extendida falta de inclusión de cláusulas de reforma constitucional parece haber sido más el resultado de la inexperiencia y de la ignorancia que de la oposición a ese instituto. Las constituciones de 1776 de Delaware y Pennsylvania, y la de Vermont de 1777, aunque adoptaron todos los otros elementos básicos de la Declaración de Virginia, solo fallaron al no cumplir con dos de estos tres disputados principios.
Aunque algunos de estos elementos esenciales no se han alzado por encima de la condición de meras declaraciones en papel en varias constituciones, faltándoles aún sustancia, el principio ha sido por lo menos reconocido y podría añadir su peso factual con el transcurso del tiempo. El clásico ejemplo es la soberanía del pueblo, desde la cual la elevada Declaración de Virginia se fusionó, en la fórmula introductoria “Nosotros, el pueblo”, en el preámbulo de la Constitución Federal de 1787, una vía de escape aprovechada por un número de constituciones de los Estados miembros en décadas ulteriores. La última constitución, la cual rehusó incluso aceptar esta simbólica declaración, fue la constitución de Louisiana de 1812. En muchas instancias, esta siguió cercanamente la constitución de Kentucky de 1799, ella misma una versión revisada de la constitución de Kentucky de 1792, la cual había sido la siguiente constitución en reproducir los diez elementos básicos de Virginia tras la Constitución de Massachussets de 1780, y su clon de New Hampshire, de 1784. Sin embargo, Louisiana, no solamente rehusó emular el carácter democrático de la Constitución de Kentucky, sino que también declinó adoptar su Declaración de Derechos con énfasis en principios universales. No fue el resultado de un descuido negligente sino, entre otras cosas, una evasión conciente de la estipulación del Acto Facultativo del Congreso, el cual había ordenado que la libertad religiosa fuera incluida en la Constitución.
La Constitución de Luisiana de 1812 es un típico ejemplo de deliberada oposición a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno de los Estados Unidos, una oposición que asumió diferentes formas en diferentes épocas. En los 1770`s y 1780`s la estricta separación de poderes fue más a menudo rechazada que aceptada, mientras que entre 1818 y 1849, cuando la democracia tomó terreno en los Estados Unidos, cerca de la mitad de las constituciones estaduales fallaron en incluir un estricto atrincheramiento de la constitución como norma suprema, o por lo menos de parte de esta, en el documento. Sin embargo, en una escala general, el constitucionalismo moderno prevaleció. La constitución provisional de Texas de 1835, todavía bajo el impacto del pasado Mexicano, difícilmente contenía alguno de los elementos básicos del constitucionalismo moderno. La nueva constitución de 1836, resultante de lo que se había estilado en la Revolución de Texas, casi no dejó fuera a ninguno. En la mitad del siglo XIX, las constituciones de cerca de la mitad de los estados americanos contenían todos los diez elementos esenciales enumerados en la Declaración de Derechos de Virginia.
Este decálogo constitucional, introducido primero en Virginia en 1776, y hasta entonces nada más que una peculiaridad americana, pronto probó estar completamente entrelazado con el constitucionalismo moderno en una escala global. El 26 de agosto de 1789 se proclamó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el correlato europeo de las declaraciones americanas de derechos, y aquí de nuevo, como trece años antes, encontramos los elementos básicos del constitucionalismo moderno. Las diferencias, sin embargo, son notorias. El texto comienza con referencias a los representantes del pueblo, derechos humanos, principios universales, y lo que puede interpretarse como la soberanía del pueblo, y culmina en el famoso artículo 16: “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.” Visto en conjunto con la Constitución de 1791, los dos documentos representando la quintaesencia del logro constitucional de la fase inicial de la Revolución Francesa, tenemos que admitir que ninguno habla [SUPRIMIDO: acerca] de la independencia judicial, la responsabilidad gubernamental, el gobierno limitado, ni de la constitución como atrincherada ley suprema. Pero, y por primera vez en un documento constitucional, fue establecida la teoría, como se refleja en el artículo 16 de la Declaración Francesa, de que solamente nos permitimos hablar de una constitución en términos del constitucionalismo moderno si el texto cumple ciertos requerimientos definidos. En consecuencia, en contraste con lo que había sido llamado “constitución” en los tiempos precedentes, el constitucionalismo moderno quedó fijado en un número de elementos esenciales. Lo que había comenzado en América en 1776 como un nuevo lenguaje político, nacido en un movimiento de levantamiento revolucionario y finalmente sancionado a través de la práctica política y de la experiencia política, el art. 16 de la Declaración Francesa de los Derechos de 1789 lo elevó al nivel de un axioma en teoría constitucional, proveyendo el fundamento teórico del moderno constitucionalismo, ausente hasta esa fecha. Al mismo tiempo, fiel a sus principios universales, transformó el constitucionalismo moderno de una idea meramente americana en un fenómeno transnacional cuyas repercusiones se sentirían globalmente.
Los diez elementos básicos de Virginia, a pesar de no haber sido reproducidos completamente por la Declaración Francesa de los Derechos de 1789 y la Constitución de 1791, solamente recibieron las credenciales de ser los elementos fundacionales del constitucionalismo moderno como un fenómeno global, al ser retomados en Francia en 1789 y porque el art. 16 declara que solamente la existencia de ciertos elementos esenciales nos permite hablar de constitución en su significado moderno. Cualquiera que sea la importancia del art. 16 en un contexto específicamente francés, su significado total reposa en el hecho de que por primera vez un documento constitucional insiste en que el constitucionalismo moderno envuelve ciertos elementos básicos, en ausencia de los cuales no se nos permite hablar apropiadamente de él.
Independencia judicial, responsabilidad, gobierno limitado, y el atrincheramiento de la constitución no fueron omitidos desde los primeros documentos constitucionales franceses al azar. Por varias razones, hubo de transcurrir un largo tiempo hasta que [SUPRIMIDO: ellos] fueron aceptados como principios del constitucionalismo francés. La mayor parte de ellos, en realidad, fueron solamente incorporados en décadas recientes, cuando la constitución de la Quinta República evolucionó. La historia del constitucionalismo moderno en Francia no solamente está caracterizado por estas particularidades, sino también por mayores agitaciones y rupturas, las cuales hicieron del constitucionalismo francés, y con él, del constitucionalismo europeo en su totalidad, tan diferente de su correlato americano. A pesar de que las constituciones de 1791, 1793 y del año III (1795) se basaron a fondo en la mayoría de los principios del constitucionalismo moderno, cambios abruptos vinieron con la constitución del año VIII (1799). No contenía ninguno de los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, pues concentró el poder en las manos del Primer Cónsul, y se convirtió en un modelo para otros regímenes autoritarios, de cómo esconder la consolidación del poder político en las manos de un dictador tras una fachada constitucional.
Obviamente, las fachadas constitucionales para gobernar autoritariamente están en abierta contradicción con el constitucionalismo moderno. Su única contribución a la historia del moderno constitucionalismo descansa en documentar una fundamental y exitosa política de oposición a él. Esto podrá decirnos algo respecto a si la propagación de los principios del constitucionalismo moderno y del gobierno racional de acuerdo a reglas fijas ha echado raíces en un país, en un momento específico, pero el desarrollo constitucional después del inevitable colapso final de una dictadura política usualmente será mucho más revelador.
Tres textos constitucionales desde el resquebrajamiento del Imperio Napoleónico merecen particular interés. Estos son el proyecto constitucional del Senado, de 6 de abril de 1814, de la Cámara de Representantes, de 29 de junio de 1815, y la Declaración de Derechos de los Franceses del 5 de julio de 1815. Diferentes como son, todos ellos documentan el intento de reintroducir el constitucionalismo moderno y sus principales elementos básicos en Francia. Fueron propuestos la soberanía del pueblo, los principios universales, los derechos humanos, el gobierno representativo, la separación de los poderes, e incluso la independencia judicial, pero ninguna de estas ideas se materializó en esos años. En cambio, la restauración Borbónica logró su legitimación con la Carta de 1814.
La Carta de 1814 rápidamente se convirtió en el modelo de constitución para la restauración de Europa a principios del siglo XIX, por dos razones. Primeramente, aceptó la revolucionaria idea de una constitución, sin nombrarla abiertamente, mientras era decretada por el monarca. Segundo, rechazaba conscientemente el constitucionalismo moderno. La soberanía del pueblo no fue admitida, no fueron declarados principios universales ni derechos humanos. Los derechos públicos de los franceses no fueron substitutos equivalentes. No se estableció gobierno representativo ni se atrincheró la constitución como ley suprema. En vez de una separación de poderes, todos los poderes emanaron del monarca. No hubo provisiones para el gobierno limitado ni para la responsabilidad gubernamental, ni para el poder constituyente del pueblo. La única concesión fue que los jueces, que eran nombrados por el monarca, ocuparían sus cargos mientras exhibieran buen comportamiento. Este modelo fue convertido en paradigma para casi todas las constituciones alemanas durante los siguientes años, y fue proclamado por los conservadores a través de Europa, donde los ultramontanos lo consideraban aún muy liberal. La Carta de 1830 solamente redujo levemente el poder del monarca y extendió los derechos del legislativo, pero en lo que concierne a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno las cosas permanecieron básicamente iguales. Sólo se introdujeron cambios parciales con la constitución de 1848, que proclamó una vez más la soberanía del pueblo, pero vaciló respecto de reconocer los principios universales y los derechos humanos. Ciertamente, la constitución de 1848 aceptó el gobierno representativo, la separación de poderes, la independencia judicial, y el poder de revisión constitucional, pero la constitución no estaba atrincherada, ni estaba limitado el gobierno ni garantizada la responsabilidad de las autoridades. A pesar de que 1848 significó una fecha crucial para el constitucionalismo moderno, fue – por lo menos en Francia – una victoria parcial y temporal.
Mientras que la Carta Francesa de 1814 personificó la estirpe del constitucionalismo antimoderno en la restauración de Europa, la Constitución Española de Cádiz de 1812 propuso un compromiso liberal. Lo más importante: había proclamado la soberanía del pueblo; aunque virtualmente guardaba silencio acerca de los principios universales y los derechos humanos. Estableció un gobierno representativo, la separación de poderes, y la independencia judicial. Reconoció la constitución como ley suprema y contenía previsiones concernientes al poder de revisión constitucional, aunque no abordó las ideas del gobierno limitado y de la responsabilidad del gobierno. A pesar de la oposición fundamental de Metternich y la Santa Alianza, la constitución fue readoptada dos veces en España y adicionalmente introducida a principios de 1820`s en las Dos Sicilias, Piamonte, y Portugal. Lo que la constitución jacobina francesa de 1793 vino a representar para la izquierda democrática europea en la segunda mitad del siglo XIX, la Constitución de Cádiz simbolizó los ideales liberales en la primera mitad.
El significado general de la Constitución de Cádiz reposa en el hecho de constituir el más importante intento en Europa, en la primera mitad del siglo XIX, de combinar la esencia del constitucionalismo moderno con el orden monárquico existente. Por esta razón fue vehementemente rechazada, y no solo por los conservadores a todo lo largo de Europa, sino también por los liberales moderados, quienes se negaban a aceptar mayores limitaciones al poder monárquico que aquellas provistas por la constitución británica antes de 1832.
La constitución británica continuó teniéndose en alta estima por todos aquellos que habían aceptado en Europa la idea de una constitución, pero que rechazaban el constitucionalismo moderno. Desde la década de 1790, una activa política exterior de los británicos, que promovía la redacción de constituciones de acuerdo a las líneas generales de la constitución británica, con el objeto de prevenir revoluciones de origen francés, había contribuido sustancialmente a generar este clima de opinión. Básicamente, las ideas británicas descansaban en la suposición de que la libertad individual podía ser garantizada de forma más eficiente y duradera por un compromiso político ilustrado, más que por las rígidas estipulaciones constitucionales. Un ejemplo expresivo es la Constitución de la Unión de Islas Jónicas, de 1817, la llamada Constitución de Maitland, que no reconoció ninguno de los fundamentos del constitucionalismo moderno, pero permitió internamente el gobierno de la aristocracia local, bajo estricta supervisión británica.
En vista de la tenaz oposición a la Constitución de Cádiz por parte de la Santa Alianza, que no se inhibió de utilizar incluso la intervención militar para echarla por tierra, una nueva constitución que buscaba introducir los fundamentos del constitucionalismo moderno adquirió prominencia en la Europa liberal, mientras la Rusia zarista se dedicaba a pacificar el alzamiento polaco y la diplomacia británica en Londres extraía un compromiso entre las cinco grandes potencias europeas, sobre el futuro estatus de ese país: la Constitución Belga de 1831. Ella fue una obra maestra del camuflaje constitucional. Sus más fuertes opositores le podían reprochar contener todos los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, pero sus partidarios podían igualmente sostener que en ninguna parte los expresaba. En su versión francesa, evitaba proclamar abiertamente la soberanía popular, recurriendo en su lugar a la fórmula ambivalente de que todos los poderes derivaban de la nación. La fraseología tendió a referirse a la Constitución Francesa de 1791, integrando al Rey en la nación. Sin ser el resultado de un vago compromiso o, como la Paulskirche en 1848, un deliberado rechazo de la idea de soberanía popular, el significado del artículo respectivo puede ser mas explícito en su versión oficial flamenca: “Alle gezag komt van het volk [Todo el poder proviene del pueblo]”. Sin embargo, lo que algunos podían entender como una soberanía popular disfrazada, otros lo podían descartar fácilmente como una pobre traducción.
Ahí no había declaración de derechos y de principios universales, pero en sustancia, el Título II “Sobre los Belgas y sus derechos”, servía al mismo propósito. No fue proclamada la responsabilidad del gobierno, pero el art. 24 señaló cómo podía hacérseles responsables por actos administrativos a los funcionarios públicos. La constitución quedó atrincherada como ley suprema, pero no se tomó ninguna medida para prevenir que el artículo respectivo fuera derogado. Los privilegios políticos de la aristocracia fueron abolidos, pero para ser elegido senador era necesaria la calidad de gran propietario. Así, el gobierno representativo quedó asegurado, paralelamente a la separación de los poderes, el gobierno limitado, la independencia judicial, y finalmente, al poder de revisión constitucional.
El constitucionalismo moderno había alcanzado su mayor triunfo hasta el momento en Europa, incluso superando a Suiza, donde el entusiasmo revolucionario había conducido a la Declaración de los Derechos en Ginebra, tan temprano como en 1793. Alejada de la influencia francesa, la república alpina estaba caracterizada por sus intactas tradiciones locales que se contradecían con el constitucionalismo moderno. En particular, la tradición suiza de la comunidad soberana, que actúa a través de formas de democracia directa, difícilmente permitía la adopción de esos elementos esenciales al constitucionalismo moderno tales como el gobierno representativo, la separación de los poderes, el gobierno limitado, la independencia del aparato judicial, o una atrincherada ley suprema. Pero, fuera en pequeñas repúblicas o extensos estados, el progreso del constitucionalismo moderno continuó siendo más implícito que explícito. La soberanía de la nación pudo también significar un rechazo conciente a la idea de la soberanía popular, como se demostró de nuevo durante las deliberaciones de la Paulskirche en 1848-49. Incluso hoy, de las monarquías en la Unión Europea, sólo la constitución sueca de 1974 y la constitución española de 1978 proclaman abiertamente la soberanía popular.
En su conjunto, las revoluciones Europeas de 1848 constituyeron el momento más decisivo para el constitucionalismo moderno y su futura historia desde finales del siglo XVIII. Ningún otro evento aislado en el intervalo de sesenta años había dado un voto de confianza comparable a sus principios básicos y a largo plazo probó que cualquier intento de revertir la marea era fútil. Sus resultados inmediatos, sin embargo, fueron ambiguos. Como regla general, las constituciones de 1848-49 podían ser divididas en dos grupos: uno teniendo aquellas que fueron preparadas y decretadas para coartar la revolución y otro conteniendo aquellas que fueron verdaderamente los frutos de una revolución. No es de sorprender entonces que el constitucionalismo moderno y sus elementos esenciales fueran rechazados en el primer grupo de constituciones, con tan sólo pequeñas excepciones, mientras que fueron cruciales para el último. Las constituciones de los Estados miembros de Alemania de 1848-49 son particularmente apropiadas para ilustrar la amplia gama de posibilidades. La elite gobernante del pueblo hanseático de Lübeck probó ser básicamente tan resistente a la ideas del constitucionalismo moderno como la de Hamburgo, donde ninguna constitución en absoluto fue adoptada en esos años. La Constitución de Lübeck de abril de 1848, en realidad, sancionó el orden tradicional de los estados, en donde la única concesión a la constitución de la revolución de diciembre de 1848 fue hecha para introducir el gobierno representativo.
Incluso antes de la declaración oficial de los derechos de Paulskirche, los estados que adoptaron una nueva constitución generalmente insertaron un extenso catálogo de derechos humanos en él; sin embargo, fieles a lo que se había discutido extensamente en el Paulskirche y consistentemente con eso, sin reconocer los principales universales de su legitimización. Como regla, adoptaron el gobierno representativo, la separación de poderes, la responsabilidad gubernamental, y la independencia judicial. Algunos también proveyeron reglas para hacer enmiendas a la constitución. Dos constituciones, las de Lauenburg y Waldeck-Pyrmont, hicieron de la constitución la ley suprema con el último mandato de que “Disposiciones legales inconsistentes con esta constitución son nulas.” La constitución de Anhalt-Dessau de 1848 fue la única en adoptar adicionalmente el principio de “Todo el poder se deriva del pueblo.” A pesar de que los principios universales y el gobierno limitado no fueron declarados expresamente en ninguna parte, el constitucionalismo moderno había alcanzado en el siglo XIX su cenit en Alemania, una culminación que permanecería insuperable por los próximos setenta años.
La situación alemana, generalmente hablando, no fue única en Europa occidental. La constitución Danesa de 1849, aunque liberal en su tenor y documentando su adherencia a los principios del gobierno limitado y a la separación de los poderes desde su inicio, aseguró el gobierno representativo, la independencia de lo judicial, los derechos humanos, y el poder de revisión constitucional, pero falló en reconocer la soberanía del pueblo y los principios universales, y fue menos expresiva acerca de la responsabilidad de los gobernantes y sobre el carácter de atrincherada ley suprema de la constitución. Con los elementos básicos adoptados, más o menos rememoraba a la Constitución Holandesa de 1848, mientras que la Constitución de Luxemburgo de 1848 fue en gran medida una adaptación de la Constitución de Bélgica de 1831, con la excepción, sin embargo, de su artículo 25, que establecía que todo el poder emanaba de la nación.
Lo que faltaba en la Constitución de Luxemburgo de 1848 y se hallaba parcialmente oculta en la Constitución Belga de 1831, fue abiertamente declarado en la Constitución de la República Romana en 1849, la constitución más democrática y una de las más ajustada a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno, de entre todas las constituciones europeas de la revolución de 1848-49. Comienza por proclamar: “Soberanía es el derecho eterno del pueblo”, y más tarde confirma: “Todo el poder emana del pueblo.” Todos los otros nueve elementos básicos fueron declarados apropiadamente, con la sola excepción del gobierno limitado, que no fue establecido expresamente. Las otras constituciones italianas de los años revolucionarios asemejan el amplio marco de las constituciones alemanas en su proximidad o distancia de los elementos esenciales del constitucionalismo moderno. El Statuto Albertino, la más duradera de todas las constituciones europeas vigentes de este bienio, marca la única excepción. Decretada por un monarca, reconoció por lo menos cuatro elementos esenciales: derechos humanos, gobierno representativo, separación de poderes, e independencia de lo judicial - más que la mayoría de las otras constituciones de origen comparable, originadas dentro o fuera de Italia.
El constitucionalismo moderno definitivamente había dado un gran paso hacia adelante en Europa, con las revoluciones de 1848, y el más sonado ejemplo en Europa Central fueron presumiblemente los borradores de la Dieta Imperial en Kremsier, de una declaración de derechos fundamentales y de una constitución, la cual al igual que la última constitución de la República de Roma, de todos los elementos esenciales expresados, solamente dejó de mencionar el gobierno limitado. Aunque la situación política no permitió mayores avances en otras partes de Europa hasta la fecha, el constitucionalismo moderno, a pesar de sus muchos oponentes y de las severas contrariedades resultantes de la reacción de 1850`s, había echado raíces firmes en Europa, aún si su historia posterior en esta parte del mundo probará estar llena de contradicciones. Había sido dado un gran paso para poner al gobierno sobre una base más racional, para beneficio de la gente.
En esos días una victoria fácil había sido obtenida en un lugar completamente diferente, donde las futuras contradicciones no iban a ser menos evidentes: Liberia. Su constitución del 26 de julio de 1847, americano como era su origen, transplantó todos los diez elementos básicos de Virginia a la costa oeste de África. En Latinoamérica, sin embargo, una estructura formal de gobierno de acuerdo al ejemplo dado por los Estados Unidos fue llenado con contenidos originados del pasado colonial español, portugués o francés, con las discrepancias sociales de una elite gobernante enfrentada a las masas indígenas despojadas de sus derechos, y con algunas influencias europeas recientes. Este escenario particular causó y continúa causando manifiestas diferencias en la forma de entender la constitución, resultando en un cisma entre la constitución formal y la material, el cual únicamente parece estar cerrándose en años recientes. Las constituciones de la primera mitad del siglo XIX reconocieron de buena gana el gobierno representativo y la separación de poderes. Algunos elevaron la constitución a ley suprema y tuvieron elaboradas provisiones para los procesos de enmienda. Gobierno limitado, responsabilidad, e independencia judicial, sin embargo, no fueron generalmente tópicos favoritos ni asumieron su significado real. Los derechos humanos fueron declarados con bastante frecuencia, a pesar de que muchas constituciones los habían reservado solo para los “ciudadanos”, que parece ser otra palabra para denominar a la elite gobernante, donde los “deberes”, los que una constitución difícilmente podía olvidar listar, aparecían primordialmente aplicados al resto de la población. Esto también explica por qué los principios universales fueron tan raros en estas constituciones, y muchas de ellas prefirieron referirse a la soberanía de la nación, en vez de a una soberanía más radical, del pueblo. A pesar de estas impresiones rápidas, diferencias substanciales entre las constituciones de, por ejemplo, Ecuador y Guatemala, existieron, y situaciones políticas diferentes o contextos sociales pueden haber resultado en abrir más los países a los elementos esenciales del constitucionalismo moderno. Además, se necesitaría un más detallado análisis de los cientos de constituciones americanas desde México a Argentina, de sus orígenes políticos, y del discurso intelectual en el cual estaban inmersas, por lo cual me hace falta espacio, y aún más, competencia.
La historia del constitucionalismo moderno es una historia que necesita ser escrita. Los comentarios que preceden solamente esbozan un borrador con la intención de incitar un nuevo pensamiento sobre la historia constitucional en general y sobre su impacto en diferentes países en particular. Se ha demostrado que se reclama una perspectiva fresca para que brinde nuevas luces en la historia constitucional de todos los países involucrados. En vez de preguntar cuando y donde las ideas e instituciones americanas o francesas fueron copiadas, como se ha hecho hasta ahora, el desarrollo constitucional de ambos países aparece con una nueva luz, demandando nuevas respuestas. La historia del constitucionalismo moderno deliberadamente se aleja de los pasos de la historia constitucional nacional e inicia una perspectiva global. Los documentos para esta nueva aproximación están todos allí. Todo lo que necesitan es una nueva lectura, que promete abrir un enorme espacio, de nuevos panoramas. EL CONSTITUCIONALISMOEl constitucionalismo contiene dos elementos básicos, que por mucho tiempo han sido considerados como sinónimo del Estado de Derecho: la supremacía de la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio del poder. La Constitución francesa de 1791 incluyó en su artículo 16 la expresión que luego se convertiría en el dogma del constitucionalismo liberal: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni se adopte la separación de poderes, carece de Constitución”. Constitucionalismo. m. Sistema político regulado por un texto constitucional. m. Ideología partidaria de este sistema político.El constitucionalismo se presenta como una estrategia para enfrentar los efectos perversos que ha tenido el desarrollo del modelo económico en la actualidad, especialmente para los países del tercer mundo.Estado de Derecho y Constitucionalismo Las características del Estado de Derecho han permitido definir al sistema constitucional. En este sentido se advierten cuatro grandes tendencias: la liberal, la social, la democrática y la cultural. Cuando entró el siglo XX dominaba el constitucionalismo liberal fraguado a todo lo largo de la centuria precedente. Las constituciones se estructuraban a partir de los derechos de libertad, propiedad, seguridad jurídica e igualdad. Algunos de sus corolarios eran los derechos de asociación, petición, sufragio y libertad de conciencia. Constitucionalismo socialConstitucionalismo social es el movimiento de inclusión en la Constitución escrita de las naciones de los derechos sociales, o de segunda generación. El constitucionalismo social es un movimiento universal iniciado con la sanción de la Constitución de México de 1917, resultado directo de la Revolución Mexicana y, en Alemania, con la Constitución de la República de Weimar en 1919.La creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, con dirección tripartita de gobiernos, sindicatos y empleadores, y las invocaciones del Preámbulo de su Constitución, de validez mundial, fortaleció el reclamo de los trabajadores de todo el mundo de incluir los derechos sociales en las constituciones nacionales.Prácticamente todas las constituciones del mundo, reorganizaron sus textos, para recoger los derechos y garantías que caracterizaron al constitucionalismo social y reorganizar el Estado para orientarlo activamente hacia esos fines.El constitucionalismo social es una consecuencia de la revolución industrial, la aparición de la clase obrera, y su organización en sindicatos y partidos obreros, para reclamar por los derechos específicos del trabajo. El constitucionalismo social y la constitución del Estado de Bienestar que caracterizó al siglo XX son proceso indisolubles. El Derecho del Trabajo se constituyó en el eje central del Estado de Bienestar. En Estados Unidos el proceso fue más conocido como New Deal, término que traducido literalmente significa "Nuevo Pacto", pero que se aproxima más a la idea de "nuevo contrato social".El constitucionalismo social apareció en la carta de Querétaro de 1917 y en la Constitución alemana de Weimar de 1919. Fue ésta la que mayor influencia tuvo en Europa, mientras que la mexicana recibió mayor difusión en América Latina. Las tesis sociales de Weimar tuvieron resonancia en las sociedades industriales, sobre todo porque permitían hacer frente a las presiones obreras que encontraban inspiración en la revolución soviética. Las tesis mexicanas fueron más atractivas para quienes tenían que paliar la inquietud de las sociedades rurales. Las características fundamentales del constitucionalismo social consistieron en el reconocimiento de los derechos a la organización profesional, a la huelga, a la contratación colectiva, al acceso a la riqueza (en el caso mexicano significó una amplia gama de acciones de naturaleza agraria), y de principios de equidad en las relaciones jurídicas y económicas. Así se explica el surgimiento de la seguridad social, de los tribunales laborales, y la defensa de derechos como la jornada, el salario y el descanso obligatorio. También aparecieron los derechos prestacionales con cargo al Estado, como los concernientes a educación, salud, vivienda y abasto. Uno de los efectos más señalados del constitucionalismo social fue servir como base a la acción intervencionista del Estado. Por eso durante el proceso iniciado en la década de los ochenta, el progresivo desmantelamiento del Estado intervencionista ha implicado, inevitablemente, la reducción progresiva del Estado de bienestar. El constitucionalismo democrático, por su parte, fue objeto de importantes previsiones en seguida de la segunda posguerra. Los sistemas parlamentarios, a partir del concepto adoptado por la Ley Fundamental de Bonn, se estabilizaron mediante su parcial presidencialización, y los sistemas presidenciales propendieron a su progresiva flexibilidad para hacerse más receptivos de instrumentos y procedimientos de control político, de origen parlamentario. En Estados Unidos incluso se establecieron límites a la reelección presidencial. Las características del constitucionalismo democrático han consistido en el reconocimiento de los partidos políticos; en la garantía de procesos electorales libres e imparciales; en la descentralización del poder, incluyendo las formas del estado federal y regional; en el fortalecimiento de la organización, facultades y funcionamiento de los cuerpos representativos; en la adopción de formas de democracia semidirecta, a veces incluso en perjuicio de los sistemas representativos, como el referéndum legislativo, el plebiscito, la iniciativa popular y, aunque mucho más raro, en la revocación de los representantes. El constitucionalismo de la última década del siglo XX se significó por el énfasis en los derechos culturales. Los derechos culturales no son, como los sociales, derechos de clase, ni como los democráticos, derechos universales. Los culturales son derechos colectivos que traducen intereses muy concretos y que conciernen a todos los estratos socioeconómicos. Entre los más relevantes están los derechos humanos, pero la gama es muy amplia. Comprende el derecho a la protección del ambiente, al desarrollo, al ocio y el deporte, a la intimidad, a la no discriminación, a la migración, a la información, a la objeción de conciencia, a la seguridad en el consumo y a la diversidad lingüística, cultural y étnica, entre otros aspectos. Estado social de Derecho Como correlato de las tendencias del constitucionalismo contemporáneo, se han venido acuñando conceptos complementarios del Estado de Derecho. Han aparecido los de Estado Social de Derecho, Estado Social y Democrático de Derecho y, con la Constitución venezolana de 1999 (a. 2º), surgió el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Éste último carece de elementos que permitan diferenciarlo de los anteriores, y la inclusión de la expresión “justicia” sólo desempeña una función semántica. ORIGEN E ITINERARIO DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL EN MÉXICOLas cartas magnas de 1814, 1824 y 1857 son el antecedente del constitucionalismo social mexicano, declarado formalmente en 1917. Cada una de ellas hace aportaciones de gran importancia; cada una contiene aciertos para su momento histórico, por lo cual, de cierta manera, las tres forman una serie del liberal-socialismo.La ley de 1814, plataforma del constitucionalismo mexicano, encuentra su fundamento en Los Sentimientos de la Nación, documento redactado por el insurgente José Ma. Morelos y Pavón, cuya proyección social trascendió hasta el Congreso Constituyente de 1917, particularmente el punto número 12, del primero, cuando se refiere al "jornal del pobre".Esta Constitución, la de Apatzingán, cuyas ideas democráticas provienen de la doctrina de la Revolución francesa y de los modelos de las constituciones también francesas, de 1793 y 1795, estatuye la libertad de trabajo. La Constitución de 1824, la primera del México independiente, consignó en el artículo 50, fracción XXIII, disposiciones interpretadas como otro de los antecedentes de la libertad de trabajo.Con el presidente Benito Juárez, en 1857 se redacta una Constitución liberal por excelencia, la cual proclama los derechos del hombre con preponderancia del pensamiento individualista, no obstante la expresión del pensamiento social en el congreso que la precede. Con razón expresa Trueba Urbina que ésta pudo haber sido la primera Constitución político-social (de México y del mundo). Elocuentes discursos de pensadores de gran valía, entre ellos Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, José María del Castillo Velasco, reflejan la extraordinaria visión social convertida en el inductor de lo social en la Constitución, limitada en esta magna carta al mero planteamiento "del derecho de los trabajadores a la participación de las utilidades y al salario de subsistencia". El corte individual y liberal de la carta magna se matiza con el primer artículo, sobre el reconocimiento a los derechos del hombre como la base y el objeto de las instituciones sociales. Incluso, al consagrarse la libertad, se empieza, junto con la independencia nacional, a moldear el sistema social para estructurarse formalmente en 1917. Deben recordarse las distintas leyes estatales, sustantivas y adjetivas, relacionadas con el trabajo y su influencia legislativa posterior.Esta Constitución, a pesar de no consignar expresamente los derechos sociales, sí garantiza la libertad de trabajo, se refiere a los contratos de trabajo, de obras y de aprendizaje y a la de libertad de reunión y de asociación. La omisión de normas expresas sobre las garantías sociales es atribuible a la influencia liberal citada y a la sumisión de la sociedad a las costumbres heredadas de la Colonia y de las cuales no lograba zafarse en definitiva.Así se vislumbra el pensamiento de los liberales en México; un pensamiento humanista con rasgos del socialismo en su expresión más pura. Se le conoce como la corriente que libera, opuesta a la conservadora de la época, refugiada y aferrada a sistemas extranjeros por intereses individuales, y compuesta por grupos elitistas sin escrúpulos, carentes de interés por salvaguardar la soberanía de la nueva nación; plutócratas y aristócratas con deseos de conservar el poder aferrados a la política, también interesada, del extranjero.Las etapas constitucionales señaladas corresponden a momentos de convulsión de una nación en defensa de su independencia y de su soberanía, la cual pretendía ser arrebatada y dominada tanto por coronas europeas como por Estados Unidos de América. La mera referencia a estas consideraciones -que merecen, sin duda, análisis exhaustivos, como muchos ya hechos por historiadores y constitucionalistas-- por su señalada profundidad e importancia explican la confusión política, la lucha y la mezcla de intereses para imponer ideologías, establecer privilegios y ocupar el poder.Las reformas hechas a la Constitución de 1857 fueron desafortunadas; y más tarde favorecieron la dictadura porfirista. El combate revolucionario en los primeros años del siglo XX se nutrió de un movimiento social alentado principalmente por el Manifiesto del Partido Liberal (1906) y la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, esenciales en la Constitución social mexicana de 1917. LA DICTADURA MILITAR Los inicios del régimen. El dos de diciembre de 1931, un golpe de Estado dirigido por la juventud Militar derrocaba al gobierno del ingeniero Arturo Araujo. Una vez finalizado el golpe, los jóvenes militares que lo habían ejecutado, cedían la dirección del movimiento a oficiales de mayor rango y experiencia. De estos, los coroneles Joaquín Valdés y Osmín Aguirre y Salinas, se entrevistan después con el general Martínez, aun preso en el cuartel El Zapote, para ofrecerle la jefatura provisional del Estado. Este ofrecimiento respondía a la necesidad de aliviar la presión estadounidense para que se diera formalidad legal al nuevo gobierno, por lo que era urgente encontrar una salida aceptable que pudiera tener un asidero jurídico. La figura del general Martínez, como vicepresidente del régimen anterior ofrecía alguna base, por lo que se pensó en un régimen provisional que convocaría a nuevas elecciones a la mayor brevedad posible. Según Castellanos, la oligarquía salvadoreña y algunos grupos profesionales y funcionarios del gobierno estaban convencidos de que para mantener el sistema político vigente, era necesario depositar el poder en los militares. Los posteriores sucesos, que culminaron con el levantamiento campesino de 1932 contribuyeron a confirmar la tesis. Una vez ejecutado el golpe, los asesores y jurisconsultos de los grupos oligárquicos, aconsejaron al Directorio Militar que para evitar el aislamiento internacional, que el país podría sufrir si se aplicaban los acuerdos del Tratado General de Paz y Amistad, era importante cumplir con los preceptos de la Constitución y lo que correspondía era llamar al general Maximiliano Hernández Martínez, vicepresidente de la República, a asumir el poder en forma provisional. Es así como se le llamo para que se hiciera cargo del Ejecutivo, "por encontrarse el presidente Araujo ausente del país sin haber solicitado permiso de la Asamblea". Con base en dicho argumento, Martínez asumió el poder el 4 de diciembre por la noche, para evitar que se alterara el orden constitucional de la nación. El 11 de diciembre se disuelve el Directorio militar y se levanta el estado de sitio, pero no deja de ser extraño que el día siguiente, los grupos marxistas y revolucionarios, en la edición del periódico Estrella Roja, muestran su complacencia por el derrocamiento de Araujo y prácticamente le dan un espaldarazo al nuevo gobierno. Los primeros pasos del nuevo gobierno están condicionados por la difícil situación que vive el país, especialmente la crisis económica que golpea los sectores medios y pobres de la población. Como una medida desesperada en el mes de diciembre, el general Martínez suspende el pago de los servicios de la deuda externa, ordenando al mismo tiempo que los derechos de aduana, que eran pagados a los representantes de los banqueros norteamericanos, fueran pagados directamente a la Tesorería del Estado. Con el apoyo del grupo bancario de la familia Duke, se tomaron medidas para controlar la especulación financiera, para el pago de los sueldos atrasados de los militares y empleados públicos y para reducir los gastos del gobierno. Por otra parte, el gobierno recelaba de la posibilidad de una invasión militar promovida por Arturo Araujo y sus seguidores, desde la vecina Guatemala, razón por la que promovió y acepto las expresiones públicas de los diferentes grupos políticos populares, entre ellos, el Partido Comunista. Todos aceptaron su participación en las elecciones de alcaldes del 3 al 5 de enero de 1932. En estas elecciones aparecieron los primeros brotes de violencia, llegando a enfrentamientos de los grupos radicales con las autoridades. Del 10 al 12 de enero, se realizaron elecciones para diputados, las que contribuyeron a aumentar las tensiones y la violencia en el ambiente, acusadas de fraudes e irregularidades. El 22 de enero, la violencia campesina se desata en la zona occidental del país, tal como ha sido relatada anteriormente, lo que permite al gobierno reprimir con mano de hierro la llamada rebelión "comunista" a partir del 24 de enero. Para el día 26 de enero, el gobierno dio por totalmente dominado el levantamiento de los campesinos, comenzando una represión generalizada por toda la república para todos aquellos que fueran sospechosos de haber participado o simpatizar con ella. El viernes 29 de enero, el indio José Feliciano Ama, cacique indígena de Izalco, fue ahorcado en dicha ciudad, supuestamente por la multitud que había sido atropellada por los indios. Para el 31 de enero, se incineran en todo el país una gran cantidad de cadáveres insepultos, para evitar la propagación de una epidemia. El uno de febrero de 1932, después de un consejo de guerra, fueron fusilados en el cementerio general de San Salvador los cabecillas del movimiento comunista Martí, Luna y Zapata. Para el quince de febrero, el país se encuentra tranquilizado y varios sectores de la población piden el reconocimiento internacional al gobierno de Martínez. El arzobispo de San Salvador, Belloso y Sánchez, dirige una carta pastoral a los sacerdotes para que apoyen desde el pulpito, la política del general Martínez y, el 22 de febrero, la Cámara de comercio en pequeño se suma a los apoyos al gobierno. No hay duda de que el fantasma del comunismo logro unir los intereses de los diferentes grupos económicos del país, especialmente los grupos poderosos, que veían un gobierno de fuerza como la única forma de protegerse frente a la anarquía de un régimen popular. El 28 de febrero, el gobierno suspendió el pago del empréstito de 1922, dada la difícil situación financiera del país y la necesidad de fondos para su defensa; cuatro días más tarde, la Cámara de Comercio e Industria se adhería a la decisión gubernamental. El triunfo militar del general Martínez sobre la amenaza comunista le granjeo el apoyo de importantes y poderosos grupos sociales, especialmente los propietarios de tierras, banqueros, grandes comerciantes y beneficiadores-exportadores de café; pero también se agregaban los medianos propietarios y comerciantes, los empleados públicos y privados, los dueños de talleres y pequeñas empresas, y una población de clase media urbana, que se había horrorizado por los desmanes cometidos por las turbas campesinas. Sin duda, el apoyo nacía de un indiscutible temor del peligro comunista, expresado en la violencia, la anarquía y el desorden. Por otra parte, las poderosas clases sociales lograban mantener su riqueza y sus tradicionales privilegios, y los sectores medios, la estabilidad y tranquilidad de sus vidas cotidianas. El régimen de Martínez, desde sus inicios, obtuvo el apoyo de las clases económicamente poderosas al adoptar una serie de medidas bancarias, sociales y fiscales, que dieron soporte a la estructura de tenencia de la tierra y la acumulación de riqueza, en un ambiente de estabilidad y orden. Estas disposiciones lograron establecer reglas de juego entre los diferentes grupos económicos en lo que respecta a su participación en los beneficios de las actividades productivas, al mismo tiempo que fortalecían el papel del Estado oligárquico, sin duda, pero necesario para el ejercicio de la autoridad. Tampoco se puede negar que contribuyo a fortalecer el papel y la autoridad del Estado, sin apartarse de su rol de defensor de los intereses de la oligárquica. Otra característica fue que desarrollo una política orientada a mejorar las condiciones de vida de los sectores pobres y de bajos ingresos, y asimismo intervino en el control de las actividades bancarias, combatiendo la especulación y la usura. El 29 de febrero de 1932, se emitió un decreto llamado "Decreto de suspensión temporal de la deuda externa", que fue apoyado por banqueros y empresarios; el 12 de marzo de ese mismo ano, por medio de la cartera de Hacienda, se decreto una moratoria general, la que fue recibida con jubilo por agricultores, comerciantes y empresarios. Esta ley moratoria declara nulas e ilícitas los recargos y cláusulas penales por incumplimiento de contratos hipotecarios y personales, con efectos retroactivos, aun en los casos que se hubieran iniciado juicio ordinario ejecutivo. Esta medida detuvo el embargo y perdida de propiedades por mora de muchas personas que habían obtenido financiamientos bancarios y se veían imposibilitados de pagar. La ley en cuestión, evito la quiebra y alivio la situación económica de millares de pequeños y medianos propietarios que se encontraban en manos de los banqueros, ansiosos de despojarlos de sus propiedades. El 5 de marzo de este mismo ano, se publica en La Prensa un estudio sobre la urgente necesidad de crear un Banco Central, para tratar de resolver los problemas monetarios existentes, especialmente preocupaba las fluctuaciones especulativas de los tipos de cambio que, en abril había sido de 2.83 colones por dólar y en mayo de 2.35 colones por dólar. En el campo político, entre los meses de abril y junio, se impuso a los ciudadanos la obligación de registrarse y obtener su cedula de identificación personal, después de haber cumplido los 18 anos. Dicha medida, de carácter policial, permitiría a las autoridades mantener un amplio control sobre las personas, sus actividades y sus tendencias políticas. Por otra parte, el 19 de octubre, la Asamblea aprueba un decreto que prohíbe el ingreso al país de chinos, turcos, húngaros y sacerdotes extranjeros; considerados indeseables porque estaban suplantando a los nacionales en varias actividades económicas pequeñas y, en el ultimo caso, por temor a que fueran agitadores. Pero los problemas de la población campesina y bajos recursos requerían de amplios programas del Estado, especialmente para evitar que las necesidades de estos grupos fueran instrumentalizadas nuevamente por los llamados "comunistas" y los adversarios del régimen, por lo que en el mes de octubre se instituyo una Junta Nacional de Defensa Social, mas tarde convertida en el Instituto de Mejoramiento Social, cuyos objetivos institucionales eran: primero, construir casas baratas para los trabajadores y, en segundo lugar, redistribuir tierra a los campesinos que carecieran de ella, para luego adjudicarla bajo la figura jurídica de "arrendamiento con promesa de venta". Con esta clase de medidas sociales, al celebrarse las pospuestas elecciones para diputados, en enero de 1933, el régimen hacia acopio de aceptación y buena voluntad entre la población, lo que permitió que los candidatos del nuevo régimen ganaran por una abrumadora mayoría. Los problemas monetario-financieros de El Salvador en 1932 y las medidas del gobierno. Los problemas monetarios en el país se hicieron sentir desde 1919, como efecto de los desajustes provocados por la Primera Guerra Mundial en Europa, que era el principal mercado de exportación de los productos del país. Internamente, los problemas se daban en la inconsistencia de la moneda nacional y en la inestabilidad de los tipos de cambio. Se tenía la percepción de que el país perdía anualmente grandes sumas de dinero en la comercialización de su café en el extranjero, por causa de un inseguro sistema monetario así como por la permanente fluctuación especulativa de los tipos de cambio. En los periodos de cosecha, los especuladores bajaban el cambio y los productores recibían menos dinero por su producción, pero al momento de importar mercancías extranjeras, el cambista subía el tipo de cambio encareciendo los mismos, y por lo tanto, los precios que pagaban los consumidores. Por otra parte, el colapso provocado por la Primera Guerra Mundial había obligado a los países europeos al abandono de la moneda metálica y a la adopción de un sistema generalizado de papel moneda, además de una carencia de transportes marítimos que obstaculizaban el comercio exterior. En El Salvador, para suplir las necesidades de circulante y paliar la ausencia de moneda metálica, se había dado a los bancos la facultad para emitir billetes, por lo que estos decidieron aumentar sus capitales para poder así incrementar sus emisiones de billetes. En un trabajo presentado por el doctor Lucio Quiñones, con el propósito de hacer frente a los problemas financieros en el país, se proponían las soluciones siguientes: a) adoptar el dólar norteamericano como moneda de curso legal; b) fijación del tipo de cambio con respecto al oro norteamericano en una relación de cuarenta centavos de dólar por colon; c) importación de billetes norteamericanos por 1.5 millones de dólares y d) autorizar a los bancos para exportar moneda de plata e importar oro para respaldar la circulación de los billetes.Por decreto legislativo del 11 de septiembre de 1919, la Asamblea había aprobado las regulaciones siguientes: La unidad monetaria de la República de El Salvador será el colon, dividido en cien centavos y representado por 0.836 gramos de oro de 900 milésimo de fino. Las monedas de níquel de uno, tres y cinco centavos, lo mismo que las monedas de plata de cinco, diez y veinte centavos, actualmente en circulación, servirán como monedas auxiliares; Se autorizo a los bancos a sustituir billetes con respaldo de plata por billetes representativos de oro; Por ser la nueva unidad monetaria representativa de oro, se declara desmonetizada la actual moneda de plata, nacional o extranjera; Los bancos del país están obligados a pagar a la vista y al portador, una cantidad en oro acuñado en la relación establecida. Además, la ley autorizaba la libre exportación de plata, el establecimiento de un fondo regulador de cambios y se daba curso legal a la moneda de oro acunada en los Estados Unidos y al dólar americano. En ese mismo ano de 1919, se decreto una segunda le monetaria, con algunas modificaciones con respecto a la anterior; por ejemplo: Se establecieron los múltiplos del colon, con monedas de oro de 5, 10, 20 y 40 colones; Se dio al oro poder liberatorio ilimitado en la equivalencia legal de dos colones por un dólar; y se estableció poder liberatorio restringido para las monedas auxiliares; Se dejo sin curso legal a las monedas extranjeras, excepción hecha de las monedas de oro y plata norteamericanas; Se fijo la soberanía monetaria, que otorgo al Estado la facultad privativa de la emisión y acuñación de moneda, en la época, forma y cantidades que se determinen. Toda acuñación se haría previa autorización de la Asamblea Nacional.
La crisis de 1929 y el estancamiento del modelo económico. Al iniciarse la década de 1930, las condiciones económicas del país eran desfavorables. El déficit fiscal, producto de los desordenes hacendarios habían llevado al gobierno a contratar el Empréstito de 1922. En los anos anteriores, los pagos de la Tesorería General no se hacían a tiempo y el comercio especulativo de compra-venta de recibos contra el Estado dio origen a una floreciente especulación y agiotismo. De acuerdo con un informe presentado en esa fecha, se acusa al Estado de haber despilfarrado cuantiosos fondos recibidos en el periodo 1919-1929, que hubieran servido para intensificar la producción nacional o para la creación de fondos de reserva para enfrentar situaciones adversas. En esas circunstancias, el país se encontraba en una situación más difícil que la de 1922, porque su crédito estaba considerablemente comprometido con una cuantiosa deuda consolidada, además de una deuda flotante también nada pequeña. Por otra parte, las posibilidades de incrementar la producción se encontraba limitada por la crisis económica mundial. Durante el período 1923-1929, Brasil había adoptado una política de valorización de su café, por medio de una estrategia de limitar sus exportaciones, es decir reduciendo la oferta del grano en los mercados de consumo. Esto produjo una elevación de los precios del café en los mercados internacionales, que beneficio a todos los países exportadores del grano. Pero cuando se abandono dicha política en 1929, se genero un proceso inverso de reducción de precios y de demanda, que tuvo consecuencias adversas y directas para la economía salvadoreña. Este fenómeno depresivo en el país se manifestó de la forma siguiente: Reducción en el precio del caféCaída en el valor de las exportacionesDesequilibrio de la balanza de pagos Alza en los tipos de cambioFuga de oro de los bancosContracción del circulanteDesempleo Caída de los precios y las rentas El impacto de la Primera Guerra Mundial sobre Centroamérica fue negativo, ya que al no disponer de empresas manufactureras modernas no se pudo desarrollar un proceso de sustitución de importaciones que llegaban de Europa. Esto significó que no fue posible fortalecerlo, más allá de la agricultura tradicional. Cuando la guerra llego a su fin, el carácter de la economía salvadoreña era primitiva), de tipo rural, de modestas dimensiones y sin capacidad para dar salida a empresas de mediana producción industrial. La demanda de bienes manufacturados y de servicios, era provenía por artesanos y los bienes importados eran accesibles únicamente para los sectores de altos ingresos, los que además estaban encarecidos por los derechos arancelarios y los altos costos de transporte. Para la mayoría de la población sus ingresos provenían del salario, generalmente pagado en especies o fichas, que solo tenían valor en la circunscripción de hacienda. La estructura social, estrictamente diferenciada, tenía en los sectores más bajos elevadas tasas de analfabetismo y una escasa educación que hizo imposible un mayor desarrollo político y una participación ciudadana en los problemas de la comunidad. Los países centroamericanos ya habían experimentado, antes de 1929, varias crisis en su carácter de "economías de enclave", y como resultado de sus relaciones con los mercados internacionales. Sin embargo, la crisis de 1929 impacto mas seriamente los precios del café y, como consecuencia, los ingresos de las exportaciones se redujeron drásticamente. Esto trajo consigo una reducción de las importaciones y de los ingresos fiscales. Luego se produjo una reducción del empleo, de la producción, los salarios y el consumo. La pequeña extensión territorial del país, contribuyo a que la miseria se extendiera muy rápidamente por las ciudades y el campo, que al final de cuentas culmino en el levantamiento campesino de 1932, sofocado cruentamente por el régimen de turno. Para salvar a los propietarios agrícolas que estaban siendo despojados de sus tierras por la voracidad de los banqueros, se dicto una ley moratoria para el pago de las deudas vencidas. En el campo monetario, los gobiernos se vieron obligados a adoptar medidas de estabilización como el abandono del patrón oro y el control en los tipos de cambio. También se dictaron otras medidas para restringir las importaciones, entre ellas, la devaluación monetaria. Igualmente se adoptaron otras medidas para suavizar los graves efectos que estaba causando la crisis y por el tiempo de duración de la misma. El gobierno tuvo que acudir a medidas de austeridad, de esta manera, se decidió por el incumplimiento en los pagos de la deuda externa, tanto de capital como de intereses, lo que permitió liberar divisas para la importación de mercancías, necesarias para la producción local. Cuando el oro empezó a salir de los bancos hacia el exterior, frente a la inminente posibilidad de que los billetes en circulación se quedaran sin respaldo, el Ejecutivo prohibió la salida del mismo y decidió decretar la custodia del oro, sellándolo en las propias bóvedas de los bancos. En lo que respecta a la hacienda pública, con un sistema de ingresos públicos fundamentalmente basados en el comercio exterior, el déficit público no se hizo esperar, poniendo en serios aprietos el pago de las obligaciones corrientes del gobierno; la situación llego a tal extremo que se atrasaron por muchos meses los pagos de los empleados públicos y el ejército. Por tal razón, en vista de que las reservas de oro acunado, que respaldaban la emisión de billetes bancarios había disminuido notablemente, es que el gobierno del ingeniero Arturo Araujo decidió crear un "Fondo Intangible de oro en custodia", dictando además, una serie de medidas de emergencia mientras duraba la crisis. Estas fueron: Eximir a los bancos de emisión, de la obligación de convertir sus billetes; Para garantía del público, se procedió de inmediato a guardar bajo sello, en los sótanos de los bancos, el oro que guardaban en sus áreas. Fueron obligados legalmente a publicar en el Diario Oficial, las cantidades en su poder; A cambio de los beneficios obtenidos por la inconvertibilidad de los billetes, quedaban en la obligación de dar facilidades de crédito al comercio y a la industria, pero en especial a la agricultura, siempre que estos estuvieran cubiertos por las garantías necesarias; Se les prohibió además, no hacer efectivos los créditos en cartera, ni a cobrar por ellos; los nuevos que se pactaren no debían ser gravados con mas del 10% de interés, ni a capitalizar los intereses cuyo vencimiento no corresponda a un lapso de por lo menos un año. De mas esta decir que los bancos se opusieron a estas medidas, aduciendo varios argumentos, pero especialmente objetaban lo que tenia que ver con la reducción de las tasas de interés, la inconvertibilidad de los billetes, la moratoria de las deudas y la reducción del porcentaje de reservas monetarias del 40% al 30%. La Ley Moratoria del 7 de octubre de 1931 logro detener las ejecuciones de los bancos, pero no resolvió los problemas del crédito. También se hizo sentir la necesidad de un Banco Central que tuviera la capacidad de afrontar con políticas adecuadas los desajustes de la balanza de pagos, la escasez del medio circulante y el déficit fiscal. Estando en la presidencia de la República el general Martínez, se deroga la Ley Moratoria el 12 de marzo de 1932 y se reemplaza por una Ley de Emergencia, de esa misma fecha. Esta nueva ley obedece a que la situación económica general del país no había experimentado ninguna mejoría, por lo que comprendía una serie de disposiciones, entre las que se reafirmaba la inconvertibilidad de los billetes, la salvaguarda del oro bajo custodia, la emisión controlada con base en las reservas monetarias de los bancos y el establecimiento de un encaje del 30% sobre el valor de los depósitos a la vista. Se mantuvo la moratoria general y la limitación de los tipos de interés, declarándose con poder liberatorio ilimitado, las emisiones de billetes de los bancos Occidental, Agrícola Comercial y salvadoreño, respetando la relación entre emisión y reservas establecidas en las leyes monetarias. Como punto importante, el Ejecutivo debería proceder a la fundación del Banco Hipotecario de El Salvador, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que fuere reintegrado el fondo de dicho banco. En el ámbito nacional se tenía la impresión de que la crisis mundial había llegado a su clímax en 1932, y que los efectos adversos de la misma comenzaban a disminuir; sin embargo, el 11 de enero de 1933, la Cafetalera había pedido al gobierno un régimen monetario puro, en el que solamente el colon tuviera curso legal y poder liberatorio. El 9 de mayo, se prorrogo la Ley Moratoria hasta el día 31, con el objeto de evitar desastres económicos para aquellos que no habían podido todavía solventar sus obligaciones financieras. En la línea de encontrarle solución a los problemas monetarios del país, el 13 de septiembre, el Estado compra el Banco Agrícola Comercial para fundar con este el Banco de El Salvador, a un valor de 136 colones la acción. Este banco ocuparía las mismas instalaciones del Banco Agrícola. También se había solicitado la asesoría del Banco de Inglaterra para organizar el Banco de El Salvador, el que asumiría la función del control de cambios. Un especialista ingles, el señor F. F. J. Powell llego al país con un equipo de especialistas para organizar lo que después seria el Banco Central. El 22 de septiembre se decreta la prohibición de exportar oro y, el 27 de septiembre, se estableció, por decreto, la Controladuria de los Bancos de Elisión y sociedades anónimas. Se adopto una política de devaluación de la moneda, que favoreció a las exportaciones de café, al convertir en más colones el monto de sus ventas. Los beneficios obtenidos por estas poderosas elites, explican el decidido apoyo que le dieran al general Martínez para mantenerse en el poder. Muchos de ellos, colocaron sus excedentes en el Banco Hipotecario, institución estatal que había sido creada para ayudar a los productores de café; igualmente, como muestra de apoyo, la elite cafetalera también compro acciones del recientemente fundado Banco Central. El 15 de enero de 1934, se acuerda la transformación del Banco Agrícola Comercial en el Banco Central. La creación del Banco Central. Sin lugar a dudas, este es uno de los mayores aciertos de la administración del general Martínez, constituyo el eje central para el ordenamiento de la economía, contribuyendo a fortalecer el proceso de acumulación capitalista del sector agrario, basado en el monocultivo del café para la exportación. Durante los años anteriores, la especulación y el agio habían medrado sobre las rentas de muchos sectores productivos, por lo que su erradicación proporciono un alivio y, al mismo tiempo, un incentivo para los productores. De más esta decir que los sectores de la economía que se habían favorecido con el caótico régimen bancario no estaban de acuerdo con la medida, pero el gobierno tuvo la suficiente fuerza para implementarla. El Banco de Inglaterra coopero en la formación y organización del Banco Central, enviando una misión de banqueros centrales bajo la dirección del señor F. F. J. Powell. El trabajo inicial de este equipo fue hacer un análisis de la situación del país y la preparación de un proyecto de Banco Central. Se determino la alta dependencia de la economía de la exportación de café, reconociendo que en los períodos que el precio internacional del mismo era favorable, la economía mostraba señales de prosperidad, pero en sentido inverso, en períodos de crisis, se volvía altamente vulnerable a las mismas. En lo que respecta al sistema bancario, se llego a la conclusión de que no había cumplido satisfactoriamente su papel, por lo que era necesario un organismo regulador de la circulación del dinero y el crédito. El privilegio que tres bancos habían detentado por muchos anos para emitir billetes no había logrado aumentar los depósitos, tampoco se había logrado dotar al país de una moneda sana y su consecución había sido relegada a un segundo término. De acuerdo con el informe de la misión inglesa, toda la estructura bancaria necesitaba reorganizarse, labor que requería de cierto tiempo. Se aconsejaba entonces, la creación de un Banco Central ortodoxo, cuyas responsabilidades principales serían mantener y resguardar la moneda y el crédito. En este sentido, un punto esencial, era otorgar al Banco Central el derecho único de emisión, puesto que no se consideraba conveniente que dicha responsabilidad continuara en manos de los bancos privados. Con base en la resolución III, del Comité Internacional de Moneda y Cambio, adoptada en la Conferencia de Bruselas, el Banco Central debería estar libre de toda influencia o control político, para poder ejercer satisfactoriamente sus funciones. El proyecto del experto, señor Powell, lo configuraba como una entidad de servicio publico, bajo la modalidad de sociedad anónima, separada del gobierno. Esta posición, correspondía al objetivo de evitar la práctica fiscal de abusos del crédito público para nivelar el déficit presupuestario del gobierno; se temía que si se dejaba el poder emisor en manos del Estado, este no resistiera la tentación de una política abusiva de creación de moneda. La política del gobierno de Martínez con los bancos, pese a su carácter fuerte y dictatorial, fue conciliadora. No se utilizo la modalidad de la expropiación para privarlos de su privilegio de emisión, sino que busco la vía de la negociación. Finalmente, se llego a acuerdos con los bancos salvadoreños y Occidental en mayo de 1934. El Banco Central de Reserva de El Salvador, se constituyo como una sociedad anónima, por el término de treinta anos, sujeto a las disposiciones del decreto numero 65 de junio de 1934. Su objeto era: a) controlar el volumen de crédito y la consiguiente demanda de medio circulante, de manera que se asegure la estabilidad del valor externo del colon; b) regular la expansión o contracción del volumen de crédito y fortalecer la liquidez de los bancos comerciales, mediante el establecimiento de un fondo central de reserva bancaria bajo su control. El Banco quedo facultado para realizar las operaciones siguientes: a) emitir billetes de acuerdo con sus estatutos; b) comprar y vender oro; c) recibir colones en depósitos no productivos de intereses, en cuenta corriente o a plazo fijo; d) descontar, redescontar, comprar y vender letras de cambio y pagares, librados para financiar operaciones agrícolas y cosechas, a plazos no mayores de seis meses; e) acordar adelantos y créditos refaccionarios, por un período máximo de nueve meses; f) comprar, vender o descontar giros o letras libradas sobre los mejores bancos del exterior, provenientes de las exportaciones; g) acordar adelantos a plazo fijo, que no podrán exceder de tres meses sobre valores del gobierno cotizados en las bolsas de Nueva York o Londres, así como letras de cambio y pagares, de plazos no mayores de 120 días; h) acordar adelantos sobre depósitos de café (warrants), debidamente asegurados y libres de todo embargo; i) organizar un sistema de compensación de cheques (clearing) entre los bancos; j) actuar como corresponsal o agente de otros Bancos Centrales; encargarse de la emisión y del servicio de empréstitos del gobierno y k) aceptar la custodia de valores y objetos de valor. El gobierno del General Martínez. La dictadura del gobierno de Martínez se extiende desde el dos de diciembre de 1931 hasta mayo de 1944. Ha sido calificada como una dictadura unipersonal, de carácter "providencial", que habiendo logrado derrotar la amenaza comunista en el país garantizaba el orden establecido, necesario para lograr la estabilidad del clima social requerido por las poderosas oligarquías cafetaleras. La economía del café y sus actividades complementarias constituían el motor del crecimiento y la prosperidad del país, en consecuencia, debían ser protegidos por el Estado y el resto de componentes de la sociedad. Para paliar un poco los desequilibrios sociales existentes, el régimen adopta algunas medidas intervencionistas, de corte social, para satisfacer y dar tranquilidad a algunos de los sectores populares. Pero, en el fondo, la economía del café y la protección de los grupos que participan en su explotación, se vuelven el centro neurálgico de la atención del gobierno en su carácter de "eje de la vida del país". Es necesario entonces, a nivel de país, que se vaya conformando el aparato institucional y el ordenamiento jurídico "ad hoc". Por su parte, las elites dominantes participan en las decisiones económicas estatales, formando parte de importantes instituciones como la Compañía del café, el Banco Central, el Banco Hipotecario y otras. No tuvieron igual importancia las incipientes actividades industriales de manufacturas, por lo que no contaron con incentivos para impulsar la expansión del sector; todo lo contrario, se tomaron medidas para proteger el trabajo de los artesanos nacionales, que parecen absurdas, es así como en 1939, se dicta un decreto prohibiendo el establecimiento de fabricas para la producción de calzado, artículos de metal, jabones, velas, ladrillos y otras mercancías. Dentro de esa misma categoría de disposiciones gubernamentales se encuentra una prohibición, considerada como una aberración por algunos autores, para "importar maquinaria agrícola", con el propósito de mantener el volumen de empleo en el campo. El modelo de crecimiento basado en la mono producción y exportación de café, no tuvo la visión capitalista para llevar sus excedentes a otros sectores de la estructura productiva y generar, de ese modo, un dinamismo expansivo del sistema; todo lo contrario, la vida económica del país se concentro y se afinco en el agro, sin buscar otras opciones. La población campesina pobre, que se quedaba sin empleo en las fincas cafetaleras y las haciendas, al no poder ingresar al mercado de trabajo, se dedica a la agricultura de subsistencia o emigra hacia los países vecinos, especialmente a Honduras. Sin duda, en el caso salvadoreño, el modelo de crecimiento basado en la agricultura mas los problemas de su estructura social operaron en contra de una posible industrialización. El modelo político del régimen de Martínez se caracterizo por el despotismo, la carencia de un ambiente democrático, el constante irrespeto de los derechos individuales, la supresión del derecho de asociación, la concentración real y efectiva del poder en manos del dictador y una sistemática represión de los sectores populares. El apoyo incondicional del régimen, además de algunos sectores de la burguesía, se encontraba en el ejército; los militares constituyen un factor importante del poder. El otro factor político de apoyo fue la burguesía cafetalera, quienes utilizaron el régimen de Martínez para afianzar su riqueza, establecer su preeminencia política y social, así como para conformar una sociedad clasista y marginadora. Después de la matanza de campesinos en 1932, la burguesía cafetalera cerró filas en apoyo del general Martínez, hicieron causa común en su derecho de ocupar la presidencia de la República y participaron en una orquestada campana de presiones a los Estados Unidos, para que reconociera al nuevo gobierno. El régimen norteamericano se negaba a reconocer la legitimidad presidencial de Martínez, amparados en los Tratados de Paz y Amistad de Washington, por lo que se contrataron especialistas en Derecho Internacional para que demostraran ante el Congreso norteamericano la legalidad del gobierno. Entre septiembre y noviembre de 1932, la mayoría de los países europeos habían reconocido al general Martínez, pero los países centroamericanos y latinoamericanos esperaban el visto bueno de Washington, excepción hecha de México, cuya política de autonomía frente al poder del gobierno norteamericano, era posible gracias a la Doctrina Estrada. Martínez, apoyado por los caficultores, los beneficiadores y los banqueros ingleses, anuncia que se mantendrá en el poder a pesar de la oposición norteamericana. Frente a todos estos acontecimientos, la presión del gobierno norteamericano se debilitaba a medida que no le era posible el cambio de gobierno. Una primera medida del régimen de Martínez, el 27 de febrero de 1932, de suspender el pago del empréstito norteamericano no fue del agrado de los banqueros norteamericanos, quienes protestaron ante su gobierno exigiendo una intervención contra el país. Pero el gobierno norteamericano no podía hacer nada en ese momento, porque era un situación común en muchos de los países latinoamericanos y además, porque la política de no intervención que ellos mismos habían proclamado, ponía en riesgo su hegemonía en América Latina. Otra medida, el decreto de la Ley Moratoria, le proporciono el apoyo de los propietarios de la tierra, ya que les garantizaba no ser expropiados por los banqueros y los beneficiadores; pese a que constituyo un duro golpe para estos últimos. Cuando el uno de enero de 1934, el gobierno de Costa Rica reconoce al gobierno salvadoreño, caótica a los Estados Unidos en una posición insostenible, viéndose obligados a modificar su actitud. En el periodo de 1932 a 1940, el destino de las exportaciones de café en los mercados internacionales cambio de rumbo; en 1932, solamente el 15% de las ventas de café se dirigía al mercado norteamericano y el 85% se destinaba al mercado europeo, pero para 1940, la situación se había invertido y el mercado norteamericano era el destinatario del 66% del café y el europeo, del 34% restante.94 Esto significaba un acercamiento comercial con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, una mayor dependencia. Para proteger a los pequeños empresarios nacionales, con un enfoque de carácter nacionalista, se dictaron una serie de medidas de "corte racista", apegadas a la doctrina del "jus sanguini". Por ello no extraña un decreto migratorio que prohibió la residencia en el país de negros africanos o caribeños. También se incluía a los inmigrantes palestinos, árabes, turcos, chinos, libaneses, sirios, egipcios, persas, hindúes y armenios. También la "Ley de apoyo al pequeño comercio e industrias contra razas indeseables", promulgada por decreto legislativo numero 49, del 15 de mayo de 1936, prohibía a los nativos de los países antes mencionados, la instalación de almacenes, droguerías, farmacias, talleres, pulperías, fabricas, laboratorios químicos y farmacéuticos, empresas agrícolas y agropecuarias, que pudieran competir con las actividades agrícolas e industriales de los pequeños comerciantes y productores nacionales. Igualmente, con el argumento de proteger a la pequeña industria y a los económicamente débiles se promulgaron leyes específicas prohibiendo la importación de maquinaria para fabricar calzado, hojas de afeitar, artículos de metal, ladrillos y ciertas clases de jabones. Se establecieron Límites al monto de los capitales productivos para operar algunas ramas de la producción, como jabones y aceites vegetales. En los primeros anos de la década de 1940, se montaron algunas empresas de textiles para que compitieran con las otras fábricas, que estaban en manos de palestinos o libaneses.La estructura impositiva se mantuvo hasta 1935 y, por el lado del gasto público, uno de los rubros más importantes fue el destinado a la construcción de carreteras, pues no existían y las que había se encontraban en condiciones deplorables. Por otra parte, las compañías de ferrocarriles hablan detenido su expansión, en gran parte por el alto monto de las inversiones requeridas. Pero, gracias a la política de construcción de carreteras, se proporciono empleo a un número de personas, lo que contribuyo a la recuperación de la economía. También se dieron, en concesión de monopolio, algunas fábricas, entre ellas, una de bolsas o sacos de henequén, que ya era cultivado localmente, para sustituir las importaciones de estos de otros países. El papel de los exportadores de café en la vida nacional fue sumamente importante, a medida que participaron en las decisiones económicas del gobierno. Por otra parte, se formo una elite cerrada de personas que formaron un núcleo oligárquico poderoso, que prácticamente controlaba la vida económica del país. Se reseña a continuación, un listado de los treinta principales exportadores de café en los, anos 1934 y 1935. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial en 1939, el interés de Washington de neutralizar la influencia de algunos países europeos, entre ellos Alemania, en los países centroamericanos, dio lugar a una política de acercamiento y reactivación de dichas economías que conllevaba la construcción de algunas obras de infraestructura que contribuían a la defensa del territorio norteamericano desde su patio trasero. Entre ellas se encuentra la construcción de la carretera Panamericana, la construcción del Canal de Panamá" y la adopción de un Acuerdo Interamericano de café, firmado en 1940, que estabilizo el mercado de dicho bien y su acceso regulado al mercado norteamericano. Las actividades políticas. Como base política del gobierno, en julio de 1934, se fundo el Partido Patriótico Nacional, conocido como Pro Patria, para apoyar la candidatura de Martínez para las elecciones presidenciales de enero de 1935. Gano las elecciones como candidato único y tomo posesión del cargo el uno de marzo de 1935. Parece ser que, en alguna medida, la burguesía criolla trataba de obstaculizar a las empresas que no controlaban, directa o indirectamente; para el caso, la fabrica de aceites comestibles e industriales de Lorenzo Salonick, las fabricas de jabones y aceites de la familia De Sola, la de hilados y tejidos de Andrés Molins (Catalán), y las de Arturo Gadala María y Salomón Safie. Se le acusa de haber simpatizado con los regímenes corporativos europeos: el fascismo italiano, el nazismo alemán y el falangista español de Primo de Rivera y Francisco Franco. En esa línea, trato de convertir al Pro Patria en un movimiento nacionalista de masas, pero parece que no tuvo éxito y dicho partido únicamente le sirvió para su campana presidencial de 1935. En 1938, trato de organizar una central de trabajadores: "Reconstrucción Social salvadoreña", que tampoco dio resultado por la falta de liderazgo entre los obreros artesanos. También se fundo la Cámara Nacional del Comercio y el Trabajo, que agrupo a pequeños empresarios y empleados de comercio, que si tuvo resultados positivos, pues estos se convirtieron en defensores de la permanencia del general Martínez en el gobierno. El financiamiento del partido Pro Patria provenía de un descuento obligatorio del uno por ciento, que se aplicaba a los salarios de todos los empleados públicos, sin que ninguno de ellos se atreviera a protestar. La consolidación del régimen, tuvo como instrumentos de gran valor, la utilización de informantes u "orejas" y la policía secreta. También fue abiertamente intolerante con la crítica pública y mantuvo a la prensa bajo estrictas medidas de censura. Fue despiadado con sus enemigos políticos, pero trabajo en estrecho contacto con la burguesía, quienes ejercieron una gran influencia en la política económica. Con el aval de estos grupos desarrollo una serie de medidas sociales, como el Fondo de Mejoramiento Social, que se encargo de la construcción de viviendas de bajo precio y de la compra de tierras para repartirlas entre los campesinos pobres. En el campo social, en el mes de octubre de 1932, se construía un barrio obrero en el parque Atlacatl, extendiendo la ciudad hacia ese rumbo; asimismo, en el mes de noviembre, se anunciaba que estaba totalmente comprada la hacienda Metalío, en Sonsonate, la que seria repartida entre campesinos pobres. También se creo una organización popular del gobierno llamada Reconstrucción Social, para ayudar a eliminar el desempleo y sus secuelas sociales. Ninguna de estas medidas tuvo grandes efectos, pero le permitió al régimen mostrar una imagen de preocupación y defensa de las clases populares y desposeídas. Para 1935, en el mes de enero, se entregaban pequeños lotes agrícolas a campesinos pobres en la hacienda Zapotitan, como parte de un programa de distribución de tierras con justicia social. En ese mismo ano, a finales del mismo, el gobierno anunciaba la adquisición de 21,000 manzanas de tierra por Defensa Social, para ser repartidas entre los campesinos. En el sector agrícola, para 1937, se informa sobre un auge en el cultivo del tabaco, así como la promoción del cultivo del algodón. Se estima que en 1936, se habían sembrado aproximadamente 5,000 manzanas de tierra con estos cultivos. También se registraba un aumento en las exportaciones de azúcar. En los años de 1938 y 1939, intento ser reelegido constitucionalmente, mediante una reforma a la Constitución. Entonces, en 1938, entro en funciones una Constituyente que se dedico a la tarea de redactar una nueva Constitución y, entre uno de sus puntos, se prolongaba el periodo presidencial a seis años. Por otra parte, pese a que en los artículos 94 y 187 se prohibía la reelección presidencial, en el articulo 91 se autorizaba a la Asamblea a reelegir "por única vez", al actual presidente. Muchos importantes funcionarios mostraron su desacuerdo y denunciaron lo que consideraban "una aberración jurídica", lo que terminó en una crisis ministerial que llevo a la renuncia de los más importantes ministros del gabinete. La dictadura sorteo la crisis militarizando parcialmente el gabinete.La Constitución de 1939 rompió con varios puntos de la que había estado vigente, la de 1886, anulando la autonomía de las municipalidades (articulo 135) y de la Universidad (articulo 34). Reservo además para el Estado el monopolio en la fabricación de salitre, armas, fósforos, alcoholes y bebidas alcohólicas; cuyo propósito era facilitarle una importante fuente de ingresos mediante la explotación monopolista de estas actividades. También sanciono el derecho de expropiar bienes inmuebles privados sin indemnización previa, en los casos de apertura de carreteras, calles, obtener el aprovisionamiento de aguas o cumplir con fines militares. Desde el punto de vista político, un hecho importante fue el reconocimiento expreso del derecho al voto de la mujer (articulo 21), con lo que establecía la participación de estas en la elección de las autoridades del Estado. Se les califico como ciudadanas a las casadas o profesionales, mayores de 25 anos, y a las solteras, sin profesión, mayores de 30 anos. El uno de marzo de 1939, inicio su segundo periodo presidencial el general Martínez y, el 19 de octubre de ese ano, se iniciaron los trabajos de construcción del puente sobre el río Lempa; el que fue inaugurado el 6 de junio de 1942. La construcción de carreteras se convierte en una importante actividad, especialmente se trabaja en las obras de construcción de la carretera Panamericana, en la que se utilizan mas de tres mil hombres para 1943. También en este ano, el 16 de diciembre, se inaugura el puente sobre el río Goascoran, en la frontera entre el país y Honduras. Para esa misma fecha, la Junta Nacional de Defensa Social informa que ha adquirido 53,807 manzanas de tierra para que sean repartidas entre familias campesinas pobres. En alguna medida, la recuperación económica del país se iniciaba nuevamente, y los registros estadísticos contabilizaban una exportación de 845,342 sacos de café de sesenta kilos cada uno. Sin embargo, debe aceptarse que la economía salvadoreña se estanca estructuralmente, condicionada por los bloqueos al comercio internacional y, en particular, por la carencia de importaciones de materias primas. Pese a todo, surgieron algunas grandes empresas "sui generis" y emergieron nuevos grupos de empresarios, situación aparentemente contradictoria con el lento crecimiento de los talleres y las manufacturas artesanales. Un nuevo sector agro exportador recibió el respaldo del gobierno, obteniendo a través de las instituciones financieras de fomento creadas por este, el crédito necesario para sus actividades. La industria textil tiene un fuerte impulso, especialmente porque la materia prima era producida en el país, aparecen diversas fabricas de textiles, toallas, calcetines, mantas y otros productos similares. Se estima que hacia 1949, había en el país 36 fábricas de productos textiles que daban empleo a trescientas personas. Los propietarios de estas fábricas eran inmigrantes palestinos, libaneses y españoles, que se habían enriquecido durante muchos años, dedicados al comercio buhonero y agiotista en las zonas suburbanas y rurales. Las mas notables eran la se sacos de henequén "Cuscatlán", de Julio Enrique Ávila; la de hilados y tejidos "El León", de Arturo Gadala María; "La Estrella", de Teódulo y Víctor Safie y "La Minerva" de Andrés Molins. Otros importantes grupos familiares pertenecientes a este sector eran los Siman, Martínez Saprissa y Sagrera. En julio de 1940, se había fundado la Cooperativa Algodonera salvadoreña, cuyo propósito era agrupar a los grandes y medianos productores de algodón, cultivo que había sido declarado de "utilidad publica" por el Estado. Las principales familias dedicadas a esta actividad eran los Prunera, Borgonovo, Bettaglio, Wright, Silva, Boillat y De Sola. El cultivo del algodón tenía la característica de que los productores no necesitaban necesariamente ser dueños de la tierra, sino que simplemente la arrendaban. También, en este período, se fundo la Asociación Cafetalera de El Salvador, una poderosa institución compuesta por grupos que detentaban al mismo tiempo, la mayoría de las acciones de la Compañía salvadoreña de café, que fue fundada el uno de Julio de 1943. Dentro de ella, diversos grupos hegemónicos de cafetaleros se enfrentaban para decidir su política, por ejemplo: los de occidente (Regalado, Álvarez y Hill), contra los del centro (Guirola, Dueñas, Sol) y los de oriente (García Prieto, Ferreiro, Canessa). En las grandes empresas de esa época, es notoria la presencia de inmigrantes judíos; en el quinquenio 1935 a 1940, las firmas H De Sola, Goldtree Liebes y Cia., Lasally, Reich y Cia. y Mugdan, Freund y Cia., habían acaparado aproximadamente el 50% de las exportaciones de café. En febrero de 1943, se fundo la Federación de Cajas de crédito Rural, cuyo propósito era proveer de crédito a pequeños agricultores y comerciantes y, a principios de junio de 1944, se fundo la Sociedad de Buhoneros de El Salvador, posteriormente convertida en la Sociedad de Comerciantes e Industriales. En el campo político, desde 1938, grupos de profesionales y sectores de la clase media, se habían comenzado a agrupar en un foro llamado ADS, "Acción Democrática salvadoreña". Para 1943, el clima político había comenzado a intranquilizarse, pues corrían rumores de que el general Martínez estaba planeando reelegirse nuevamente. Ello propicio que muchos sectores y personas de que lo habían apoyado anteriormente se lo retiraran; en octubre de 1943, un impresionante grupo de ciudadanos, entre los que se encontraban profesionales de prestigio, banqueros, hombres de negocios, educadores y otros, firmaron un Memoria a la Corte Suprema de Justicia, solicitando la derogatoria de un reglamento del Ejecutivo en donde se restringía la libertad electoral y se violaba abiertamente la Constitución. La Corte rechazo la solicitud, provocando como resultado una abierta y cada vez mayor oposición de un amplio espectro de la población hacia el general Martínez; en el rechazo a la dictadura compartían desde los poderosos grupos agro exportadores y financieros, liberales y profesionales jóvenes hasta dirigentes del extinto partido comunista. En los primeros días de 1943, una manifestación estudiantil y popular, no autorizada por el gobierno, fue reprimida violentamente. Una semana después, calificado de agitador, fue capturado el propietario y director de uno de los periódicos mas opuestos al régimen. Se trataba del señor Jorge Pinto p. quien permaneció encarcelado hasta el dos de abril de 1944. Los grupos pro gubernamentales, como el Partido Pro-Patria y los alcaldes, manifestaron su respaldo a la reelección de Martínez; estos últimos organizaron "cabildos abiertos" para apoyar el continuismo gubernamental. En febrero de 1944, la Asamblea Legislativa convoco a los ciudadanos, mediante un decreto, para elegir una Asamblea Constituyente; los candidatos para diputados pertenecían todos al único partido. Estos, el 24 de febrero de 1944, dieron a conocer las reformas a la Constitución, en la que se atribuían la facultad de elegir al nuevo presidente de la República para el período del uno de marzo de 1944 hasta el 31 de diciembre de 1949. Sin duda alguna, el dictador decidía permanecer en el poder por otro periodo de cinco anos. La reacción popular fue adversa y generalizada, lo que dio lugar a que se desarrollara rápidamente una conspiración contra el régimen. En abril de 1944, la dictadura fue golpeada por el alzamiento de un grupo de oficiales jóvenes, militares de baja y profesionales civiles, cuyo máximo exponente era el doctor Arturo Romero. Dicha conspiración, del dos de abril de 1944, esta considerada como la expresión de grupos conformados por las nuevas capas de la burguesía y las clases medias, que no se sentían tomadas en cuenta en la dictadura oligárquica militar. Por otra parte, los empresarios de origen judío y los comerciantes industriales palestinos resentían también su exclusión de las cerradas estructuras de poder, protegidas por el régimen unipersonal de Martínez. El marco histórico de España durante el período del descubrimiento La sublevación cívico-militar estallo el dos de abril en la tarde, en ella estaban involucrados algunos cafetaleros liberales, profesionales civiles y oficiales del Ejercito. Se formo una jefatura militar y un Comité Revolucionario Cívico-Militar, que no logro coordinar sus acciones con los oficiales sublevados. Dicho Comité estaba integrado por las personas siguientes: los militares coronel Alfredo Aguilar, teniente coronel Tito T. Calvo, capitanes Guillermo Fuentes Castellanos y Manuel Sánchez Dueñas, tenientes Alfonso Moran y José Castaneda Dueñas; y los civiles, doctor Arturo Romero, señor Agustín Alfaro Moran, doctores Francisco G. Pérez, José Vicente Villanova, Jorge Sol Castellanos y Andrés Gonzalo Funes. Pero el golpe comenzó a complicarse por las indecisiones de algunos jefes militares, quienes dudaron de tomar algunas acciones militares necesarias, lo que permitió a los cuerpos leales al gobierno la oportunidad de fortalecerse. El general Martínez, que se encontraba de vacaciones de Semana Santa en el puerto de La Libertad, decidió regresar a San Salvador para hacerse cargo del contragolpe. El levantamiento militar fracaso, y Martínez volvió a instalarse en el poder; las opiniones de la ciudadanía sobre las causas del fracaso señalaban la ausencia de un mando militar unificado, muchos errores en las operaciones militares y se careció de una cooperación efectiva entre los militares y los sectores civiles y populares. Un gran número de militares y civiles comprometidos con el movimiento fueron capturados y asesinados, mientras huían por los pueblos de las zonas rurales. En ese mismo día, 2 de abril, el señor Jorge Pinto p., propietario y jefe de redacción de Diario Latino fue sacado de la cárcel y ametrallado en la calle. El 9 de abril, uno de los líderes del movimiento, doctor Arturo Romero, fue agredido con machetes por una patrulla cantonal en San Luis de la Reina, cerca de la frontera con Honduras. Fue salvado por los médicos del hospital de San Miguel, quienes apoyados por las señoras de los merados, se negaron a entregar a las autoridades y prolongaron su curación hasta que el dictador cayó al siguiente mes.Las embajadas de muchos países jugaron un triste papel en estas jornadas: la de Estados Unidos tenia instrucciones de no apoyar ni reconocer a los rebeldes, llegando hasta negar el asilo político a los que lo solicitaron. Todas las embajadas latinoamericanas, a excepción de las Guatemala y Perú, siguieron la misma línea; pero el colmo fue la embajada de México, que llego a colaborar en la captura de algunos de los que habían tornado parte en el golpe. Durante los días siguientes el gobierno se dedico, utilizando a la Guardia Nacional y la policía, a capturar a los participantes del golpe. El 9 de abril, se instalo un consejo de guerra extraordinario, que fue implacable con los capturados y, el lunes 10 de abril, a las dos de la mañana, se firmo una sentencia de muerte para 42 personas, civiles y militares, pese a los esfuerzos de la defensa. Se hizo una apelación de gracia al presidente Martínez, la que fue rechazada a las 5.30 a.m. de ese mismo día, confirmando las condenas. A partir de las ocho de la mañana dieron inicio las ejecuciones de los capturados, en los patios de la policía Nacional, a cargo de pelotones de la guardia. De esa forma, fueron fusilados el general Alfonso Marroquín, el coronel Tito Calvo y el mayor Julio Faustino Sosa. Media hora más tarde, en el cementerio general, fueron también fusilados el capitán Sánchez Dueñas, los tenientes Marcelino Calvo y Oscar Armando Cristales, y los subtenientes Edgardo Chacón, Antonio Gaviria Castro, Ricardo Mancia Gonzáles y Miguel Ángel Linares. El 23 de abril, en horas de la noche, se instalo un nuevo consejo de guerra, que condeno a muerte al teniente coronel Francisco Acosta, a los capitanes Carlos Piche Menéndez, Alfredo Jiménez Barrios y Fernando Carmona Dárdano, así como a los civiles doctores Salvador Ricardo Merlos y Julio Eduardo Jiménez Castillo. También fueron condenados más de 80 personas entre militares y civiles. Los pelotones de fusilamiento funcionaron, casi sin interrupción, durante dos semanas, salvándose todos los que pudieron eludir la captura y salieron del país. El dictador estaba sediento de sangre y no se detenía, el país se encontraba a su vez, en la más caótica situación, por lo que era necesario que la ciudadanía tomara acciones para acabar con la nefasta dictadura. No es de extrañar, entonces, que diferentes grupos ciudadanos se organizaran espontáneamente para sacar a Martínez del poder. Inicialmente, la Asociación General de Estudiantes Universitarios salvadoreños, AGEUS, teniendo como pivote un movimiento de estudiantes de medicina organizaron un Comité de huelga, que en el curso de los acontecimientos fueron formando alianzas con otros grupos opositores, entre ellos importantes figuras empresariales: Meza Ayaii, De Sola, Daglio y otros más. El 25 de abril, se da un incidente entre estudiantes de la Universidad y miembros de los cuerpos de seguridad, lo que tuvo como resultado el inicio de una huelga, que de inmediato fue respaldada por todos los sectores sociales. En similares circunstancias se conformo un Comité de Reconstrucción, encabezado por el medico Luis V. Velasco, el abogado Miguel Ángel Alcaine, el general Salvador Castaneda Castro y el señor Luis Escalante Arce. El paro general convocado por los estudiantes universitarios tuvo un apoyo incondicional y generalizado. El dos de mayo, se agrega a la huelga el sindicato de los trabajadores ferrocarrileros, UTF, y el tres de mayo, igualmente cerraban sus instalaciones numerosas fábricas, el comercio y los bancos. El 4 de mayo se fueron a la huelga todos los empleados públicos, y el país quedo virtualmente paralizado. La llamada "huelga general de brazos caídos" aglutino a los trabajadores y los patronos, como no se había visto en la historia salvadoreña; el objetivo común era derrocar al tirano. El embajador norteamericano Walter Thurston, que inicialmente había expresado su apoyo al dictador y se había negado a dar asilo político a algunos de los dirigentes de la fracasada insurrección, cambio su discurso y le retiro su apoyo al gobierno. El día 8 de mayo, a iniciativa del ministro de Gobernación, coronel Rodolfo Morales, renuncio la mayor parte del gabinete. En vista de que los acontecimientos se agravaban y el rechazo de la población hacia su gobierno era casi total, el general Martínez se reúne el 8 de mayo, por la noche, con el Comité de Reconstrucción y negocia el nombramiento de cinco designados a la Presidencia. Mas tarde, se dirige a la nación por medio de la radioemisora gubernamental, anunciando en un emotivo discurso, su decisión de dimitir, acusando a los grupos oligárquicos de ser los responsables de la difícil situación política. El día siguiente, 9 de mayo, a las 10 de la mañana, la Asamblea Legislativa le acepto su renuncia como presidente de la República, ante un grupo de diplomáticos, funcionarios del gobierno y militares. Un día después, el 10 de mayo, le entrego el poder al general Andrés Ignacio Menéndez y el once de mayo, abandono el país hacia Guatemala, por vía terrestre, fijando su residencia en Miami y Nueva Orleáns, por algunos anos. Regresa después a Centroamérica y decide asentarse en la ciudad de Dalí, en el departamento de El Paraíso, en Honduras; en donde se dedica al cultivo del algodón. Murió ahí, a la edad de 84 anos, asesinado por su chofer por causas aun desconocidas. La salida de Martínez del país causo un jubilo general en la población, la Asamblea nombro entonces como presidente interino a uno de los cinco designados, al ministro de Defensa del régimen anterior, general Andrés Ignacio Menéndez. Este, de inmediato decreto una amnistía general, dio amplias libertades de expresión y organización, e integro un nuevo gabinete formado por personas de diferentes grupos políticos, que hablan participado en la caída de Martínez. Como era de esperar, este nuevo ambiente renovó las aspiraciones democráticas de la sociedad, perfilándose nuevos grupos políticos que fueron definiendo sus planteamientos y posiciones. En alguna medida, el país había vuelto a la normalidad, se habían restablecido las garantías y se había tornado la decisión de suspender las penas de muerte impuestas por el régimen de Martínez. Los exiliados podían regresar al país lo más pronto posible y el doctor Arturo Romero, líder de la revolución, convalecía tranquilamente en San Miguel. El 18 de mayo de 1944, fue suprimido el Partido Nacional Pro-Patria, adoptando la posición de que, en lo sucesivo, no se iba a permitir la formación de ningún partido oficial. Se empiezan a organizar gremios y grupos laborales, como la UNT (Unión de trabajadores salvadoreños), que habían participado activamente en la pasada huelga de brazos caídos. El 26 de mayo de ese mismo ano, se fundo también una agrupación con evidentes intenciones electorales, el PUD (Partido Unión Democrática), dirigido por el doctor Arturo Romero, que estaba apoyado por amplios sectores profesionales, estudiantiles, empresariales y sindicales. Se formo nuevamente el llamado Partido Fraternal Progresista, que había participado en las elecciones de 1931, del general Antonio Claramount Lucero. Surgieron nuevos partidos como el PUSD (Partido de Unificación Social) en torno al general Salvador Castaneda Castro, el PPS (Partido del Pueblo salvadoreño) de Cipriano Castro, el Frente Social Republicano de Napoleón Viera Altamirano, director de El Diario de Hoy. El sector mayoritario de los grandes cafetaleros y banqueros, agrupados en la Asociación Cafetalera y la Compañía salvadoreña de café, fundaron el Partido Agrario, en el que se afiliaron viejos miembros del Pro-Patria, del régimen martinista. La dispersión política, así como la multiplicidad de visiones e intereses, entraron en abierta controversia, apuntando en una primera etapa al problema del orden constitucional vigente. En esta polémica entraron varios grupos de presión, entre ellos, los propietarios de los periódicos: Diario Latino, El Diario de Hoy y La Prensa Grafica, el ejército, los gremios profesionales, los sindicatos y otros. Básicamente se enfrentaron dos posiciones sobre el tema: una era la exigencia para una convocatoria de una Asamblea Constituyente, que debería llenar los vacíos constitucionales, y la otra, que consideraban derogada de hecho la Constitución de 1939 con sus reformas de 1944, por lo que quedaba vigente la Constitución de 1886. Pero un tercer grupo de personas afectas a Martínez y su régimen, que ahí quedaban en la arena política requerían de la realización de un plebiscito para que el pueblo opinara si se convocaba o no a una Constituyente. En este agitado clima, el día 29 de junio, las asociaciones de profesionales y la AGEUS, al frente de una multitudinaria manifestación se toman violentamente el Palacio Nacional, obligando a los diputados a cambiar la formula de los designados presidenciales, nombrando a los doctores Miguel Tomas Molina y Sarbelio Navarrete como designados a la Presidencia, en sustitución de los doctores Carlos Menéndez Castro y Joaquín Parada, y el general Fidel Cristino Garay, que habían sido seleccionados por Martínez. Pero al día siguiente, oficiales del ejército, probablemente afectos al ex presidente Martínez, que todavía conservaban importantes posiciones dentro del gobierno, organizan una reunión con el presidente Menéndez en el cuartel El Zapote, para reclamarle lo que consideraban su falta de autoridad. Se realizaron gestiones para aplacar a los oficiales mas exaltados, sin embargo los descontentos continuaron conspirando, hasta que, cuatro meses después, un nuevo golpe de Estado terminaba con la presidencia del general Menéndez. En el campo político, desde los primeros días del mes de julio, el presidente Menéndez se había visto obligado a convocar en Casa Presidencial, a los miembros de la llamada Junta Patriótica, representantes de los tres Poderes del Estado, candidatos presidenciales, delegados de los partidos políticos, sindicatos y gremiales, periodistas y personalidades independientes, para discutir sobre la necesidad de concertar acciones que devolvieran la normalidad institucional. En esta reunión se acordó convocar a elecciones de presidente y vicepresidente de la República, y de diputados de la Asamblea Nacional Constituyente para los días 14, 15 y 16 de enero de 1945, a fin de que el presidente tomara posesión de su cargo el uno de marzo. Otro acuerdo fue declarar como vigente la Constitución de 1886. En los días siguientes se hizo evidente el arrastre y simpatía del doctor Arturo Romero, del FUD, apoyado por muchos grupos sindicales, intelectuales reconocidos y algunos miembros del antiguo Partido Comunista salvadoreño, lo que preocupo a muchos de los sectores tradicionales de la sociedad quienes interpretaron la situación como un renacimiento del partido comunista. Los miembros del Partido Agrario, baluarte de la oligarquía tradicional y algunos grupos de militares, afectos al régimen anterior, se preocuparon por lo que consideraban un inminente triunfo electoral del doctor Arturo Romero, así como por la supuesta penetración del partido comunista en sus filas; por lo que comenzaron a promover la candidatura del general Salvador Castaneda Castro. Como parte de dicha campana se desato una publicación de pasquines y calumnias contra el doctor Romero, acusándolo de comunista y de estar llevando al país a la misma situación de 1932. El 20 de octubre, en Guatemala, una insurrección militar derroca el régimen del general Federico Ponce, ultimo representante de la línea dictatorial de don Jorge Ubico. Ese mismo día, en San Salvador, los simpatizantes de Romero y de la UNT celebraron el acontecimiento, insultaron a los militares y terminaron agrediendo a los seguidores de Castaneda Castro. Finalmente fueron reprimidos por la policía. Ello motivo a un grupo de oficiales del ejército, a convocar a una reunión en el cuartel El Zapote que culmino con la decisión de deponer y sustituir al general Menéndez como presidente de la República. Para concretar la decisión fueron llevados al cuartel, tanto el general Menéndez como los diputados, siendo este obligado a presentar su renuncia al presidente de la Asamblea. Se nombro en sustitución, como presidente provisional, al coronel Osmin Aguirre y Salinas. Sin embargo, la asamblea de oficiales lo condiciono a formar un gabinete, tomando en cuenta a los partidos minoritarios de derecha: Unificación Social, Fraternal Progresista, Frente Social Republicano y Partido del Pueblo salvadoreño. También se mantuvieron vigentes los compromisos adquiridos por el decreto de los Tres Poderes, de celebrar las elecciones previstas en enero de 1945, con el fin de que el candidato que saliera electo tomara posesión el uno de marzo. La primera medida de Aguirre y Salinas fue decretar el estado de sitio, que se mantuvo durante casi todo su periodo. El 6 de octubre, el ex presidente Menéndez publico unas declaraciones explicando, con todo detalle, la forma en que había sido destituido por la junta militar, en contra de su voluntad. La reacción del ejercito no se hizo esperar y la gran mayoría de oficiales firmaron un manifiesto contra el general Menéndez, declarándolo "traidor e hijo indigno del ejercito", además de que presionaban por su degradación. Por otra parte, el veterano liberal demócrata doctor Miguel Tomas Molina, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia y, al mismo tiempo, designado a la presidencia de la República, denuncio como inconstitucional al nuevo Ejecutivo. Los afectos al régimen trataron de demostrar, por todos los medios, la legalidad del nombramiento de Aguirre y Salinas, aduciendo el texto del articulo 132 de la Constitución que, a criterio de sus interpretes, le daba a la Fuerza Armada la función de "guardar el orden publico y hacer efectivas las garantías constitucionales". Sin embargo, el 18 de noviembre, la Asamblea Legislativa daba un nuevo golpe de Estado al desconocer a los magistrados del Poder Judicial. Los cinco meses del gobierno de Aguirre y Salinas se caracterizaron por una amplia represión policial contra todos los opositores, especialmente los movimientos democráticos y los seguidores del doctor Arturo Romero. De esta cacería de brujas no lograron salvarse los liberales, los dirigentes sindicales, los profesionales jóvenes con opciones políticas, los lideres de la ADS y el PUD, y los estudiantes universitarios. Todos los que fueron capturados por las fuerzas policiales eran enviados al exilio. En estos días, el doctor Romero se encontraba en Estados Unidos sometido a una cirugía facial. sin embargo regreso a Guatemala, en donde se había formado un "gobierno en el exilio", presidido por el doctor Miguel Tomas Molina. El 26 de junio de 1944, en Guatemala, había estallado un movimiento revolucionario contra el general Jorge Ubico, quien fue definitivamente derrocado el dos de julio y sustituido por un triunvirato militar. Por tal razón, el clima político en dicho país cambia de signo, y muchos salvadoreños expatriados, entre estudiantes, profesionales y sindicalistas, se organizaron, apoyados por el régimen revolucionario de Guatemala, para invadir El Salvador. Se organizo entonces un ejército invasor, del que formaban parte muchos de los militares y civiles sobrevivientes del dos de abril, exiliados en Guatemala. Después de un improvisado adiestramiento, a lo que habría que agregar una escasez de armas y municiones, el ejercito ingreso a territorio salvadoreño, por el lado del departamento de Ahuachapán, el 12 de diciembre. En este lugar, se libraron los combates entre los ilusos invasores y las fuerzas del ejército nacional y la Guardia Nacional, en los Llanos del Espino y en las calles de la ciudad. Como era de esperar se diezmo a los invasores y, durante los meses siguientes, hubo mas victimas y deportados. Tampoco las mujeres se salvaron de la ola de represión de este nuevo tirano, que nada tenia que envidiar a su predecesor Hernández Martínez. El estado de sitio y la ley marcial fueron impuestos para dar impunidad a la represión del régimen. Los grupos de oposición lograron montar una convincente campana contra el régimen, en la que participaba la sociedad civil, representada por importantes estratos de la misma: profesionales, empresarios y estudiantes. En ella, se manifestaba abiertamente su rechazo al gobierno de Aguirre, por lo que la oligarquía junto al régimen no pudieron menos que respetar el decreto de los Tres Poderes y efectuar un simulacro electoral. En enero de 1945, sin oposición de ningún otro candidato, es elegido presidente el general Salvador Castaneda Castro, apoyado por la oligarquía y el Partido Agrario. Y el dos de marzo de ese ano, se efectúa la transmisión del poder. También se Eligio simultáneamente una Asamblea Constituyente que redacto una nueva Constitución, promulgada el 29 de noviembre de ese mismo ano. En la vecina Guatemala, el 7 de febrero de 1945, había sido declarado presidente electo el doctor Juan José Arévalo. El triunfo militar de los Estados Unidos y sus aliados europeos en la Segunda Guerra Mundial, permitió una amplia difusión de los valores democráticos, los derechos humanos, la seguridad social y los derechos de los trabajadores de asociarse y organizarse libremente en sindicatos. Se empezaron a discutir públicamente temas que estaban vedados, tales como la liberación femenina, el derecho a la educación y la salud, la reforma agraria, la diversificación económica y el papel "protector" del Estado. En este contexto, los típicos dictadores latinoamericanos, militares por regla general y opositores a toda apertura democrática, no tenían cabida. En nuestro país, los grupos opositores a estos regímenes, van surgiendo en la década de 1940 a 1950, conformados por jóvenes profesionales, sindicalistas, estudiantes universitarios y sectores intelectuales, quienes empiezan a ofrecer resistencia a los dictadores de turno, aventuras que invariablemente terminaron con las vidas, o el exilio de sus lideres. Los primeros regímenes que sucumben ante el embate de estas nuevas organizaciones políticas fueron el de Jorge Ubico en Guatemala y Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, en 1944. Pero en El Salvador, a la caída de Hernández Martínez, fueron los militares quienes retuvieron el poder, sucediéndole una serie ininterrumpida de oficiales del ejército, por casi 45 años. La Dictadura Prolongada Y La Huelga De Brazos Caídos Uno de los efectos del alzamiento fue la consolidación del general Hernández Martínez en el gobierno. Aunque el reconocimiento de Estados Unidos siguió pendiente, el temor a un alzamiento comunista hizo que se enviaran tres barcos de guerra al puerto de Acajutla, uno de ese país y dos canadienses para ayudar a reprimir la rebelión. El jefe de operaciones militares de la zona, general José Tomas Calderón, rechazó la ayuda ya que según les comunicó, ya había liquidado o neutralizado a los bolcheviques. Durante los siguientes diez años, debido a que la atención mundial se encontró en Europa, el gobierno de Hernández Martínez no se sintió hostilizado desde el exterior. Por el contrario, cada alianza en formación (Alemania, Italia y Japón. Por un lado y Estados Unidos, Francia e Inglaterra por el otro) compitió en El Salvador, lo mismo que en toda Latinoamérica, por la amistad del gobierno. El general Hernández Martínez que en un principio mostró cierta simpatía por las tendencias fascistas, sobre todo durante la guerra civil española que se inicio en 1936, pronto vario su rumbo después de comenzar el conflicto mundial, llegando incluso a expropiar propiedades de Alemanes e Italianos residentes en El Salvador y enviar a sus dueños a campos de concentración en Estados Unidos, como hacían muchos otros países latinoamericanos en esa época
Poco después del alzamiento campesino, el general Hernández Martínez fue electo por la Asamblea Legislativa para completar el período del Ingeniero Araujo o sea hasta 1935, pero como decidió continuar en el poder, deposito un año antes, la presidencia en el general Andrés Ignacio Menéndez, hombre de su más absoluta confianza y se presentó a las elecciones que gano, sin ninguna oposición, en 1935. Como la Constitución Vigente, la de 1886. impedía la reelección al acercarse el final de su nuevo periodo, en 1939, se eligió a una Asamblea Constituyente (de nuevo, sin oposición) que nombro a Hernández Martínez por esta única vez, presidente por tercer periodo. Al fin de este en 1944, se repitió el procedimiento, iniciando en febrero de ese año un cuarto periodo de gobierno que debería terminar en 1949. Pero no pudo concluirlo, porque a los pocos meses, luego de una sangrienta revuelta militar y de una extraordinaria huelga que empleo medios enteramente pacíficos, se vio obligado a renunciar a la Presidencia.
Fueron más de 12 años de poder absoluto ¿Cómo pudo mantenerse Hernández Martínez por tanto tiempo? La respuesta requiere que se analicen algunas cosas con detalle. En primera lugar, el alzamiento del 32 puso en pie de alerta al país entero sobre lo que podía pasar de no resolverse efectivamente el desorden gubernamental que había campeado durante las administraciones pasadas. Alrededor del general Hernández Martínez se agruparon muchas personalidades que hasta ese entonces habían competido desde distintos partidos. Se formo un bloque gobernante bastante coherente, con una pauta de austeridad y honestidad administrativa que pronto atrajo las simpatías de la mayoría de la población. En segundo lugar, para muchos el general Hernández Martínez era como un patriarca severo y autoritario y el orden eran de lo más importante. En la cultura política imperante, esta figura patriarcal tenia mucho peso, y más todavía después de la revuelta. Y en tercer lugar, se sumaron los programas de modernización del estado y de atención a los problemas sociales, los que fueron vistos con simpatía por diversos sectores Por otra parte, en el clima posterior al alzamiento, se había organizado desde 1932 una legión Pro-Patria en apoyo al gobierno para las elecciones de 1935 ya existía el pro-Patria, que serviría como partido oficial a lo largo de la dictadura. Mas adelante, el apoyo al gobierno también fue promovido por un movimiento de masas con el nombre de “Reconstrucción Social” que de hecho funcionaba como agencia para reclutar partidarios del gobierno entre los trabajadores. La fuerza del gobierno de Hernández Martínez tiene que ver también con la debilidad de la oposición. Por muchos años no se contó con una efectiva oposición, en parte por la popularidad que logró el régimen, sobre todo al principio y en parte como efecto de la cruenta represión del 32 y su secuela de temor, a lo que fue añadiendo el accionar de un aparto represivo eficiente.Durante casi todo el martinato se vivió bajo estado de sitio, con limitación de las libertades constitucionales. La prensa nacional, por ejemplo, fue sometida a una constante censura y se emitieron severas leyes para castigar los críticos del gobierno. A la Universidad Nacional se le suspendió su autonomía por largos periodos, mientras que el estudiantado estuvo sometido a estricta vigilancia por la policía secreta. En 1941 el general Hernández Martínez había promovido la formación de milicias armadas de sus partidarios, lo que desagradaba a algunos militares. Por lo que todo esto vino a ocasionar algunos descontentos por parte de diversos sectores y fueron abandonando el gobierno poco a poco a través de renuncias o estableciendo grupos semi-clandestinos que de manera u otra conspiraban contra el gobierno. En este mismo año se había conformado una alianza panamericana a favor de las democracias en su lucha contra los nazis y los fascistas. Aprovechando las visitas de emisarios del gobierno francés en el exilio, en septiembre de ese año se fundaron “Juventud Democrática Salvadoreña”, “Pro Francia Libre” y “Acción Democrática Salvadoreña” (ADS). Estas organizaciones, son pretexto de apoyar a los Aliados, emitían propaganda abiertamente antidictorial. En la dirigencia de ADS figuraban antiguos funcionarios del gobierno, que se habían ido distanciando por las ambiciones dictoriales del general Hernández Martínez; por lo que no lograron una acción coordinada sino a principios de 1944 cuando tomó cuerpo una conspiración entre elementos civiles y militares. El día 2 de abril de ese mismo año, un alto número de militares se alzaron armas, logrando el control de importantes cuarteles en la capital y en algunos de los departamentos y de la aviación... L a policía y la guardia nacional, sin embargo, lo mismo que el importante cuartel de Artillería “EL ZAPOTE”, permanecieron del lado de Hernández Martínez, quien, logrando evadir su captura, sofocó l rebelión, luego de sangrientos combates. Luego se procedió a celebrar consejos de guerra donde se condenó a muerte a decenas de militares y a varios civiles. Debido al frustrado golpe de tantas situaciones el intelectual Joaquín Castro Canizales, conocido como Quino Caso, habían abogado por una oposición pacífica al estilo de la que estaba llevando a cabo Ghandi en la India en contra de la dominación del imperio británico. Es allí en donde se empezaron a realizar huelgas por los estudiantes universitarios a partir de 26 de abril, por lo que se les unieron los estudiantes de secundaria, los maestros, empleados de teatro, vendedoras de los mercados, médicos, dentistas, abogados, jueces y obreros de los ferrocarriles. Los cierres de establecimientos comerciales se fueron extendiendo rápidamente, y un buen número de trabajadores también se unieron a la huelga.; todo esto se dio debido a necesitaban detener los fusilamientos y obtener la renuncia del general Hernández Martínez. Y para lograr todo esto se debía enfrentar a la tropa con el pueblo desarmado pero ya movilizando en las calles; y es aquí donde sobresalió el “Comité de Reconstrucción Nacional” (CRN), constituido el 5 de mayo con fuerte presencia de partidarios de ADS y del grupo del Banco Hipotecario. El gabinete de ministros renunció el 7 de mayo así como también el general Hernández Martínez por lo que tal acontecimiento lo anunció la noche del 8 de ese mes. El día siguiente la Asamblea eligió en su lugar al general Andrés Ignacio Menéndez, ministro de guerra designado a la Presidencia; por lo que totalmente Hernández Martínez abandonó el país el 11 de ese mes y la huelga concluyó. EL IMPERIALISMO Y LA OLIGARQUIA COMO FUERZA DOMINANTE. Ya planteado el nuevo panorama de dominación oligárquico-imperialista en sus rasgos fundamentales (la consolidación definitiva sería, para la oligarquía criolla, la masacre del año 32, y para el imperialismo norteamericano la Segunda Guerra Mundial) hay que advertir que ello se reflejó en la conciencia de las masas. La lucha de las masas, la lucha ideológica y la lucha material, tomó nuevos rumbos, completamente alejados de la vieja enajenación conservadora-liberal. La década del 20, hace de El Salvador un campo de batalla de las nuevas ideas: el anarquismo, el sindicalismo, el mínimun-vitalismo (doctrina utopista del escritor salvadoreño Alberto Masferrer), el marxismo, etc., prenden con nuevas llamas en las multitudes. Desde 1910 habían comenzado a surgir en el país, distintas organizaciones gremiales. Ese año se Fundó la Sociedad de Empleados de Comercio. En l9l4 se constituyó la Confederación de Obreros de El Salvador, con la cual se reunieron varias organizaciones artesanales y proletarias como la Sociedad de Obreros de El Salvador, la Sociedad El Quetzal, la Sociedad Cooperativa de Zapateros y Sastres y la Sociedad de Carpinteros. 1923 se constituyó la Alianza Tipográfica y la Federación Regional de Trabajadores de Oriente, de tendencias marxistas, en cuyo seno se agrupaban entre otros sectores proletarios: los panificadores, ferrocarrileros, tejedores, trabajadores de salones domésticos, sorbeteros y refresqueros, instaladores eléctricos, zapateros, trabajadores manuales e intelectuales de los periódicos, barberos, pintores, motoristas y mecánicos. Además, pertenecían a la regional las organizaciones locales de Campesinos, la Universidad Popular y otras organizaciones progresistas. En los últimos años de la década del veinte se fortalecen las organizaciones campesinas, y en el año de 1929, surge el Partido Comunista Salvadoreño. Entre sus fundadores se destaca la figura del mártir de 1932, Agustín Farabundo Martí, que fuera el primer secretario general del naciente partido, ejemplo luminoso de abnegación y firmeza para las nuevas generaciones de revolucionarios salvadoreños. El Partido Comunista ha vivido y se ha fortalecido en la más absoluta clandestinidad, bajo la presión diaria del enemigo, y muchos de sus mejores militantes han sido asesinados por las fuerzas represivas del imperialismo y la oligarquía. El gran ascenso revolucionario del pueblo salvadoreño, de los últimos años de la década del veinte y los primeros de la década del treinta, sería interrumpido bestialmente por la gran masacre obrero-campesina de 1932 —ordenada por el imperialismo norteamericano y la oligarquía criolla y ejecutada por las Fuerzas represivas del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez—, en la cual fueron asesinados decenas de millares de obreros, campesinos y estudiantes y quedaron destruidas para muchos años las organizaciones democráticas del pueblo salvadoreño. Este hecho de sangre —el más salvaje que registra la historia de América— marca nítidamente, como antes se apuntó, la unificación de la oligarquía, el dominio aún mayor del imperialismo norteamericano sobre el país y la inauguración de la dictadura militar como forma de gobierno exclusiva, acogida por la citada oligarquía y por el imperialismo. Las condiciones deparadas por el semifeudalismo y el semicolonialismo, que desde entonces caracterizaron en forma conjunta y completa la base económica del país, permanecieron inmutables durante los trece años de la feroz dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Al derrocamiento de ésta, por el empuje de las fuerzas populares, se sucedieron varios gobiernos (Menéndez, Aguirre y Salinas, Castaneda Castro) que no tuvieron otro fin político que el de consolidar nuevamente la dictadura militar que mantiene y defiende la estructura económico social reinante. Pero es menester detallar los sucesos de 1932 y el período de la dictadura martinista para explicarnos esos gobiernos y para comprender, en mejor forma, la época que se abre desde la llamada “Revolución de 1948’ hasta la actualidad.Al subir al poder el gobierno de Arturo Araujo, en marzo de 1931, trató de dar largas a las soluciones prometidas en su campaña electoral. Pero los problemas eran demasiado urgentes: la crisis mundial del capitalismo había llegado con toda su devastadora fuerza a El Salvador y en los campos y las ciudades del país la cólera aumentaba con la misma velocidad del hambre. Ante los ojos del pueblo, lisa y llanamente, Araujo, en quien se habían depositado tantas esperanzas, había engañado a sus, electores, había dispuesto no cumplir las promesas contenidas en su programa presidencial. El pueblo se movilizó para hacer cumplir ese programa, las huelgas comenzaron a menudear y el gobierno, ante tal situación, envió a sus fuerzas represivas. En varios lugares del país sucedieron incidentes, de alguna gravedad, entre los trabajadores descontentos y las gubernamentales, como por ejemplo: en los Planes de Renderos, Apastepeque, Sonsonate, Zaragoza, Turín, llopango, etc.
Por su parte los Sectores organizados más conscientes y radicales desarrollaban su propaganda entre el pueblo, instándolo a exigir sus derechos en todos los niveles. Las masas respaldaban ampliamente las consignas de mejores salarios, respeto a los derechos obreros, libertad de organización, la reforma agraria, etc., y clamaban por el ofrecido reparto de tierras, por la anulación del desempleo, etc. El rompimiento de los obreros y campesinos con el gobierno de Araujo, que ellos habían elegido, se hizo muy pronto definitivo. La oligarquía y el imperialismo exigían “mano fuerte” contra el pueblo y el gobierno de Araujo les comenzó a parecer débil, ante el empuje popular, en pos de las reivindicaciones más urgentes. Claramente advertían las clases dominantes, que su camino hacia la consolidación definitiva y permanente en el poder político y en la explotación económica estaba obstaculizado por ese empuje de las masas, que de ser organizado en todos sus niveles importantes, habría sido imposible de vencer, y que por lo tanto, para aniquilarlo, había que tomar medidas amplias y radicales. Una represión que descabezara totalmente al movimiento democrático salvadoreño, que destruyera a las organizaciones “para siempre” y que golpeara mortalmente al pueblo hasta convencerlo de la inutilidad de la lucha, era la vía ideal —aunque atravesara mares de sangre para defender los intereses de la reacción. Y esa vía fue la que se escogió y comenzó a poner en práctica. En primer lugar se sustituyó el gobierno constitucional de Arturo Araujo, mediante un golpe de Estado por una dictadura militar, que con cambio en las personas dura hasta el presente. Una junta militar se hizo cargo del poder al ser depuesto Araujo, y al no poder controlar la situación hizo subir a la presidencia al general Maximiliano Hernández Martínez, que había sido ministro de la guerra en el gabinete de Araujo y que reunía todas las condiciones ideológicas, morales, etc., para convertirse en el “hombre fuerte” que necesitaban los terratenientes y el imperialismo en la defensa de sus intereses “salvadoreños.” La rebeldía campesina se acentuó en el occidente del país. Algunos peones hambrientos asaltaron unas tiendas en busca de comida, otros trabajadores rechazaron por la fuerza a los guardias que los habían atacado por órdenes de los terratenientes. Estos hechos, aislados, fueron aprovechados para iniciar la masacre fríamente calculada. Las tropas del ejército y de la Guardia Nacional se regaron por los campos, arrasando cuanto hallaban a su paso. El campesinado comenzó a defenderse ante aquella fuerza superior y logró algunos éxitos, entre ellos, apoderarse brevemente de dos o tres ciudades pequeñas del occidente del país, como Tacuba y Juayúa, en donde se fundaron soviets locales que fueron posteriormente destruidos a sangre y fuego. Los comunistas y otros sectores democráticos comprendían la inmensa tragedia: sabían que los acontecimientos se habían desencadenado merced a una provocación reaccionaria minuciosamente elaborada y sabían, asimismo, que no tenían la organización capaz de controlar a las masas, ni capaz de detener la provocación o de aplastarla por la fuerza. De tal manera que, entre la espada y la pared, los comunistas escogieron el camino heroico de la espada, el camino de morir junto a su pueblo, a la cabeza de su pueblo. Farabundo Martí, Mario Zapata y Alfonso Luna — secretario general del partido el primero y redactores del periódico Estrella Roja los segundos—, denunciados por las religiosas de un colegio de niñas de San Salvador, fueron capturados y se convirtieron en unos de los primeros fusilados (le la gran masacre. Muy distinta fue la actitud (le los dirigentes de otros sectores que se autonombran “populares y revolucionarios’ durante la campaña de Araujo: laboristas, mínimun-vitalistas, etc., que, ante el rigor de la represión abandonaron a las masas a su suerte. La matanza fue espantosa. Las fuerzas represivas del gobierno y las “guardias cívicas” —fuerzas civiles organizadas por los terratenientes y la burguesía de las ciudades, e integradas a la par por señoritos de buenas familias y sus lacayos y por elementos del lumpen-proletariado— ametrallaban a los campesinos indiscriminadamente en las estaciones de ferrocarril, en las calles de los pueblos del interior, en los caminos vecinales, en las carreteras, en las fincas y haciendas. Por camionadas eran conducidos para ser fusilados, los ciudadanos, en el cementerio de San Salvador y en las inmediaciones del lago de Ilopango. Muchos de ellos eran enterrados aún vivos en las fosas que habían sido obligados a abrir. En los pueblos de Sonsonate se convocaba a los campesinos para que asistiesen masivamente un día domingo a la alcaldía, con el fin de recibir un salvoconducto que los acreditara de “ser personas honradas y anticomunistas.’ Cuando se reunían en la plaza municipal, la Guardia Nacional ponía “tapadas” en las cuatro esquinas los ametrallaba inmisericordemente. Datos como este, acerca del cual se agrega que después del ametrallamiento quedaban tendidos “hasta los fieles perros que acompañaban a sus amos indígenas,” Constan en documentos militares oficiales del gobierno salvadoreño, publicados por la Imprenta Nacional de El Salvador. El general Josa Tomás Calderón, en un telegrama al presidente Martínez, aseguraba que en los primeros días de la represión había liquidado a “seis mil comunistas.’ Este telegrama tenía además el fin de hacer comprender a los capitanes de los barcos de guerra norteamericanos e ingleses, que en el puerto de la Libertad amenazaban con desembarcar tropas “para proteger a sus connacionales,” que el gobierno salvadoreño era capaz por sí mismo de “pacificar el país.” La cifra exacta de los muertos no se conocerá nunca. El periodista norteamericano William Krehm, en su clásico libro Democracias y tiranías en el Caribe, afirma que fueron doce mil. Fuentes militares salvadoreñas (Historia militar de El Salvador, por el coronel Gregorio Bustamante Maceo, Ministerio del Interior, Imprenta Nacional, 1957, San Salvador) aseguran que los muertos “no fueron menos de 24 mil.” Las organizaciones revolucionarias salvadoreñas de la actualidad, despui5s de prolongados estudios documentales, afirman que los muertos fueron “alrededor de 30 mil.” El fin de la oligarquía y del imperialismo fue cumplido con creces. Las organizaciones populares fueron despiadadas, el pueblo fue vencido temporalmente por el terror y el general Martínez —-y la dictadura militar— pudo comenzar gobernar sobre una auténtica “paz de cementerio lo peor de todo, posiblemente, para los efectos de la reconquista de la iniciativa revolucionaria por pile del pueblo, fue el terrible trauma, por así decirlo, que quedó presente en la conciencia popular por muchos años. De tal manera que, entre la espada y la pared, los comunistas cogieron su camino heroico de la espada, el camino de morir junto a su pueblo, a la cabeza de su pueblo. Farabundo Martí, Mario Zapata y Alfonso Luna — secretario general del partido el primero y redactores del periódico Estrella Roja los segundos—, denunciados por las religiosas de un colegio de niñas de San Salvador, fueron capturados y se convirtieron en unos de los primeros fusilados de la gran masacre. Muy distinta fue la actitud de los dirigentes de otros sectores que se autonombraban ‘populares y revolucionarios’ durante la campaña de Araujo: laboristas, mínirnun-vitalistas, etc., que, ante el rigor de la represión abandonaron a las masas a su suerte. La matanza fue espantosa. Las fuerzas represivas del gobierno y las “guardias cívicas” —fuerzas civiles organizadas por los terratenientes y la burguesía de las ciudades, e integradas a la par por señoritos de buenas familias y sus lacayos y por elementos del lumpen-proletariado— ametrallaban a los campesinos indiscriminadamente en las estaciones de ferrocarril, en las calles de los pueblos del interior, en los caminos vecinales, en las carreteras, en las fincas y haciendas. Por camionadas eran conducidos para ser fusilados, los ciudadanos, en el cementerio de San Salvador y en las inmediaciones del lago de llopango. Muchos de ellos eran enterrados aún vivos en las fosas que habían sido obligados a abrir. En los pueblos de Sonsonate se convocaba a los campesinos para que asistiesen masivamente un día domingo a la alcaldía, con el fin de recibir un salvoconducto que los acreditara de “ser personas honradas y anticomunistas.” Cuando se reunían en la plaza municipal, la Guardia Nacional ponía “tapadas” en las cuatro esquinas y los ametrallaba inmisericordemente. Datos como éste, acerca del cual se agrega que después del ametrallamiento quedaban tendidos “hasta los fieles perros que acompañaban a sus amos indígenas,” constan en documentos militares oficiales del gobierno salvadoreño, publicados por la Imprenta Nacional de El Salvador. El general José Tomás Calderón, en un telegrama al presidente Martínez, aseguraba que en los primeros días de la represión había liquidado a “seis mil comunistas.” Este telegrama tenía además el fin de hacer comprender a los capitanes de los barcos de guerra norteamericanos e ingleses, que en el puerto de la Libertad amenazaban con desembarcar tropas “para proteger a sus connacionales,” que el gobierno salvadoreño era capaz por sí mismo de “pacificar el país.” La cifra exacta de los muertos no se conocerá nunca. El periodista norteamericano William Krehm, en su clásico libro Democracias y tiranías en el Caribe, afirma que fueron doce mil. Fuentes militares salvadoreñas (Historia militar de El Salvador, por el coronel Gregorio Bustamante Maceo, Ministerio del Interior, Imprenta Nacional, 1957, San Salvador) aseguran que los muertos “no fueron menos de 24 mil.” Las organizaciones revolucionarias salvadoreñas de la actualidad, después de prolongados estudios documentales, afirman que los muertos fueron “alrededor de 30 mil.” El fin de la oligarquía y del imperialismo Fue cumplido con creces. Las organizaciones populares fueron decapitadas, el pueblo fue vencido temporalmente por el terror y el general Martínez —-y la dictadura militar- pudo comenzar a gobernar sobre una auténtica “paz de cementerio “Lo peor de todo, posiblemente, para los efectos de la reconquista. de la iniciativa revolucionaria por parte del pueblo, fue el terrible trauma, por así decirlo quedó presente en la conciencia popular por muchos años. Con las organizaciones decapitadas y dispersas, la dictadura de Martínez comenzó una de las labores de distorsión de los hechos históricos más intensa que se recuerda, con respecto a los acontecimientos de la vida social salvadoreña. Una propaganda sistemática y profunda, acompañada del (error permanente e intenso, se encargó de repetir hasta la saciedad que los sucesos del año 32, no merecían un calificativo mejor que “la gran matanza efectuada por los comunistas contra el pueblo salvadoreño.” Por muchos años, ni una voz se alzó públicamente ante la calumnia que responsabilizaba al Partido Comunista Salvadoreño de los hechos materiales de salvajismo e inhumanidad que asolaron los campos y ciudades del país en que aquel entonces. Simultáneamente los grandes asesinos, los verdaderos genocidas, las guardias cívicas y las fuerzas armadas salvadoreñas —en nombre de los cafetaleros y de los intereses norteamericanos— eran consagrados como los salvadores del país, los guardianes del orden y la paz amenazados por la “subversión roja.” En pocos países como El Salvador el “gran fantasma” —en el sentido peyorativo del término— del comunismo, y el hecho real y ferozmente impuesto por todos los medios del anticomunismo, presidió en forma tan intensa el panorama nacional. Visto desde otro ángulo, este doloroso acontecimiento significa, sin embargo, el primer gran intento de rectificación histórica por parte del pueblo salvadoreño desde el levantamiento de Anastasio Aquino en 1832. Por el apoyo de masas con que contaban las organizaciones más radicales y revolucionarias, por el contenido clasista de las demandas que se plantearon ante el problema electoral durante la campaña que terminó con la elección de Araujo, por los fines que comenzaron a perseguir las acciones populares cuando las masas comenzaron a defenderse de la represión gubernamental martinista (instalación de soviets, toma del poder político nacional, etc.) es evidente, que los sectores más avanzados del pueblo tenían ya clara conciencia de que las vías de la solución de los grandes problemas nacionales pasan, irremediablemente, por la revolución antifeudal y antiimperialista.La victoria reaccionaria, que significó la sangrienta masacre de 1932, no podía ser, sin embargo, definitiva. Bajo esa “paz de cementerio,” a que se había aludido anteriormente, el pueblo comenzó con grandes dificultades y heroísmos a organizar sus instrumentos de lucha. Larga fue la dictadura martinista. El poder, surgido sobre la base del asesinato masivo del pueblo salvadoreño, duró trece años y durante ese lapso muchos nuevos mártires cayeron por la libertad y la verdadera independencia nacional. Finalmente, en la época en que el fascismo sufrió el colapso definitivo de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones internacionales y la lucha del pueblo salvadoreño —armada primero y de huelga general después—propiciaron el derrocamiento del tirano. Estas acciones se iniciaron con el levantamiento armado cívico- militar del 2 de abril de 1944, fecha incorporada, desde entonces, a las efemérides gloriosas del pueblo de El Salvador, en su lucha por la libertad. La falta de organizaciones populares que habían legado las circunstancias del año 32 y de la dictadura martinista, la dirección pequeño-burguesa y los manejos de la oligarquía y la embajada norteamericana, hicieron que la coyuntura favorable de aquel entonces, en que de nuevo el ascenso revolucionario popular se hizo evidente, no fuera aprovechada por el pueblo salvadoreño, en la misma forma que lo hizo el pueblo de Guatemala en octubre de 1944. Derrocado Martínez por una huelga general “de brazos caídos” se instaló en su lugar un gobierno provisional, encabezado por el anciano general Andrés Ignacio Menéndez. El pueblo, desorientado y disperso, no pudo evitar que de inmediato se reinstalara la dictadura militar, por medio de un nuevo golpe de Estado reaccionario y llegara al poder un gobierno terrorista, encabezado por el vesánico coronel Osmín Aguirre y Salinas, que había sido Director General de Policía en 1932. Así, quedaron cerradas las posibilidades de un proceso electoral normal y de organización popular que habían quedado abiertas con el derrocamiento del tirano Martínez. La dictadura de Aguirre y Salinas tuvo que enfrentarse a una de las acciones más heroicas llevadas a cabo por la juventud salvadoreña en el presente siglo. Un nutrido grupo de estudiantes y obreros invadieron el país desde Guatemala con el objeto de deponer a la nueva tiranía, y lograron apoderarse del cuartel de la ciudad de Ahuachapán. Mal armados, pésimamente dirigidos por unos cuantos militares reaccionarios, sin abastecimientos, los heroicos invasores sucumbieron, ante la superioridad de las fuerzas oficiales. La dictadura pudo posteriormente cumplir su principal papel: propiciar las condiciones para que, mediante un fraude electoral, subiera al poder un nuevo gobierno, el presidido “constitucionalmente” por el general Salvador Castaneda Castro. El pueblo salvadoreño, que había perdido a muchos de sus mejores hijos en abril del 44 y en la invasión contra Aguirre y Salinas y que había colocado sus mejores esperanzas en una candidatura presidencial, la del Dr. Arturo Romero, que se había convertido en el “hombre- símbolo” de la revolución de 1944, como se le llamó siempre a la aludida rebelión cívico-militar, había sufrido una nueva frustración. Al tratar de reelegirse, Castaneda Castro fue derrocado por la oficialidad intermedia del ejército que instaló en el poder a un “Consejo de Gobierno Revolucionario” integrado por dos civiles y tres militares. Los estudiantes universitarios —en el Consejo figuraban algunos de los dirigentes más prestigiados— declararon “día del júbilo nacional” la fecha de la toma de posesión del nuevo organismo del poder (14 de diciembre de 1948). Sus miembros hablaban en sus primeras declaraciones públicas de un cambio radical en la situación política nacional e insistían con gran vigor verbal en el hecho de que el derrocamiento de Castaneda Castro significaba el origen incruento de una verdadera revolución de contenido popular. La que se ha llamado “revolución salvadoreña” de 1948. Pocos días bastaron para que el júbilo de los estudiantes desapareciera por completo y para que esta “revolución” se uniera a la larga secuela de frustraciones del pueblo salvadoreño. El régimen terrorista: fase última del totalitarismo En los Acuerdos de Paz, suscritos en 1992, que pusieron fin a la guerra interna, se sentaron los principios para pasar de la dictadura militar al Estado de Derecho.Estos principios sirvieron para introducir las reformas constitucionales que deberían garantizar un nuevo tipo de Estado civilizado y democrático.
La dictadura militar y los regímenes oligárquicos, sustentados en un sistema eleccionario manipulado por el poder, privaron en tres cuartas partes del siglo XX. De esta forma, los Acuerdos de Paz y las reformas constitucionales, abrían las puertas para construir y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, como objetivo fundamental de los salvadoreños en el primer tercio de este nuevo siglo.
Una de las cuestiones fundamentales que dieron pie a la esperanza nacional de no volver a la guerra jamás, fue la desmilitarización del Estado, requisito sustantivo para construir los cimientos de la democracia efectiva. En esta dirección, se sentaron las bases para que la función policial del Estado y el aparato orgánico funcional de la policía dejaran de ser una extensión de la Fuerza Armada, con formación y estructura militares.
La Constitución, en el Art. 159, párrafo 2do., reza: “… La seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista” Pero, La Constitución no se limita a separar ambas instituciones, sino que la extiende a una clara diferenciación de las funciones. En el párrafo 3° del mismo artículo, se añade:
“La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, con apego a la ley y estricto respeto a los derechos humanos”.
Los Acuerdos de Paz y la Constitución pretendían la construcción de una nueva policía civil, con una cultura de democracia y relacionada amigablemente con la comunidad.
Así, como producto de un Estado de Derecho habría de existir una institución de seguridad y servicio público en función de afianzar y preservar ante todo, los Derechos Humanos y la tranquilidad de los ciudadanos, para que estos tuviesen garantizado el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos que ostentan.
Los Acuerdos de Paz, han sido declarados por el gobierno como “concluidos” es decir, olvidados, quedando todos los compromisos que de ellos surgieron, sin valor alguno y lejos de afianzar la democracia efectiva, se ha continuado alentando y practicando el Estado decisionista, en manos de una oligarquía política, que implementa un régimen concentrador, excluyente y autoritario.
Esta clase de régimen, le asigna otro papel a la PNC como instrumento de control y represión exclusivamente dedicada a combatir a todo el que se oponga a la imposición de sus políticas excluyentes y polarizantes, especialmente contra las clases empobrecidas y criminalizadas.
Un análisis científico y profundo del comportamiento de la Policía Nacional Civil desde su fundación hasta la fecha, muestra claramente que su cultura inicialmente con matices democráticos se ha deteriorado de manera dramática, presentando hoy, como en la época de las dictaduras militares, una cultura de la violencia y de culto a la «religión del orden y el control ciudadano», atropellando la Constitución, el Derecho y la Justicia, sin el mínimo recato.
La tendencia es el empleo sistemático del terror, por medio de una policía represiva para eliminar cualquier forma de oposición.
La Policía Nacional Civil aparece en los informes sobre violación de derechos humanos, presentados por entidades nacionales e internacionales, como una corporación violenta, discriminadora y brutal, y por tanto violadora de derechos y libertades fundamentales.
La Policía ha sido convertida en una institución totalmente distinta a la diseñada en los acuerdos de paz.
En opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las “graves disfunciones institucionales han impedido a la PNC convertirse en el ideal de una policía moderna, democrática y eficiente” (Procuraduría de Derechos Humanos. Informe especial, 02 de julio de 2007) Amnistía Internacional, en su informe 2007, afirma que en nuestro país creció la preocupación entre la población y organizaciones civiles por la posible reaparición de escuadrones de la muerte.
Las acciones de terror llevadas a cabo por la PNC y el Ejército, como la de Suchitoto en julio pasado, no responden a un impulso fugaz ni instantáneo.
Son la secuela natural de una concepción claramente anti-popular afincada en el odio irracional al pueblo y el temor que le suscita al poder político ultraderechista, la presencia creciente de las masas en el escenario nacional.
El uso indiscriminado de la fuerza, la tortura y la ejecución extrajudicial en las dictaduras militares no son una práctica sorprendente, ya que son un componente del sistema, pero ¿y cuando reaparece esta aberrante práctica en El Salvador, en el marco de un Estado supuestamente democrático y de Derecho?
El pensamiento autoritario sostiene, que la brutalidad y la tortura simplemente son una excepcionalidad, en el dado caso que solo se puede justificar la “fuerza excesiva” (incluyendo la tortura) frente crímenes de “terrorismo”.
¿Y que sucede cuando cualquier forma de protesta social o de oposición activa y militante al régimen es hoy “legalmente” calificada de “terrorista”?
Es necesario poner mucha atención y actuar en los problemas de organización y funcionamiento de la Administración Pública, como problemas relacionados con la propia libertad y sus efectivas garantías, pues el tema de las libertades es en primer lugar, el tema de los poderes públicos.
Es por ello que la problemática de la administración policial, de su funcionamiento, de su estructura, de su control, de sus funciones, etc., es el punto neurálgico para poder designar el carácter del Estado (represivo y totalitario o democrático, social y de Derecho) Es indispensable que la PNC se desmilitarice y se deshaga de todas las posibles manifestaciones criminales que la están corrompiendo, solo de esta forma sus funcionarios actuarán de manera coherente con una perspectiva de nación civilizada y democrática.
En pocas palabras, toda esta reflexión plantea la necesidad de una Policía que actúe sometida al imperio del Derecho legítimo y al control ciudadano, no al libre albedrío de los políticos de turno, ya que el Derecho como expresión ordenada de la razón humana y la democracia, es antes que un recurso técnico administrativo, un bastión contra el instinto expansivo del poder.
Estamos seguros de que nuestras consideraciones no caen en saco roto y la ambición que nos motiva al plantearlas, es que se conviertan en una herramienta para el debate social, ya que después de quince años de soñar con país nuevo, un país democrático, saludable, educado y justo, El Salvador vive de nuevo, una crisis estructural que nos indica que un viejo régimen autoritario y excluyente agoniza, mientras una nueva forma de Estado y sociedad más avanzada se esfuerza por nacer. El futuro inmediato será sin duda de cambios trascendentales en la vida de los salvadoreños. LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO La modernización del Estado, concebida como un medio para descentralizar y democratizar la economía, pasa por el consenso beneplácito del Poder Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores. La puesta en común de los tres sectores, que tenga como interés supremo el desarrollo de la nación, hace deponer actitudes de confrontación y promueve la creación de las condiciones para construir la democracia. Por ello el proceso de modernización, al ser impulsado unilateral o bilateralmente, sin tomar en cuenta a los trabajadores esta prácticamente condenado al fracaso y, lo que es peor, el costo social será elevado, puesto que podría desembocar en una explosión social.Sin embargo, en El Salvador el gobierno y la empresa privada impulsan el proceso de privatización y excluyen al sector trabajador, con esta actitud crean una atmósfera de desconfianza, porque el proceso no garantiza la inserción económica de los trabaja-dores y hace que a estos los invada la incertidumbre y la inestabilidad laboral. El hecho de ser excluyente es el resultado de que no existe en el poder político y económico claridad conceptual y fatica para desarrollar la modernización del Estado. Porque no empezar por: Despedir a todos los militantes políticos que están contratados en la función publica no por capacidad y eficiencia sino porque pertenecen al partido de gobierno, reducir los engorrosos tramites burocráticos a 10 minutos máximos, ser transparentes y honrados en la administración del erario publico, es decir, que no haya corrupción, reducir el numero de ministerios —muchos de ellos son solo botines políticos en donde les crean plazas por ejemplo a los compadres, ahijados, amantes, amigos y familiares de los políticos que ganaron las elecciones—, reducir el numero de diputados de 84 a 50, darle el verdadero sentido a la administración publica, para servir eficiente y ágilmente al pueblo, eliminar la duplicidad de funciones que realizan los ministerios y eliminar a los 14 gobernadores departamentales, que no sirven mas que para representar los intereses del partido al cual pertenecen. La modernización del Estado es conducida por la empresa privada y el Poder Ejecutivo, porque el gobierno de ARENA esta constituido principalmente por los grandes empresarios del país, particularmente por el sector financiero de la oligarquía.La modernización del Estado, tal y como esta planteada, significa concentrar mas las riquezas de la nación en manos de un reducido numero de financistas, el gobierno no solo tiene en venta a Estado salvadoreño con el ala financiera del sector económico dominante del país, sino que incluso ha llegado al extremo de ir a la capital de Estados Unidos a proponer la venta de El Salvador a las multinacionales. Quiere decir que los salvadoreños de origen cuzcatleco, se quedarían sin Estado, porque este será propiedad privada de los salvadoreños de origen extranjero, es decir de la oligarquía y de las - multinacionales. Si precisamente la alta concentración de la riqueza del país ha sido históricamente el común denominador de las crisis políticas en I Salvador, quiere decir que el gobierno de ARENA y los grandes empresarios conducen al país hacia otro conflicto armado. Porque: que impera es la noción de modernización del Estado como medio para otorgar más privilegios y beneficios al estrato social de mayor ingreso económico del país.Una de las primeras medidas que tomo el gobierno de ARENA "fue crear un ejercito de miles de desempleados, al que el Ministro de Hacienda, denomino «un paso necesario para la modernización)) L.P.G., 02-12-1995), con el propósito de: Mantener los salarios de miseria de la población económicamente activa, al haber un exceso de oferta de mano de obra barata.Decapitar directivas sindicales y desarticular asociaciones de trabajadores.Reducir al mínimo las reivindicaciones laborales y salariales. Aumentar así la criminalidad para tener el pretexto de sacar de los cuarteles a los efectivos de la fuerza armada a que cumplan tareas de seguridad publica y justificar, de esta forma, el astronómico presupuesto que este organismo militar derrocha sin control de ninguna institución del Estado. El gobierno de ARENA puso prácticamente en la calle a miles de trabajadores a través de decretos, los empresarios que dirigen el gobierno se han convertido en la mejor maquinaria para aumentar el desempleo, la carestía, delincuencia y la pobreza de los salvadoreños. De tal forma, que ahora los salvadoreños de origen cuzcatleco no solo se quedaron sin la tierra propiedad de los ancestros indígenas, sino que ahora están en vías de quedarse hasta sin Estado. Primero se empezó con la privatización de las tierras ejidales y comunales y hoy con la privatización de las instituciones del Estado que son patrimonio de los salvadoreños. La historia de dominación ha hecho transitar a este territorio de ser primero Cuscatlán, porque al venir los españoles a estas tierras le cambiaron nombre y le denominaron El Salvador, y los indígenas de ser nativos de Cuscatlán pasaron a ser salvadoreños y; ahora con la venta del Estado llamada modernización, de ser ciudadanos de El Salvador se pasara a ser ciudadanos del universo. El Estado como agente de desarrollo social La modernización del Estado es indispensable para lograr un crecimiento y desarrollo económico y social de toda la población. Esta premisa se fundamenta en un sistema político democrático en donde el Estado vela por el bienestar de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación ideológica, económica, étnica, etc. La modernización del Estado implica la revisión de sus funciones principales, para determinar los cambios y reformas necesarias para hacerle frente a los desafíos y retos que le deparan, es decir. iniciar la construcción de los rieles sobre los cuales circulara la maquinaria estatal hacia un mejor futuro económico, social, y político, de toda la sociedad. En El Salvador, cuando el gobierno empresario habla de modernización del Estado, lo hace solo tomando en cuenta la participación del Estado en el proceso económico, pero en beneficio exclusivo de los grandes empresarios y, solo incluye la parte social come marginal y en términos de ultimo orden. Cuando se aborda el tema de modernización del Estado, se plantea la pregunta Para que? Desde el punto de vista teórico es obviamente para hacer funcional o mas funcional, la otra pregunta es ^Para quien?, para toda la ciudadanía. No obstante, los ministros salvadoreños se refieren o le dan mas énfasis a la infraestructura física pero sin aborda sin reforzamiento en el área social, por ejemplo, en salud, seguridad publica y jurídica, garantizar a toda la población el acceso a los servicios básicos —agua, transporte, teléfonos, electricidad, etc.—, mejoras salariales, educación, vivienda, nutrición, generación de empleos, protección de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, etc. Este reforzamiento debe de incluir planes para contrarrestar las secuelas de la ejecución de la modernización estatal. La función del Estado La modernización del Estado debe de estar en función del ser humano y no de la empresa, porque si se toma como punto de partida mejorar las condiciones del hombre y de la mujer, por añadidura se mejoraran los aspectos económicos, sociales y políticos de la población. La filosofía del Estado al estar enfocada en mejorar el nivel de vida y aumentar la participación plena y activa de la sociedad civil, a través del mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales implicara una evolución obviamente positiva, de lo contrario la regresión se impondrá y, el objetivo se revertirá porque no se lograra un crecimiento económico equitativo y el costo social a pagar será elevado. El gobierno El gobierno en sentido amplio de la palabra es la personificación del Estado, es un órgano colegiado que esta constituido por individuos, instituciones, entidades y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el gobierno tiene la función de activar la acción del Estado, en sus diferentes manifestaciones intangibles y materiales de la vida del país, "El gobierno es la forma política según la cual es gobernado un Estado"“. En sentido simple, se llama gobierno, a los miembros e instituciones que forman el Poder Ejecutivo. Existen diferentes formas de gobierno, por ejemplo en el Tercer Mundo puede haber uno que sea autoritario y primitivo, en un país del Primer Mundo democrático y de avanzada. TRANSICIÓN MILITAR AL ESTADO DE DERECHO¿Qué se entiende por transición militar?La transición militar tiene que ver con el proceso experimentado por las Fuerzas Armadas, las cuales se fueron acomodando en el sistema democrático, asumiendo su rol constitucional de instituciones subordinadas a la autoridad civil.¿Cómo se da el Militarismo?Cuando el estado en cuestión carece de instituciones con suficiente tradición y arraigo, la institución militar se convierte en esos casos en cuna de numerosos profesionales con conocimientos técnicos. Por tanto, es la ausencia o la desaparición de los elementos que facilitan la democracia, lo que permite a las Fuerzas Armadas ocupar el poder.El militarismo, en El Salvador actuó en forma contraria a los intereses colectivos, es decir, con su actuar motivaron el conflicto armado. Los militares se sentían comprometidos a conservar los privilegios de la oligarquía.Los gobiernos militaresEn 1930, se fundó el Partido Comunista Salvadoreño (PCS). En diciembre de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez, se convirtió en presidente de El Salvador, luego del derrocamiento del gobernante civil, Arturo Araujo. Con el general Martínez, se inició una sucesión de gobiernos militares que habrían de regir el país hasta 1979.En 1932, el presidente Martínez reprimió un levantamiento campesino e indígena en la que también participaron militantes comunistas. El régimen martinista se consolidó luego de contener la rebelión, manteniéndose en el poder hasta 1944. En la década de 1950, los gobiernos de los coroneles Osorio y Lemus, impulsaron reformas sociales pero mantuvieron un fuerte control de la oposición.Uno de los mayores obstáculos para el establecimiento, consolidación y desarrollo de un régimen democrático es el militarismo. Reemplaza las decisiones de la soberanía expresada a través de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos por el criterio de los altos mandos. Cabe decir que la transición de los militares no ha sido un proceso fácil ni rápido, sino más bien un camino de avances lentos y pausados, pero, al fin y al cabo, seguros y permanentes en el tiempo. Fue una época en la que el poder político tuvo que convivir con el poder militar y llegar de alguna manera a acuerdos para asegurar la armonía de la recién conquistada democracia. LOS ACUERDOS DE PAZEl 16 de enero de 1992, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron los Acuerdos de Paz de El Salvador. Logrando así, el primer paso definitivo en el cese del enfrentamiento armado. El 1º de febrero poco más que dos semanas después de la firma entró en vigencia el cese de fuego. La firma de los Acuerdo de Paz fue la culminación del proceso formal de negociación salvadoreño que puso fin al conflicto armado y marcó el comienzo del largo proceso de transición entre la guerra y la paz Base para un nuevo regimen en El Salvador Comienzo del largo proceso de transición Fin al conflicto armado La desmilitarización Respeto a los derechos humanos Reformas que garantizan la libertad de expresión y opinión. Objetivos de la Transición MilitarLa construcción de una nueva sociedad Reunificar la sociedad salvadoreña. Consolidación de las nuevas instituciones y sistemas políticos/socialesImpulsar la democratización del país. Construir un estado de derecho democráticoGarantizar el irrestricto respecto de los derechos humanos. (En especial, de respeto a las libertades de organización, movilización, de expresión y prensa.) Condiciones para que la transición y consolidación tengan lugar1. La existencia del estado. 2. La existencia de una sociedad civil. 3. Una sociedad política autónoma. 4. Respeto de derechos humanos. 5. Una burocracia útil y eficaz. 6. Una economía abierta. La inexistencia o la ausencia relativa de estos elementos, no necesariamente todos en cada caso, explica la relevancia de la institución militar en la vida política.
Desmontaje del poder militar |
Re-configuración del sistema político |
La inexistencia o la ausencia relativa de estos elementos, no necesariamente todos en cada caso, explica la relevancia de la institución militar en la vida política.
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